Quito. 22.03.94. La licitación para la ampliación del oleoducto
transecuatoriano fue recibida en el mundo petrolero con una gran
oposición, de quienes juzgan innecesario emprender en un proyecto
de esa naturaleza, debido a que dentro de diez años la producción
nacional habrá declinado a 350 mil barriles diarios.
Según las proyecciones oficiales, 1999 será el año en que el
Ecuador registrará la más alta producción de la década con 482
mil 298 barriles, luego de lo cual irá cayendo paulatinamente
hasta situarse en 358 mil 870 barriles en 1995.
Algunos expertos petroleros dicen que en el Ecuador no hay
probabilidades de encontrar otro yacimiento hidrocarburífero que
duplique, o al menos incremente sustancialmente, las actuales
reservas que superan los 2 mil millones de barriles.
En consecuencia, plantearon diseñar una nueva ampliación del
oleoducto de menor capacidad, financiada por las propias
compañías petroleras que operan en el país interesadas en sacar
su crudo de los bloques adjudicados.
Al momento se bombean alrededor de 340 mil barriles de un crudo
de 28 grados API, y el remanente de 30 mil barriles se transporta
por el oleoducto transandino de Colombia.
Si bien la calidad del crudo habrá bajado a 24.41 grados API en
1995, los expertos consideran que eso tampoco justifica llevar
adelante un proyecto de ampliación como el que se halla en
marcha.
El ex ministro de Recursos Naturales, Gustavo Jarrín Ampudia,
dijo que la línea podrá ser utilizada a su máxima capacidad
solamente durante cinco años (1997-2002) y cuando revierta al
Estado en 1912, el sistema estará subutilizado e incluso la
actual capacidad excederá a las necesidades.
Según las bases de la licitación, la empresa adjudicataria del
proyecto será la que invierta, opere todo el sistema por el
espacio de 15 años y finalmente lo revierta al Estado, si las dos
partes así lo convienen.
Jarrín Ampudia advirtió que podría pasar lo de Texaco y Gulf
(compañías que financiaron la construcción de la línea), que el
momento en que debieron transferir el oleoducto al Estado, luego
de 8 años en que se amortizaban las inversiones, adujeron que los
costos de operación se habían incrementado y el traspaso del
sistema a manos ecuatorianas se hizo únicamente después de 16
años.
El ex ministro recordó que el oleoducto es un bien estratégico
nacional desde el punto de vista de la seguridad interna y
externa de la nación, y la Constitución de la República prohíbe
venderlo, traspasarlo o arrendarlo a personas naturales o
jurídicas extranjeras, ni directa ni indirectamente.
Además, hizo notar que de acuerdo a las estimaciones oficiales de
producción, se deduce que habrá una sobreexplotación de los
campos en los próximos seis y ocho años.
"Los contratos de prestación de servicios y los que se firmen en
la séptima ronda de licitaciones permitirán la explotación de los
campos a la máxima rata de producción, quedando totalmente
agotados en los 20 años de duración de los contratos", enfatizó.
Dijo que debería expedirse una ley de reservas estratégicas y
diseñar una adecuada política de conservación de reservas,
pensando primordialmente en el desarrollo nacional y en las
futuras generaciones.
"¿Se justifica acaso invertir 600 millones de dólares para
sobreexplotar los campos por el lapso de 6 a 8 años, tiempo en el
cual las compañías no solamente que recuperarán su inversión sino
que obtendrán grandes ganancias, pero el país en cambio tendrá
menos ingresos que en las décadas de los 70 y 80 y se quedará sin
petróleo en el 2010"?, se preguntó. (5A)
Ciudad N/D
