Quito. 28 feb 2001. Una de las seis Salas de la Corte Superior de
Guayaquil debe resolver, en última instancia, el conflicto jurídico que
se ha producido en torno al caso.
Un conflicto de competencia jurídica, que deberá resolverlo una Sala de
la Corte Superior de Guayaquil, es el nuevo escollo para los 491
importadores y 67 uniformados de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG)
implicados en la desaduanización y matriculación ilegal de 588 vehículos,
realizada desde enero de 1994 hasta octubre de 1999.
El primero en iniciar un juicio (15 de febrero), por delito tributario,
fue el juez Fiscal de la provincia, Hanníbal Vela Bajaña, quien sindicó a
los importadores y ordenó la aprehensión de los automotores, desde las
placas GJG-000 hasta la GNS-000. Y el 23 de febrero, a las 18:00, hizo lo
mismo la encargada del Juzgado 15 de lo Penal, Angela Albán: en su
providencia acusó a ocho miembros de la CTG.
La sorpresa fue la actuación del presidente de la II Corte (Guayaquil)
del IV Distrito Policial, general César Carrera Chinga. El también inició
autocabeza de proceso, pero solo en contra de los uniformados que,
reitera, gozan de fuero. Su base jurídica es el Código de Procedimiento
Penal de la Policía.
Un argumento que, sin embargo, descarta Angela Albán, jueza 24 de lo
Penal y quien remplaza, hasta el 6 de marzo próximo, a Silvia Orejuela,
pues, el 1º de junio de 1999 se publicó la Ley Sustitutiva de la Creación
de CTG, que es de carácter especial y, según su texto, prevalecerá sobre
las generales o especiales que se le opongan. Incluso, en la segunda
disposición final, deroga el Decreto Legislativo del 29 de diciembre de
1948, que creó la cuestionada entidad y establecía, en su artículo
cuatro, que sus miembros "gozarán especialmente de los fueros y
facultades de que está investida la Guardia Civil".
Un análisis jurídico que es refutado. Por ejemplo, el fuero de los
uniformados de la CTG aún lo establece el artículo 59 de la Ley de
Personal del Cuerpo de Vigilancia, que rige desde 1984. "No podemos,
entonces, ser juzgados como civiles", dice el teniente Martín Saquicela
Rodas, encargado de vigilar los procesos.
Además, el juez Vela ordenó, el 22 de febrero, que la Dirección Nacional
de Tránsito realice una investigación, en las otras 21 provincias del
país, sobre los cambios de placas de los vehículos ingresados ilegalmente
(sin pagar tributos).
Hasta ahora no hay ningún detenido, ni el rastro del grupo armado
ecuatoriano que robó decenas de vehículos en distintas ciudades del país
y que tenía nexos con bandas de Perú, Venezuela, Colombia y México. (APM)
(Diario Hoy)
Ciudad Quito
