Opinión de HOY
El 26 de este mes se ajustarán 12 meses de los 18 con los que cuenta el Consejo Transitorio de la Judicatura para llevar adelante la reforma integral de la justicia que ofreció el Gobierno cuando propuso la consulta popular. Al casi concluir los dos tercios del plazo para ese ambicioso objetivo, se comprueba un hecho que se avizoró desde antes: la imposibilidad de cumplir esa meta en tan corto lapso.
La Veeduría Internacional, presidida por el exjuez español Baltazar Garzón, presentó en mayo un primer informe con 56 recomendaciones; en junio, Garzón regresó al Ecuador para observar los cambios tecnológicos y de la infraestructura de la Función Judicial y anunció que habrá otro informe antes del final, que la Veeduría entregará en diciembre.
Los cambios tecnológicos, los edificios y la dotación de la necesaria infraestructura son pasos importantes, pero no son lo esencial de la reforma, como sí son la selección y los mecanismos de evaluación de los jueces y la independencia judicial. Y en esto último la posibilidad misma de la reforma se halla en duda.
Por el puntaje que de forma discrecional asignaron los tres integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio, no se han desvanecido las denuncias de favorecer la selección de magistrados cercanos al Régimen para la Corte Nacional de Justicia.
La falta de independencia judicial se ve corroborada en resoluciones de los jueces de la Corte, como la que negó la casación de la sentencia contra El Universo o en
el demorado curso de las investigaciones judiciales en el vergonzosos caso Chucky Seven o en el escándalo de la valija diplomática.
La subordinación a los intereses del poder político de turno ha sido la lacra mayor de la justicia ecuatoriana. Mientras no se consiga un poder judicial independiente, estará en deuda la reforma integral de la justicia.
