Las áreas claves a control estatal

Publicado el 25/Agosto/2008 | 00:00

El proyecto de Constitución vuelve a poner en la esfera estatal el manejo casi exclusivo del petróleo, la energía, la telefonía y otras áreas a través del capítulo que se refiere a los ‘Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas’.

El proyecto de Constitución vuelve a poner en la esfera estatal el manejo casi exclusivo del petróleo, la energía, la telefonía y otras áreas a través del capítulo que se refiere a los ‘Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas’.

Con esta normativa, la iniciativa privada queda relegada a una participación excepcional en estos sectores. Esto representa un giro al manejo de estas áreas, que actualmente se efectúa bajo un esquema de participación equilibrada entre Estado, empresa privada y empresas mixtas.

De aprobarse esta norma, no queda claro el futuro de los contratos con los cuales participa hoy la empresa privada, en especial en las áreas petrolera, minera y de telecomunicaciones.

Si se mira a empresas estatales como Petroecuador, con una producción de crudo en declinación, o las 11 eléctricas de distribución donde el Estado tiene mayoría accionaria y que reportan pérdidas, no se observan resultados alentadores, según analistas.

Del lado del Gobierno, en cambio, se propone un modelo de gestión para que las nuevas empresas tengan autonomía financiera y parámetros de gestión, a fin de evitar los errores cometidos en el pasado. En todo caso, el Gobierno puso en marcha el proceso de fortalecimiento de sus empresas. Para ello, anunció la reorganización de la estatal Petroecuador, por ejemplo.

El proyecto de Constitución decidió darle un giro al manejo del crudo, la energía, la telefonía y otras áreas que se declaran estratégicas.

La idea es devolverle al Estado un papel preponderante en el manejo de los principales sectores de la economía y minimizar la participación privada. El tema se explica en el capítulo quinto sobre Régimen de Desarrollo del proyecto.

La norma plantea que sea el Estado, a través de empresas públicas o mixtas, el que actúe en la gestión y de forma excepcional delegue a la iniciativa privada estas actividades. La actual Constitución plantea una participación, en iguales condiciones, para las empresas estatales, mixtas o privadas.

La primera interrogante que sugiere el proyecto es ¿qué sucederá con los contratos petroleros, mineros, de telefonía, radio... que están en vigencia?

El 48% de la producción de crudo se genera por privados, los cuatro proyectos estrella de minería están en manos de la iniciativa privada, así como el 59% de las frecuencias de radio, televisión y telefonía.

Roberto Aspiazu, titular de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), señala que el marco que propone el proyecto constitucional no fue parte de la negociación de los contratos de las móviles.

“Porta va a firmar antes de que esta Constitución entre en vigencia, pero qué va a pasar con Movistar que lo hará después”.

Acota que preocupa la disposición transitoria vigésimo cuarta para revisar las frecuencias. “Surge la interrogante de si se va a tratar de quitar a los privados para dar a empresas estatales o comunitarias”.

Según el asesor de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (Senplades) y encargado de este tema, Julio Oleas, el proyecto sí establece la posibilidad de delegar, de forma excepcional, a la iniciativa privada y a la economía solidaria el ejercicio de estas actividades.

“Eso demuestra que no se excluye la participación privada, lo que se propone son nuevas reglas de participación”, explicó.
Explica que el escenario se clarificará en la Ley de Empresas Públicas que alista el Régimen. “Zanjará la cancha en las áreas estratégicas respecto de qué debe hacer la empresa privada y qué reserva el Estado para que haga la empresa pública”.

La tarea prioritaria, agrega Oleas, se enfocará en modernizar a Petroecuador y crear una empresa de telecomunicaciones fija unificada, una eléctrica que gestione la oferta y distribución de energía y una, hasta ahora inexistente, estatal minera.

La propuesta no es nueva, sino que retoma lo que establecía la Constitución de 1978, de corte nacionalista, que tuvo como resultado empresas como Emetel, en telefonía; Inecel, en electricidad, Petroecuador, en petróleos, por citar algunas.

La Constitución de 1998 planteó la desaparición o privatización de algunas de estas empresas, según el Gobierno.

El ex asambleísta Pablo Lucio Paredes discrepa y señala que en Ecuador subsiste una enorme cantidad de empresas estatales. “No es que han desaparecido simplemente, porque ya no se habla de sectores estratégicos en la Constitución de 1998”.

Así, el Estado tiene la mayor participación accionaria en 17 distribuidoras eléctricas, de las cuales 11 reportan pérdidas. Petroecuador también subsiste, pero con resultados poco alentadores: una producción en declinación que cayó de 200 000 barriles diarios en el 2005 a unos 171 000 barriles a la fecha.

Oleas puntualiza que esta situación no será un referente, pues el proyecto fija algunos parámetros para garantizar un manejo eficiente como “Autonomía financiera, criterios empresariales, ambientales…”.

Para Lucio Paredes, el Estado no tiene la capacidad de gestión ni de recursos para manejar las nuevas áreas propuestas. “El Gobierno, además de resolver los temas de educación, seguridad y justicia, se mete a mil actividades empresariales y no hace bien ni lo uno ni lo otro”.

Para el analista Luis Calero, ni la participación estatal ni la privada será posible con el marco legal que propone el proyecto de Constitución. Según dice, el proyecto prohíbe actividades extractivas en áreas protegidas o en territorios de pueblos en aislamiento voluntario e incluso tipifica el delito de etnocidio por el irrespeto de sus derechos.

“El artículo 98, además, garantiza el bloqueo de las actividades petroleras y mineras, mediante el reconocimiento del derecho a la resistencia”, indica.


¿Qué implica?
El Estado toma el control, la regulación, la administración y gestión de los sectores estratégicos, a través de empresas estatales o mixtas (donde tendrá mayoría accionaria el Estado).

El Estado toma el control, la regulación, la administración y gestión de los sectores estratégicos, a través de empresas estatales o mixtas (donde tendrá mayoría accionaria el Estado).

No está claro qué sucederá con los contratos que hoy mantiene el sector privado en estas áreas. En criterio del analista Luis Calero debieran ir a revisión.

Con ello se limita la participación privada en estas áreas. Jorge González, director del Centro de Investigaciones Económicas de Guayaquil, señala que el Estado “no estará en capacidad de decidir ni tiene las inversiones ni sabe dónde lo debe hacer.

Está bien que se definan los sectores estratégicos, pero no se puede cerrar la intervención del sector privado. Nadie querrá invertir en empresas donde el Estado tenga la mayoría accionaria”.

Pero para Édgar Ponce, vicepresidente del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), al Estado le corresponde tomar el control de las empresas estratégicas, porque hay evidencia en el país de que no siempre el sector privado puede controlar eficientemente el servicio público. “Hay ejemplos desastrosos como proyectos hidroeléctricos, donde el sector privado no invirtió”.

Esta norma se relaciona con otros artículos que fijan límites a la explotación de recursos no renovables, considerados como estratégicos, en las áreas protegidas y que pudieran afectar a empresas que hoy operan en esas áreas

¿Qué significa?
El Estado, así, se convierte en responsable de la provisión de servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento y otros que defina la Ley.

Las telecomunicaciones, los recursos no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico (radio, televisión, telefonía...) y el agua pasan a ser sectores estratégicos para el control, gestión y administración del Estado.

Estas áreas tienen esta categoría por su decisiva influencia económica, social, política y ambiental. Aunque estas son las más importantes, no serán las únicas. Esto porque la normativa deja abierta la posibilidad para que mediante ley se declaren nuevas áreas como sectores estratégicos.

El Estado, así, se convierte en responsable de la provisión de servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento y otros que defina la Ley.

Para el manejo de los sectores estratégicos se crearán empresas públicas. Estas tendrán autonomía financiera, es decir podrán reinvertir las utilidades del negocio. El Estado podrá delegar estas actividades a empresas mixtas; sin embargo, en ellas el Estado deberá tener la mayoría accionaria. La empresa privada queda relegada y su participación será solo excepcional en estas actividades.

Además el proyecto de Constitución establece que en los 30 días siguientes a la aprobación de la nueva Constitución las frecuencias de radio y televisión (consideradas estratégicas por estar dentro del sector de espectro radioeléctrico) irán a una revisión.

El control Estatal en la Constitución del 1998

Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. Será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas.

El control Estatal en el proyecto

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley (...). El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación.

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales (...). Las empresas públicas (...) funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.

Art. 316 El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.
El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.

Ciudad Quito



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