La principal tarea de la nueva ministra de Economía, Magdalena Barreiro, será restaurar la confianza perdida de los bancos, los organismos multilaterales de crédito, los inversionistas y de los empresarios en el Ecuador.
Barreiro asume en condiciones difíciles, según ella misma lo aceptó el día de su posesión, pero con la conciencia tranquila.
La herencia que le dejó el ex ministro Rafael Correa no es nada envidiable; varios analistas, entre ellos el ex minstro de Economía Maurico Pozo; el presidente del Banco Solidario, Santiago Ribadeneira, y el Centro de Estudios para el Desarrollo (Cordes), estiman que la brecha provocada en el Presupuesto por el comportamiento confrontacional de Correa es de entre $700 millones y $1 400 millones.
Barreiro admitió el martes, en su primera rueda de prensa, que el hueco que hay que financiar es de $1 400 millones, de los cuales aún falta encontrar $300 millones.
Ese dinero podría ser recaudado en una operación de emisión de bonos en la Bolsa de Nueva York, la mayoría de los cuales serían comprados por Venezuela al 8,5% de interés (un punto porcentual más caros que los Cetes).
Las cuentas son más o menos así: cuando Correa se peleó con los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) cerró las puertas de un financiamiento por $350 millones para el país este año. El primero en decir no fue el Banco Mundial, que debía prestar $100 millones.
Esos $350 millones estaban considerados en el Prespuesto original de 2005, cuya brecha de financiamiento no cubierta era de $484 millones.
Al polemizar con la banca privada y los bancos de inversión, Correa espantó a los tenedores de $400 millones en Certificados de Tesorería o Cetes (papeles de la deuda interna) que no renovarán esos créditos, al menos por ahora. Todos estos préstamos en Cetes se vencen este año.
Luego, la idea (cuya paternidad aún está en duda) de usar los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para invertir en proyectos de Petroecuador abrió la puerta para que los afiliados, en pánico, comenzaran a pedir la devolución de los fondos de reserva (unos $700 millones) y dio la excusa al Congreso para dar vía libre a esa iniciativa.
Con esto, el Gobierno perdió otros $400 millones de financiamiento vía IESS, que era el mayor comprador de papeles de la deuda pública interna.
Como si fuera poco, Correa asumió nuevos compromisos salariales con una burocracia ya inflada, cuyos salarios le cuestan al Estado más de $2 000 millones al año o un tercio del Presupuesto, grosso modo.
Se estima que esta última dádiva representa unos $230 millones en gasto permanente para el que no se consideraron, primero, las fuentes de financiamiento.
En el horizonte inmediato, la señales de expansión del gasto se convierten en un tema de riesgo mayor frente a las presiones del año electoral que se aproxima: tradicionalmente, el Gobierno que se halla por terminar el mandato no tiene la menor intención de dejar la mesa servida, como gráficamente lo definió Gustavo Noboa, lo cual significa contentar a todos pero a costa de los graves aprietos del régimen que viene. En la actitud firme para no ceder a las presiones políticas se resume otro de los grandes retos de la nueva ministra.
Ciudad Quito
