Hay mucho de lugar común y de ignorancia sobre la guerra que vive actualmente Colombia. El rechazo a los métodos de las FARC y de las Autodefensas se ha convertido en una apelación permanente al deber ser y a los ideales de principio sin poner de por medio la complejidad de las fuerzas sociales en acción, las herencias no liquidadas del pasado e incluso el análisis objetivo de las propias debilidades. Parte la demagogia, parte la información no digerida de lo que acontece, parte la indignación y el rechazo a las barbaridades cometidas, parte, en fin, a ese olvido ostentoso del pasado de que hace gala la ideología de los yuppies triunfantes que creen haber descubierto ahora lo que fue encuentro y alternativa de décadas o de siglos atrás. Por ejemplo, que la solución colombiana solo tendría lugar después de una victoria devastadora, una especie de solución final lograda gracias a la aplicación de la mano dura y a la entrega incondicional a EEUU sin tomar en cuenta las implicaciones del asunto, entre otras que se trata de una guerra que en su fase actual tiene por lo menos cuatro décadas por no hablar del siglo XIX y que los que la libran son campesinos, tanto los soldados del Gobierno como los miembros de las FARC y de las Autodefensas. Alfredo Rangel Suárez, uno de los más lúcidos analistas y conocedores del proceso de la guerra y la paz en Colombia, escribía el viernes pasado en su columna de diario El Tiempo de Bogotá sobre las implicaciones de los discursos maximalistas puros en un proceso tan complejo como el que vive el país. Lo que se vive ahora en Colombia, escribía, es una tensa situación entre las expectativas de paz o las de justicia. El costo de la paz, de acuerdo a experiencias cercanas latinoamericanas y mundiales, termina en la impunidad... Y algo más importante. El logro pleno de la una excluye el logro pleno de la otra. Añadiría algo más: que la búsqueda de uno de estos extremos convierte en círculo vicioso la solución al problema. El imperio de la justicia en Colombia implica que el estado sea capaz de derrotar absolutamente a los guerrilleros y a los paramilitares para que no tengan otra alternativa que la negociación incondicional. El problema es que nadie del sector que proclama la justicia absoluta quiere asumir el costo. No es nuevo. Antonio Caballero lo ha dicho múltiples veces en Semana igual que expertos como Bruce Bagley, Salomón Cuesta en FLACSO y la UCSG. Las razones son concretas: alto número de vidas humanas, multiplicación de al menos el 5% del presupuesto militar y de los militares y policías, desplazamiento forzado de más ciudadanos y apoyo económico. Curiosa coincidencia: la oficina del Congreso de los EEUU acaba de informar que Colombia no se podrá hacer cargo de sus obligaciones en la guerra antinarcóticos en el 2006 por los costos del conflicto interno y las condiciones económicas. Por ello, concluía, la alternativa realista propuesta por nada menos que Samuel Huntington es la más viable: no enjuiciar, no castigar, no perdonar y por encima de todo no olvidar.
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