La fuerza de la palabra es indudable. Con una sola se puede explicar e incluso cambiar mucho. La palabra "topo", a modo de ejemplo oportuno, designa a aquel animalito mamífero insectívoro que socava la tierra. De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, también se dice de alguien que se tropieza en cualquier cosa o que en todo se equivoca o que, infiltrado en una organización, actúa al servicio de otros. Para cualquiera de estas tres últimas acepciones califica el coronel Lucio Gutiérrez. La tercera sintetiza la esencia de su gestión. Lucio, quien llegó a ser presidente con un discurso a favor de los intereses nacionales, trabaja para intereses transnacionales. Con su política económica, Lucio resulta una suerte de eslabón perdido entre la reforma estructural neoliberal, todavía algo incompleta en el Ecuador, y las demandas que se derivan del TLC en ciernes.
Su proyecto de Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, denominado por el mismo Lucio como "ley topo", enlazaría el pasado y el futuro. Cerraría la cadena de reformas estructurales, iniciada hace casi dos décadas con las primeras renegociaciones de la deuda externa, que abrieron la puerta a los programas de estabilización y ajuste, para luego caminar por la senda de las mencionadas reformas. Con el "topo", cumpliría Lucio con las imposiciones del FMI y Banco Mundial, plasmadas en la Carta de Intención y en la Estrategia de Asistencia al País, respectivamente, suscritas en 2003, ejes conductores de su manejo económico. Y, al mismo tiempo, con el "topo" engancharía la economía al TLC, anclando el neoliberalismo en el Ecuador.
Este "topo" no augura la reactivación, ni la mejora de la competitividad, como dicen ciertos ingenuos (o interesados). Tampoco es creíble el cínico discurso oficial de que, sin el "topo", perdemos $3 000 millones por una serie de distorsiones, las que -si se demostrara su existencia- sería fácil enfrentarlas sin un proyecto tan inconveniente para el país.
Como muestra de todo lo expuesto, entiéndase el efecto de suprimir la palabra específicos en lo que hoy son los contratos de obras, bienes y servicios específicos, utilizados para regular el sistema de ejecución de obras, así como la compra de bienes y servicios específicos de Petroecuador. La eliminación de esa palabra uniformaría los sistemas contractuales vigentes, sin provocar más transparencia. Los desnaturalizados excontratos específicos, transformados en contratos petroleros para todo tipo de actividades, servirían incluso para la extracción de crudo, acelerando el proceso de entrega de los grandes campos hidrocarburíferos en manos del ente estatal. Esto menoscabaría el ejercicio de la propiedad inalienable del Estado sobre el petróleo. Con esa supresión y otros ajustes derivados de este aparentemente insignificante cambio, el Estado vería mermada aún más su autonomía en materia petrolera. Y, aunque la inversión privada consiguiera incrementar la producción de crudo, la sociedad no se beneficiará por efecto del actual sistema de distribución de la renta petrolera, favorable en extremo a las transnacionales.
El Congreso Nacional tiene la palabra. Ojalá sea una sola. Un "No" rotundo al "topo" de Lucio.
Ciudad QUITO
