Autoridades informan sobre decenas de pasos clandestinos por donde fluye el contrabando, especialmente de combustibles, pero resultados de los operativos son mínimos
CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES: EL DELITO SIGUE EN AUGE PESE A QUE LEY LO SANCIONA CON DUREZA
Los pasos ilegales abundan en las zonas fronterizas y, aunque todos los conocen desde hace años, la Policía recién empieza a realizar operativos y se "descubre" a uniformados implicados
Según organismos de Inteligencia militar y policial, entre la provincia del Carchi y el departamento colombiano de Nariño, existen más de 26 pasos informales por donde pasa todo tipo de contrabando.
Estos son: El Capulí, Peñas Blancas, Chical, La Unión, El Partidero, San Juan, Puente Palo, Arenal, Aguas Hediondas, Tufiño, Veinte de Marzo, El Charco, Angasmayo, Cuatro Esquinas, Puente Nuevo, Calle Larga, La Estrellita, Casa Pintada, Cartagena, El Carmelo y Santa Bárbara. Todos están ubicados en siete de las nueve parroquias de Tulcán.
El fenómeno es antiguo y muchas familias admiten que viven del contrabando. El diferencial cambiario entre el dólar y el peso colombiano los induce a movilizar mercancías, productos agrícolas, incluso animales, hacia Colombia, manifiesta el director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Carchi, Jorge Narváez.
Uno de los lugares más utilizados por las redes de contrabandistas es El Brinco, ubicado a 3 kilómetros del puente internacional de Rumichaca, en la antigua carretera Panamericana, frente al poblado colombiano de Carlosama
Allí existen más de 60 mulas, cuyos propietarios cobran importantes sumas de dinero para transportar, ilegalmente, toda clase de mercadería.
Los animales, cargados de artículos, caminan solos por un camino de herradura, mientras, desde varios sitios estratégicos, los denominados campanas observan si efectivos policiales, militares o aduaneros rondan por el sector.
Tras dejar la carga en el lado colombiano, las bestias son alimentadas y enviadas de vuelta hacia El Brinco.
Miembros del Ejército, la Policía y del Servicio Aduanero que conversaron con BLANCO Y NEGRO bajo la condición de mantener sus nombres en reserva relataron que en más de una ocasión han sido agredidos por las familias que viven en la zona.
Una mujer del sector cuenta que en las noches llegan a El Brinco todo tipo de camiones que transportan contrabando. Quienes se dedican a esa actividad siempre andan armados, y quien se atreve a denunciarlos es calificado de soplón, amenazado y, muchas veces, golpeado, afirma. La mujer asegura que se trata de una red binacional integrada por varias familias.
A pesar de que desde hace varios años era bien conocido lo que ocurría en El Brinco, los operativos para evitar el contrabando, especialmente el tráfico de combustibles, empezaron hace pocas semanas.
La Ley de Soberanía Energética, aprobada en septiembre pasado, sanciona con penas de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multas de 1 000 a 2 000 remuneraciones básicas unificadas, y el decomiso de los bienes y medios de transporte utilizados para el tráfico de combustibles.
Pese a que las sanciones son drásticas, hasta los uniformados se involucran en el ilícito. El pasado octubre, varios policías y militares del Carchi fueron acusados por pobladores de la parroquia El Carmelo, ubicada a 50 kilómetros de Tulcán, de permitir el tráfico de gas doméstico y otros artículos hacia más de 10 comunidades de La Victoria, en Colombia.
Asimismo, los tenientes políticos de Tufiño, Fidel Paguay, y de Urbina, Juan Carlos Cabezas, revelaron la participación de uniformados en el contrabando de otros artículos. Ambos fueron amenazados de muerte por contrabandistas no identificados.
A los policías les fue mejor. Dos efectivos que fueron acusados por el teniente político de Urbina recibieron sanciones disciplinarias, y los demás fueron cambiados de unidad, con excepción del jefe, quien estuvo de licencia cuando ocurrió el incidente.
Pese al aumento de los operativos, fuentes policiales señalaron que el contrabando de gasolina se ha incrementado los últimos días debido a que Colombia subió en 75 pesos el valor del galón de gasolina. El gobernador del Carchi, Efrén Benavides, dijo que esto ha generado presiones para vender gasolina y diésel a vehículos con placas colombianas. (RC)
El arroz, otro producto que sacan del país hasta en cooperativas de buses
Al contrabando de arroz no lo frena el acuerdo que prohíbe su exportación. "No podemos determinar cuántas toneladas ingresan o salen por vías clandestinas", manifiesta Édgar Erazo, del IX Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
El funcionario habla de las limitaciones que tienen en esa dependencia para controlar el ilícito en la provincia de El Oro. En el lugar solo hay tres camionetas doble cabina y 46 personas, "lo cual es poco frente a la tecnología de punta que utilizan los contrabandistas: ellos tienen radios, teléfonos celulares, armas..."
Varios comerciantes de la parroquia Chacras denunciaron ante el Municipio de Arenillas que el transporte ilegal de arroz se realiza por pasos no habilitados.
Por eso, la alcaldesa, Karina Torres, se reunió con representantes de la CAE, para identificar las vías que frecuentan los contrabandistas.
Además existe el contrabando denominado "hormiga", en el que participan 15 empresas de transporte interprovincial e internacional que llevan el producto en las cajuelas de los vehículos, revelaron los denunciantes.
Si bien el Ministerio de Agricultura prohibió la exportación de arroz, los precios se mantienen altos en mercados de Huaquillas.
En las bodegas de abastos Jimbo, La Granja y Agro León, por ejemplo, el quintal de arroz se vende en $29.
Ángela Córdova, administradora de Jimbo, aseguró que el arroz pasa el puente internacional de Huaquillas de forma clandestina, en carretillas que transportan cebolla, ajo, tomate, maíz, frutas y otros productos ecuatorianos.
Hace varios meses hubo una consulta popular en Huaquillas para determinar la ubicación del nuevo puente internacional entre esa ciudad y Aguas Verdes (Perú). El actual fue construido en 1920.
A diario circula por allí un promedio de 100 contenedores con cargas de dinamita, explosivos, combustible y otros productos, lo que genera $1 millón al día. Esto, sin contar con el contrabando que pasa por el mismo lugar y los sectores aledaños, estimado en $400 mil diarios, según el alcalde Manuel Aguirre. (CHM)
RESULTADOS DE OPERATIVOS SON MÍNIMOS
Solo en el oro existen 31 pasos ilegales detectados por las autoridades
Los combustibles también se fugan hacia Colombia por las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.
En Esmeraldas, la gasolina y el diésel salen en tanqueros desde la refinería de Balao hasta caletas pesqueras ubicadas en Río Verde, Rocafuerte, Bocana de Lagarto, La Tola, Tonchigüe y Súa, según fuentes de la Armada.
Este tráfico no solo se da por vía marítima, sino también por vía terrestre, los pasos de Campanita y Piedra Sellada.
El Comando Naval de Operaciones Norte (Coopno) informó que, de enero a octubre de este año, decomisó 183 cilindros de gas, 33 677 galones de diferentes clases de combustible, capturó a 68 personas (entre ecuatorianos y colombianos) y detuvo cuatro camiones y seis motos que eran usados para transportar combustible de contrabando.
Los resultados revelan que el contrabando rebasaría con creces la vigilancia, a pesar de la vigencia de la Ley de Soberanía Energética.
Además, los informales no temen enfrentarse a las fuerzas del orden, como ocurrió el pasado 6 de octubre en La Tola (cantón Eloy Alfaro), cuando los pobladores destruyeron el retén naval al reclamar la devolución de varias lanchas que habían sido decomisadas con combustible de contrabando que presumiblemente iba a Colombia.
La provincia de Sucumbíos también es permeable. En su capital, Nueva Loja, se siente a diario el desabastecimiento de gas de uso doméstico, atribuido, por las autoridades, a la fuga del producto hacia Colombia.
El problema es tan grave que actualmente los pobladores que necesitan comprar el cilindro de 15 kilos primero deben solicitar un boleto en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), que lo obtienen con la presentación de la cédula. Con eso se dirigen a las distribuidoras para adquirir el producto. Las amas de casa se sienten perjudicadas con la medida, pues varias de ellas deben esperar entre 7 y 8 horas para comprar gas.
La gobernadora de Sucumbíos, Nancy Morocho, dijo que está coordinando acciones con la Policía y el Ejército para buscar estrategias de control y evitar el contrabando de combustible hacia el vecino país, donde el cilindro de 15 kilos se comercializa entre $8 y $10.
Al sur del país, en El Oro, los combustibles y el alimento se fugan hacia el Perú por 31 pasos ilegales, identificados en cartas topográficas elaboradas por el Instituto Geográfico Militar. A estos se añaden otros 10 que son menos utilizados, dice Édgar Erazo, del Servicio de Vigilancia del IX Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
En todo caso, las rutas preferidas por los contrabandistas son los desvíos de Puerto Hualtaco, Matachivato, Las Lomas, Las dos Bocas, Palo Seco, Balsalito, Los Limos, entre otras.
Los combustibles también viajan hacia el sur desde Macará (Loja), donde los contrabandistas o lecheros han intentado bloquear las carreteras para que los militares no verifiquen los camiones y guías de movilización, denunció el jefe político, Elfer Rodríguez.
Los contrabandistas se abastecen diariamente en las gasolineras de Macará y guardan la gasolina en sus hogares, para luego venderla en el Perú, en donde un galón se comercializa en 10 soles, equivalentes a $3, según el gobernador de Loja, Nilo Córdova.
Para contrarrestar el contrabando en este sector, las autoridades ordenaron a los militares controlar el kilometraje de los vehículos. También dispusieron que el abastecimiento en las cuatro estaciones de servicio de Macará se lo realice pasando un día, de acuerdo a los números pares e impares de las placas de los vehículos, explicó Washington Lara, comandante de la Brigada de Infantería Loja-17. (LFA/EROI/CHM)
Contrabandistas se organizan en asociaciones a las que solo les falta el reconocimiento legal
Los informales del Carchi están organizados. Un representante del sector, Giovanni Tobar, reconoce abiertamente que realizan un "trabajo" al margen de la Ley. Aunque, si bien es una actividad ilícita, laboran bajo un esquema de agrupaciones, ya que no pueden asociarse legalmente.
Tras calificar de drásticas a las penas establecidas en la Ley de Soberanía Energética, Tobar señala que los informales son perseguidos y extorsionados por las autoridades, por eso su gremio ha demandado al Gobierno alternativas de trabajo, vía entrega de créditos y asesoramiento, con el propósito de convertirse en microempresarios e incorporarse a la economía formal.
Otro comerciante informal, Segundo Pozo, quien trabaja en un vetusto camión de 4 toneladas, dice que diariamente se abastece de seis canecas (5 galones de capacidad) de diésel, que las compra a $6 cada una y las vende en $7,50. Igual que él, otras 200 personas frecuentan las gasolineras de Tulcán, Huaca y Julio Andrade, donde provocan congestión y desabastecimiento de diésel y gasolina. Una caneca de gasolina cuesta de $10,50 en Tulcán, mientras que en Ipiales (Colombia) el valor es de $12,50.
Desde hace un mes, la Gobernación del Carchi realiza reuniones con los informales, para tratar de involucrarlos en proyectos microempresariales. Esto responde a un compromiso del ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, y consta en la Ley de Soberanía Energética.
Los primeros días del pasado octubre, el ministro se reunió con los comerciantes informales a fin de establecer mecanismos para frenar el contrabando.
Según Giovanni Tobar, luego de esa reunión todavía no hay nada claro, pues ni siquiera les han informado sobre los créditos a los que podrían acceder, por eso considera que el ofrecimiento de convertirlos en microempresarios "solo ha que dado en palabras".
Las dudas de los informales crecen al recordar el fracaso de un programa similar, que fue impulsado entre 2 000 y 2 006, desde el antiguo Ministerio de Bienestar Social, para instalar comedores populares. (RC).
EL PLAN ANTI CONTRABANDO, EN FASE DE DISEÑO
La fuga de combustibles provoca pérdidas de alrededor de $500 millones anuales
Un informe realizado el año pasado por los ministerios de Energía y Minas (hoy Minas y Petróleos), Economía, y el Servicio de Rentas Internas (SRI) revela que el Estado ecuatoriano pierde entre $200 millones y $300 millones anuales por contrabando de combustibles, según el presidente del Plan de Soberanía Energética, Fausto Valle.
Para el ex ministro de Energía y Minas Alberto Acosta, la cifra es mayor. Habló de $500 millones anuales, en una comparecencia al Congreso en la que defendió la necesidad de aprobar la Ley de Soberanía Energética.
En aquella presentación, el actual asambleísta de Acuerdo País también manifestó que el Estado asigna $2 300 millones anuales para subsidiar los combustibles, de los cuales $500 millones corresponden al gas de uso doméstico.
A decir del presidente del Plan de Soberanía Energética, el contrabando de combustibles está ligado a la diferencia de los precios en los mercados de los países vecinos.
Mientras una persona en el Ecuador compra 10 cilindros de gas (la bombona de 15 kilos cuesta $1,60), en el Perú apenas compra uno; en Colombia, la diferencia es de cuatro a uno, indica.
Con el propósito de frenar el contrabando, el Gobierno se encuentra diseñando un plan para controlar, racionalizar y reducir el desvío de todo tipo de combustibles. Para esto analiza la posibilidad de realizar un censo que será aplicado en los diferentes segmentos de la población.
Con ello buscamos levantar un catastro para definir el despacho real de los combustibles, señala Valle. Una primera fase se puso en marcha el pasado 15 de octubre, en el sector pesquero.
Mientras el plan para frenar el contrabando continúa en la fase de diseño, la Armada anunció que usará tecnología de última generación para controlar las actividades ilegales en el mar, a un costo de $13 millones.
El equipamiento estará integrado por dos aviones de exploración aeromarítima no tripulados, ocho lanchas interceptoras de gran velocidad y un sistema de monitoreo satelital.
Toda esa tecnología será empleada en los operativos del Plan de Soberanía Energética que busca controlar, principalmente, el tráfico de combustible en el mar territorial. Los equipos también servirán para combatir el tráfico de drogas, de personas y la pesca ilegal. Para adquirir las aeronaves, la Marina convocó a un concurso público, pero aún no se sabe si el contrato ha sido adjudicado.
En los últimos años, varios gobiernos han analizado la posibilidad de eliminar el subsidio a los combustibles o focalizarlo hacia los sectores más pobres, pero no han tomado la medida por considerarla impopular.
El actual presidente Rafael Correa se ha mostrado contrario al retiro del subsidio, pues considera que esto solo ahorraría $400 millones al sector público mas no a la sociedad en general. Sacar un subsidio no es un ahorro social sino un ahorro para el sector público, ha explicado reiteradamente.
Por lo pronto, los operativos para frenar el contrabando han dado resultados de poco impacto, como lo señalamos en la página anterior. (SR/AA)
Agricultura: "Sabemos que pasan a Colombia de 3 000 a 4 000 quintales diarios de arroz"
El ministro de Agricultura, Carlos Vallejo, analizará la posibilidad de extender o levantar la vigencia del Acuerdo que suspendió las exportaciones de arroz. La medida fue tomada para frenar el contrabando de la gramínea.
El subsecretario de Direccionamiento Agropecuario, Guillermo Ortega, dice que se estudiarán aspectos como: cuánto queda para el consumo interno, lo que falta por cosechar hasta fin de año y la cosecha invernal en Guayas y Los Ríos.
Preguntado si hay evidencias sobre la disminución del tráfico de arroz, el funcionario dice que antes de la finalización del plazo de 90 días de la vigencia del decreto, el Ministerio hará las consultas del caso. Si es que las estadísticas determinan que el tráfico sigue en auge, el decreto será ampliado por un período igual, señala.
"Aún no tenemos datos aproximados sobre la fuga de arroz... hablamos de un negocio informal en el que interviene gente avezada... sabemos que, de tiempo en tiempo, pasan a Colombia, por el río San Miguel (Sucumbíos), 3 000 y 4 000 quintales diarios", añade. (SR)
PUNTO DE VISTA
Incumplimiento de la Ley
Combustibles, arroz y un sinnúmero más de productos salen de manera ilegal desde Carchi hacia Colombia. Las autoridades conocen de la existencia de al menos 26 pasos por los que se fugan las mercancías y hay familias enteras que se dedican, como si se tratase de una labor más, a este tipo de actividades. Quienes contrabandean inclusive se agrupan en asociaciones a las que prácticamente solo les falta el acuerdo ministerial.
Pero esta situación no sucede únicamente en la frontera norte, sino que se repite también en el límite con el Perú. No son extrañas las imágenes que muestran a personas atravesando la zona entre Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú), con el agua hasta el cuello y arrastrando bidones de gasolina o cilindros de gas amarrados en largas cadenas.
En la provincia del Carchi la situación es tal, que incluso las autoridades que denuncian los ilícitos han recibido amenazas en su contra.
Aún más, los operativos iniciados a partir de la expedición de la Ley de Soberanía Energética, creada para combatir el contrabando de combustibles, han encontrado la participación de elementos uniformados en esos hechos.
El negocio es de tales dimensiones, que significa un perjuicio anual de entre $200 y $300 millones para el Estado, de acuerdo con un estudio oficial de 2006.
Esto, en medio de la constatación de que los operativos de control al contrabando dan resultados mínimos.
Y todo se hace con total despreocupación de los protagonistas respecto del impedimento que imponen las leyes sobre tales actividades.
En un país como el Ecuador, con una visión legalista de las cosas (vamos camino de la vigésima Constitución), viene bien recordar que no basta con que las leyes existan; lo más importante es que se las cumpla. (LAG)(Blanco y Negro)
CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES: EL DELITO SIGUE EN AUGE PESE A QUE LEY LO SANCIONA CON DUREZA
Los pasos ilegales abundan en las zonas fronterizas y, aunque todos los conocen desde hace años, la Policía recién empieza a realizar operativos y se "descubre" a uniformados implicados
Según organismos de Inteligencia militar y policial, entre la provincia del Carchi y el departamento colombiano de Nariño, existen más de 26 pasos informales por donde pasa todo tipo de contrabando.
Estos son: El Capulí, Peñas Blancas, Chical, La Unión, El Partidero, San Juan, Puente Palo, Arenal, Aguas Hediondas, Tufiño, Veinte de Marzo, El Charco, Angasmayo, Cuatro Esquinas, Puente Nuevo, Calle Larga, La Estrellita, Casa Pintada, Cartagena, El Carmelo y Santa Bárbara. Todos están ubicados en siete de las nueve parroquias de Tulcán.
El fenómeno es antiguo y muchas familias admiten que viven del contrabando. El diferencial cambiario entre el dólar y el peso colombiano los induce a movilizar mercancías, productos agrícolas, incluso animales, hacia Colombia, manifiesta el director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Carchi, Jorge Narváez.
Uno de los lugares más utilizados por las redes de contrabandistas es El Brinco, ubicado a 3 kilómetros del puente internacional de Rumichaca, en la antigua carretera Panamericana, frente al poblado colombiano de Carlosama
Allí existen más de 60 mulas, cuyos propietarios cobran importantes sumas de dinero para transportar, ilegalmente, toda clase de mercadería.
Los animales, cargados de artículos, caminan solos por un camino de herradura, mientras, desde varios sitios estratégicos, los denominados campanas observan si efectivos policiales, militares o aduaneros rondan por el sector.
Tras dejar la carga en el lado colombiano, las bestias son alimentadas y enviadas de vuelta hacia El Brinco.
Miembros del Ejército, la Policía y del Servicio Aduanero que conversaron con BLANCO Y NEGRO bajo la condición de mantener sus nombres en reserva relataron que en más de una ocasión han sido agredidos por las familias que viven en la zona.
Una mujer del sector cuenta que en las noches llegan a El Brinco todo tipo de camiones que transportan contrabando. Quienes se dedican a esa actividad siempre andan armados, y quien se atreve a denunciarlos es calificado de soplón, amenazado y, muchas veces, golpeado, afirma. La mujer asegura que se trata de una red binacional integrada por varias familias.
A pesar de que desde hace varios años era bien conocido lo que ocurría en El Brinco, los operativos para evitar el contrabando, especialmente el tráfico de combustibles, empezaron hace pocas semanas.
La Ley de Soberanía Energética, aprobada en septiembre pasado, sanciona con penas de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multas de 1 000 a 2 000 remuneraciones básicas unificadas, y el decomiso de los bienes y medios de transporte utilizados para el tráfico de combustibles.
Pese a que las sanciones son drásticas, hasta los uniformados se involucran en el ilícito. El pasado octubre, varios policías y militares del Carchi fueron acusados por pobladores de la parroquia El Carmelo, ubicada a 50 kilómetros de Tulcán, de permitir el tráfico de gas doméstico y otros artículos hacia más de 10 comunidades de La Victoria, en Colombia.
Asimismo, los tenientes políticos de Tufiño, Fidel Paguay, y de Urbina, Juan Carlos Cabezas, revelaron la participación de uniformados en el contrabando de otros artículos. Ambos fueron amenazados de muerte por contrabandistas no identificados.
A los policías les fue mejor. Dos efectivos que fueron acusados por el teniente político de Urbina recibieron sanciones disciplinarias, y los demás fueron cambiados de unidad, con excepción del jefe, quien estuvo de licencia cuando ocurrió el incidente.
Pese al aumento de los operativos, fuentes policiales señalaron que el contrabando de gasolina se ha incrementado los últimos días debido a que Colombia subió en 75 pesos el valor del galón de gasolina. El gobernador del Carchi, Efrén Benavides, dijo que esto ha generado presiones para vender gasolina y diésel a vehículos con placas colombianas. (RC)
El arroz, otro producto que sacan del país hasta en cooperativas de buses
Al contrabando de arroz no lo frena el acuerdo que prohíbe su exportación. "No podemos determinar cuántas toneladas ingresan o salen por vías clandestinas", manifiesta Édgar Erazo, del IX Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
El funcionario habla de las limitaciones que tienen en esa dependencia para controlar el ilícito en la provincia de El Oro. En el lugar solo hay tres camionetas doble cabina y 46 personas, "lo cual es poco frente a la tecnología de punta que utilizan los contrabandistas: ellos tienen radios, teléfonos celulares, armas..."
Varios comerciantes de la parroquia Chacras denunciaron ante el Municipio de Arenillas que el transporte ilegal de arroz se realiza por pasos no habilitados.
Por eso, la alcaldesa, Karina Torres, se reunió con representantes de la CAE, para identificar las vías que frecuentan los contrabandistas.
Además existe el contrabando denominado "hormiga", en el que participan 15 empresas de transporte interprovincial e internacional que llevan el producto en las cajuelas de los vehículos, revelaron los denunciantes.
Si bien el Ministerio de Agricultura prohibió la exportación de arroz, los precios se mantienen altos en mercados de Huaquillas.
En las bodegas de abastos Jimbo, La Granja y Agro León, por ejemplo, el quintal de arroz se vende en $29.
Ángela Córdova, administradora de Jimbo, aseguró que el arroz pasa el puente internacional de Huaquillas de forma clandestina, en carretillas que transportan cebolla, ajo, tomate, maíz, frutas y otros productos ecuatorianos.
Hace varios meses hubo una consulta popular en Huaquillas para determinar la ubicación del nuevo puente internacional entre esa ciudad y Aguas Verdes (Perú). El actual fue construido en 1920.
A diario circula por allí un promedio de 100 contenedores con cargas de dinamita, explosivos, combustible y otros productos, lo que genera $1 millón al día. Esto, sin contar con el contrabando que pasa por el mismo lugar y los sectores aledaños, estimado en $400 mil diarios, según el alcalde Manuel Aguirre. (CHM)
RESULTADOS DE OPERATIVOS SON MÍNIMOS
Solo en el oro existen 31 pasos ilegales detectados por las autoridades
Los combustibles también se fugan hacia Colombia por las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.
En Esmeraldas, la gasolina y el diésel salen en tanqueros desde la refinería de Balao hasta caletas pesqueras ubicadas en Río Verde, Rocafuerte, Bocana de Lagarto, La Tola, Tonchigüe y Súa, según fuentes de la Armada.
Este tráfico no solo se da por vía marítima, sino también por vía terrestre, los pasos de Campanita y Piedra Sellada.
El Comando Naval de Operaciones Norte (Coopno) informó que, de enero a octubre de este año, decomisó 183 cilindros de gas, 33 677 galones de diferentes clases de combustible, capturó a 68 personas (entre ecuatorianos y colombianos) y detuvo cuatro camiones y seis motos que eran usados para transportar combustible de contrabando.
Los resultados revelan que el contrabando rebasaría con creces la vigilancia, a pesar de la vigencia de la Ley de Soberanía Energética.
Además, los informales no temen enfrentarse a las fuerzas del orden, como ocurrió el pasado 6 de octubre en La Tola (cantón Eloy Alfaro), cuando los pobladores destruyeron el retén naval al reclamar la devolución de varias lanchas que habían sido decomisadas con combustible de contrabando que presumiblemente iba a Colombia.
La provincia de Sucumbíos también es permeable. En su capital, Nueva Loja, se siente a diario el desabastecimiento de gas de uso doméstico, atribuido, por las autoridades, a la fuga del producto hacia Colombia.
El problema es tan grave que actualmente los pobladores que necesitan comprar el cilindro de 15 kilos primero deben solicitar un boleto en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), que lo obtienen con la presentación de la cédula. Con eso se dirigen a las distribuidoras para adquirir el producto. Las amas de casa se sienten perjudicadas con la medida, pues varias de ellas deben esperar entre 7 y 8 horas para comprar gas.
La gobernadora de Sucumbíos, Nancy Morocho, dijo que está coordinando acciones con la Policía y el Ejército para buscar estrategias de control y evitar el contrabando de combustible hacia el vecino país, donde el cilindro de 15 kilos se comercializa entre $8 y $10.
Al sur del país, en El Oro, los combustibles y el alimento se fugan hacia el Perú por 31 pasos ilegales, identificados en cartas topográficas elaboradas por el Instituto Geográfico Militar. A estos se añaden otros 10 que son menos utilizados, dice Édgar Erazo, del Servicio de Vigilancia del IX Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
En todo caso, las rutas preferidas por los contrabandistas son los desvíos de Puerto Hualtaco, Matachivato, Las Lomas, Las dos Bocas, Palo Seco, Balsalito, Los Limos, entre otras.
Los combustibles también viajan hacia el sur desde Macará (Loja), donde los contrabandistas o lecheros han intentado bloquear las carreteras para que los militares no verifiquen los camiones y guías de movilización, denunció el jefe político, Elfer Rodríguez.
Los contrabandistas se abastecen diariamente en las gasolineras de Macará y guardan la gasolina en sus hogares, para luego venderla en el Perú, en donde un galón se comercializa en 10 soles, equivalentes a $3, según el gobernador de Loja, Nilo Córdova.
Para contrarrestar el contrabando en este sector, las autoridades ordenaron a los militares controlar el kilometraje de los vehículos. También dispusieron que el abastecimiento en las cuatro estaciones de servicio de Macará se lo realice pasando un día, de acuerdo a los números pares e impares de las placas de los vehículos, explicó Washington Lara, comandante de la Brigada de Infantería Loja-17. (LFA/EROI/CHM)
Contrabandistas se organizan en asociaciones a las que solo les falta el reconocimiento legal
Los informales del Carchi están organizados. Un representante del sector, Giovanni Tobar, reconoce abiertamente que realizan un "trabajo" al margen de la Ley. Aunque, si bien es una actividad ilícita, laboran bajo un esquema de agrupaciones, ya que no pueden asociarse legalmente.
Tras calificar de drásticas a las penas establecidas en la Ley de Soberanía Energética, Tobar señala que los informales son perseguidos y extorsionados por las autoridades, por eso su gremio ha demandado al Gobierno alternativas de trabajo, vía entrega de créditos y asesoramiento, con el propósito de convertirse en microempresarios e incorporarse a la economía formal.
Otro comerciante informal, Segundo Pozo, quien trabaja en un vetusto camión de 4 toneladas, dice que diariamente se abastece de seis canecas (5 galones de capacidad) de diésel, que las compra a $6 cada una y las vende en $7,50. Igual que él, otras 200 personas frecuentan las gasolineras de Tulcán, Huaca y Julio Andrade, donde provocan congestión y desabastecimiento de diésel y gasolina. Una caneca de gasolina cuesta de $10,50 en Tulcán, mientras que en Ipiales (Colombia) el valor es de $12,50.
Desde hace un mes, la Gobernación del Carchi realiza reuniones con los informales, para tratar de involucrarlos en proyectos microempresariales. Esto responde a un compromiso del ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, y consta en la Ley de Soberanía Energética.
Los primeros días del pasado octubre, el ministro se reunió con los comerciantes informales a fin de establecer mecanismos para frenar el contrabando.
Según Giovanni Tobar, luego de esa reunión todavía no hay nada claro, pues ni siquiera les han informado sobre los créditos a los que podrían acceder, por eso considera que el ofrecimiento de convertirlos en microempresarios "solo ha que dado en palabras".
Las dudas de los informales crecen al recordar el fracaso de un programa similar, que fue impulsado entre 2 000 y 2 006, desde el antiguo Ministerio de Bienestar Social, para instalar comedores populares. (RC).
EL PLAN ANTI CONTRABANDO, EN FASE DE DISEÑO
La fuga de combustibles provoca pérdidas de alrededor de $500 millones anuales
Un informe realizado el año pasado por los ministerios de Energía y Minas (hoy Minas y Petróleos), Economía, y el Servicio de Rentas Internas (SRI) revela que el Estado ecuatoriano pierde entre $200 millones y $300 millones anuales por contrabando de combustibles, según el presidente del Plan de Soberanía Energética, Fausto Valle.
Para el ex ministro de Energía y Minas Alberto Acosta, la cifra es mayor. Habló de $500 millones anuales, en una comparecencia al Congreso en la que defendió la necesidad de aprobar la Ley de Soberanía Energética.
En aquella presentación, el actual asambleísta de Acuerdo País también manifestó que el Estado asigna $2 300 millones anuales para subsidiar los combustibles, de los cuales $500 millones corresponden al gas de uso doméstico.
A decir del presidente del Plan de Soberanía Energética, el contrabando de combustibles está ligado a la diferencia de los precios en los mercados de los países vecinos.
Mientras una persona en el Ecuador compra 10 cilindros de gas (la bombona de 15 kilos cuesta $1,60), en el Perú apenas compra uno; en Colombia, la diferencia es de cuatro a uno, indica.
Con el propósito de frenar el contrabando, el Gobierno se encuentra diseñando un plan para controlar, racionalizar y reducir el desvío de todo tipo de combustibles. Para esto analiza la posibilidad de realizar un censo que será aplicado en los diferentes segmentos de la población.
Con ello buscamos levantar un catastro para definir el despacho real de los combustibles, señala Valle. Una primera fase se puso en marcha el pasado 15 de octubre, en el sector pesquero.
Mientras el plan para frenar el contrabando continúa en la fase de diseño, la Armada anunció que usará tecnología de última generación para controlar las actividades ilegales en el mar, a un costo de $13 millones.
El equipamiento estará integrado por dos aviones de exploración aeromarítima no tripulados, ocho lanchas interceptoras de gran velocidad y un sistema de monitoreo satelital.
Toda esa tecnología será empleada en los operativos del Plan de Soberanía Energética que busca controlar, principalmente, el tráfico de combustible en el mar territorial. Los equipos también servirán para combatir el tráfico de drogas, de personas y la pesca ilegal. Para adquirir las aeronaves, la Marina convocó a un concurso público, pero aún no se sabe si el contrato ha sido adjudicado.
En los últimos años, varios gobiernos han analizado la posibilidad de eliminar el subsidio a los combustibles o focalizarlo hacia los sectores más pobres, pero no han tomado la medida por considerarla impopular.
El actual presidente Rafael Correa se ha mostrado contrario al retiro del subsidio, pues considera que esto solo ahorraría $400 millones al sector público mas no a la sociedad en general. Sacar un subsidio no es un ahorro social sino un ahorro para el sector público, ha explicado reiteradamente.
Por lo pronto, los operativos para frenar el contrabando han dado resultados de poco impacto, como lo señalamos en la página anterior. (SR/AA)
Agricultura: "Sabemos que pasan a Colombia de 3 000 a 4 000 quintales diarios de arroz"
El ministro de Agricultura, Carlos Vallejo, analizará la posibilidad de extender o levantar la vigencia del Acuerdo que suspendió las exportaciones de arroz. La medida fue tomada para frenar el contrabando de la gramínea.
El subsecretario de Direccionamiento Agropecuario, Guillermo Ortega, dice que se estudiarán aspectos como: cuánto queda para el consumo interno, lo que falta por cosechar hasta fin de año y la cosecha invernal en Guayas y Los Ríos.
Preguntado si hay evidencias sobre la disminución del tráfico de arroz, el funcionario dice que antes de la finalización del plazo de 90 días de la vigencia del decreto, el Ministerio hará las consultas del caso. Si es que las estadísticas determinan que el tráfico sigue en auge, el decreto será ampliado por un período igual, señala.
"Aún no tenemos datos aproximados sobre la fuga de arroz... hablamos de un negocio informal en el que interviene gente avezada... sabemos que, de tiempo en tiempo, pasan a Colombia, por el río San Miguel (Sucumbíos), 3 000 y 4 000 quintales diarios", añade. (SR)
PUNTO DE VISTA
Incumplimiento de la Ley
Combustibles, arroz y un sinnúmero más de productos salen de manera ilegal desde Carchi hacia Colombia. Las autoridades conocen de la existencia de al menos 26 pasos por los que se fugan las mercancías y hay familias enteras que se dedican, como si se tratase de una labor más, a este tipo de actividades. Quienes contrabandean inclusive se agrupan en asociaciones a las que prácticamente solo les falta el acuerdo ministerial.
Pero esta situación no sucede únicamente en la frontera norte, sino que se repite también en el límite con el Perú. No son extrañas las imágenes que muestran a personas atravesando la zona entre Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú), con el agua hasta el cuello y arrastrando bidones de gasolina o cilindros de gas amarrados en largas cadenas.
En la provincia del Carchi la situación es tal, que incluso las autoridades que denuncian los ilícitos han recibido amenazas en su contra.
Aún más, los operativos iniciados a partir de la expedición de la Ley de Soberanía Energética, creada para combatir el contrabando de combustibles, han encontrado la participación de elementos uniformados en esos hechos.
El negocio es de tales dimensiones, que significa un perjuicio anual de entre $200 y $300 millones para el Estado, de acuerdo con un estudio oficial de 2006.
Esto, en medio de la constatación de que los operativos de control al contrabando dan resultados mínimos.
Y todo se hace con total despreocupación de los protagonistas respecto del impedimento que imponen las leyes sobre tales actividades.
En un país como el Ecuador, con una visión legalista de las cosas (vamos camino de la vigésima Constitución), viene bien recordar que no basta con que las leyes existan; lo más importante es que se las cumpla. (LAG)(Blanco y Negro)
Hora GMT: 19/Noviembre/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
