La explicación de las providencias con las que el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, Guillermo Castro, permitió el regreso de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik ya no interesa tanto a los jueces de la Suprema. Ahora están empeñados en sancionar a los vocales del Consejo de la Judicatura (CNJ) Germánico Maya y José Robayo, y al director ejecutivo de este organismo, Olmedo Castro, a los ministros de las cortes superiores, y al presidente de la Fenaje, Luis Muñoz, por liderar el paro judicial.
Un grupo de 16 magistrados resolvió ayer pedir al presidente de la CSJ de facto, Guillermo Castro, que convocara para el lunes, a las 08:30, a una reunión extraordinaria, en la que además se hará un análisis y se resolverá sobre el incumplimiento de los judiciales de levantar el paro, señaló el conjuez Fausto Garcés. La medida de hecho dura ya tres semanas y los jueces de facto dieron plazo hasta el jueves para terminarla.
Las explicaciones sobre la actuación de Castro en los juicios contra Bucaram, Noboa y Dahik se escucharán en la sesión del miércoles, dijo Garcés.
La semana anterior, este tema indignó a varios magistrados que hasta llegaron a desconocer y pedirle públicamente que renunciara. Sin embargo, algunos comentaron que la llegada de los tres beneficiados por los fallos de Castro consolidarían la integración de la Corte por la confrontación que iniciarían los ex mandatarios con el PSC y con la ID, para legitimar las acciones de la Corte. A todo esto se suma el respaldo que el presidente Gutiérrez ofreció en la madrugada del martes a Castro y a un grupo de jueces, que sirvió para consolidar la actual conformación del Tribunal. Aunque los ministros saben que dependen del Congreso, están más tranquilos.
Castro aseguró que dará paso a las reuniones que se le solicitan y afirmó que se ha mantenido en reuniones con los magistrados al interior del edificio de la Suprema, aunque, enseguida sostuvo que ordenó que nadie ingrese, porque tenía información de que los manifestantes tenían explosivos.
No obstante, la intensidad de las protestas disminuyeron: por una hora se produjo una quema de llantas.
Pero lo que sí subió de intensidad fueron los rumores sobre posibles providencias absolutorias en los casos "Filanbanco", "Jamriska" y "Emanuel". Garcés dijo que estos casos no pueden ser resueltos por Castro, porque están en las salas de lo Penal, instancia superior a la Presidencia de la Suprema. A ello, el titular de la Suprema agregó que se trata de rumores que quieren hacerle daño y que no está conociendo los casos porque no están en las dos salas penales. (MAR)
Oposición dividida, la mejor aliada de la Corte ilegal
La ID se comprometió a dar sus votos. El PSC busca garantías del presidente Gutiérrez
La crisis jurídica no tiene visos de solución luego de que la propuesta de consenso entre el Gobierno y la oposición no alcanzó el apoyo necesario y el bloque opositor (PSC, ID, PK) se dividió: PK se separó el miércoles y la ID estuvo a punto de salir de la negociación ayer.
Hasta la noche del miércoles, la ID se comprometió a dar sus 14 votos a la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial (utilizando el trámite de la Ley de Cooptación que está para segundo debate y que es de su autoría), pero en la sesión de ayer se hizo para atrás, aduciendo que no está de acuerdo con dar paso a la consulta popular que quiere el Ejecutivo, como paso final para este proceso.
Este pronunciamiento vino del sector más radical del partido "naranja", liderado por Carlos González. Pero finalmente prevaleció la línea conciliadora representada en el alcalde capitalino, Paco Moncayo, y el prefecto de Pichincha, Ramiro González, quienes insistieron en que se concrete el acercamiento. Esta postura fue ratificada en la tarde por el presidente de la ID, Guillermo Landázuri, quien afirmó que su bloque está dispuesto a dar paso a la consulta popular para que las reformas a la Ley Orgánica se eleven a rango constitucional.
Ante esto, los socialcristianos, Alfredo Serrano y Pascual del Cioppo, afirmaron que los votos de la oposición están firmes y ahora esperan que el proyecto sea apoyado por los diputados gobiernistas y que el presidente Gutiérrez garantice que no vetará el proyecto
Se prevé que el debate del tema se retome el próximo martes. (GFS)
Pichincha y Azuay juntan sus protestas
Gobierno suspende las clases en Quito. UNE dice que no obedecerá
Las asambleas de Quito y Pichincha resolvieron ayer paralizarse el 13 de abril, hasta que el país retorne al estado de derecho. El alcalde Paco Moncayo, frente a unas 1 000 personas que acudieron ayer a la Casa de la Cultura para iniciar la marcha por la democracia, dijo que, ante la falta de respuestas del Congreso y del Ejecutivo, que no han dado una salida a la crisis jurídica, no queda otro camino que adoptar medidas de fuerza.
El prefecto Ramiro González señaló que el paro de Pichincha será total, pues se pretende suspender los servicios de transporte, cerrar las vías de acceso, paralizar los servicios básicos y otras medidas.
El movimiento indígena también anunció que el 12 llegarán a Quito unas 10 mil personas para respaldar el paro. Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi, afirmó que Imbabura y Carchi se plegarán al paro de Pichincha con cierre de carreteras y movilizaciones.
Esta medida de hecho se unirá al paro del Azuay convocado para la misma fecha. Cotopaxi y Chimborazo confirmarán en las próximas horas si van o no a la paralización. Tungurahua confirmó ayer que no se sumará.
El dirigente de Pachakutik Virgilio Hernández afirmó que las organizaciones indígenas y el Seguro Social Campesino participarán en el paro con cierre de carreteras y marchas en todas las provincias de la Sierra.
Por su parte, las alcaldías y las prefecturas de la Costa en manos del PSC se preparan para una eventual movilización el 12 de abril. En cambio, las autoridades provinciales de Esmeraldas y Los Ríos, a cargo del MPD y del PRE, respectivamente, no están de acuerdo con la medida; las del Prian, en cambio, no han recibido disposición alguna de su líder Álvaro Noboa.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos pre primarios, primarios y secundarios de Quito, desde hoy hasta el próximo 13 de abril. El objetivo, dijo el ministro del ramo, Roberto Passailague, es precautelar la seguridad de los estudiantes, frente al estado de convulsión social del país.
"Queremos evitar que se los haga participar (a los estudiantes) en actos ajenos al sistema educativo", dijo Passailague, quien también indicó que, durante estos días, el personal directivo, administrativo y docente realizará evaluaciones, juntas de curso y reprogramación de actividades académicas.
Sin embargo, la Unión Nacional de Educadores (UNE), núcleo de Pichincha, y las escuelas y colegios municipales de la capital anunciaron que no acatarán las vacaciones forzadas. Los colegios privados decidirán individualmente si cumplen con la medida. (MA-GC-JP-PAG-GVL)
Presidente ofrece sancionar Ley Orgánica de Función Judicial
Gutiérrez inauguró ayer, en El Triunfo, el proyecto de desarrollo agrícola "Etanol-Anhidro"
El Gobierno es optimista de lograr un acuerdo con todos los sectores políticos del Gobierno para aprobar el proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial y dar paso a una nueva Corte Suprema de Justicia.
Este consenso, dijo el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, contempla el compromiso del mandatario de promulgar inmediatamente el texto. "El presidente, como colegislador, participa activamente en las negociaciones y en el acuerdo para que se cumpla con el objetivo de que no se vete la ley", anotó.
En este marco y bajo la aspiración de que las negociaciones sean exitosas, Ayerve prefiere dejar en segundo plano a la mediación, pese a que esta semana sugirió que la Iglesia interviniera. Según dice, este mecanismo se aplicará solo "si es necesario". La intención del régimen es capitalizar la solución de la crisis como un logro.
Para ello también iniciará un lobby a escala internacional. El embajador del país ante los EEUU, Mauricio Pozo, afirmó que se reunirá con los organismos multilaterales y del Gobierno de ese país para explicar la situación del país. Además, dijo que será un "soporte que ayude a mantener el programa económico gubernamental". (GC)
En la Costa, movilizaciones irán desde el 12 de abril
Organismos seccionales en manos del MPD y PRE no están de acuerdo con medida
Las alcaldías y las prefecturas de la Costa que están en manos del PSC se preparan para una eventual movilización el 12 de abril, como una medida de protesta contra el régimen. En cambio, las autoridades provinciales de Esmeraldas y Los Ríos, a cargo del MPD y del PRE, respectivamente, no están de acuerdo con la medida; las del Prian, en cambio, no han recibido disposición alguna de su líder Álvaro Noboa
Jorge Marún (PRE), prefecto de Los Ríos, indicó que lo que el pueblo fluminense quiere es trabajar y que no se prestará para lo que catalogó como una lucha de intereses de algunos políticos por ser candidatos a la Presidencia en 2006.
Por su parte, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa (MPD), aseguró que el 12 de abril habrá una reunión de alcaldes de la provincia para analizar la medida a tomar, luego de que el plazo que le dieron al Gobierno para que atienda las obras de emergencia de la provincia feneció. "Lo que estamos preparando es una gran concentración el 21 de abril, donde estarán las fuerzas vivas de la provincia, en reclamo a la desatención por parte del Gobierno", dijo. El alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, comparte la opinión de Sosa, pero él habla de una concentración para el 14 de abril. (GVL)
"En el Ecuador se violan los derechos humanos"
Larrea dijo que apreciación del organismo es equivocada y es principios doctrinarios
Representantes de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo se reunieron ayer con el subsecretario Jurídico de la Presidencia, Carlos Larrea, para conocer la versión del Gobierno sobre las denuncias presentadas por 40 personas que habrían sufrido amenazas y persecución en el país.
Según informó Fidel Narváez, delegado ante el organismo por Colombia, Larrea se comprometió a instar a las entidades oficiales (Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional), para que den cumplimiento a las medidas cautelares otorgados por la Corte Interamericana. Además, ofreció dar paso a las investigaciones.
La primera impresión de la Comisión, que emitirá un informe hoy, es que en el país "sí se están violando los derechos humanos", afirmó Narváez. Al respecto, Larrea aseguró que el Gobierno mantiene total tolerancia hacia los reclamos justos de la ciudadanía en la medida en que estos se emarquen en la Constitución
El delegado de Haití, Pierre Rey, indicó que estas acciones, aun cuando sean ejecutadas por terceros, son responsabilidad del régimen. "El Gobierno tiene que ofrecer garantías y seguridad ciudadana". (GC)
Un grupo de 16 magistrados resolvió ayer pedir al presidente de la CSJ de facto, Guillermo Castro, que convocara para el lunes, a las 08:30, a una reunión extraordinaria, en la que además se hará un análisis y se resolverá sobre el incumplimiento de los judiciales de levantar el paro, señaló el conjuez Fausto Garcés. La medida de hecho dura ya tres semanas y los jueces de facto dieron plazo hasta el jueves para terminarla.
Las explicaciones sobre la actuación de Castro en los juicios contra Bucaram, Noboa y Dahik se escucharán en la sesión del miércoles, dijo Garcés.
La semana anterior, este tema indignó a varios magistrados que hasta llegaron a desconocer y pedirle públicamente que renunciara. Sin embargo, algunos comentaron que la llegada de los tres beneficiados por los fallos de Castro consolidarían la integración de la Corte por la confrontación que iniciarían los ex mandatarios con el PSC y con la ID, para legitimar las acciones de la Corte. A todo esto se suma el respaldo que el presidente Gutiérrez ofreció en la madrugada del martes a Castro y a un grupo de jueces, que sirvió para consolidar la actual conformación del Tribunal. Aunque los ministros saben que dependen del Congreso, están más tranquilos.
Castro aseguró que dará paso a las reuniones que se le solicitan y afirmó que se ha mantenido en reuniones con los magistrados al interior del edificio de la Suprema, aunque, enseguida sostuvo que ordenó que nadie ingrese, porque tenía información de que los manifestantes tenían explosivos.
No obstante, la intensidad de las protestas disminuyeron: por una hora se produjo una quema de llantas.
Pero lo que sí subió de intensidad fueron los rumores sobre posibles providencias absolutorias en los casos "Filanbanco", "Jamriska" y "Emanuel". Garcés dijo que estos casos no pueden ser resueltos por Castro, porque están en las salas de lo Penal, instancia superior a la Presidencia de la Suprema. A ello, el titular de la Suprema agregó que se trata de rumores que quieren hacerle daño y que no está conociendo los casos porque no están en las dos salas penales. (MAR)
Oposición dividida, la mejor aliada de la Corte ilegal
La ID se comprometió a dar sus votos. El PSC busca garantías del presidente Gutiérrez
La crisis jurídica no tiene visos de solución luego de que la propuesta de consenso entre el Gobierno y la oposición no alcanzó el apoyo necesario y el bloque opositor (PSC, ID, PK) se dividió: PK se separó el miércoles y la ID estuvo a punto de salir de la negociación ayer.
Hasta la noche del miércoles, la ID se comprometió a dar sus 14 votos a la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial (utilizando el trámite de la Ley de Cooptación que está para segundo debate y que es de su autoría), pero en la sesión de ayer se hizo para atrás, aduciendo que no está de acuerdo con dar paso a la consulta popular que quiere el Ejecutivo, como paso final para este proceso.
Este pronunciamiento vino del sector más radical del partido "naranja", liderado por Carlos González. Pero finalmente prevaleció la línea conciliadora representada en el alcalde capitalino, Paco Moncayo, y el prefecto de Pichincha, Ramiro González, quienes insistieron en que se concrete el acercamiento. Esta postura fue ratificada en la tarde por el presidente de la ID, Guillermo Landázuri, quien afirmó que su bloque está dispuesto a dar paso a la consulta popular para que las reformas a la Ley Orgánica se eleven a rango constitucional.
Ante esto, los socialcristianos, Alfredo Serrano y Pascual del Cioppo, afirmaron que los votos de la oposición están firmes y ahora esperan que el proyecto sea apoyado por los diputados gobiernistas y que el presidente Gutiérrez garantice que no vetará el proyecto
Se prevé que el debate del tema se retome el próximo martes. (GFS)
Pichincha y Azuay juntan sus protestas
Gobierno suspende las clases en Quito. UNE dice que no obedecerá
Las asambleas de Quito y Pichincha resolvieron ayer paralizarse el 13 de abril, hasta que el país retorne al estado de derecho. El alcalde Paco Moncayo, frente a unas 1 000 personas que acudieron ayer a la Casa de la Cultura para iniciar la marcha por la democracia, dijo que, ante la falta de respuestas del Congreso y del Ejecutivo, que no han dado una salida a la crisis jurídica, no queda otro camino que adoptar medidas de fuerza.
El prefecto Ramiro González señaló que el paro de Pichincha será total, pues se pretende suspender los servicios de transporte, cerrar las vías de acceso, paralizar los servicios básicos y otras medidas.
El movimiento indígena también anunció que el 12 llegarán a Quito unas 10 mil personas para respaldar el paro. Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi, afirmó que Imbabura y Carchi se plegarán al paro de Pichincha con cierre de carreteras y movilizaciones.
Esta medida de hecho se unirá al paro del Azuay convocado para la misma fecha. Cotopaxi y Chimborazo confirmarán en las próximas horas si van o no a la paralización. Tungurahua confirmó ayer que no se sumará.
El dirigente de Pachakutik Virgilio Hernández afirmó que las organizaciones indígenas y el Seguro Social Campesino participarán en el paro con cierre de carreteras y marchas en todas las provincias de la Sierra.
Por su parte, las alcaldías y las prefecturas de la Costa en manos del PSC se preparan para una eventual movilización el 12 de abril. En cambio, las autoridades provinciales de Esmeraldas y Los Ríos, a cargo del MPD y del PRE, respectivamente, no están de acuerdo con la medida; las del Prian, en cambio, no han recibido disposición alguna de su líder Álvaro Noboa.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos pre primarios, primarios y secundarios de Quito, desde hoy hasta el próximo 13 de abril. El objetivo, dijo el ministro del ramo, Roberto Passailague, es precautelar la seguridad de los estudiantes, frente al estado de convulsión social del país.
"Queremos evitar que se los haga participar (a los estudiantes) en actos ajenos al sistema educativo", dijo Passailague, quien también indicó que, durante estos días, el personal directivo, administrativo y docente realizará evaluaciones, juntas de curso y reprogramación de actividades académicas.
Sin embargo, la Unión Nacional de Educadores (UNE), núcleo de Pichincha, y las escuelas y colegios municipales de la capital anunciaron que no acatarán las vacaciones forzadas. Los colegios privados decidirán individualmente si cumplen con la medida. (MA-GC-JP-PAG-GVL)
Presidente ofrece sancionar Ley Orgánica de Función Judicial
Gutiérrez inauguró ayer, en El Triunfo, el proyecto de desarrollo agrícola "Etanol-Anhidro"
El Gobierno es optimista de lograr un acuerdo con todos los sectores políticos del Gobierno para aprobar el proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial y dar paso a una nueva Corte Suprema de Justicia.
Este consenso, dijo el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, contempla el compromiso del mandatario de promulgar inmediatamente el texto. "El presidente, como colegislador, participa activamente en las negociaciones y en el acuerdo para que se cumpla con el objetivo de que no se vete la ley", anotó.
En este marco y bajo la aspiración de que las negociaciones sean exitosas, Ayerve prefiere dejar en segundo plano a la mediación, pese a que esta semana sugirió que la Iglesia interviniera. Según dice, este mecanismo se aplicará solo "si es necesario". La intención del régimen es capitalizar la solución de la crisis como un logro.
Para ello también iniciará un lobby a escala internacional. El embajador del país ante los EEUU, Mauricio Pozo, afirmó que se reunirá con los organismos multilaterales y del Gobierno de ese país para explicar la situación del país. Además, dijo que será un "soporte que ayude a mantener el programa económico gubernamental". (GC)
En la Costa, movilizaciones irán desde el 12 de abril
Organismos seccionales en manos del MPD y PRE no están de acuerdo con medida
Las alcaldías y las prefecturas de la Costa que están en manos del PSC se preparan para una eventual movilización el 12 de abril, como una medida de protesta contra el régimen. En cambio, las autoridades provinciales de Esmeraldas y Los Ríos, a cargo del MPD y del PRE, respectivamente, no están de acuerdo con la medida; las del Prian, en cambio, no han recibido disposición alguna de su líder Álvaro Noboa
Jorge Marún (PRE), prefecto de Los Ríos, indicó que lo que el pueblo fluminense quiere es trabajar y que no se prestará para lo que catalogó como una lucha de intereses de algunos políticos por ser candidatos a la Presidencia en 2006.
Por su parte, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa (MPD), aseguró que el 12 de abril habrá una reunión de alcaldes de la provincia para analizar la medida a tomar, luego de que el plazo que le dieron al Gobierno para que atienda las obras de emergencia de la provincia feneció. "Lo que estamos preparando es una gran concentración el 21 de abril, donde estarán las fuerzas vivas de la provincia, en reclamo a la desatención por parte del Gobierno", dijo. El alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, comparte la opinión de Sosa, pero él habla de una concentración para el 14 de abril. (GVL)
"En el Ecuador se violan los derechos humanos"
Larrea dijo que apreciación del organismo es equivocada y es principios doctrinarios
Representantes de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo se reunieron ayer con el subsecretario Jurídico de la Presidencia, Carlos Larrea, para conocer la versión del Gobierno sobre las denuncias presentadas por 40 personas que habrían sufrido amenazas y persecución en el país.
Según informó Fidel Narváez, delegado ante el organismo por Colombia, Larrea se comprometió a instar a las entidades oficiales (Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional), para que den cumplimiento a las medidas cautelares otorgados por la Corte Interamericana. Además, ofreció dar paso a las investigaciones.
La primera impresión de la Comisión, que emitirá un informe hoy, es que en el país "sí se están violando los derechos humanos", afirmó Narváez. Al respecto, Larrea aseguró que el Gobierno mantiene total tolerancia hacia los reclamos justos de la ciudadanía en la medida en que estos se emarquen en la Constitución
El delegado de Haití, Pierre Rey, indicó que estas acciones, aun cuando sean ejecutadas por terceros, son responsabilidad del régimen. "El Gobierno tiene que ofrecer garantías y seguridad ciudadana". (GC)
Hora GMT: 08/Abril/2005 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO
