"Sindicalización" suena con fuerza en los repartos

Publicado el 23/Febrero/2009 | 00:04

Entre la tropa militar hay "inquietud" porque las autoridades no dan aún respuesta a demandas. En filas policiales, últimos cambios preocupan

El malestar en la fuerza pública no solo es percepción



La política avivó la agenda de demandas

Militares de tropa insisten en críticas a la Ley de Personal. Los cambios policiales inquietan

La actual situación política en el país parece haber reactivado los problemas internos en la Fuerza Pública (militares y policías).

En los repartos militares se ratificó la inconformidad entre miembros de la tropa por las respuestas recibidas hasta ahora del ministro de Defensa, Javier Ponce, en torno a las demandas planteadas en sendas reuniones con representantes de asociaciones de retirados.

Miembros de la tropa que pidieron reserva sobre sus identidades aseguraron que, al momento, se ha abierto un tiempo de espera para que los mandos concreten -"con acciones"- pasos que conduzcan a solventar sus pedidos.

Los uniformados señalaron como su principal reparo la actual Ley de Personal, la que creen que solo favorece a la oficialidad. Además, califican de intimidatorio el reglamento de disciplina militar.

Pero la tropa también destaca su apertura al suspender medidas de hecho planificadas (no mencionaron cuáles). Según dijeron, tras la reunión del 23 de enero con el ministro Ponce, frenaron las acciones previstas para fines de ese mes, en las cuales iban a hacer 12 pedidos.

Sin embargo, no todo es buena voluntad. También hay presiones. BLANCO Y NEGRO conoció que una asociación de militares activos se autodisolvió hace dos semanas luego de que sus directivos habrían recibido pases a repartos alejados.

En el caso de la Policía Nacional, hay dos detonantes: la remoción de jefes de unidades especiales y las reformas a la seguridad social.

Un sector de oficiales y miembros de la tropa está a la expectativa de los resultados que den los últimos cambios en las unidades especiales.

Esto ya se notó tras divulgarse el informe de la Comisión Especial que investigó la infiltración de organismos de Inteligencia extranjeros, como la CIA, en los aparatos de seguridad del Estado, el cual recomendó reestructurar la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies), la entidad especializada en la lucha contra el narcotráfico.

Ello se originó tras detectarse la existencia de la denominada red Suat, liderada supuestamente por Leila Hadad Pérez, la cual ejercía injerencia dentro de la Uies.

También el malestar tiene un componente político por el manejo de temas como la política de seguridad.

A fines de enero, por ejemplo, en el homenaje ofrecido por el ex ministro de Gobierno Fernando Bustamante a los oficiales, y al que fueran convocados los medios de comunicación, fue criticado puertas adentro por los miembros de la institución al intuir "tintes electorales y políticos" de parte del Gobierno. (LB/MP)

Sesgos de clase "agitan" a la tropa


Militares retirados plantearon cinco pedidos a rafael Correa

El 11 de febrero pasado, representantes de las asociaciones de militares retirados Quito Luz de América, Libertad y Villamil remitieron una carta al presidente de la República, Rafael Correa, en la cual se plantearon cinco pedidos "ante la negativa del ministro y el mando militar de dar paso" a ellos.

Allí se mencionaron las devoluciones de descuentos en sus sueldos, que afectan a activos y pasivos.

También se pidió revisar la homologación salarial por no cumplirse con el principio de equidad e igualdad; además plantearon la suspensión de los aportes voluntarios que consideran "impositivos", y solicitaron revisar la cesantía y la reliquidación de la cesantía militar por un supuesto factor de ponderación mal aplicado en 15 años.

En aquella carta, esos sectores ratificaron su apoyo al mandatario y le recordaron que "la sombra del golpismo con la tropa pasiva y activa no nacerá" y, además, que "los generales sin la tropa no tienen el mando".

Miembros activos de tropa que pidieron reserva coincidieron en una posición crítica respecto al papel de la oficialidad en el manejo institucional y en varias reivindicaciones que las consideran irrenunciables.

Así señalaron la inconformidad sobre la Ley de Personal, que extiende hasta los 35 años de servicio para acogerse al retiro. "No es igual mantenerse esos años adicionales en una institución con un sueldo de $3 000 y los beneficios que tiene un coronel, que con un salario de $1 000 de un sargento", comentó uno de ellos.

La ley anterior les permitía retirarse a los 20 años de servicio y seguir trabajando en otra actividad algunos años. "Con 35 años de servicio, el ciclo laboral termina y se nos condena a vivir con pensiones bajas", acotaron.

Los militares también criticaron el actual reglamento de disciplina militar. Cuestionaron, por ejemplo, la reimplementación de la suspensión de funciones de hasta 30 días, sin sueldo, para sancionar una falta calificada de grave y atentatoria, lo cual implica la salida inmediata de la institución: "Con ese tipo de medidas se propicia la sumisión y no la disciplina".

Estos sectores insistieron en la devolución de un descuento del 7,5% para mejoras de la cesantía y que se venía cobrando desde su creación en 1996 hasta 2006, cuando se dio el proceso de equiparación salarial.

Asimismo esperan que se restituya el descuento del seguro de invalidez y muerte (RIM), cuyo fondo actual ascendería a $120 millones y que, según la presentación realizada en la última reunión de pasivos con el ministro, estaría invertido en bienes.

Militares pasivos que participaron en la última reunión con el ministro, hace pocos días, señalaron que se generó un malestar por la posición oficial de que únicamente habría una respuesta en ese tema frente al pronunciamiento de un juez.

Frente a esto, militares activos de la tropa expresaron a BLANCO Y NEGRO que no "les dejan otra que ir a una mayor organización política", a pesar de que ahora mantienen limitaciones de carácter reglamentario.

Por lo pronto, la opción política es el sufragio optativo que les permita le Constitución. Aunque ya barajan la formación de un partido político y hasta la sindicalización militar. (LB)

33,75% es el porcentaje de incremento que se aplica para 2009 dentro del programa de homologación salarial que se inició en 2006. En 2008 se aplicó el mismo valor del incremento

$337 equivalen al 33,75% de incremento para 2009 para un sargento primero con casi 20 años de servicio. Con descuentos recibe $1 024. Un coronel percibirá $2 990, su incremento es de $984

"Recorte" de pensiones caldea más el ambiente


Reforma a la seguridad social

Se calcula que el 10% de los cerca de 220 mil jubilados se verían afectados con la medida

Las asociaciones de militares en retiro se encuentran indispuestos debido a que Javier Ponce, ministro de Defensa, no acoge sus demandas.

La primera es la devolución de $120 millones provenientes del Retiro de Invalidez y Mortuorio (RIM), explicó Pedro Mota, presidente de la Asociación de Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas.

"Amparados en el Art. 94 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), los fondos se han retenido de forma ilegal. La Asamblea derogó la retención de esos fondos, pero no se ha hecho caso ", dijo.

El presidente señaló que existen 34 mil pensionistas y beneficiarios de montepío. Si se devolviera ese dinero, a cada uno le correspondería entre $4 mil y $6 mil.

En segundo lugar, el gremio exige suspender un aporte del 3,35% de sus pensiones que era asignado para gastos médicos, puesto que no obtienen el servicio por el que están pagando. "El seguro no nos entrega las medicinas que necesitamos para nuestros tratamientos. Muchas veces las tenemos que comprar en farmacias particulares", explicó Mota.

El representante agregó que ese aporte tiene que eliminarse porque de acuerdo al Art. 37 de la Constitución todos tienen derecho a servicios de salud gratuitos, por lo que no deben pagar ese servicio.

La tercera demanda es reformar el Art. 6 de la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas, el cual se refiere a la conformación del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (FFAA). En la actualidad, este se integra por e el ministro de Defensa Nacional -como presidente del directorio-, el jefe del Comando Conjunto de las FFAA, tres comandantes de Fuerza y un militar en servicio pasivo.

"Nuestro pedido es justo. Buscamos mayor participación en las decisiones del directorio del Issfa", explicó Pablo Terán, presidente de la Asociación de Combatientes del Cenepa Brigada Eloy Alfaro.

También solicitaron una Fiscalización al Issfa. "Queremos conocer cuál es el empleo del dinero por nuestras aportaciones. En la Contraloría General del Estado se han encontrado irregularidades y queremos saber qué pasa", añadió Mota.

Terán señaló que las peticiones son justas y están enmarcados a sus derechos ciudadanos. Pero, ante la negativa del ministro Ponce, los representantes Nelson Reyes, presidente de la Asociación de Militares de Servicio Pasivo Quito Luz de América y Víctor Granados, presidente de la Asociación General Villamil Playas, solicitaron un diálogo con el presidente Rafael Correa. (GCA)

En el ejército hay 47 mil activos

Ecuador cuenta con una fuerza de unos 56 500 militares activos, incluidos miembros del Ejército

Se estima que alrededor de 800 mil militares sufragan en los comicios de abril

ISSPOL atiende a 39 mil policías

El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) atiende a 9 831 personas retiradas más de 4 300 jubilados del IESS, del Issfa e Isspol se dedican a una actividad laboral

El gremio policial duda de la reforma

La reforma del Seguro Social genera rechazo en los gremios de policías jubilados porque coarta la posibilidad de buscar una nueva forma para subsistir, luego de varias décadas de servicio. Así opinó Medardo Torres, presidente del Club de Clases y Policías, quien se mostró opuesto al proyecto del Ejecutivo.

Para el representante, esta reforma que se plantea desde el Ejecutivo atenta contra todos los principios constitucionales, ya que la jubilación es un derecho adquirido.

De acuerdo a las estadísticas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el organismo atiende a 39 694 miembros activos; 9 831 personas retiradas, 154 personas con discapacidad, a 2 222 viudas; 3 527 hijos de policías, entre otros.

En 2007, el organismo contó con un presupuesto de $2,5 millones; se estima que este año, la inversión será del mismo monto

Para Fausto Vásconez, presidente de la Asociación de Generales de la Policía Nacional del Ecuador, el servicio activo y pasivo de Fuerzas Armadas está siendo beneficiado en esta reforma, por lo que prefieren esperar a una negociación en donde cada gremio llegue a un consenso.

Patricio Hadatty, representante de policías retirados, apoyó ese argumento y aunque prefirió no emitir un criterio señaló que es pertinente mantenerse en diálogos para llegar a un acuerdo. (GCA)

Subsidio estatal en pensiones de uniformados está en discusión


Proyecto de reforma a seguridad social

El Estado financia el 60% de las pensiones jubilares que reciben los uniformados retirados de la Policía y FFAA. La nueva ley regulará la entrega

E l proyecto de ley de reformas a la Seguridad Social enviado por el Ejecutivo a la Asamblea no convence a policías y militares. La propuesta, con carácter de urgente, expresa que los uniformados, luego de haberse jubilado, no pueden recibir un subsidio a sus pensiones por parte del Estado bajo ciertas restricciones.

Según la propuesta, enviada el 11 de febrero, los pensionistas militares y policiales no deberían recibir el subsidio del Estado del 60% si luego de su retiro hubieren retornado al mercado laboral, bajo relación de dependencia, mientras perciban ingresos por su trabajo en el sector privado; asimismo, cuando se integren a entidades del sector público o a las empresas en las que el Estado tenga participación accionaria o a sus subsidiarias y perciban ingresos. En este caso se exceptúa a quienes reciban como pensión de retiro hasta una remuneración mensual unificada ($218 actualmente).

Al respecto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Fabián Varela, no consintió que las reformas se apliquen cuando el jubilado consiga trabajo en el sector privado.

Indicó que existen 22 136 militares pensionistas, de ellos hay 15 729 entre 41 y 65 años de edad, es decir entre la Población Económicamente Activa.

Del total de pensionistas, el 88% es personal de tropa y de ellos el 72% tiene los rangos de sargento primero y segundo, "con las pensiones más modestas".

Rafael García, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, consideró que no debe haber restricciones a la inserción laboral en el sector privado, "ya que -sostuvo- el Estado no cumple con ninguna erogación económica respecto a remuneraciones".

De ahí que propuso que las excepciones se amplíen hasta $500 y no $218.

García sugirió que mediante una disposición general se precise claramente que "cuando el retirado deja de trabajar recupera la contribución estatal del 60% para completar su pensión".

El jefe de Estado Mayor apuntó que comunicó que en la institución existen 9 973 pensionistas; de ellos, 4 961 reciben entre $219 y $500; otros 4 505 reciben entre $501 y $1 000. El resto recibe una cantidad mayor, pero el tope es de $2 600.

Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IESS, recordó que la normativa señala que a partir del siguiente mes en que entre en vigencia la ley, el IESS, Isspol e Issfa, y el SRI deben realizar un cruce de información para determinar quiénes perciben doble pensión o continúan laborando. El funcionario agregó que todavía no hay cifras previas al respecto.

A decir de la presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social del congresillo, Betty Amores, la jubilación es un concepto que se aplica para quien no labora y necesita de la pensión para descansar y no para la persona que "vuelve a ser un afiliado activo", porque "ahí termina la condición jurídica de jubilado". Expresó que la ley estará lista en menos de 25 días. (ET)
"La reforma es discriminatoria"

Pablo Terán

Pablo Terán, presidente de la Asociación de Combatientes del Cenepa Brigada Eloy Alfaro, enfatizó que no aceptarán esta propuesta, porque es "discriminatoria". "Hay personas que se retiran de coroneles, de generales y salen con buenas mensualidades. Pero para la tropa, para el cabo, para el sargento, la reforma los afectaría", dijo.

Terán señaló que la enmienda podría perjudicar a alrededor de 4 000 funcionarios retirados, porque la mayoría de ellos sale a ocupar cargos de mensajeros. Pero, el presidente sugirió reducir las pensiones a los cesantes que perciban más de $1 000 al mes.

"Los privilegios son para la cúpula"

Pedro Mota

Pedro Mota, presidente de la Asociación de Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas, criticó las prebendas que tiene la cúpula militar: "Ellos dicen que han estudiado, pero son solo bachilleres y a lo mucho tienen un título en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), no sé para qué tanto privilegio". Mota adelantó que se está organizando para una movilización. Hasta el momento cuentan con el apoyo de la Federación Nuevo Ecuador, la Federación Chimborazo, la Federación del Austro y las federaciones Huancavilca y Simón Bolívar, para conformar una confederación. (GCA)

1Las personas que reciben pensiones de retiro militar por parte del ISSFA no recibirán la contribución del 60% subsidiada por el Estado de su pensión en los siguientes casos: Cuando luego de su retiro hubieren retornado o retornen al mercado laboral, bajo relación de dependencia.

2La norma se aplicaría cuando los jubilados perciban ingresos por su trabajo en el sector privado; o cuando luego de su retiro se hubiesen integrado o se integren a entidades del sector público, a las empresas en las que el Estado tenga participación accionaria o a sus subsidiarias y perciban ingresos a cualquier título tal como: sueldo, honorario, dietas, servicios profesionales, gastos de representación, entre otros.

3 El proyecto exceptúa a las personas que reciban como pensión de retiro hasta el monto de una remuneración mensual unificada del trabajador general.

4 Aclara que en todo caso, por ningún concepto la suma de la pensión pagada por el ISSFA o ISSPOL y el ingreso que a cualquier título perciba en el sector público una misma persona, superará la remuneración del presidente Constitucional de la República.

5 A partir del mes siguiente que se aplique la Ley el IESS, ISSFA, ISSPOL y SRI suspenderán el pago del 60% en los casos que se evidencia que haya una doble condición de trabajadores o de servidores públicos y de jubilados o retirados.

6 En los tres meses posteriores a la vigencia de la Ley, los pensionistas que se encuentren trabajando y que no se les haya descontado de su pensión la contribución estatal tendrán que notificarlo. (ET)

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