Un juicio por triple homicidio "revive" a los ocho años
La Fiscal Elsa Moreno acusó a tres civiles, pero se abstuvo de sindicar a 20 policías, a "Milanta" y a "Victorino"
La extradición de Christian Ponce desde los EEUU, quien, junto a Washington Aguirre, fue sindicado como autor del crimen del ex diputado Jaime Hurtado González, se concretó en siete días.
El acusado llegó al país la noche del martes pasado, tras cumplirse un trámite relámpago efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz del pedido efectuado por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
La agilidad de la extradición contrasta con la lentitud del proceso, que empezó el 17 de febrero de 1999, cuando el entonces diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD) Jaime Hurtado cayó abatido junto a su alterno, Pablo Tapia Farinango, y su asistente Wellington Borja. Era Miércoles de Ceniza.
Desde entonces, la justicia acumuló cientos de versiones, testimonios, diligencias y decenas de providencias recogidos en alrededor de 9 000 páginas, contenidas en 40 cuerpos del proceso y ha pasado por siete jueces, pero no ha logrado establecer con certeza quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del triple homicidio. Con la llegada de Ponce empezará la etapa plenaria del juicio y las partes esperan, al fin, poder llegar a determinar el entramado que rodea este hecho de sangre.
Un día después de los crímenes, el imputado fue detenido junto a Washington Aguirre y Sergei Merino. Los tres fueron condenados a seis años por asociación ilícita, pero solo cumplieron dos, porque se los benefició con la ley anterior del dos por uno, la buena conducta y el año jubilar de 2000.
Un año después de la liberación, para mediados de 2002, la fiscal subrogante Elsa Moreno emitió un dictamen acusatorio en contra de Ponce y Aguirre, como autores de los crímenes, mientras Merino fue imputado como cómplice.
Tras el dictamen fiscal, en 2003 la Corte Superior de Quito ordenó la captura de los acusados y así fue como la Policía emitió el pedido internacional de captura, pues ellos habían salido del país, y de esta forma, los juicios se suspendieron.
Esto último fue ratificado en diciembre de 2005, mediante una providencia del ex presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso.
La fiscal subrogante se abstuvo de acusar a 20 policías que hasta entonces estaban sindicados, a Henry Wilberth Ayerve, alias Victorino, y Gerardo Antonio Martínez, alias Milanta. Tampoco se acusó a Medardo Cevallos Goméz-Piñan.
Por entonces, la Comisión Ecuménica de DDHH cuestionó el dictamen, entre otras cosas, por haber confundido a Henry Wilberth Ayerve, con Victorino, cuando se trataría de dos personas diferentes.
A su vez, los policías habrían conocido la preparación del delito. Así se desprende de las declaraciones del acusado Washington Aguirre, durante el proceso judicial que sirvió de fundamento para el dictamen.
Esto y muchas otras cosas aún están por aclararse. (AA/SR)
"NARCOTRÁFICO, LAVADO... ESE NEGRO, ¿QUÉ SE HA CREÍDO?"
El segundo capítulo de la investigación vino desde manta, con la detención de un empleado de la empresa Pescia
El 16 de febrero de 2000, el caso Hurtado tomó un nuevo giro, con la detención de Lenin Ordóñez Ortiz, un ex guardaespaldas de Medardo Cevallos Gómez-Piñán. Él se declaró responsable del robo de dos vehículos de la empacadora Pescia, cerca de Manta.
Al rendir testimonio, habló de unos crímenes cometidos en 1997, supuestamente ordenados por Cevallos Gómez-Piñán. También se refirió a una conversación telefónica mantenida por este, meses antes del asesinato de Jaime Hurtado y sus acompañantes.
...Mientras estábamos conversando, timbró el teléfono de la empresa y el ingeniero Medardo Cevallos recibió una llamada. Saludó diciendo: ¿Qué fue, hermano, cómo estás?; escuchó algo que le decían al otro lado de la línea y, sorprendido, dijo: Jaime Hurtado, ese negro hijo de puta qué se ha creído; posteriormente, luego de escuchar algo de la otra persona con la que hablaba, manifestó: Narcotráfico, lavado de dinero, este negro hijo de puta no nos va a chantajear más, tenemos que hablar con papá y reunirnos para tomar una decisión...
Las investigaciones establecieron que el presunto autor del triple asesinato era Freddy Contreras, quien era parte del grupo que daba seguridad a Cevallos Gómez-Piñán y a su padre, Medardo Cevallos Balda, presidente de Bancomex, quien para esa época era embajador del Gobierno de Jamil Mahuad en México.
Contreras, quien sirvió a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por 13 años, declaró haber trabajado para los Cevallos desde 1995 hasta 1999, y que entre junio y septiembre de ese último año ofreció seguridad a una hija y nieta del embajador. En todo momento negó haber cometido los crímenes.
Para la Comisión Especial de Investigación, creada por el Gobierno de Mahuad, que fue presidida por Lenin Hurtado Angulo, hijo del diputado asesinado, la hipótesis de que los móviles del crimen estuvieran relacionados con el grupo Cevallos, tiene sentido.
Esto, porque antes de su muerte, el legislador investigaba las actividades de Bancomex, a raíz de una investigación policial sobre las actividades del banco.
El presidente del directorio era Medardo Cevallos Balda y el presidente ejecutivo era su hijo Medardo Cevallos Gómez-Piñán. Además, en 1997 Hurtado había patrocinado 13 juicios laborales en contra del Banco Caja de Crédito Agrícola Ganadero, que luego fue absorbido por Bancomex.
El 15 de septiembre de 1998, en un discurso pronunciado en el Congreso, Hurtado se refirió a las relaciones de otros accionistas y directivos de esa institución con el Gobierno.
A todo esto, el periódico La Jornada, de México, publicó que Hurtado investigaba presuntas vinculaciones con narcolavado. El abogado Lenin Rosero, quien lleva la acusación en nombre de los muertos, dijo que no logró ubicar, en México, a la periodista que escribió ese artículo. (SR/AA)
La Policía deja muchos cabos sueltos
El jefe paramilitar niega participación y dice que sus matanzas son "perfectas"
El entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño (hoy fallecido), negó haber ordenado el triple asesinato. Dijo que no le interesaba dañar las relaciones con sectores ecuatorianos que simpatizaban con su causa. Antes había declarado: Mis matanzas son limpias y perfectas.
El informe policial, en lugar de aclarar dudas, dejó cabos sueltos: no se entendía cómo sicarios avezados se confabularon con ecuatorianos novatos, poniendo en riesgo el operativo; compraron un carro de dos puertas, lo que dificultaba el embarque y desembarque de los sicarios; si el chofer era un colombiano recién llegado, ¿cómo podía movilizarse por Quito con rapidez? (SR/AA)
Un cierre de fronteras que no evita la huida
Los colombianos que participaron en el crimen, según el informe policial de 19 de febrero de 1999, huyeron la misma tarde del hecho, en un vuelo de Avianca, a las 19:00. El autor de los disparos fue identificado como "Victorino" y Gerardo Martínez, alias "Milanta", como el chofer.
Ellos salieron, pese a que el día de los asesinatos (ocurridos alrededor de las 13:35), el Gobierno aseguró que había ordenado el cierre de fronteras.
Según la Policía, de acuerdo a la versión de Aguirre, el colombiano "Andrés" le dio $3 000 para comprar un carro y una moto (también le prometió una recompensa de $5 000); con eso compró el auto Suzuki blanco, luego se contactó con Christian Ponce, quien lo relacionó con Merino. Este, a su vez, le arrendó el departamento donde estuvieron los sicarios. (AA/SR)
Gobierno "resuelve" el crimen y acusa a los paramilitares
Informe policial decía que el fallecido tenía relación con los grupos de guerrilleros a quienes había enviado a otros países
Cuarenta y ocho horas después de los asesinatos, el ex presidente Jamil Mahuad se presentó en cadena de televisión con sus ministros de Gobierno y Defensa, Vladimiro Álvarez y José Gallardo; el presidente del Congreso, Juan José Pons, y el comandante de Policía, Jorge Villarroel.
Ellos presentaron el informe policial que responsabilizaba a grupos paramilitares de Colombia. Esto, según las declaraciones de Washington Aguirre, un ex informante de la Policía y de la DEA.
Él había señalado que el 4 de febrero de 1999 se había reunido en un hotel de Bogotá con los colombianos Henry Wilberth Gil Ayerve y su jefe NN, alias Andrés, quienes le amenazaron de muerte, para que colabore en el asesinato, con el argumento de que Hurtado apoyaba a la guerrilla colombiana y había ayudado a salir a alguna gente del Caquetá, por el Ecuador, desde donde los había enviado a otros países con documentos falsos.
Según la versión, Aguirre luego tomó contacto con el empleado del Congreso Michael Oña (habría informado sobre los movimientos de Hurtado) y con Christian Ponce y Sergei Merino.
También implicó a los colombianos Milanta y Victorino. (AA/SR)
De compras tras cumplir la "misión"
Christian Ponce puso en contacto a Washington Aguirre con la persona que le vendió dos pistolas Pietro Beretta; lo acompañó a Latacunga para comprar el vehículo que luego fue usado por los sicarios; la mañana del crimen, estuvo en el Congreso (buscaba al hijo del entonces diputado Hugo Quevedo, dijo a la Policía); esa tarde, pasadas las 15:00, acompañó al colombiano Germán Sánchez a realizar compras en el Quicentro y dijo que este, junto a otro colombiano que le decían "Viejo Men", viajaron más tarde a Colombia. Al día siguiente, se enteró que se acusaba a Germán Sánchez, alias "Milanta", del crimen contra Hurtado, declaró.
Pocos meses después, Washington Aguirre manifestó a HOY que Ponce y Sergei Merino no tenían ninguna relación con los hechos. (AA/SR)
"Ese día, Contreras se hallaba en El Oro"
El único sentenciado está recluido en el hogar "Vida Nueva" de Guayaquil
El 21 de diciembre de 2005, el ex presidente de la Corte Superior de Quito Alberto Moscoso sentenció a Freddy Contreras a 16 años de reclusión por ser autor material del crimen, pero se abstuvo de dar criterio sobre otros que fueron llamados a plenario, entre ellos Washington Aguirre y Christian Ponce. Para los últimos, el caso se suspendió por hallarse prófugos.
Contreras apeló por medio de su abogado Santiago Crespo, quien afirmó a BLANCO Y NEGRO haber demostrado, en la etapa de prueba, finalizada la semana anterior, que el sentenciado estaba en Santa Rosa (El Oro) el día de los asesinatos.
Actualmente, Contreras está recluido en el hogar Vida Nueva, ubicado frente a la Penitenciaría de Guayaquil. (AA)
La Policía no investiga llamadas telefónicas y la justicia no halla autores intelectuales
Uno de los involucrados, el empleado legislativo Michael Oña, fue abatido por elementos policiales en el dormitorio de su casa. Ellos dispararon primero, dijeron que fue en defensa propia
Para la Comisión Especial de Investigación, los organismos del Estado tienen una deuda en este caso. Para empezar, la Policía no abordó varias líneas importantes de investigación. Este es el caso de las comunicaciones telefónicas entre los principales implicados, los días previos y posteriores al crimen.
Aguirre y Ponce habrían comprado dos teléfonos celulares el 10 de febrero de 1999; otro habría tenido Michael Oña, el empleado del Congreso (laboraba en la oficina del entonces diputado de la Democracia Popular (DP), Lorenzo Saá), quien fue abatido por la Policía un día después del triple asesinato, en el dormitorio de la casa donde vivía, ubicada en El Dorado, a pocas cuadras del Congreso.
La Comisión detectó que varias llamadas se hicieron a miembros de la Policía y a la DEA, pocas horas después de la muerte de Hurtado y sus acompañantes.
Muchos de esos policías, que habrían conocido con anticipación (según declaró Aguirre) sobre el probable hecho de sangre, inicialmente estuvieron sindicados, pero en el dictamen fiscal no fueron acusados.
Por su lado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no asumió la competencia pese a que había sido acusado el embajador Medardo Cevallos Balda (tenía fuero por el rango), por no hallar suficientes indicios.
Paradójicamente, el ex presidente de la Corte Superior Alberto Moscoso sentenció a 16 años a Freddy Contreras, empleado de Pescia, una de las empresas de Cevallos, fundamentado en las declaraciones de otro empleado, Lenin Ordóñez, quien aseguró haber escuchado decir a Medardo Cevallos Gómez-Piñán: ...ese negro hijo de puta... tenemos que hablar con papá para tomar una decisión.... (AA/SR)
"Providencias demoraban entre seis y ocho meses"
Las salas de la Corte Superior "peleaban" para no tener el caso. La CSJ dirimió el conflicto de competencias
Entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 hubo un conflicto de competencia entre las salas de la Corte Superior de Quito, que se excusaban de manejar el caso, el cual había subido en apelación, planteada por Freddy Contreras.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia dirimió el problema y el caso se radicó en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito.
Lenin Rosero cuenta que, en la primera etapa, para dictar una providencia los jueces demoraban entre seis y ocho meses, hasta que el fallecido titular de la Corte Superior, Jenner Larreátegui, movió el juicio. (AA)
PUNTO DE VISTA
Se tiene que hacer justicia
El 17 de febrero de 1999, un miércoles de ceniza, se cometió un horrible crimen, que conmovió la conciencia nacional.
El diputado y líder del Movimiento Popular Democrático (MPD) Jaime Hurtado fue acribillado, junto a dos de sus acompañantes.
El proceso ha sido lento y la justicia no llega, puesto que hay dudas sobre le culpabilidad del único condenado por tan execrable crimen.
La muerte de este luchador por las causas de los que menos tienen es otro ejemplo de cómo una sociedad puede, sin quererlo, volverse permisiva y casi indolente, al punto de dejar en el olvido procesos legales como el que investiga la muerte de Jaime Hurtado.
En efecto, si Christian Ponce no hubiera cometido una infracción de tránsito en los EEUU y no hubiera sido detenido, el caso de Hurtado seguiría en los anaqueles de los tribunales, en espera de que algún juez se interese por mover el caso.
Y es que todos los esfuerzos de la familia, coidearios y abogados no han sido suficientes para sensibilizar a quienes tendrían que administrar justicia con presteza y sabiduría para no cometer errores, pero tampoco propiciar la impunidad.
Los 40 cuerpos que componen el proceso que está escrito en 9 000 páginas de ninguna manera pueden terminar en letra muerta. Caiga quien caiga se tiene que descubrir y sancionar a los autores intelectuales y materiales y ponerlos a todos en la cárcel, para que purguen tamaño delito.
El Estado ecuatoriano y sus funcionarios deben interesarse en este proceso para agilitar la sentencia definitiva.
Los cabos sueltos tienen que juntarse ahora que Ponce ha sido extraditado de los EEUU y el caso se ha reactivado. No se puede descartar ninguna versión y peor dejar por fuera del proceso a ningún sospechoso. De por medio está la vida de tres personas, con la de un destacado dirigente político a la cabeza, por lo hay que exigir se haga justicia. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
La Fiscal Elsa Moreno acusó a tres civiles, pero se abstuvo de sindicar a 20 policías, a "Milanta" y a "Victorino"
La extradición de Christian Ponce desde los EEUU, quien, junto a Washington Aguirre, fue sindicado como autor del crimen del ex diputado Jaime Hurtado González, se concretó en siete días.
El acusado llegó al país la noche del martes pasado, tras cumplirse un trámite relámpago efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz del pedido efectuado por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
La agilidad de la extradición contrasta con la lentitud del proceso, que empezó el 17 de febrero de 1999, cuando el entonces diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD) Jaime Hurtado cayó abatido junto a su alterno, Pablo Tapia Farinango, y su asistente Wellington Borja. Era Miércoles de Ceniza.
Desde entonces, la justicia acumuló cientos de versiones, testimonios, diligencias y decenas de providencias recogidos en alrededor de 9 000 páginas, contenidas en 40 cuerpos del proceso y ha pasado por siete jueces, pero no ha logrado establecer con certeza quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del triple homicidio. Con la llegada de Ponce empezará la etapa plenaria del juicio y las partes esperan, al fin, poder llegar a determinar el entramado que rodea este hecho de sangre.
Un día después de los crímenes, el imputado fue detenido junto a Washington Aguirre y Sergei Merino. Los tres fueron condenados a seis años por asociación ilícita, pero solo cumplieron dos, porque se los benefició con la ley anterior del dos por uno, la buena conducta y el año jubilar de 2000.
Un año después de la liberación, para mediados de 2002, la fiscal subrogante Elsa Moreno emitió un dictamen acusatorio en contra de Ponce y Aguirre, como autores de los crímenes, mientras Merino fue imputado como cómplice.
Tras el dictamen fiscal, en 2003 la Corte Superior de Quito ordenó la captura de los acusados y así fue como la Policía emitió el pedido internacional de captura, pues ellos habían salido del país, y de esta forma, los juicios se suspendieron.
Esto último fue ratificado en diciembre de 2005, mediante una providencia del ex presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso.
La fiscal subrogante se abstuvo de acusar a 20 policías que hasta entonces estaban sindicados, a Henry Wilberth Ayerve, alias Victorino, y Gerardo Antonio Martínez, alias Milanta. Tampoco se acusó a Medardo Cevallos Goméz-Piñan.
Por entonces, la Comisión Ecuménica de DDHH cuestionó el dictamen, entre otras cosas, por haber confundido a Henry Wilberth Ayerve, con Victorino, cuando se trataría de dos personas diferentes.
A su vez, los policías habrían conocido la preparación del delito. Así se desprende de las declaraciones del acusado Washington Aguirre, durante el proceso judicial que sirvió de fundamento para el dictamen.
Esto y muchas otras cosas aún están por aclararse. (AA/SR)
"NARCOTRÁFICO, LAVADO... ESE NEGRO, ¿QUÉ SE HA CREÍDO?"
El segundo capítulo de la investigación vino desde manta, con la detención de un empleado de la empresa Pescia
El 16 de febrero de 2000, el caso Hurtado tomó un nuevo giro, con la detención de Lenin Ordóñez Ortiz, un ex guardaespaldas de Medardo Cevallos Gómez-Piñán. Él se declaró responsable del robo de dos vehículos de la empacadora Pescia, cerca de Manta.
Al rendir testimonio, habló de unos crímenes cometidos en 1997, supuestamente ordenados por Cevallos Gómez-Piñán. También se refirió a una conversación telefónica mantenida por este, meses antes del asesinato de Jaime Hurtado y sus acompañantes.
...Mientras estábamos conversando, timbró el teléfono de la empresa y el ingeniero Medardo Cevallos recibió una llamada. Saludó diciendo: ¿Qué fue, hermano, cómo estás?; escuchó algo que le decían al otro lado de la línea y, sorprendido, dijo: Jaime Hurtado, ese negro hijo de puta qué se ha creído; posteriormente, luego de escuchar algo de la otra persona con la que hablaba, manifestó: Narcotráfico, lavado de dinero, este negro hijo de puta no nos va a chantajear más, tenemos que hablar con papá y reunirnos para tomar una decisión...
Las investigaciones establecieron que el presunto autor del triple asesinato era Freddy Contreras, quien era parte del grupo que daba seguridad a Cevallos Gómez-Piñán y a su padre, Medardo Cevallos Balda, presidente de Bancomex, quien para esa época era embajador del Gobierno de Jamil Mahuad en México.
Contreras, quien sirvió a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por 13 años, declaró haber trabajado para los Cevallos desde 1995 hasta 1999, y que entre junio y septiembre de ese último año ofreció seguridad a una hija y nieta del embajador. En todo momento negó haber cometido los crímenes.
Para la Comisión Especial de Investigación, creada por el Gobierno de Mahuad, que fue presidida por Lenin Hurtado Angulo, hijo del diputado asesinado, la hipótesis de que los móviles del crimen estuvieran relacionados con el grupo Cevallos, tiene sentido.
Esto, porque antes de su muerte, el legislador investigaba las actividades de Bancomex, a raíz de una investigación policial sobre las actividades del banco.
El presidente del directorio era Medardo Cevallos Balda y el presidente ejecutivo era su hijo Medardo Cevallos Gómez-Piñán. Además, en 1997 Hurtado había patrocinado 13 juicios laborales en contra del Banco Caja de Crédito Agrícola Ganadero, que luego fue absorbido por Bancomex.
El 15 de septiembre de 1998, en un discurso pronunciado en el Congreso, Hurtado se refirió a las relaciones de otros accionistas y directivos de esa institución con el Gobierno.
A todo esto, el periódico La Jornada, de México, publicó que Hurtado investigaba presuntas vinculaciones con narcolavado. El abogado Lenin Rosero, quien lleva la acusación en nombre de los muertos, dijo que no logró ubicar, en México, a la periodista que escribió ese artículo. (SR/AA)
La Policía deja muchos cabos sueltos
El jefe paramilitar niega participación y dice que sus matanzas son "perfectas"
El entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño (hoy fallecido), negó haber ordenado el triple asesinato. Dijo que no le interesaba dañar las relaciones con sectores ecuatorianos que simpatizaban con su causa. Antes había declarado: Mis matanzas son limpias y perfectas.
El informe policial, en lugar de aclarar dudas, dejó cabos sueltos: no se entendía cómo sicarios avezados se confabularon con ecuatorianos novatos, poniendo en riesgo el operativo; compraron un carro de dos puertas, lo que dificultaba el embarque y desembarque de los sicarios; si el chofer era un colombiano recién llegado, ¿cómo podía movilizarse por Quito con rapidez? (SR/AA)
Un cierre de fronteras que no evita la huida
Los colombianos que participaron en el crimen, según el informe policial de 19 de febrero de 1999, huyeron la misma tarde del hecho, en un vuelo de Avianca, a las 19:00. El autor de los disparos fue identificado como "Victorino" y Gerardo Martínez, alias "Milanta", como el chofer.
Ellos salieron, pese a que el día de los asesinatos (ocurridos alrededor de las 13:35), el Gobierno aseguró que había ordenado el cierre de fronteras.
Según la Policía, de acuerdo a la versión de Aguirre, el colombiano "Andrés" le dio $3 000 para comprar un carro y una moto (también le prometió una recompensa de $5 000); con eso compró el auto Suzuki blanco, luego se contactó con Christian Ponce, quien lo relacionó con Merino. Este, a su vez, le arrendó el departamento donde estuvieron los sicarios. (AA/SR)
Gobierno "resuelve" el crimen y acusa a los paramilitares
Informe policial decía que el fallecido tenía relación con los grupos de guerrilleros a quienes había enviado a otros países
Cuarenta y ocho horas después de los asesinatos, el ex presidente Jamil Mahuad se presentó en cadena de televisión con sus ministros de Gobierno y Defensa, Vladimiro Álvarez y José Gallardo; el presidente del Congreso, Juan José Pons, y el comandante de Policía, Jorge Villarroel.
Ellos presentaron el informe policial que responsabilizaba a grupos paramilitares de Colombia. Esto, según las declaraciones de Washington Aguirre, un ex informante de la Policía y de la DEA.
Él había señalado que el 4 de febrero de 1999 se había reunido en un hotel de Bogotá con los colombianos Henry Wilberth Gil Ayerve y su jefe NN, alias Andrés, quienes le amenazaron de muerte, para que colabore en el asesinato, con el argumento de que Hurtado apoyaba a la guerrilla colombiana y había ayudado a salir a alguna gente del Caquetá, por el Ecuador, desde donde los había enviado a otros países con documentos falsos.
Según la versión, Aguirre luego tomó contacto con el empleado del Congreso Michael Oña (habría informado sobre los movimientos de Hurtado) y con Christian Ponce y Sergei Merino.
También implicó a los colombianos Milanta y Victorino. (AA/SR)
De compras tras cumplir la "misión"
Christian Ponce puso en contacto a Washington Aguirre con la persona que le vendió dos pistolas Pietro Beretta; lo acompañó a Latacunga para comprar el vehículo que luego fue usado por los sicarios; la mañana del crimen, estuvo en el Congreso (buscaba al hijo del entonces diputado Hugo Quevedo, dijo a la Policía); esa tarde, pasadas las 15:00, acompañó al colombiano Germán Sánchez a realizar compras en el Quicentro y dijo que este, junto a otro colombiano que le decían "Viejo Men", viajaron más tarde a Colombia. Al día siguiente, se enteró que se acusaba a Germán Sánchez, alias "Milanta", del crimen contra Hurtado, declaró.
Pocos meses después, Washington Aguirre manifestó a HOY que Ponce y Sergei Merino no tenían ninguna relación con los hechos. (AA/SR)
"Ese día, Contreras se hallaba en El Oro"
El único sentenciado está recluido en el hogar "Vida Nueva" de Guayaquil
El 21 de diciembre de 2005, el ex presidente de la Corte Superior de Quito Alberto Moscoso sentenció a Freddy Contreras a 16 años de reclusión por ser autor material del crimen, pero se abstuvo de dar criterio sobre otros que fueron llamados a plenario, entre ellos Washington Aguirre y Christian Ponce. Para los últimos, el caso se suspendió por hallarse prófugos.
Contreras apeló por medio de su abogado Santiago Crespo, quien afirmó a BLANCO Y NEGRO haber demostrado, en la etapa de prueba, finalizada la semana anterior, que el sentenciado estaba en Santa Rosa (El Oro) el día de los asesinatos.
Actualmente, Contreras está recluido en el hogar Vida Nueva, ubicado frente a la Penitenciaría de Guayaquil. (AA)
La Policía no investiga llamadas telefónicas y la justicia no halla autores intelectuales
Uno de los involucrados, el empleado legislativo Michael Oña, fue abatido por elementos policiales en el dormitorio de su casa. Ellos dispararon primero, dijeron que fue en defensa propia
Para la Comisión Especial de Investigación, los organismos del Estado tienen una deuda en este caso. Para empezar, la Policía no abordó varias líneas importantes de investigación. Este es el caso de las comunicaciones telefónicas entre los principales implicados, los días previos y posteriores al crimen.
Aguirre y Ponce habrían comprado dos teléfonos celulares el 10 de febrero de 1999; otro habría tenido Michael Oña, el empleado del Congreso (laboraba en la oficina del entonces diputado de la Democracia Popular (DP), Lorenzo Saá), quien fue abatido por la Policía un día después del triple asesinato, en el dormitorio de la casa donde vivía, ubicada en El Dorado, a pocas cuadras del Congreso.
La Comisión detectó que varias llamadas se hicieron a miembros de la Policía y a la DEA, pocas horas después de la muerte de Hurtado y sus acompañantes.
Muchos de esos policías, que habrían conocido con anticipación (según declaró Aguirre) sobre el probable hecho de sangre, inicialmente estuvieron sindicados, pero en el dictamen fiscal no fueron acusados.
Por su lado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no asumió la competencia pese a que había sido acusado el embajador Medardo Cevallos Balda (tenía fuero por el rango), por no hallar suficientes indicios.
Paradójicamente, el ex presidente de la Corte Superior Alberto Moscoso sentenció a 16 años a Freddy Contreras, empleado de Pescia, una de las empresas de Cevallos, fundamentado en las declaraciones de otro empleado, Lenin Ordóñez, quien aseguró haber escuchado decir a Medardo Cevallos Gómez-Piñán: ...ese negro hijo de puta... tenemos que hablar con papá para tomar una decisión.... (AA/SR)
"Providencias demoraban entre seis y ocho meses"
Las salas de la Corte Superior "peleaban" para no tener el caso. La CSJ dirimió el conflicto de competencias
Entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 hubo un conflicto de competencia entre las salas de la Corte Superior de Quito, que se excusaban de manejar el caso, el cual había subido en apelación, planteada por Freddy Contreras.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia dirimió el problema y el caso se radicó en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito.
Lenin Rosero cuenta que, en la primera etapa, para dictar una providencia los jueces demoraban entre seis y ocho meses, hasta que el fallecido titular de la Corte Superior, Jenner Larreátegui, movió el juicio. (AA)
PUNTO DE VISTA
Se tiene que hacer justicia
El 17 de febrero de 1999, un miércoles de ceniza, se cometió un horrible crimen, que conmovió la conciencia nacional.
El diputado y líder del Movimiento Popular Democrático (MPD) Jaime Hurtado fue acribillado, junto a dos de sus acompañantes.
El proceso ha sido lento y la justicia no llega, puesto que hay dudas sobre le culpabilidad del único condenado por tan execrable crimen.
La muerte de este luchador por las causas de los que menos tienen es otro ejemplo de cómo una sociedad puede, sin quererlo, volverse permisiva y casi indolente, al punto de dejar en el olvido procesos legales como el que investiga la muerte de Jaime Hurtado.
En efecto, si Christian Ponce no hubiera cometido una infracción de tránsito en los EEUU y no hubiera sido detenido, el caso de Hurtado seguiría en los anaqueles de los tribunales, en espera de que algún juez se interese por mover el caso.
Y es que todos los esfuerzos de la familia, coidearios y abogados no han sido suficientes para sensibilizar a quienes tendrían que administrar justicia con presteza y sabiduría para no cometer errores, pero tampoco propiciar la impunidad.
Los 40 cuerpos que componen el proceso que está escrito en 9 000 páginas de ninguna manera pueden terminar en letra muerta. Caiga quien caiga se tiene que descubrir y sancionar a los autores intelectuales y materiales y ponerlos a todos en la cárcel, para que purguen tamaño delito.
El Estado ecuatoriano y sus funcionarios deben interesarse en este proceso para agilitar la sentencia definitiva.
Los cabos sueltos tienen que juntarse ahora que Ponce ha sido extraditado de los EEUU y el caso se ha reactivado. No se puede descartar ninguna versión y peor dejar por fuera del proceso a ningún sospechoso. De por medio está la vida de tres personas, con la de un destacado dirigente político a la cabeza, por lo hay que exigir se haga justicia. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
Hora GMT: 19/Febrero/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO
