Quito. 26 sep 96. (Editorial) Los presidentes
latinoamericanos, cuando no fueron dictadores, siempre
abrigaron apariencias o pretensiones monárquicas, como si la
legitimidad republicana les concediera atribuciones reales de
reyes. Ya algo habituados estamos a sus bochornosos consortes
y cortesanos.
Salvo raras excepciones asiáticas o africanas, solo ellos en
el mundo moderno concentran en su sola persona el jefe del
Estado, representante de toda la nación, y el jefe de
Gobierno, representante de quienes los eligieron.
Se encuentran ya tan entronizados que solo les falta ser
coronados.
Mientras que los monarcas europeos, desde hace ya algunos
siglos, seguían reinando pero dejaban de gobernar, los
presidentes latinoamericanos no se contentan con gobernar sino
que también quieren reinar como soberanos absolutos. El primer
paso sería la reelección presidencial; después querrían ser
vitalicios, y por último se convertirían en presidentes
sucesores y hereditarios. Sobre todo hereditarios, recibiendo
no solo el gobierno sino todo el país como herencia. O lo que
vaya quedando del país.
En las democracias modernas más estables, donde los jefes de
Gobierno nunca son jefes de Estado, nada más normal ni más
legítimo que la reelección del buen gobernante. El caso de
EE.UU constituye una doble excepción; por un lado, el
presidente solo es jefe del Gobierno federal no de los
gobiernos de los estados; por otro lado, el control del
Congreso sobre el gobierno y sobre las políticas del
presidente (caso también costarricense) es muchísimo mayor que
en nuestras democracias presidencialistas y casi cercano a las
democracias parlamentarias.
Lo cual es un principio político elemental: a mayores poderes
mayores controles y responsabilidades, no descontroles e
irresponsabilidades.
En países democráticos donde el Estado y el Gobierno son
realidades diferentes, se puede garantizar la legitimidad en
la reelección de un jefe de Gobierno, pero en países como el
nuestro, donde el presidente es propietario de todo el Estado
y hace de él lo que quiere, sería muy difícil legitimar su
reelección.
Nada más tramposo que el argumento de la continuidad como si
fuera la reelección del presidente la que asegura la
continuidad de las políticas de su gobierno. Prescindiendo de
que nuestros presidentes improvisen sus políticas de gobierno,
de que sus caprichos y apetitos cincupiscentes modifiquen
regularmente el rumbo de sus políticas, que estas sean
erráticas, por lo general gobiernan sin tener política alguna
y menos una política que merezca continuidad.
Las políticas de gobierno llegan a ser políticas de Estado,
cuando están comprometidas con fuertes consensos nacionales e
internacionales, cuando están claramente orientadas al
desarrollo nacional y al fortalecimiento de las instituciones
democráticas. Poco importa entonces la alternancia de un
gobierno a otro diferente, si todos están obligados a seguir
una política de Estado.
Ya el rumor, solo el intento de reelección es una sórdida
trampa de lo que nos queda de democracia. (DIARIO HOY) (P.
4-A)
