Son varias las tinieblas que ensombrecen al sector eléctrico ecuatoriano y que requieren ser despejadas para poder terminar el proceso de reforma estructural de esta área clave en la economía. En 1999 entró en vigencia una nueva ley para regular a este sector, la misma que creó el marco jurídico para viabilizar la creación de mecanismos de mercado que promuevan la competencia y la eficiencia del mismo. Se eliminó al Inecel y en su lugar se crearon el Conelec y el Cenace como las entidades dependientes del poder Ejecutivo encargadas de la regulación y control del mercado eléctrico mayorista, que está estructurado en torno a tres procesos integrados: la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica al consumidor final.
Lamentablemente, y pese a este nuevo marco jurídico, el sistema hasta ahora no ha podido funcionar adecuadamente. En corto, el problema radica en que el precio de la energía es manejado políticamente por el Gobierno y en promedio no ha alcanzado niveles reales. Si a ello se suma la ineficiencia de las distribuidoras (unas más que otras) en el cobro de las facturas a los consumidores finales, se concluye que estas no pueden pagar ni a la empresa transmisora (Transelectric) ni a las 11 compañías generadoras de electricidad. Al final del día, las distribuidoras van acumulando deudas que tienen que ser asumidas por el Gobierno, es decir por todos los ecuatorianos que debemos pagar esas acreencias año a año a través de los impuestos.
El Fondo de Solidaridad controla la generación del 77% de la energía a través de la propiedad de las principales empresas generadoras. También es dueño del 100% de Transelectric y en las empresas de distribución es el socio mayoritario con el 59,3% del capital. Es decir, la oferta está controlada por el Estado, pero como el Gobierno no ha podido hacer nuevas inversiones en el sector, en especial en proyectos de generación hidroeléctrica que son los que producen energía barata, en la actualidad la producción no satisface la demanda (por eso los apagones) y es cada vez más cara.
Por su parte, la demanda se ha incrementado significativamente desde 1990. El número de abonados y la cantidad demandada de energía a través del Sistema Nacional Interconectado, como anota un artículo sobre el tema en la Revista Gestión del mes de septiembre, se ha duplicado desde entonces y según estimaciones se requerirían inversiones por $1,1 billones para cubrirla en los próximos años.
El problema estructural descrito continúa pese a que se dispone de un marco jurídico bastante aceptable para promover un mercado competitivo, que posibilitaría romper el círculo vicioso descrito y que parte, en una primera etapa, de despolitizar el precio y vender las empresas distribuidoras para que realicen más eficientemente la gestión de cobro, reduzcan costos y paguen a sus proveedores.
El intento anterior del Conam, durante el Gobierno de Gustavo Noboa, fracasó por varios motivos y se perdió una oportunidad histórica de iniciar su modernización, básicamente por las sombras de transparencia en el proceso y el bloqueo político de algunos municipios y consejos provinciales. Pero el presidente de la República ya ha anunciado que el incremento mensual de la energía se suspende desde noviembre, una nueva manipulación política del precio, con lo cual se prevé otro fracaso en los intentos por modernizar el sector al menos en el corto plazo. Mientras estas tinieblas siguen presentes, seguiremos viviendo con más apagones y menor cantidad de energía eléctrica, cuya producción es cada vez más costosa.

Hora GMT: // - 19:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO Autor: Por José Samaniego Ponce