La caducidad de la prisión preventiva

Publicado el 05/Diciembre/2010 | 00:11

Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec

En estos días se han escuchado opiniones que afirman que la caducidad de la prisión preventiva ha contribuido gravemente al aumento de la criminalidad y, consecuentemente, de la inseguridad pública. Es un tema importante que conviene examinar con extremo cuidado.

En primer término debe aclararse alguna declaración oficial, que "culpa" de este problema a la Asamblea Constituyente de 1998. Es cierto que fue entonces que se introdujo en la Constitución la norma correspondiente. Pero, 10 años después, con la experiencia acumulada en una década, la Asamblea de Montecristi mantuvo el texto en forma íntegra. Peor todavía: ni siquiera recogió el espíritu de las reformas del procedimiento penal de 2007 que, precisamente, determinan los casos en que el plazo de caducidad debe suspenderse. Por tanto, los reclamos deben dirigirse a la mayoría gobiernista de esa Asamblea.

Pero veamos el fondo del asunto. Hasta 1998, la prisión preventiva no estaba sujeta a plazo alguno. Podía prolongarse por años y, de hecho, esto ocurría con gran frecuencia, al punto que, en algunos casos, la prisión preventiva excedía el tiempo máximo de la pena aplicable. Es decir que el preso sufría por anticipado una condena, a pesar de que se presumía su inocencia y que, efectivamente, en no pocos casos, luego de tantos años, se le sobreseía o se le absolvía en forma definitiva. Esta era la historia de gravísimas y numerosas injusticias, de la cual parece que nos hemos olvidado, a pesar de que no ha transcurrido mucho tiempo.

Tal indeterminación era, por cierto, absolutamente contraria a las convenciones internacionales que exigen que una persona debe ser juzgada en un "plazo razonable", como dice expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. No se debe olvidar tampoco que el Estado ecuatoriano ha sido condenado en algunas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por prolongadas prisiones preventivas, que se excedieron de cualquier plazo razonable.

Es indispensable en este punto hacer una declaración paladina: la prisión preventiva no debe prolongarse indefinidamente; en algún momento, debe producirse su caducidad. Establecido este principio, que considero irrenunciable, surgen varias cuestiones. La primera: ¿cuál debe ser ese plazo razonable? Es decir, en qué tiempo un detenido debe ser sentenciado. ¿Es adecuado seis meses para los delitos menos graves y un año para los más graves? ¿O habrá que establecer más plazos diferenciados para el juzgamiento de ciertos delitos? ¿Y por qué no se han respetado los plazos actualmente previstos? ¿Y cuáles podrían ser las alternativas para evitar los incumplimientos?

Estas son los puntos que deberían ser analizados y a los cuales habría que dar una solución. Pero la respuesta legal que se quiera dar no debe ser improvisada ni demagógica al calor de los discursos, sino que debe ser suficientemente madurada, para no tener, seis meses después, que buscar una nueva reforma. Una última advertencia: de ninguna manera esta decisión debe quedar liberada a la discrecionalidad de los jueces.



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