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La Quiebra Del Latino Y Sus Derivados

Publicado el 07/Marzo/1994 | 00:00


Caracas. 07.03.94. La fuga de 82 de las 83 personas buscadas por
su presunta responsabilidad en la quiebra del Banco Latino, el
mayor captor de ahorros en Venezuela, lamentó esta semana una
nueva oleada de críticas y comentarios en relación con el caso,
destacaban los analistas en Caracas.

Desde que la jueza instructora especial Diamora Ramírez de
Simanca dictó el pasado miércoles órdenes de detención contra la
plana mayor de la institución y contra el ex superintendente de
bancos, Roger Urbina, la Policía Técnica Judicial (PTJ) realizó
más de 200 allanamientos sin conseguir más que una sola
detención.

Se trata de Daniel León, vice presidente de administración de
negocios del Latino, aparentemente uno de los pocos directivos
que no se encontraba fuera del país al darse a conocer "una
decisión demasiado anunciada", según algunos críticos de la
actuación judicial.

Este fin de semana, los comentaristas de prensa consideraban con
escepticismo las declaraciones del fiscal Iván Darío Badell
anunciando nuevas detenciones en el mayor escándalo financiero
venezolano de los últimos tiempos.

Aunque voceros policiales aseguran que hasta la policía
internacional está en pos de los prófugos, cuyos abogados y
familiares negociarían su entrega, la opinión pública consultada
sigue desconfiando de los resultados de la acción legal en curso.

Sólo el subdirector de la PTJ, Eleazar Cuoto, se declaró
optimista al asegurar que con el caso Latino no ocurrirá lo mismo
que con "otros conocidos hechos de corrupción, por cuanto hay una
acción mancomunada con diferentes instituciones y poderes para
lograr la captura (de los indiciados)".

Cuoto dijo a los periodistas que se ha reforzado la vigilancia en
puertos y aeropuertos y en las fronteras, "para impedir que los
que están aquí se vayan y, si alguno regresa, detenerlo".

Extraoficialmente se presume que el ex presidente del Latino,
Gustavo Gómez López, se encuentre en España, y que al menos 17 de
los demás indiciados estén en el estado norteamericano de
Florida, donde, según Cuoto, las autoridades ordenaron un
rastreo.

Entretanto, los abogados de algunas de las figuras del mundo
social y económico acusadas de "apropiación indebida calificada,
estafa continuada y agavillamiento contra personas" denunciaron
que la jueza Simancas pedirá cauciones multimillonarias a quienes
soliciten su libertad bajo fianza, lo que paralizaría el proceso.

Decidida en enero pasado, la intervención del Latino --que tenía
filiales en Miami (EEUU), Curazao (donde operaba como banco "off
shore") y Colombia-- generó pérdidas estimadas en más de 3.000
millones de dólares y condujo a una crisis generalizada de la
banca nacional que obligó al gobierno a auxiliar a siete
instituciones por un monto superior a los 1.200 millones de
dólares.

Junto a los reclamos de casi un millón de ahorristas comenzaron a
circular los rumores sobre la vinculación del Latino con el ex
presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-93) desde su
primera presidencia (1974-79) y con su entorno empresarial.

En medios políticos también se acusa al banco de haber financiado
en setiembre pasado un viaje a Washington del ex ministro de la
Defensa, Radamés Muñoz, presuntamente relacionado con un plan
golpista del alto militar.

También se revelaron entretelones de los negocios de grandes
grupos financieros y empresariales que pronto se convirtieron en
la comidilla diaria de afectados y seguidores del caso.

Tal es el caso de la guerra que se desató entre el grupo 1BC,
dueño del Canal 2 de televisión, El Diario de Caracas y la
emisora Radio Caracas Radio y su adversaria la Organización Diego
Cisneros.

Los poderosos Cisneros, otrora grandes amigos de Pérez, que
controlan la televisora Venevisión, la cadena de supermercados
Cada y otros negocios en Venezuela, el Caribe, Latinoamérica,
Estados Unidos y Europa (el grupo adquirió y vendió las Galerías
Preciado de España y la Plaza Pater Noster de Londres), tenían el
25 % de las acciones del Latino, según voceros de los
interventores, y sus rivales aseveran que parte de los fondos
evaporados se invirtieron en sus empresas.

Para añadir leña al fuego, el partido Causa R acaba de pedir como
medida precautelar, que se prohiba la salida del país y se
enajenen los bienes de la presidenta del Banco Central de
Venezuela, Ruth de Krivoy, y de la del Fondo de Garantías
Bancarias (Fogade), Esperanza de Martinó.

El subjefe de la fracción parlamentaria de Causa R, Carlos Melo,
sustentó su petición con denuncias de la existencia de un
supuesto cártel bancario que operaba desde el BCV, ofreciendo
ventajas a ciertas entidades financieras que, sin embargo,
enfrentarían graves problemas de caja.

Melo agregó que, "para evitar nuevas corridas y perjucios a los
ahorristas" sólo revelará los nombres de esas entidades a las
autoridades. (AFP) (2A)

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