La extensa zona fronteriza que comparten Ecuador y Colombia (680 km), en su mayoría selvática e inhóspita, y la falta de más personal militar y policial, hacen que los habitantes de las provincias ecuatorianas de esa región sufran, hoy más que nunca, las consecuencias del conflicto armado y el narcotráfico del vecino país.

Quizá la más afectada es la provincia de Sucumbíos, a la que agobian algo así como diez ‘plagas’, que crean un ambiente de tensión, inseguridad y miedo, según lo demuestran la versión de autoridades y pobladores, recogidas en un recorrido por urbanas y rurales.

Esas ‘plagas’ son: la continua llegada de desplazados colombianos que huyen del conflicto; la infiltración e influencia de insurgentes; trata de blancas o explotación sexual, especialmente de menores; tráfico de armas, municiones y equipo militar para los rebeldes; tráfico de droga; contrabando de combustibles; fuga de alimentos que, en su mayoría abastecen a los grupos irregulares; sicariato; fumigaciones colombianas y la extraña desaparición de personas, algunas de las cuales son secuestradas y otras ejecutadas y sepultadas en sitios inhóspitos.

El gobernador de Sucumbíos, Wiliam Barba, y el jefe provincial de la Policía (e), Jorge Navarrete, coinciden en señalar a estos como los mayores dolores de cabeza de la provincia, habitada por 130 mil personas.

“Son 360 km de frontera que Sucumbíos comparte con Putumayo colombiano, y hay que reconocer que falta personal policial, vehículos y logística”, dijo Barba.
Y es que 650 policías para dar seguridad a 130 mil habitantes de siete cantones (Lago Agrio, Shushufindi, Putumayo, Cascales, Gonzalo Pizarro, Cuyabeno y Sucumbíos), son insuficientes, pues al menos deberían haber 800 efectivos; o sea, se requiere aumentar un 30% de personal, de manera especial policías preparados en crisis y conflictos.

“Especialmente campesinos de la frontera (ecuatorianos y colombianos) que han perdido sembríos y animales debido a las fumigaciones, son utilizados como “mulas” para el tráfico de droga, víveres, municiones y demás aspectos de este bajo mundo en Sucumbíos”, añadió el gobernador.

Para tratar de frenar en algo estos males, Barba es de la idea de que las autoridades ecuatorianas deben hacer presencia en la frontera, implantando cada vez más destacamentos policiales y llegando con brigadas de salud, educativas y proyectos de desarrollo.

“Hay que cambiar la cultura de la gente que por años ha vivido aislada, sin tener en cuenta las leyes. Para muchos ecuatorianos y colombianos de esta parte el concepto de autoridad no existe”, resaltó Navarrete.

Señaló que tal es el fenómeno que si uno mata a otro no se denuncia, sino que se cobra venganza (ojo por ojo), lo cual “debe parar”.

Pero el problema no solo radica en la inseguridad y la violencia que impera en la provincia, sino en las necesidades de obras básicas, vías de acceso y planes de ayuda para beneficiar a la población local y a los numerosos desplazados colombianos que llegan a esta zona huyendo de los guerrilleros, paramilitares y militares colombianos.


Se teme “avalancha” de desplazados colombianos

Tras la muerte de 11 ex diputados colombianos secuestrados por las FARC, el presidente de ese país, Álvaro Uribe, según lo recogen las noticias internacionales, planearía realizar una ofensiva militar contra esa guerrilla que opera al sur de esa nación, por lo que se teme una llegada masiva de desplazados al Ecuador.

Diario HOY consultó entre autoridades de Sucumbíos cómo se están preparando para afrontar aquello.

Navarrete explicó que tienen listos operativos en el puente San Miguel, La Punta, Puerto Mestanza, Shushufindi y Puerto Libre, para verificar entrada de desplazados y evitar infiltración de guerrilleros. Empero, no puede garantizar quiénes y cuántos puedan entrar por la extensa zona selvática.

Fumigación afecta a ambos lados

A decir de Mariela Casanova, teniente política de la parroquia ecuatoriana de General Farfán (que tiene 9 450 habitantes), últimamente no se han registrado fumigaciones aéreas colombianas con glifosato.

Así lo confirmó el gobernador, quien agregó que, sin embargo, se han tomado más pruebas en los sectores Farfán, El Cármen y Puerto Nuevo, para hacer análisis técnico-científico de las sustancias moleculares de tierra, agua y follaje, afectados por las aspersiones.

En base a los resultados de esos análisis, que se realizan en Brasil y que costarán $800 mil (que serán financiados por Cancillería), dijo que esperan tener pruebas más contundentes para sustentar una queja internacional contra Colombia.

Casanova también afirmó que 98 organizaciones de la frontera están empeñadas en interponer una denuncia internacional que conlleve a que Colombia indemnice a los ecuatorianos afectados en su salud. Tal es el caso de la ex secretaria del Cordón Fronterizo, Martha Ordóñez (22), humilde campesina de la zona Santa Marianita, quien registra una extraña enfermedad que la mantienen “clavada” a una silla de plástico, al pie de su casa de madera y zinc.

“Cada día se me van secando más las piernas. Mi salud ha ido decayendo desde hace dos años, a raíz de las fuertes fumigaciones colombianas. Si me pasa algo no sé quién va a cuidar de mis tres hijos pequeños, ya que mi esposo fue asesinado hace tres años en la zona porque unos colombianos que le robaron la moto”, relató esta señora, de quien los vecinos cuentan que era gorda, fuerte y sana.

Carmen Cabrera (50) tiene hinchadas las rodillas, por lo que camina con dificultad y ya no puede trabajar; a la niña Vicko López le salió un tumor en la pierna; Luis Baltazar (68) murió hace algún tiempo por una extraña dolencia devenida de las fumigaciones que afectaron sus sembríos; Betty Casanova también murió en 2002 por una dolencia extraña. Ellos son solo una parte de las víctimas del glifosato.

“Estamos sentenciados a morir aquí. Fumigaciones contaminan tierra y agua y, por ende, la salud de plantas, animales y humanos. No podemos ir a otra parte porque somos pobres”, dijo la teniente político de Farfán, y aseguró que, a causa del glifosato, hay decenas de personas con cáncer. (NST)


Colombianos, deportados por no portar documentos

La multa está entre $200 a $2 000 y no permite el retorno al Ecuador por dos años

En lo que va del año han sido deportados por la Intendencia de Policía del Carchi 170 ciudadanos colombianos.

Estas personas permanecían en el país laborando al margen de la ley, no portaban documentos migratorios o hacían mal uso de la visa, según explica el intendente Landivar Escobar.

Los operativos efectuados a prostíbulos en las ciudades de Tulcán y San Gabriel arrojan el mayor número de detenidos.

Escobar explica que uno de los problemas registrados por los turistas o visitantes es la negligencia al dejar caducar la tarjeta andina. Ante la recurrencia de estos hechos ahora esa dependencia ha optado por flexibilizar la contravención con el pago de una multa.

Jairo Botero, oriundo de Medellín, explica que es importante registrar la tarjeta andina cuando ingresan y salen del Ecuador para evitarse inconvenientes y el pago de multas. (RC)



Cada vez mueren o desaparecen ecuatorianos

En Sucumbíos, no es nuevo el fenómeno de los asesinatos a manos de la delincuencia común u organizada, o por acción de insurgentes y de las propias fuerzas militares colombianas.

Muestra de ello son las constantes desapariciones de personas, de lo cual existe un listado que reposa en la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación, cuyo titular, Luis Vélez, dice que evidencia la violación de los derechos a la vida.

En la frontera con Colombia han desaparecido ecuatorianos como: Alvaro Usama Murillo, César Santín Gaona, Jonny Díaz Morales, José Castillo Cueva, Luis Cárdenas, Jesenia Muñoz Lino, Juan Córdova Zambrano, Wilma Bravo Yánez, José Molina Cuesta, José Belecela, Hugo Shingre, José Apolo y José Vásquez. De ellos y de otros se teme que fueron asesinados.

"Me vine desde Cuenca a buscar a mi padre José Vásquez (65) que durante 18 años vivió en su finca del sector Las Brisas (en las riberas del río San Miguel, punto demarcatorio de la frontera colombo-ecuatoriana), pero que desapareció extrañamente el pasado 10 de mayo. Temo que esté muerto pero no sé si sería a manos de militares o guerrilleros colombianos; ojalá por lo menos aparezca el cuerpo", contó su hijo Víctor.

Existe la denuncia por el asesinato de los ecuatorianos José Marcos Quezada Sarango y Rómel Aníbal López Prado, el pasado 21 de junio en el sector Dios Peña, aparentemente a manos de militares colombianos que los acusaron de guerrilleros, al igual que culparon cuando también dieron muerte, hace algún tiempo, a los también ecuatorianos Winter Zolórzano, Enrique Guamán, N. Romero y Jorge Plaza. (NST)






Moreno pide colaboración internacional para frontera

El área de acción de Udenor comprende a cinco provincias del norte del país

El vicepresidente de la República, Lenin Moreno, durante el Primer Encuentro Internacional sobre Realidades de la Frontera, realizado en días pasados, anunció el fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Norte (Udenor) y a su vez solicitó la solidaridad internacional para cooperar en este esfuerzo.

En 2001, la Udenor presentó ante el Grupo Consultivo de Bruselas, conformado por 25 países, 15 organismos internacionales y una empresa privada; el programa de Desarrollo Preventivo y Reactivación Social de la Frontera Norte de Ecuador.

Ahora, nuevamente el vicepresidente Moreno, reconoció que la aplicación del Plan Ecuador demanda de “enormes recursos” e insistió en aplicar las iniciativas gubernamentales de paz, solidaridad, equidad y desarrollo, “frente a visiones que priorizan la respuesta militar a este tipo de conflictos”. (ET)



Ecuador: unos 250 mil colombianos buscan convertirse en refugiados

El documento de identificación de refugiado debe ser renovado cada año y su trámite es totalmente gratuito

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, desde 2000 hasta 2007 se han recibido 45 381 solicitudes de refugio y hasta el momento se han aprobado 14 800. De todas estas solicitudes, el 46,12% se han realizado en Quito, siendo esta la ciudad que recepta la mayor cantidad de peticiones a escala nacional.

El jefe de la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gonzales, indicó que de las solicitudes recibidas, el 95% son de colombianos. Luego de los colombianos, las personas que más solicitan el estado de refugiado son peruanos, pero de estos, el 95% son negados, pues en su mayoría son emigrantes económicos.

Según Xavier Orellana, asistente de información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “en Ecuador hay unos 500 mil ciudadanos colombianos, de los cuales, 250 mil tienen necesidad de protección internacional”.

En caso de que se legalizara a los 250 mil colombianos que necesitan el documento de identificación de refugiado en Ecuador, este sería el país con la mayor cantidad de refugiados en América Latina.

“Martha”, quién es refugiada legal y que reside en Ecuador desde hace dos años, manifiesta: “Yo dejé todo en mi país, solo me vine con mis dos niños. Pero es que ya no podía permitir que mis hijos crezcan en un ambiente de miedo y violencia. Ahora que estoy aquí trabajo muy duro para ganarme el alimento para mí y mis pequeños, pero por lo menos tengo paz y me siento tranquila y segura”, resaltó.

Para el Secretario Técnico de la Mesa de Trabajo sobre migraciones laborales, Pablo de la Vega, “el tema de los refugiados es muy complejo, porque mientras el escenario colombiano no cambie sustancialmente la afluencia de refugiados va a continuar”.

En la actualidad, el Acnur esta trabajando en un proyecto de focalización y localización de concentración de colombianos en Ecuador, ya que al momento no se cuenta con ningún tipo de mapa o registro en el que se ubique donde se encuentra la mayor cantidad de refugiados y de migrantes colombianos en el país.

Óscar Butrageño, jefe de la oficina del Acnur en Sucumbíos, contó que mensualmente reciben alrededor de 200 solicitudes de asilo de colombianos que llegan a esa parte del Ecuador huyendo del conflicto y la violencia en ese país.

La colombiana María Ruiz Vélez forma parte de esas estadísticas. Ella llegó el pasado jueves el puente internacional de San Miguel y cruzó al Ecuador en busca de protección para ella y su familia. “Voy a hacer la solicitud para beneficiarme de la condición de refugiada”, señaló, sin querer dar más detalles de su traslado a este país, pues teme ser perseguida.

“Hay mucho miedo y psicosis de parte de los colombianos que llegan a esta zona del Ecuador. El 50% llegan del Putumayo, el 35% de Huila, Caquetá y Meta y el resto de otras partes de Colombia”, dijo Butrageño, cuya oficina de refugiados cuenta con solo $80 mil anuales para atender a tanto colombiano. (JFE-NST)


Gobernador y prefecto, en la "mira" de sicarios que operan en Sucumbíos

Ni las autoridades se salvan de la delincuencia. El asesinato de la Intendente de Policía demostró aquello

“Es mejor que renuncies, los sapos mueren. Te salvaste, pero el segundo eres tú”, fueron las amenazas que, mediante llamadas telefónicas, recibió la máxima autoridad provincial de Sucumbíos, gobernador William Barba, tras el asesinato de la Intendente de Policía, Irene Guerrón.

“Deja de influir en la Policía si no quieres que matemos a esos perros”, le dijeron a Barba en otra amenaza, según contó. Sin embargo, asegura no tener miedo, aunque reconoce que adoptó medidas de precaución como tener custodia las 24 horas del día y sacar de la zona a su familia.

Alarma el hecho de que el asesinato de autoridades de Sucumbíos tenga precio y que exista una “lista negra” de víctimas. La noticia se conoció el pasado 21 de junio, tras el asesinato de la Intendente, por parte de sicarios colombianos que cobraron por su “trabajo” $400, mientras que por asesinar al prefecto de la provincia, Darwin Lozada, se estaría pagando $2 000, según las investigaciones.

Para tratar de frenar la ola de violencia, especialmente en Lago Agrio, acatando una disposición del Gobierno, la Policía reforzó los operativos a través de un toque de queda, gracias a lo cual logró detener, del 25 de junio al 2 de julio, a 45 personas; implicadas en sicariato (5); robo de vehículos; narcotráfico; tenencia ilegal de armas; violencia intrafamiliar y por infringir las leyes de tránsito.

Según estadísticas de la Policía de Sucumbíos, facilitadas por el gobernador, de enero a junio se han registrado 51 muertes violentas: enero, 14; febrero, 12; marzo, 6; abril, 12; mayo, 6; junio, una, la de la Intendenta.

Lo “triste” del asunto, según voceros policiales, es que muchos delincuentes son detenidos e inmediatamente salen en libertad tras solicitar hábeas corpus al alcalde, lo cual echa al traste los operativos y las investigaciones para determinar responsabilidad de los implicados.

El alcalde (e) de Lago Agrio, Luis Mosquera, reconoce que conceden de cuatro a cinco hábeas corpus, pero que lo hacen apegados a la ley, ya que tras recibir un pedido así, tienen 24 horas para pronunciarse y basados en que no hay boleta constitucional.

La Policía formó escuadrones motorizados para resguardar la urbe, el comercio y las carreteras, pese a que solo cuenta con 650 gendarmes para proteger a toda una provincia, por lo que tienen que trabajar más de 12 horas diarias, con otras limitantes como la falta de armamento y municiones, aparatos de comunicación, vehículos, etc, según lo reconoció el mismo jefe provincial (e), Jorge Navarrete, y el gobernador.

Además, la Policía debe controlar los 30 prostíbulos que hay registrados en la provincia, así como otros antros que funcionan ilegalmente, en donde fluye la trata de blancas, la venta de droga y la reunión de delincuentes. (NST)


ENTREVISTA A: Carlos José Holguín - Abogado
Mano dura contra las FARC no afectará al Ecuador

QUIEN ES? Embajador de Colombia ante la República del Ecuador desde julio de 2005

¿Cómo está apoyando Colombia a los refugiados que se encuentran en el Ecuador?
Debemos aclarar que cuando una persona sale de un país para pedir protección internacional, a través del refugio en otro país, sale del ámbito y de la órbita de protección de ese país. Nosotros, como parte del Acnur, canalizamos la ayuda por medio de este organismo.

¿Cuál es el presupuesto que aportan al ACNUR?
No tengo los datos, pero eso forma parte de los apoyos que todos los países dan al Acnur y hemos estado en el interés de poder coordinar esfuerzos conjuntamente para que pueda hacer ese tipo de labor. Ahora, algo que es de interés del Gobierno colombiano es lograr que las personas regresen al país mediante varios programas.

¿Y ya cuántas personas han regresado a su lugar de origen?
En el año 2006 regresaron 6 600 familias desplazadas, mientras que en lo que va del año, 198 familias.

¿A qué cree que se debe el regreso de estas personas?
Colombia es un país que económicamente ha crecido al 8% en el último trimestre, además de que ha mejorado las condiciones de seguridad. Entonces, en la medida que estas condiciones mejoren, se espera que los desplazados regresen a sus hogares.

¿Al momento, cuántos colombianos se radican en el Ecuador?
Nosotros tenemos registradas en nuestros consulados 45 mil personas, pero haciendo una proyección podríamos decir que hay unos 350 mil.

¿Como afectará al Ecuador la "mano dura" que impondrá el Gobierno de Colombia a las FARC luego del asesinato de los 11 diputados ?
Creo que no va a afectar porque la realidad es que las condiciones de seguridad en Colombia han mejorado ostensiblemente. En el tema del secuestro, por ejemplo, de 2002 al presente, el delito se ha reducido en un 200%; entonces, definitivamente no vemos los elementos para pensar que el número de desplazados pueda aumentar.

¿Se ha presentado reducción en el número de desplazados?
Sí, en 2002 había 7 500 familias desplazadas; en 2006 esa cifra bajó a 3 900 familias. (JFE)


Más de 30 ecuatorianos presos por contrabando de armas y municiones

La mayoría de los detenidos son indígenas otavaleños; varios de ellos llevaban los explosivos adheridos al cuerpo

En 2007, el tráfico de armas y pertrechos militares desde Ecuador hacia Colombia por el puente internacional de Rumichaca deja un saldo de 38 ecuatorianos detenidos en Nariño. Los aprehendidos son, en su mayoría, indígenas originarios de Otavalo, quienes obtuvieron su libertad 36 horas más tarde del arresto.

Bajo ingeniosos sistemas de ocultamiento movilizan estopines, pentolita, mecha lenta, cordón detonante, municiones, suministros y hasta armas.

El último detenido fue el otavaleño Luis Alejandro Tocagón Tocagón, el pasado 20 de junio en Túquerres, cuando intentaba ingresar en un vehículo particular: 150 cartuchos calibre 20; 350 cartuchos calibre 16; 50 cartuchos calibre 38 y dos uniformes americanos de uso privativo de las fuerzas militares.

En aquella ocasión el jefe de Policía del II Distrito de Ipiales, Alejandro Calderón Celis, manifestó que este tipo de tránsito de armamento preocupa a las autoridades colombianas debido a la frecuencia con la que se produce.

Pese a que los antes detenidos ya se encuentran libres, los procesos de juzgamiento están en vigencia en la Fiscalía de Ipiales y los ecuatorianos involucrados en esos delitos deben presentarse a las audiencias que determinarán el grado de responsabilidad.

El coordinador de Fiscalías Seccionales de Ipiales, Mauricio Javier Ponce Mena informa que la pena mínima para este tipo de delitos es de 16 meses, tiempo que no dictamina prisión. Todas las personas que han sido implicadas en estos casos son registradas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, que es el encargado de llevar los antecedentes y fichas.

Si reinciden: “se meten en un lío”, señala el fiscal, porque queda fichado y van directamente a la cárcel. Son acusados bajo la figura de delito de rebelión, como milicianos de la guerrilla, auspiciantes de la guerrilla colombiana o sencillamente como traficantes de pertrechos militares.

Los grupos alzados en armas utilizan a las etnias bilingües ecuatorianas en estas prácticas ante la flexibilidad de la ley en este tipo de delito, coinciden los fiscales de Ipiales.

Inteligencia militar y policial investiga probables redes internacionales de tráfico de material de guerra, especialmente en sectores fronterizos como La Victoria, Tallambí, Carlosama, Ipiales, entre otros, donde operan los paramilitares y guerrilla.

El ex mayor del ejército de Colombia, Héctor Cabezas, aduce que los indígenas en su país tienen muchos privilegios y son aprovechados por los grupos al margen de la ley, siendo esa una de las posibilidades para que vinculen en esas transacciones obscuras a los indígenas ecuatorianos. (RC)

Hora GMT: // - 19:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito