Ley Anticorrupcion Sancionara El Enriquecimiento Ilicito

Publicado el 03/Octubre/1993 | 00:00

Quito. 03.10.93. La Secretaría Nacional de Desarrollo
Administrativo, en coordinación con la Contraloría y Procuraduría
General del Estado, elaboró un Proyecto de Ley Anticorrupción,
con el objetivo principal de sancionar el enriquecimiento ilícito
de funcionarios elegidos por votación popular.

En la exposición de motivos del proyecto se dice que la impunidad
en que han quedado los delitos de corrupción administrativa se
debe a muchos factores, como la falta de una ley específica,
lentitud judicial, intereses creados, presiones políticas... lo
cual ha frustrado la aspiración ciudadana de ver que sus
impuestos se traduzcan en obra pública y social.

Por ello, el proyecto de Ley tiene como objetivo prevenir,
perseguir y sancionar el enriquecimiento ilícito y el incremento
patrimonial de origen no justificado de los ciudadanos elegidos
por votación popular, de los delegados o representantes a cuerpos
colegiados del sector público, de los servidores públicos en
general y de las demás personas naturales o jurídicas que directa
o indirectamente propicien esta clase de delito.

Enriquecimiento ilícito

En el proyecto se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito
como el incremento injustificado del patrimonio de cualquiera de
las personas mencionadas anteriormente, que se produce con
ocasión o como consecuencia del desempeño de sus funciones
públicas, generado por actos no permitidos por las leyes y que,
en consecuencia, no es el resultado de ingresos legalmente
percibidos. "El cometimiento de este delito se hará extensivo al
cónyuge o unión libre, padres o hijos de las antes citadas
personas, siempre que en el enjuiciamiento penal se demostrare
que los bienes y valores hayan sido puestos en cabeza de éstos",
puntualiza la ley.

Este delito será sancionado con la pena de uno a cinco años de
prisión y la incautación de todos los bienes muebles o inmuebles
que sean resultado del cometimiento del delito, siempre que no
constituya otra clase de infracción penal.

Según fuentes consultadas en la SENDA, este proyecto de ley "no
responde a requerimientos políticos sino a una necesidad del
país", pues los mecanismos legales existentes están desgastados y
fácilmente son evadidos por algunos servidores públicos
inescrupulosos cuyo único afán es enriquecerse ilícitamente. (6A)

Autor: Ana Angulo - aangulo@hoy.com.ec Ciudad N/D



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