Frontera norte: Los enemigos visibles y ocultos

Publicado el 23/Marzo/2009 | 00:12

La fuerza pública muestra una operatividad mayor en los controles. Los objetivos, sin embargo, son escurridizos y apelan a tácticas de ocultamiento y del miedo para moverse en el terreno

El miedo es la estrategia que aplican las bandas criminales


FFAA redoblan controles ante nuevos fenómenos

La conflictividad social en la frontera norte tiende a complicarse. Esto, por la incidencia de los grupos subversivos de Colombia y de las bandas criminales que pujan por controlar "el terreno"

Los efectos colaterales de la violencia que vive Colombia desde hace varias décadas obligaron a las Fuerzas Armadas ecuatorianas a reprogramar sus estrategias de seguridad y de controles en la frontera norte.

Pero las acciones no solo tienden a contrarrestar la serie de problemas que se han presentado en los últimos años en la franja fronteriza de 720 kilómetros: éxodo de colombianos al Ecuador y tráfico de drogas, armas y combustibles. Las tareas también se enfocan en aplacar otros fenómenos que hasta ahora no eran tan frecuentes. Ese sería el caso de la incidencia de bandas delictivas organizadas y orientadas a los cultivos ilícitos, al procesamiento de droga, al secuestro o al sicariato. Grupos que, al parecer, están usando el terror como estrategia de control de su campo de acción.

El surgimiento de supuestos grupos disidentes de la subversión o el paramilitarismo colombiano de los que hablan los pobladores confirmaría eso. Los aparatos de seguridad han señalado dos: Aguilas Negras y Los Rastrojo.

El centro más sensible de estas actividades de "ablandamiento" es el norte de Esmeraldas, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.

Así, en Borbón (Eloy Alfaro) se desató en noviembre pasado el pánico cuando mataron al dueño de una discoteca y se atribuyó su muerte a uno de los grupos que estaría operando en la zona.

No obstante, hasta ahora, no hay evidencias mayores sobre las estructuras de esos grupos. Fuentes militares señalaron que los cuatro detenidos el mes pasado en Garrapatero estarían vinculados con las actividades de esas bandas, aunque no han dado mayores detalles.

Hasta ahora, solo hay la certeza de la actividad de bandas criminales por los cultivos y centros de procesado descubiertos. El hallazgo más importante se encontró a mediados de 2008: un laboratorio de procesamiento de cocaína, en el sector de Campanita, en la confluencia de los ríos San Lorenzo y Mataje. La Policía cree haber descubierto el complejo de refinación más grande de Sudamérica, en una zona agreste y boscosa.

Y es por las características de su terreno que a Esmeraldas y a Sucumbíos se las ve más vulnerables. Los esteros y la costa marítima en el primero caso y el extenso recorrido del río San Miguel en el segundo facilitarían los movimientos a esas bandas.

José Miño, jefe del Comando Naval de Operaciones Norte (Coopno), destaca esa situación y, por ello, justifica las tareas desplegadas en las últimas semanas.

De hecho, estas se han multiplicado, pues la incidencia de grupos armados va paralela, sino junta, al de los grupos netamente delictivos.

Manuel Aldana, Sucre y Frente 48 son las columnas móviles de irregulares que están activas y tendrían unos 500 efectivos en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, según datos de las FFAA.

El Ejército destruyó en 2008 bases clandestinas de descanso en Esmeraldas y Sucumbíos. "La modalidad es comprar casas abandonadas y construir subterráneos para escondite de guerrilleros o procesadores de coca, quienes permanecen unas 48 horas y regresan a Colombia", dijo una fuente del Ejército.

El año pasado, hasta los primeros días de 2009, los militares ecuatorianos tuvieron unos 13 encuentros con miembros de las FARC que evaden los enfrentamientos. Aún así, se registraron cuatro soldados fallecidos y 11 heridos en patrullajes, mientras que se detuvo a 26 personas en actividades ilícitas. El viernes 13, en Sucumbíos, una guerrillera resultó muerta y uno de sus compañeros quedó herido, pero huyó.

El objetivo central de las FFAA es reforzar las operaciones con unidades terrestre, naval y aérea, principalmente en las áreas selváticas y ribereñas. La presencia de tanquetas al norte de Esmeraldas ha tenido también un efecto psicológico, pues la gente muestra asombro y dice sentirse más segura. (LFA-LB)

Esmeraldas: la consigna es "limpiar" el terreno


Militares y Policías se apoyan

El Grupo de Tarea 1 tiene como objetivo erradicar a los grupos ilegales de la frontera

Desde el 20 de febrero hasta el 7 de marzo, se aplicó la primera fase de seguridad en Esmeraldas, con el despliegue de efectivos de los batallones Bimslor 11, Bimot 13 y Grupo Mecanizado 32. Eso confirmó José Miño, jefe del Comando Naval de Operaciones Norte (Coopno).

La segunda fase, en cambio, es con grupos de élites, como BOES, Fuerzas Especiales 25 y 27 e Iwías (Diablos de la Selva), destinados a los puntos considerados "calientes": La Tola, Borbón, La Tolita y El Cuerval, en los que el mes pasado se capturó a cuatro presuntos miembros de los Águilas Negras, que tenían en su poder carabinas, pistolas, repetidoras, chalecos antibalas y uniformes militares y policiales.

"Durante todo el año, vamos a saturar el teatro de operaciones hasta erradicar a estos grupos ilegales. También está previsto el arribo de aviones Tucano y helicópteros, con refuerzo de la Infantería Área de la FAE para vigilancia desde Mataje hasta Tobar Donoso (Carchi)", precisó el alto oficial.

Esta tarea se enmarca en el Plan Patria implementado por el Comando Conjunto, el que unifica al comando. Hasta la semana pasada, el jefe del Coopco no tenía información alguna por parte de Colombia del anunciado Comando Unificado Sur, con 27 mil uniformados.

Esta unidad sería parte de la Brigada 23.° del Ejército con sede en Pasto, que dejará de depender de Cali o Popayán, según la propuesta del presidente Álvaro Uribe.

El Comando de Policía Esmeraldas CP-14 tiene también su propio teatro de operaciones en la frontera norte de la provincia "Verde". Es así que, desde el año pasado, actuaron con el grupo GEMA o Impacto, lo que permitió reducir los índices delictivos y muertes en San Lorenzo, Eloy Alfaro y Esmeraldas.

Además, se anunció el arribo de efectivos del GOE y personal de los comandos 12 y 21 para preparación técnica, teórica y práctica. Esos efectivos serán distribuidos a puntos de "georeferencia del delito", manifestó el comandante Gonzalo Suasnavas.

También la Policía seguirá apoyando en el control de armas, aunque en los operativos de enero y febrero se incautaron 64 armas de fuego y 181 municiones.

"El trabajo coordinado con FFAA es para bajar la sensación de inseguridad en la población y estamos pendientes de que el Ministerio Público y los jueces no dejen en libertad a personas (encontradas) en delitos flagrantes", agregó el oficial.

Se mostró satisfecho porque no prosperó el hábeas corpus solicitado por la defensa de los ocho detenidos la semana anterior, por la Armada con 3,5 toneladas de droga a bordo del barco pesquero María Eugenia, operativo de los más importantes de los últimos meses. (LFA)

Tumaco también restringe las armas

El Batallón Fluvial de Infantería de Marina (Baflim) 70, de Tumaco (Colombia), restringió entre enero y febrero pasados los permisos para el uso de todo tipo de armas debido a los índices de violencia y crímenes en este puerto costero del departamento de Nariño.

Para los representantes del Comité Cívico, esta medida fue insuficiente, porque los problemas sociales, como la pobreza, la decreciente economía y los cultivos ilícitos de coca, incrementan la violencia y el tráfico de armas.

Víctor Jaramillo Casierra, presidente del comité, sostiene también que la erradicación de los cultivos de coca con fumigaciones aéreas o incentivos a los agricultores tampoco dio resultados. "El dinero que se invierte en el famoso Plan Colombia no llega a los sectores más afectados por la guerrilla y el narcotráfico", puntualizó.

Otra de las preocupaciones en Nariño fue la muerte de 17 indígenas Awá por parte de las FARC. En una acción atribuida a la guerrilla, en febrero pasado, también resultaron heridos Arturo Quenorán Chapapuez, Alfredo Álvarez Portilla, Fabián Álvarez Portilla, Oliver Patiño Muñoz, José Morán Bastidas y Luz Noa Proaño. (LFA)

Carchi: los ajusticiamientos en Tallambí ponen en alerta a población ecuatoriana

En la vereda de Tallambí, en Colombia, frente a la parroquia de Chical (Carchi), aún se mantiene el predominio de las FARC, y sus efectos se sienten del lado ecuatoriano.

Solo un puente peatonal colgante sobre el río San Juan separa a ambos poblados. El acceso a Tallambí es posible por vías ecuatorianas, pero hay restricciones impuestas por los rebeldes.

Este poblado está en un tramo de la frontera sin presencia militar ni policial colombiana. Los ajusticiamientos de la guerrilla evidencian la tensión que hay entre quienes lo circundan. Uno ocurrió hace dos años, cuando se asesino a un maestro, lo que provocó el éxodo de 650 labriegos colombianos a Chical y Maldonado (Ecuador).

Pero esas acciones no han parado. La última muerte selectiva se llevó a cabo en plena plaza pública de la vereda, cuando guerrilleros del frente 29 de las FARC ataron a un hombre a un árbol y lo acusaban de ser informante del Ejército. Tras hacerle un juicio público, lo asesinaron frente a la comunidad. Días antes, otro campesino fue asesinado por lo mismo...

Fuentes del Cabildo de Cumbal expresaron que la comunidad de Tallambí siempre ha sido blanco de la guerrilla que tiene el control de la zona, en la que existe tráfico de armas, explosivos y municiones y se controla el comercio ilícito de droga e insumos.

Pobladores han denunciado la existencia de campos minados que ya habrían causado algunas muertes. Según sus habitantes, persiste el temor por la aparición reciente de una "lista negra" de supuestos colaboracionistas del Ejército colombiano.

El miedo ha cruzado la frontera, pues en Chical se menciona la presencia de volantes de las FARC sobre el asesinato de 17 indígenas awá.

El presidente de la Junta Parroquial, Emilio Orbe, expresó su preocupación porque las amenazas de las FARC podrían trasladarse al Ecuador. Por eso, requieren mayor control policial y militar. (RC)

Mínimo control en el otro lado

Según un oficial del Ejército ecuatoriano, el único batallón colombiano en la zona de frontera es el Grupo Mecanizado Cabal de Ipiales, que controla parte de los 120 kilómetros del límite entre Nariño y Carchi.

Ningún otro contingente ejerce presencia permanente en los restantes 600 kilómetros de frontera común, especialmente en la línea que une a Putumayo con Sucumbíos. Ocasionalmente, hay patrullajes móviles, pero no puestos fijos.

Las FFAA ecuatorianas mantienen 17 destacamentos fijos y unos 7 000 efectivos. (RC)

Rastreo, por todo Sucumbíos


FFAA, Policía y CAE coordinan los controles

El montaje de puestos móviles se ajusta a las necesidades y a la movilidad de los irregulares

El montaje de retenes móviles en guardarrayas y carreteras de acceso a las líneas de frontera en Sucumbíos es parte de las estrategias de control que efectúan militares de la IV División y del Fuerte Militar 19 Napo destacado en la frontera norte.

En la vía Lago Agrio-Gral. Farfán (La Punta), también funciona el 9.º Distrito Amazónico Aduanero, en el que se instaló una base para controlar uso de armas, transporte de combustible, madera y productos de exportación y se verifica el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros del país, tareas de control que tienen apoyo del Ejército.

Darío Rosero, funcionario del distrito, indicó que hay la disposición de realizar ese tipo de control y destacó que la presencia de los militares reforzó esas tareas.

En este sector, gente de Colombi llega a abastecerse de víveres, principalmente los sábados y domingos. Se le permite cruzar el equivalente a una canasta básica de $218, valor que pocos cubren, pues son campesinos pobres.

La población de frontera ve con agrado esos controles y espera que sean permanentes. Una fuente operativa militar señaló que ello es parte de un trabajo coordinado y minucioso entre la Policía, las FFAA y la CAE, debido a los altos riesgos de la zona.

Fabián Narváez, comandante de la IV División Amazonas, aseguró que, pese a la dificultad climática y lo agreste de la selva, personal de combate patrulla permanentemente la zona, y está preparado técnica, psicológica y militarmente para repeler toda incursión de fuerzas extrañas a nuestro territorio.

Esa preparación observa el cambio táctico de las FARC para readecuar su guerra de guerrillas. (EROI)

En Orellana, se procura mantener la calma

La fiscalía y la Policía Judicial (PJ) de Orellana han recibido en las últimas semanas denuncias y llamados de auxilio por hechos violentos. Pero las autoridades prefieren mantener en reserva las estadísticas de esos hechos para no alarmar a la ciudadanía. Patricio Gutiérrez, jefe de la Policía Judicial, informa cada semana a los medios sobre el número de detenidos y los casos.

Con cierta frecuencia, realiza llamados a la comunidad civil para estar organizados contra el hampa y para que denuncie los hechos delictivos que conozcan, ya sea en la PJ o de manera reservada por vía telefónica.

Aunque las autoridades sostienen que la violencia se encuentra controlada, moradores de los barrios periféricos de Orellana se quejan de falta de patrullaje.

Personal de la IV División trabaja en controles fijos y móviles en los límites provinciales y en las vías que conectan a Sucumbíos y Orellana. Los controles son periódicos en la vía Tarapoa- la Y, vía Lago Agrio-Coca y el sector del proyecto Shushufindi. Esas áreas son filtros importantes para el control del tráfico ilícito. (EROI)

Imbabura es el primer filtro para el control

Fernando Miño, jefe de la Policía Judicial de Imbabura, dijo que la disposición para el control de armas que rige desde hace dos semanas en cinco provincias fronterizas, incluida Imbabura, "es positivo, ya que muchas veces la delincuencia utiliza a esta provincia como paso para llegar a la frontera norte".

Enfatizó que, sin embargo, los niveles de delincuencia, tráfico de armas y otros actos delictivos en Imbabura son muy bajos en relación a otras provincias fronterizas. Aún así, aseguró que los controles son frecuentes y destacó el decomiso de 1 500 municiones hace tres semanas.

El registro de delitos señala al robo en el primer lugar de incidencia. No obstante, este y el homicidio se mantienen en niveles del año anterior.

Según los estudios y encuestas realizados por Pablo Estévez, de la Corporación Imbabura Segura, el índice de inseguridad de la provincia en 2008 se situó en el 42%, cinco puntos menos que en el año 2007.

"La razón de la disminución es la implementación de los sistemas comunitarios de seguridad en los barrios más grandes de la ciudad", concluyó. (CAT)

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