Después de que el país permaneció casi un año sin Corte Suprema de Justicia, parece que ya no preocupa el que pueda faltar otra vez el Tribunal Constitucional.
Esa indiferencia ante el vacío legal que se produce sin ese organismo, que debería ser el máximo árbitro de la constitucionalidad en el país, no solo refleja la crisis de las instituciones de la democracia, su baja credibilidad y aprecio colectivo, sino el precario estado de derecho en el que vive el Ecuador.
La resolución del Congreso de declarar que los nueve vocales del TC se hallaban en funciones prorrogadas y darlas por terminadas desde el 7 de enero, en la atropellada forma como se redactó, deja sin efecto los actos y resoluciones del Tribunal desde esa fecha. De este modo, se abren las puertas para un mayor caos jurídico puesto que perderían su validez más de 350 fallos, entre los cuales se halla la declaración de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del Servicio Exterior que establecía la aprobación por parte de la Junta Consultiva de los nombramientos de la cuota política para el servicio exterior.
En realidad, un juez no pierde competencia en tanto no sea legalmente sustituido, según la doctrina jurídica. No cabe, pues, aplicar el absurdo aprobado por el texto de la resolución legislativa y, por supuesto, para evitar más caos e inseguridad, debería aclarar el Congreso al menos este punto. Pero lo de fondo sería nombrar nuevos jueces constitucionales de altas calidades profesionales y éticas que ayuden a recobrar la credibilidad del TC.
Ciudad Quito
