Ley de Bancos, AGD, congelamiento de depósitos y dolarización son en su orden las plagas que de la noche a la mañana vaciaron el bolsillo de los ecuatorianos
El ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dijo en una ocasión que el sistema bancario nunca conduce al paraíso pero sí puede llevarnos al infierno en una sola tarde.
El oráculo se cumplió en 1999 tras la quiebra de la mitad del sistema financiero y el posterior congelamiento de depósitos.
Ambas situaciones llevaron al colapso de la política monetaria: la dolarización.
A consecuencia de todo esto, el Estado tuvo que devolver depósitos por 2.500 millones de dólares y aún no ha podido recuperar algo más de mil millones en créditos que los bancos habían otorgado a sus clientes, que a la larga no han podido o no han querido pagar.
Como consecuencia de lo mismo, un millón de ecuatorianos dejaron el país en busca de trabajo y se incrementó la brecha entre las clases económicas altas y bajas del país.
¿Quiénes fueron los culpables? ¿Quiénes jodieron al país?
El pecado original
Para entender todas las razones que condujeron a la crisis bancaria de 1998-1999 hay que remontarse al menos cuatro años más atrás, al gobierno del presidente Sixto Durán-B llén y su vicepresidente Alberto Dahik.
Éste último fue quien manejó la economía entre agosto de 1992 y octubre de 1995, en que una orden de captura relacionada con el manejo de fondos reservados de la Vicepresidencia lo alejó del poder y del país.
En los primeros 18 meses de ese gobierno los parámetros económicos se recuperaron auspiciosamente.
La inflación bajó del 50 al 24 por ciento, el tipo de cambio se había casi estabilizado en alrededor de 2.000 sucres por dólar y la reserva monetaria internacional mostraba buen semblante.
El ambiente indujo a los sectores productivos y sobre todo a la industria de la construcción y la agropecuaria a que se endeudaran agresivamente y en muchos casos, en dólares.
Lo que no estaba en carpeta era la crisis mexicana de diciembre de 1994, denominada efecto tequila, que ahuyentó capitales en toda América Latina y, menos aún era previsible la guerra con el Perú, de enero de 1995, que obligó al país a gastar en material bélico comprado de emergencia.
Pero, antes, en mayo de 1994 se había producido un hecho legislativo que se convertiría en el germen de la crisis bancaria.
El martes tres de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley de Instituciones del Sector Financiero.
Ésta impuso una liberalización del crédito doméstico para facilitar la circulación de capitales, a la vez que auspiciaba la instalación de bancos off-shore sin el control de la Superintendencia de Bancos.
Por si fuera poco, se autorizaba a que los accionistas de los bancos pudieran obtener créditos vinculados de hasta el 60 por ciento del patrimonio técnico del mismo banco.
El resultado de la reforma fue la generalización de la corrupción, sentencia Guillaume Fontaine, del Instituto de altos estudios para América Latina de la Universidad de la Sorbona de París.
Esta ley sería la encargada de sembrar la semilla de la destrucción del sistema financiero ecuatoriano, debido a que el objetivo de fortalecer el organismo de control y regulación bancaria, que estaba en los considerandos de la misma, se postergó, escribió el ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo Zavala.
Cómplices y encubridores
A partir de 1995 una serie de eventos complicaron la política fiscal.
Al gasto bélico se debió sumar el freno a las siguientes reformas legales programadas debido a la llegada de un nuevo congreso hostil al presidente Durán-Ballén.
Al mismo tiempo, medidas económicas impopulares como el alza constante y automática de los precios de los combustibles y de la energía eléctrica, erosionaron la popularidad del Mandatario y volcaron la culpa de los males en el vicepresidente Dahik, que fue finalmente sometido a sendos juicios, político y penal.
Se salvó en el Congreso, pero una orden de prisión en su contra lo convirtió en prófugo de la justicia.
Por si fuera poco, en los últimos meses de la administración Durán-Ballén poco se cuidó el gasto público.
Lo que vino después fue un alud.
Primero el gobierno populista de Abdalá Bucaram, que a más de dilapidar recursos, congeló el último día de mandato los precios de los combustibles y de la energía eléctrica.
Con ello día a día se fueron incrementando los subsidios a estos sectores, en desmedro del erario nacional.
Además, en 1997 llegó el Fenómeno del Niño que devastó la red vial de la Costa, así como bananeras y ca maroneras, pilares del sector exportador tradicional.
Y como los males no vienen solos, empezó a declinar el precio del petróleo, mientras Asia del Este, Rusia y Brasil entraban en crisis financieras que frenaron la exportación a esos mercados de productos ecuatorianos.
El año y medio que duró el gobierno interino de Fabián Alarcón también se caracterizó por el gasto público desmedido, mientras una tibia iniciativa de reforma tributaria era frenada en el Congreso.
La población ya apaleada no aceptaba aumentos de precios de servicios básicos ni de impuestos, so pena de tumbar otro gobierno. Paralelamente el gasto militar no se detenía, presionado por un afán de revancha del Perú que nos puso al borde de otro conflicto en los primeros días de agosto de 1998.
Estocada final
El 10 de agosto de 1998 se inauguró un nuevo gobierno presidido por Jamil Mahuad y el mismo día entró en vigencia una nueva constitución que, en teoría, buscaba superar viejos problemas de ingobernabilidad fortaleciendo al poder Ejecutivo al tiempo que otorgaba autonomía al directorio del Banco Central para librarlo de las influencias políticas coyunturales.
El Gobierno se estrenó con la caída de un primer banco: Préstamos.
Sin embargo, en el primer mes, Mahuad logró pasar un aumento en los precios de los combustibles, eliminando así gran parte de los subsidios que incidían sobre el Producto Interno Bruto.
A manera de compensación para las clases populares apareció el Bono Solidario.
Y mientras los esfuerzos políticos se dedicaban a perfeccionar un acuerdo de paz definitivo con Perú, una misión del Banco Mundial al encontrar que el Estado no tenía forma de intervenir en los bancos en problemas, recomendó que se estableciera una agencia que garantizara depósitos y que a la vez se encargara de reestructurar bancos deficientes.
Entonces, del Congreso salió una Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que reconocía la universalidad de los depósitos.
Es decir todos: los que habían en los poco controlados bancos locales, más los que hubieran en las agencias off-shore que funcionaban casi sin Dios ni Ley en paraísos financieros del Caribe.
Esta garantía ilimitada elevó el riesgo país e inevitablemente generó dudas, escribe Paul Beckerman del Banco Mundial.
Y las dudas no demoraron en volverse espantosas realidades. Empezando por el más grande Filanbanco, al día siguiente de creada la AGD, uno a uno, en total 17 de los 34 bancos, el 65 por ciento de los activos del sistema financiero, colapsaron.
Los primeros en aparecer fueron los depósitos de última hora que por supuesto también entraron en la garantía; le siguieron los créditos excesivos y en dólares a empresas vinculadas a los accionistas; no faltaron créditos fantasmas a personas sin ninguna capacidad de pago o simplemente inexistentes u operaciones en las off-shore de las cuáles se sabía montos pero no detalles de los beneficiarios.
Cuando la naciente AGD se hizo cargo de los bancos no tenía dinero para cubrir las garantías que de la nada había asumido.
Entonces el Ministerio de Finanzas emitió bonos que fueron entregados a los bancos y cuyo interés se fijó en el 12 por ciento.
Los bancos que en el momento de su caída habían ya agotado su nivel de endeudamiento con el Banco Central a través de los llamados préstamos de liquidez, usaron estos bonos para pagar esos créditos o para obtener dinero en efectivo vendiéndoselos al Central.
El efectivo servía a su vez para devolver a los depositantes el dinero que un día dejaron en el banco confiando en sus accionistas y que ahora se los devolvía el Estado y no quienes lo habían mal manejado.
El caldeado ambiente tuvo un ingrediente adicional: se eliminó el Impuesto a la Renta.
En su lugar se creó un impuesto del uno por ciento a la circulación de capitales que se retenía en las ventanillas de los bancos.
Entonces quienes aún tenían dinero en los bancos que permanecían abiertos lo retiraban para gastarlo o para guardarlo bajo el colchón, pero en dólares.
Estas situaciones activaron la inflación y elevaron descontroladamente la cotización del dólar.
Jorge Gallardo calcula que la fuga de capitales al exterior en los primeros meses de 1999 fue de 2.600 millones de dólares, el 18 por ciento del Producto Interno Bruto.
El congelamiento de depósitos
El pánico llegó a Carondelet donde en marzo se decidió un inusual feriado bancario.
De pronto, un lunes a las siete de la mañana los ecuatorianos nos enteramos que ese día no abriría ningún banco. Y no abrieron toda esa semana.
Cuando finalmente lo hicieron, el presidente Mahuad había decidido que todos los depósitos superiores a los dos millones de dólares quedaban congelados un año.
El directorio del Banco Central que se había opuesto a la medida extrema, renunció. La autonomía del Banco Central que garantizaba la nueva constitución había quedado por los suelos.
Alternativamente le propusimos que luego del feriado bancario solo se abrieran los bancos sanos, recuerda el economista Luis Jácome, entonces presidente del Central.
Se trataba de separar las manzanas buenas de las malas y evitar ponerlas en el mismo canasto, como finalmente se hizo.
Para Eduardo Valencia, ex gerente del Banco Central: Allí se incurrió en el delito de peculado, porque no solo se perjudicó a terceros en el sector privado, sino al Estado en cantidades ingentes.
Y va más allá: Allí hubo la presión de grandes empresarios que se beneficiaron como deudores, se perjudicó a la reserva monetaria internacional, sobre todo a la clase media y clase baja que perdió sus recursos y que muchos de ellos se suicidaron o murieron porque no pudieron pagar sus cuentas de hospital.
El efecto adicional del congelamiento fue la pérdida de la pizca de confianza que aún podía quedar en el público hacia los bancos, ante el temor de un nuevo feriado o un más rígido congelamiento.
Esto llevó al uso intensivo de billetes y la consiguiente falta de los mismos.
En su lugar se intensificaron las transacciones en dólares y subieron de tono las voces que desde un tiempo atrás ya pedían la dolarización total de la economía.
En este punto de la crisis las autoridades monetarias habían perdido la capacidad de controlar la oferta monetaria, recuerda Paul Beckerman del Banco Mundial.
La dolarización oficial en enero de 2000 fue más una boya de salvación de un gobierno agonizante que como una medida meditada técnicamente.
El gobierno de Mahuad terminó abruptamente el 21 de enero de 2000 pero el nuevo régimen mantuvo el sistema que fue definido como Una fuerte medicina para la más grave enfermedad que ha afectado al Ecuador en los últimos años.
Una enfermedad de la que seis años después seguimos convaleciendo y una medicina que continuamos ingiriendo a sabiendas que los efectos secundarios son inciertos.
Un divorcio entre la justicia y las leyes
Luego del congelamiento bancario de marzo de 1999, el diputado socialista Víctor Granda presentó una demanda de inconstitucionalidad del decreto respectivo.
En noviembre de ese mismo año el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad del congelamiento.
A eso se sumó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) que en diciembre de 1999 emitió su informe sobre el congelamiento bancario.
Ellos concluyeron que el presidente Mahuad, a pesar de haber declarado un Estado de Emergencia previo, había incurrido en tres delitos:
Abuso de autoridad.
Tipifi cado en el artículo 254 del Código Penal: El empleado público que dictare reglamentos o disposiciones, excediéndose de sus atribuciones será reprimido con multas de 50 a 200 sucres.
Atentado con los derechos constitucionales.
Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y derechos garantizados por la Constitución . Será reprimido con prisión de tres a seis meses.
Prevaricato.
Se refi ere al quinto apartado del artículo 277 del Código penal: Serán reprimidos con uno a cinco años de prisión.
Los demás empleados que por interés personal, por afecto o desafecto a alguna persona abusen dolosamente de sus funciones, perjudicando a la causa pública o a alguna persona.
La CCCC envió su investigación a la Fiscal Mariana Yépez, quien consideró que no había razones para iniciar una acción penal.
Entonces los diputados Víctor Granda y Napoleón Gómez denuncian el delito al presidente de la Corte Suprema Galo Pico.
Granda dice que basándose en la investigación de la CCCC amplió su denuncia en mayo de 2000, incluyendo el delito de peculado porque según Granda cuando Mahuad recibió más de tres millones de dólares de parte del banquero Fernando Aspiazu para el financiamiento de la campaña electoral,
constituyó una expresa autorización a dichos grupos bancarios y financieros del país y en especial al banquero Fernando Aspiazu Seminario, para que abuse de dineros privados.
Pero la segunda Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los jueces, Oswaldo Castro, Luis Cañar y Luis Abarca, dictaminaron que en el juicio no se probaron las infracciones y declararon el sobreseimiento definitivo para la ex ministra de Economía Ana Lucia Armijos y provisional para el ex mandatario Jamil Mahuad.
Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar.
Nadie entiende por qué el jefe de un gobierno que empobreció al país deba ser declarado libre de pecado.
La actitud de esos magistrados no tiene justificación alguna. Es un acto írrito, exclama Granda.
¿Cómo es posible que quienes le causaron tan grandes daños al país y a miles de ciudadanos puedan salir libres de culpa?.
Existe un divorcio fatal entre la justicia por un lado y las leyes con el sistema judicial que las administra por otro, se preguntó el columnista Eduardo Estrada de diario Expreso.
Solo nos demuestra lo mal que anda el sistema de justicia desde que dos o tres partidos la atraparon entre sus tentáculos, editorializó El Universo.
Por Cecilio Moreno Mendoza colaboraciones de Diego
El ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dijo en una ocasión que el sistema bancario nunca conduce al paraíso pero sí puede llevarnos al infierno en una sola tarde.
El oráculo se cumplió en 1999 tras la quiebra de la mitad del sistema financiero y el posterior congelamiento de depósitos.
Ambas situaciones llevaron al colapso de la política monetaria: la dolarización.
A consecuencia de todo esto, el Estado tuvo que devolver depósitos por 2.500 millones de dólares y aún no ha podido recuperar algo más de mil millones en créditos que los bancos habían otorgado a sus clientes, que a la larga no han podido o no han querido pagar.
Como consecuencia de lo mismo, un millón de ecuatorianos dejaron el país en busca de trabajo y se incrementó la brecha entre las clases económicas altas y bajas del país.
¿Quiénes fueron los culpables? ¿Quiénes jodieron al país?
El pecado original
Para entender todas las razones que condujeron a la crisis bancaria de 1998-1999 hay que remontarse al menos cuatro años más atrás, al gobierno del presidente Sixto Durán-B llén y su vicepresidente Alberto Dahik.
Éste último fue quien manejó la economía entre agosto de 1992 y octubre de 1995, en que una orden de captura relacionada con el manejo de fondos reservados de la Vicepresidencia lo alejó del poder y del país.
En los primeros 18 meses de ese gobierno los parámetros económicos se recuperaron auspiciosamente.
La inflación bajó del 50 al 24 por ciento, el tipo de cambio se había casi estabilizado en alrededor de 2.000 sucres por dólar y la reserva monetaria internacional mostraba buen semblante.
El ambiente indujo a los sectores productivos y sobre todo a la industria de la construcción y la agropecuaria a que se endeudaran agresivamente y en muchos casos, en dólares.
Lo que no estaba en carpeta era la crisis mexicana de diciembre de 1994, denominada efecto tequila, que ahuyentó capitales en toda América Latina y, menos aún era previsible la guerra con el Perú, de enero de 1995, que obligó al país a gastar en material bélico comprado de emergencia.
Pero, antes, en mayo de 1994 se había producido un hecho legislativo que se convertiría en el germen de la crisis bancaria.
El martes tres de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley de Instituciones del Sector Financiero.
Ésta impuso una liberalización del crédito doméstico para facilitar la circulación de capitales, a la vez que auspiciaba la instalación de bancos off-shore sin el control de la Superintendencia de Bancos.
Por si fuera poco, se autorizaba a que los accionistas de los bancos pudieran obtener créditos vinculados de hasta el 60 por ciento del patrimonio técnico del mismo banco.
El resultado de la reforma fue la generalización de la corrupción, sentencia Guillaume Fontaine, del Instituto de altos estudios para América Latina de la Universidad de la Sorbona de París.
Esta ley sería la encargada de sembrar la semilla de la destrucción del sistema financiero ecuatoriano, debido a que el objetivo de fortalecer el organismo de control y regulación bancaria, que estaba en los considerandos de la misma, se postergó, escribió el ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo Zavala.
Cómplices y encubridores
A partir de 1995 una serie de eventos complicaron la política fiscal.
Al gasto bélico se debió sumar el freno a las siguientes reformas legales programadas debido a la llegada de un nuevo congreso hostil al presidente Durán-Ballén.
Al mismo tiempo, medidas económicas impopulares como el alza constante y automática de los precios de los combustibles y de la energía eléctrica, erosionaron la popularidad del Mandatario y volcaron la culpa de los males en el vicepresidente Dahik, que fue finalmente sometido a sendos juicios, político y penal.
Se salvó en el Congreso, pero una orden de prisión en su contra lo convirtió en prófugo de la justicia.
Por si fuera poco, en los últimos meses de la administración Durán-Ballén poco se cuidó el gasto público.
Lo que vino después fue un alud.
Primero el gobierno populista de Abdalá Bucaram, que a más de dilapidar recursos, congeló el último día de mandato los precios de los combustibles y de la energía eléctrica.
Con ello día a día se fueron incrementando los subsidios a estos sectores, en desmedro del erario nacional.
Además, en 1997 llegó el Fenómeno del Niño que devastó la red vial de la Costa, así como bananeras y ca maroneras, pilares del sector exportador tradicional.
Y como los males no vienen solos, empezó a declinar el precio del petróleo, mientras Asia del Este, Rusia y Brasil entraban en crisis financieras que frenaron la exportación a esos mercados de productos ecuatorianos.
El año y medio que duró el gobierno interino de Fabián Alarcón también se caracterizó por el gasto público desmedido, mientras una tibia iniciativa de reforma tributaria era frenada en el Congreso.
La población ya apaleada no aceptaba aumentos de precios de servicios básicos ni de impuestos, so pena de tumbar otro gobierno. Paralelamente el gasto militar no se detenía, presionado por un afán de revancha del Perú que nos puso al borde de otro conflicto en los primeros días de agosto de 1998.
Estocada final
El 10 de agosto de 1998 se inauguró un nuevo gobierno presidido por Jamil Mahuad y el mismo día entró en vigencia una nueva constitución que, en teoría, buscaba superar viejos problemas de ingobernabilidad fortaleciendo al poder Ejecutivo al tiempo que otorgaba autonomía al directorio del Banco Central para librarlo de las influencias políticas coyunturales.
El Gobierno se estrenó con la caída de un primer banco: Préstamos.
Sin embargo, en el primer mes, Mahuad logró pasar un aumento en los precios de los combustibles, eliminando así gran parte de los subsidios que incidían sobre el Producto Interno Bruto.
A manera de compensación para las clases populares apareció el Bono Solidario.
Y mientras los esfuerzos políticos se dedicaban a perfeccionar un acuerdo de paz definitivo con Perú, una misión del Banco Mundial al encontrar que el Estado no tenía forma de intervenir en los bancos en problemas, recomendó que se estableciera una agencia que garantizara depósitos y que a la vez se encargara de reestructurar bancos deficientes.
Entonces, del Congreso salió una Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que reconocía la universalidad de los depósitos.
Es decir todos: los que habían en los poco controlados bancos locales, más los que hubieran en las agencias off-shore que funcionaban casi sin Dios ni Ley en paraísos financieros del Caribe.
Esta garantía ilimitada elevó el riesgo país e inevitablemente generó dudas, escribe Paul Beckerman del Banco Mundial.
Y las dudas no demoraron en volverse espantosas realidades. Empezando por el más grande Filanbanco, al día siguiente de creada la AGD, uno a uno, en total 17 de los 34 bancos, el 65 por ciento de los activos del sistema financiero, colapsaron.
Los primeros en aparecer fueron los depósitos de última hora que por supuesto también entraron en la garantía; le siguieron los créditos excesivos y en dólares a empresas vinculadas a los accionistas; no faltaron créditos fantasmas a personas sin ninguna capacidad de pago o simplemente inexistentes u operaciones en las off-shore de las cuáles se sabía montos pero no detalles de los beneficiarios.
Cuando la naciente AGD se hizo cargo de los bancos no tenía dinero para cubrir las garantías que de la nada había asumido.
Entonces el Ministerio de Finanzas emitió bonos que fueron entregados a los bancos y cuyo interés se fijó en el 12 por ciento.
Los bancos que en el momento de su caída habían ya agotado su nivel de endeudamiento con el Banco Central a través de los llamados préstamos de liquidez, usaron estos bonos para pagar esos créditos o para obtener dinero en efectivo vendiéndoselos al Central.
El efectivo servía a su vez para devolver a los depositantes el dinero que un día dejaron en el banco confiando en sus accionistas y que ahora se los devolvía el Estado y no quienes lo habían mal manejado.
El caldeado ambiente tuvo un ingrediente adicional: se eliminó el Impuesto a la Renta.
En su lugar se creó un impuesto del uno por ciento a la circulación de capitales que se retenía en las ventanillas de los bancos.
Entonces quienes aún tenían dinero en los bancos que permanecían abiertos lo retiraban para gastarlo o para guardarlo bajo el colchón, pero en dólares.
Estas situaciones activaron la inflación y elevaron descontroladamente la cotización del dólar.
Jorge Gallardo calcula que la fuga de capitales al exterior en los primeros meses de 1999 fue de 2.600 millones de dólares, el 18 por ciento del Producto Interno Bruto.
El congelamiento de depósitos
El pánico llegó a Carondelet donde en marzo se decidió un inusual feriado bancario.
De pronto, un lunes a las siete de la mañana los ecuatorianos nos enteramos que ese día no abriría ningún banco. Y no abrieron toda esa semana.
Cuando finalmente lo hicieron, el presidente Mahuad había decidido que todos los depósitos superiores a los dos millones de dólares quedaban congelados un año.
El directorio del Banco Central que se había opuesto a la medida extrema, renunció. La autonomía del Banco Central que garantizaba la nueva constitución había quedado por los suelos.
Alternativamente le propusimos que luego del feriado bancario solo se abrieran los bancos sanos, recuerda el economista Luis Jácome, entonces presidente del Central.
Se trataba de separar las manzanas buenas de las malas y evitar ponerlas en el mismo canasto, como finalmente se hizo.
Para Eduardo Valencia, ex gerente del Banco Central: Allí se incurrió en el delito de peculado, porque no solo se perjudicó a terceros en el sector privado, sino al Estado en cantidades ingentes.
Y va más allá: Allí hubo la presión de grandes empresarios que se beneficiaron como deudores, se perjudicó a la reserva monetaria internacional, sobre todo a la clase media y clase baja que perdió sus recursos y que muchos de ellos se suicidaron o murieron porque no pudieron pagar sus cuentas de hospital.
El efecto adicional del congelamiento fue la pérdida de la pizca de confianza que aún podía quedar en el público hacia los bancos, ante el temor de un nuevo feriado o un más rígido congelamiento.
Esto llevó al uso intensivo de billetes y la consiguiente falta de los mismos.
En su lugar se intensificaron las transacciones en dólares y subieron de tono las voces que desde un tiempo atrás ya pedían la dolarización total de la economía.
En este punto de la crisis las autoridades monetarias habían perdido la capacidad de controlar la oferta monetaria, recuerda Paul Beckerman del Banco Mundial.
La dolarización oficial en enero de 2000 fue más una boya de salvación de un gobierno agonizante que como una medida meditada técnicamente.
El gobierno de Mahuad terminó abruptamente el 21 de enero de 2000 pero el nuevo régimen mantuvo el sistema que fue definido como Una fuerte medicina para la más grave enfermedad que ha afectado al Ecuador en los últimos años.
Una enfermedad de la que seis años después seguimos convaleciendo y una medicina que continuamos ingiriendo a sabiendas que los efectos secundarios son inciertos.
Un divorcio entre la justicia y las leyes
Luego del congelamiento bancario de marzo de 1999, el diputado socialista Víctor Granda presentó una demanda de inconstitucionalidad del decreto respectivo.
En noviembre de ese mismo año el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad del congelamiento.
A eso se sumó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) que en diciembre de 1999 emitió su informe sobre el congelamiento bancario.
Ellos concluyeron que el presidente Mahuad, a pesar de haber declarado un Estado de Emergencia previo, había incurrido en tres delitos:
Abuso de autoridad.
Tipifi cado en el artículo 254 del Código Penal: El empleado público que dictare reglamentos o disposiciones, excediéndose de sus atribuciones será reprimido con multas de 50 a 200 sucres.
Atentado con los derechos constitucionales.
Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y derechos garantizados por la Constitución . Será reprimido con prisión de tres a seis meses.
Prevaricato.
Se refi ere al quinto apartado del artículo 277 del Código penal: Serán reprimidos con uno a cinco años de prisión.
Los demás empleados que por interés personal, por afecto o desafecto a alguna persona abusen dolosamente de sus funciones, perjudicando a la causa pública o a alguna persona.
La CCCC envió su investigación a la Fiscal Mariana Yépez, quien consideró que no había razones para iniciar una acción penal.
Entonces los diputados Víctor Granda y Napoleón Gómez denuncian el delito al presidente de la Corte Suprema Galo Pico.
Granda dice que basándose en la investigación de la CCCC amplió su denuncia en mayo de 2000, incluyendo el delito de peculado porque según Granda cuando Mahuad recibió más de tres millones de dólares de parte del banquero Fernando Aspiazu para el financiamiento de la campaña electoral,
constituyó una expresa autorización a dichos grupos bancarios y financieros del país y en especial al banquero Fernando Aspiazu Seminario, para que abuse de dineros privados.
Pero la segunda Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los jueces, Oswaldo Castro, Luis Cañar y Luis Abarca, dictaminaron que en el juicio no se probaron las infracciones y declararon el sobreseimiento definitivo para la ex ministra de Economía Ana Lucia Armijos y provisional para el ex mandatario Jamil Mahuad.
Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar.
Nadie entiende por qué el jefe de un gobierno que empobreció al país deba ser declarado libre de pecado.
La actitud de esos magistrados no tiene justificación alguna. Es un acto írrito, exclama Granda.
¿Cómo es posible que quienes le causaron tan grandes daños al país y a miles de ciudadanos puedan salir libres de culpa?.
Existe un divorcio fatal entre la justicia por un lado y las leyes con el sistema judicial que las administra por otro, se preguntó el columnista Eduardo Estrada de diario Expreso.
Solo nos demuestra lo mal que anda el sistema de justicia desde que dos o tres partidos la atraparon entre sus tentáculos, editorializó El Universo.
Por Cecilio Moreno Mendoza colaboraciones de Diego
Hora GMT: 29/Junio/2006 - 05:00 Fuente: Revista Vistazo Ciudad Quito
