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Policías y militares están inconformes con su seguro social

Publicado el 09/Julio/2005 | 00:00

En la Policía sus miembros no acceden a préstamos desde hace año y medio; en las Fuerzas Armadas se oponen a seguir aportando con el 12% de sus pensiones. Y en los dos casos exigen transparencia en la gestión. Claro que se sienten más seguros que si estuvieran afiliados al IESS, pero proponen reformas a las leyes para mejorar sus pensiones y los servicios. Asimismo, quieren recuperar el dinero invertido en Filanbanco.

"Nos dicen que no hay plata"

Si se anula el 8,14%, el Isspol podría desfinanciarse y quebrar, dicen sus directivos

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) no tiene liquidez para otorgar préstamos quirografarios e hipotecarios a 34 mil afiliados a este servicio, desde hace año y medio, por múltiples factores que las autoridades de esa institución se negaron a explicar a este Diario.
José Matamoros, de 49 años, es suboficial segundo y trabaja 27 años en la Policía. "Desde hace año y medio se suspendieron los préstamos, la única respuesta que recibimos es que no hay plata. Todo los meses aporto con $62". Cuenta que el personal se encuentra molesto, ya que antes, con estos créditos, podían arreglar sus viviendas o comprarse un terreno.
Y hay un problema que les molesta mucho a los policías, en particular a los retirados: el cobro del 8,14 % de sus pensiones para el fondo de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM). La queja es porque si durante el servicio activo aportaron para el retiro, por qué ahora, ya jubilados, les restan ese porcentajes de sus bajas pensiones.
Según un informe presentado el 28 de junio de 2005, a las 16:30, por el comandante general de Policía, José Vinueza, a la Comisión Especializada Permanente de lo Laboral y Social del Congreso Nacional, este valor fue aceptado por los propios pensionistas en 2000. Pero argumentan que, como en derecho las cosas se deshacen conforme se hacen: "Si libre y voluntariamente resolvimos el aporte del 8,14% de sus pensiones, de la misma manera libre y voluntaria desistimos de él".
Los ex combatientes de la guerra de 1941 no aportan el 8,14% de sus pensiones.
La polémica, según Vinueza, la generó el general José Vicente Villacís, quien fue vocal del Consejo Superior del Isspol a la fecha de adopción de la resolución. Ahora, para el comandante de la Policía, Villacís abandera "la pretendida revocatoria de la autorización, que provocaría un caos de incalculables consecuencias a la estabilidad financiera del Isspol y de miles de miembros policiales pasivos".
En los informes presentados ante el Congreso, Isspol asegura que una fuente de financiamiento permanente es el aporte individual del propio pensionista, el cual fortalece las reservas y mantiene la perdurabilidad de las rentas.
En 1999 ya se formó una comisión para que analizara si existe o no la posibilidad de incrementar las pensiones, que también es un pedido constante de los miembros en servicio pasivo.
En ese entonces, la comisión concluyó: "Los porcentajes por aportación tripartita establecidos a la ley (Estado-patrono-individuo) no permiten cubrir el pedido de incremento de pensiones del servicio pasivo y montepío sin poner en riesgo la preservación del equilibrio financiero del fondo de pensiones y el futuro de las prestaciones". La misma comisión recomienda una reforma urgente de la ley y sus reglamentos para concretar las mejores alternativas de financiamiento.
El déficit de la institución es de $14 610 160,36. El Isspol cubrió los aumentos de las pensiones, entre 2000 y 2004, con $25 635 205,99 y solo recuperó por el aporte individual $11 025 045,63. Una parte de ese desembolso se cubrió con las reservas constituidas por las actuales generaciones y otra con la contribución del Estado.
Además, el Ministerio de Economía está cancelando las deudas que tiene con el Isspol, con bonos del Estado.
Una de las preguntas de la Comisión Legislativa al Comandante de la Policía es ¿quién autorizó la recepción de bonos del Estado y Certificados de Tesorería para el pago a los pensionistas del Estado y ex combatientes de la Guerra del 41 y la contribución para el pago de pensiones?
En su respuesta, el general José Vinueza no explica quién autorizó, y aclara: "Si el Isspol no hubiese contado con recursos provenientes del repago períodico de los títulos valores entregados por el Ministerio de Economía, se habrían presentado serios contratiempos por la falta de fondos para el pago mensual de las pensiones de retiro y montepío de los asegurados". Y lo hiceron, según Vinueza, ante la falta de recursos líquidos en la caja fiscal.
Por ahora, el monto acumulado por concepto de bonos del Estado y Certificados de Tesorería es de $14 112 158. Y para que la Policía pueda recuperar el dinero en efectivo debe hacer inversiones con estos papeles. (PAG-OP)

MÁS DATOS

El estudio actuarial del fondo de pensiones de la Policía Nacional, elaborado en 2000, contiene las estimaciones demográficas y financieras que involucran tanto a los asegurados de las generaciones presentes como futuras

Según el Isspol, si los pensionistas toman la decisión válida de no aportar con el 8,14% de sus pensiones, deben ser conscientes de que sus pensiones disminuirán.

Para conocer la situación actual del Isspol, BLANCO Y NEGRO solicitó una entrevista con su actual director, Fernando Burgos. Él respondió con el oficio 1369 DG Isspoldel 6 de julio de 2005, asegurando que no puede acceder a una entrevista "por razones de orden estrictamente institucional, por lo que me remito sugerir muy comedidamente se digne recabar la información que bien interese a través de la página web www.isspol.gov.ec".

La seguridad de la Policía Nacional nace con la Ley Nº. 90 expedida por el Congreso Nacional el 9 de junio de 1995, siendo el ejecutor de esta Ley el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Antes de la creación de este organismo, las prestaciones de los miembros de la Policía eran otorgados al IESS a través de la caja policial bajo el ámbito de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, razón por la cual algunas reservas del RIM todavía se encuentran en el IESS. (PAG)

El retirado mantiene al Issfa

Los militares en servicio pasivo reclaman que el Instituto de Seguridad Social de las FFAA les descuenta injustamente el 12% de sus pensiones. Las autoridades del seguro dicen que sin este porcentaje el seguro quebraría

Hace 14 años, Jaime Albuja, coronel de las FFAA ecuatorianas, se retiró. Pasó a ser parte del grupo de 19 mil militares que se mantienen con las pensiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Como ex coronel recibe $730, cifra que por sus 28 años de carrera considera ínfima. Él, de 62 años, y con dos hijos estudiantes, propone reestructurar el sistema de pensiones para garantizar una vida digna a quienes sirvieron a la patria.
Por eso, él y otros militares en servicio pasivo crearon la Coordinadora Nacional de Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas. De las 120 organizaciones de miembros de las FFAA retirados, esta es la única, según sus integrantes, que realiza acciones para mejorar sus ingresos como pensionistas y garantizar la transparencia del uso de sus fondos y una correcta administración por parte del Issfa.
Es que las bajas pensiones no son la única queja. Albuja y sus compañeros rechazan el cobro del 12% (0,25% para el seguro de Mortuoria; 4,5% para el Seguro de Enfermedad y Maternidad; y, 7,25% para financiar el Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte) de sus pensiones. Consideran que es inmoral, inhumano e inconstitucional el artículo 94 de la Ley del Issfa, donde se explican estos descuentos. Albuja dice que la cúpula militar, sin consultar a los pensionistas, introdujo ese artículo en la ley.
De hecho, existe una propuesta de reforma a esa Ley, que cuenta con el apoyo de 15 diputados.
Ante esta queja, Rodrigo Jarrín, director general del Issfa, indica que el descuento es necesario para que el seguro militar funcione: "Perdimos la participación de las regalías del petróleo y el aporte del 13% del impuesto del 1% a las importaciones. Ahora solo contamos con el aporte del 10% de las actividades de las empresas de las FFAA", señala Jarrín.
Además, indica el director, los mismos oficiales en servicio pasivo, en 1992, apoyaron el artículo 94. Para él: "Es inconcebible que quienes les siguieron en el retiro protesten, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban en servicio activo?".
Sin embargo, los militares en servicio pasivo ven al porcentaje de descuento como una injusticia: "Aportamos toda nuestra carrera militar al Issfa y ahora nos toca dar una parte de lo que nos merecemos, es ilógico", comenta Albuja. El ex coronel señala que a causa de los descuentos que indica la Ley del Issfa, de sus $730 se pierden $80 y recalca: "Solo el 10% de los 19 mil pensionados somos oficiales, los que más sufren son los de tropa, ese 90% que vive con un promedio de $270 mensuales y las 7 mil viudas y huérfanos de los militares apenas subsisten con esa cantidad".
Se añade a estos problemas el incremento por el día del militar en servicio pasivo, creado por el Issfa en 1996, con el que se incrementaron las pensiones de los militares pasivos: "El equivalente a 1,5 veces la base del cálculo de las remuneraciones establecidas para las Fuerzas Armadas vigentes al mes de enero de cada año". Si se traslada este aumento a dólares, la cifra sería de $120, pero como se quedó con el cambio en sucres, solo llega a $12.
Aunque las protestas persisten y los militares en cesantía se organizan para tomar acciones, el director del Issfa piensa que su entidad trabaja con liquidez, seguridad y rentabilidad. Gracias al descuento del 12% de las pensiones, el Issfa recauda al año $6 millones, sin contar los intereses que ganan en las inversiones que se hacen con este dinero.
Albuja calcula que existe un acumulado que ya llegaría a los $90 millones. Jarrín señala que no pasan de $40 millones y que están "a la vista, para que sean auditados por la Contraloría, que hace fiscalización desde 2001 junto con la Superintendencia de Bancos".
Respecto a los reclamos de los pensionistas, Jarrín reitera que "derogar el descuento de las pensiones significaría acabar con sus propios ingresos, que siempre les han llegado puntualmente". (OP-GGS)

El uniformado puede asegurar su vida y la de su familia

Con la creación del Instituto, se cerró la caja militar del IESS

EL Issfa se crea a partir de la Ley de Seguridad Social de las FFAA el 7 de agosto de 1992, publicada en el Registro Oficial No 995. Este Instituto se formó para fortalecer el seguro militar con el fin de garantizar y potenciar sus aportaciones y los seguros de salud, enfermedad, cesantía, montepío.
La institución se financia gracias a un régimen de contribuciones de los integrantes de las FFAA, por lo que no recibe ayuda estatal. Estos aportes constituyen el 33,14% del sueldo de quienes trabajan en servicio activo y el 12% de las pensiones de los militares retirados (ver cuadro).
El Issfa se rige, desde el año 2001, a las auditorías anuales de la Contraloría y de la Superintendencia de Bancos. La institución está dirigida por militares de alto rango que trabajan en este cargo durante dos años.
El Instituto tiene un patrimonio de cerca de $300 millones, que se reparte en inversiones, en tierras y edificios, propiedad del Issfa. De hecho, la entidad tiene alrededor de 400 hectáreas de terreno en Guayas.
Los servicios del Instituto disponibles para los miembros de las FFAA y sus familias son el seguro de salud, el de retiro, el de invalidez, el de muerte (montepío), el seguro de cesantía, el de mortuoria, el de accidentes y el de de vida. Asimismo, se les ofrece a los uniformados fondos de reserva, fondos de vivienda, préstamos quirografarios e hipotecarios.
Además, los militares pueden optar por indemnización global por petición de baja y utilizar el servicio de bienestar social y desarrollo humano, con el que el uniformado puede acceder a servicios de cuidado al anciano. (GGS)

Cinco años de reveses para policías y militares

Con el "aporte" de $40 millones del Issfa al Filanbanco se creó un grave problema para las cuentas de esa entidad aseguradora. Los afiliados consideran que fue una decisión fatal para ellos y no hay quién se responsabilice

La crisis bancaria de 1999 afectó a dos proyectos modelo de seguridad social: el de las Fuerzas Armadas y el de la Policía. En particular al primero, pues en julio de 2001, cuando Hugo Unda era ministro de Defensa, se pusieron en el Filanbanco $40 millones para sostener a esa institución financiera.
Para algunos militares en servicio activo y pasivo, esa decisión fue "inconsulta y fatal para la institución". Hasta ahora, según el director del Issfa, Rodrigo Jarrín, solo se han recuperado $11 millones por la venta del edificio donde ahora funciona la Corte Suprema de Justicia.
Hay un proceso de recuperación que no culmina y está lleno de tropiezos, por la infinidad de trámites y juicios de por medio. El 30 de agosto de 2004, el Issfa publicó en la prensa un aviso donde se detallan las 39 "personas naturales y jurídicas con recuperación mediante la ejecución de garantías reales".
Esa lista, para conocimiento de quienes podrían participar en el remate de créditos, prueba que a esa fecha el Issfa tenía una cartera embargada de $28 228 573. Y el aviso de remate era para recuperar solo $16 048 400.
A este problema, según la Coordinadora de Militares en Servicio Pasivo, hay otros que demuestran la mala gestión del Issfa con los recursos de los jubilados. Por un lado, señala que esta entidad tiene alrededor de 3 millones de metros cuadrados en terrenos que existen sin ningún beneficio, que se pierde por lucro cesante en los terrenos del parque Inglés de Quito, entre otras inversiones.
Jarrín lo niega y dice que es un proceso largo en el que se irán resolviendo, "a favor del afiliado", todos los problemas financieros. Para cada uno hay un tratamiento especial.
Lo cierto, como dice el diputado Andrés Páez, es que el Issfa como el Isspol están en situación crítica, si no se decide actuar de lleno para afrontar los déficit actuariales. O sea, no cuentan con la cantidad de dinero para cubrir las pensiones. Asegura que la crisis pulverizó sus finanzas. Por ejemplo, quien recibía 200 mil sucres de pensión de pronto recibió $8.
"Entonces, los seguros tuvieron que realizar incremento en las pensiones para que se posibilitara la subsitencia de los beneficiarios", explica Páez.
Él plantea una solución: capitalizar esos seguros, a través de inversiones a largo plazo con fondos de su propio presupuesto, ya que mediante la búsqueda de más aportantes no se puede porque en los dos seguros son solo los miembros de la Policía y FFAA.
"Los dos seguros se encuentran en una situación difícil, y con buenas inversiones a largo plazo se garantizaría una mayor liquidez".
Desde el otro lado, Jarrín también advierte de los riesgos de una descapitalización si quienes demandan la eliminación del aporte del 12%, para el caso de los militares, logran su objetivo. Para él, hay un proceso lento de reducción de personal de las FFAA y por tanto de menos aportes para el Issfa. Y pone un ejemplo: solo este año pasaron al servicio pasivo 38 generales. Ahora hay que pagar las pensiones de ellos.
"A la larga, deberíamos pensar en mejorar los ingresos pero no tenemos alternativas", acota. (OP-PAG)

PUNTO DE VISTA

El primer paso: las cuentas claras

Miles de familias están preocupadas por lo que ocurre en los seguros sociales de la Policía y Fuerzas Armadas. Sin mucha bulla se han organizado y demandan, en las instancias legales, una explicación a la carencia de fondos para préstamos. En otros casos, también exigen una aclaración de la gestión de las autoridades, pues no se trata de un asunto castrense sino del uso del dinero de los uniformados.
Lo cierto es que en medio del debate de la devolución de los fondos de reserva del Seguro Social, el Issfa y el Isspol son vistos como dos proyectos modelo, que también quieren ser imitados por la Unión Nacional de Educadores y el Municipio de Guayaquil.
Sin embargo, para seguir ese ejemplo hay que revisar bien qué está ocurriendo en su interior. Y no todo es color de rosa ni de parabienes.
Y como todo tiene que ser una solución justa no se puede descontar un análisis técnico de la actual situación y de su posible desenlace.
A ello hay que primero poner las cuentas claras. O sea, con transparencia y responsabilidad, los directivos del Issfa y del Isspol deben decir a sus afiliados cuál es el estado de sus finanzas. No hay que olvidar que en los dos casos se está haciendo uso de dinero del Estado, que se paga a los jubilados con plata de los aportes de todos los ciudadanos del Ecuador.
Hay que hacer de la transparencia una conducta permanente. Aquí no hay nada que pueda considerarse de carácter reservado ni militar. (OP) (Blanco y Negro)

Ciudad Quito



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