Entró a la AGD con un "hueco" de cientos de millones. La fusión con la Previsora fue un gran fiasco. El Estado no ha podido reprivatizarlo
Todos los poderes al servicio de Filanbanco
El 1.° de diciembre de 1998 se creó la AGD y al otro día se convirtió en el único accionista
De izquierda a derecha: William Isaías, ex vicepresidente de Filanbanco, cuya extradición ha sido solicitada a los EEUU; Estéfano Isaías Dassum fue uno de los directores principales del banco; no tiene orden de prisión; Roberto Isaías Dassum, ex presidente del banco; tiene orden de prisión y pedido de extradición
La transitoria n.° 42 de la Constitución aprobada en julio de 1998 faculta al Banco Central a entregar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, para enfrentar crisis financieras por el plazo de dos años, a partir de su vigencia.
La Carta Magna empezó a regir el 10 de agosto de 1998, el mismo día de la posesión del ex presidente Jamil Mahuad, quien militaba en la Democracia Popular (DP), hoy Unión Demócrata Cristiana (UDC).
El 14 de septiembre de ese año, el Banco Central del Ecuador (BCE) entregó el primer desembolso de un total de 2 722 000 millones de sucres, equivalentes a $429,58 millones (cotización promedio de la época), que fueron otorgados a Filanbanco hasta el 2 de diciembre de 1998.
El 1.° de diciembre de ese año, el Congreso dominado por la DP y el Partido Social Cristiano (PSC) crearon la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), mediante la Ley de Reordenamiento Económico en el Área Tributario Financiera.
Un día después, la Junta Bancaria (JB) resolvió someter al Filanbanco a un programa de reestructuración, que contempló la amortización de sus cuentas patrimoniales y la AGD se convirtió en el único accionista del banco.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) recogió un estudio de la calificadora de riesgo Europes International Rating Agency IBCA, la cual disminuyó la calificación al banco, de C/D a D, fundamentada en los estados financieros que demostraban una pérdida importante de depósitos, falta de liquidez y deficiencia patrimonial.
La misma calificadora indicó que los índices de desempeño de Filanbanco desmejoraron aceleradamente en 1997, en consideración de la baja calidad de sus activos.
En el auto de llamamiento a juicio plenario del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, se menciona que hubo un manejo irregular y fraudulento, pues el dinero de las captaciones de ahorro de los depositantes se invirtió en créditos para las empresas de los accionistas de Filanbanco.
Según la CCCC, para obtener los créditos del BCE, Filanbanco hizo aparecer como que pasaba por un período de falta de liquidez, cuando en realidad se trataba de un problema de solvencia. (AA/VG)
"Dimos nuestros bienes para cubrir pérdidas"
El vocero de los ex administradores, Estéfano Isaías, aseguró que se entregaron los bienes personales de la familia: "obras de arte, tierras valiosas y otras tantas cosas más" para poder cubrir cualquier pérdida. Dijo que se trata del único caso en el cual los accionistas han entregado bienes particulares por encima del capital.
Señaló que a los 90 días de la entrega del banco al Estado (diciembre de 1998) debió hacerse una auditoría para detectar las posibles pérdidas, pero esta nunca se hizo, pues el informe de procedimientos acordados, de la Deloitte & Touche, fue realizado en 2001; por eso la familia no lo acepta. (VG)
Las deudas vinculadas: $71 millones
Los ex propietarios reestructuraron $22,8 millones de esos créditos al 0% de interés
La administración de los ex propietarios concedió $71,3 millones en créditos a sí mismos, según documentos de la Superintendencia de Bancos, mencionados en un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC).
De acuerdo a esos documentos, un total de $22,8 millones que formaban parte de esos créditos fue reestructurada al 0% de interés, entre enero y noviembre de 1998.
Asimismo, del examen de los índices de la estructura y calidad de activos se apreciaba que el problema se agudizó a partir de junio 1998, cuando el índice de cartera vencida a cartera total subió como consecuencia de un crecimiento mayor de la cartera vencida con respecto a la cartera total.
En febrero de este año, la Junta Bancaria (JB) aprobó un informe de la auditora Deloitte & Touche que estableció las pérdidas al 2 de diciembre de 1998, en $661,5 millones. La familia Isaías lo rechazó y señaló que, para esa fecha, las pérdidas eran de $10 millones. (AA/VG)
Correa: "La incautación debió haberse ordenado hace una década"
Un ex gerente era pariente del ex líder del PSC, otro fue diputado de ese partido...
El martes pasado, el actual gerente de la AGD, Carlos Bravo, intervino 195 empresas del Grupo Isaías, para cubrir el bache de Filanbanco ($661,5 millones) establecido por la Junta Bancaria en este año.
El presidente Rafael Correa dijo que esa decisión debió haber sido tomada hace 10 años; la AGD tuvo el mismo número de gerentes durante ese período. Bravo es el undécimo.
El primero fue James McPherson Febres-Cordero, pariente de León Febres-Cordero (ex líder del PSC). El quinto, Patricio Dávila, fue diputado de ese partido tras su paso por la gerencia.
El 4 de julio pasado, la Asamblea Constituyente otorgó amnistías a los ex gerentes Luis Villacís, Carlos Arboleda y Wilma Salgado; meses atrás fue beneficiada Alejandra Cantos.
Villacís tuvo líos por la fusión Filanbanco-La Previsora; Arboleda, por el pago a un bufete de abogados para defenderse en el caso Aspiazu; Salgado, por supuesto exceso en pago de honorarios al abogado de coactivas; Cantos, por el caso Banco de Préstamos. (SR)
Con la administración estatal, la institución va de mal en peor y se cierran las operaciones
En septiembre de 2001, clientes de Filanbanco realizaron una marcha que culminó en la Superintendencia de Bancos, donde demandaron la devolución de sus recursos; actualmente, 60 mil ex clientes de la entidad aún no cobran su dinero
Según la fiscalía, las pérdidas superaron los $900 millones; solo por la fusión con La Previsora la pérdida fue de más de $205 millones
La AGD se mantuvo como único accionista de Filanbanco hasta mayo de 2001, cuando entregó las acciones en dación al entonces Ministerio de Finanzas.
Una vez que los accionistas privados lo entregaran a la AGD, el banco fue capitalizado en $140 millones. Para ello la Agencia entregó al Banco Central bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas.
Una instrucción fiscal señala que entre diciembre de 1998 y marzo de 1999 se registraron gastos y pérdidas por $142,4 millones. Hubo transacciones de mesa con bonos por el 60% y 80% del valor nominal, deficiente gestión en la recuperación de la cartera de crédito, improductividad de las daciones en pago...
El gerente fue Daniel Cañizares, quien una época presidió Filanbanco cuando pertenecía al Grupo Isaías.
En la administración de Marco Soto (marzo-abril de 1999) se registraron gastos y pérdidas por $97 399, atribuidas a valores mobiliarios y servicios de auditoría externa.
Entre abril y diciembre de 1999 ejerció la gerencia Gonzalo Hidalgo. Los gastos y pérdidas en ese período fueron de $549,1 millones. Solo la fusión (por absorción) de Filanbanco con La Previsora habrían causado pérdidas por $205,519 millones.
A esa cifra se añade la liquidación de los créditos que mantenía La Previsora con Filanbanco, lo que produjo una pérdida por $151 millones.
Asimismo, una cuenta por cobrar a Filanbanco International Bank ocasionó una pérdida de $45 millones, y las cuentas de activo migradas de La Previsora sin documentos de respaldo habrían provocado pérdidas por $15 261 566.
Otros cientos de millones se perdieron por la sobrevaloración de cartera de La Previsora, deficiente recuperación de cartera, improductividad de las daciones en pago...
El 17 de julio de 2001, el ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, dijo que el banco entraba en proceso de regularización y se cerraba por tres días; hasta hoy no se lo reabre. (AA/VG)
Todo era autorizado por la Junta Bancaria
En la venta de bienes a la Conferencia Episcopal se registró una pérdida por $4,4 millones. Asimismo, los préstamos subordinados otorgados a los bancos del Pacífico, Previsora, Popular y Cofiec originaron pérdidas por $36 258 344.
La absorción de La Previsora y las otras resoluciones fueron autorizadas por la AGD, la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos. (VG/AA)
El banco se convierte en un "basurero" de papeles
Hubo deficiencias en la gestión de recuperación de la cartera de crédito, bienes improductivos, pérdidas...
Entre diciembre de 1998 y 2001, la compra de Certificados de Depósito Reprogramados (CDR) hasta por el 100% de su valor nominal disminuyó la liquidez del banco y la solvencia de su patrimonio, debido a las provisiones del 30% resueltas por la Junta Bancaria (JB). Las pérdidas, por $143 388 439, se asumieron por la venta de papeles que tenían un castigo en el mercado de hasta el 50% de su valor nominal.
A esto se suma otra pérdida por $7,7 millones por el canje de CDR vencidos por Certificados de Pasivos Garantizados (CPG).
Una instrucción de la fiscal Gladys Murillo, señala que en la administración de Antonio Bejarano los gastos y pérdidas fueron de $53 663 131, originadas por una deficiente gestión de recuperación de la cartera de crédito, improductividad de bienes recibidos en dación de pago, sentencias judiciales, gastos de publicidad, entre otros.
Sobre la gestión de Miguel Crespo, la instrucción señala que hubo gastos y pérdidas por $101 573 337.
A partir de julio de 2001, el banco cerró las operaciones y entró en proceso de liquidación.
Desde entonces hasta 2006, entre los principales hallazgos se cuentan pérdidas por bonos y CPG, pérdidas por los casos Banco de los Andes y Filanbanco Trust, cartera provisionada en exceso, liquidaciones a ex empleados de La Previsora, venta de tarjetas de crédito (Visa y American Express) a los Bancos Pichincha y Guayaquil, pérdidas por venta de bienes, ventas de bonos, honorarios de abogados, otros gastos de la fusión, venta de Filanseguros, entre otros, que totalizan $287 029 223 millones. (AA/VG)
Recuperación de cartera: pérdidas de $472 millones
A julio de 2007, Filanbanco en Liquidación tenía pendientes 1 318 juicios coactivos, según instrucción
Un pago de Filanbanco al Banco de los Andes también es contabilizado entre las pérdidas.
El pago, por $32 millones, se hizo en junio de 2005, cuando era liquidador temporal de Filanbanco Xavier Izurieta, por unas demandas planteadas varios años atrás por el Banco de los Andes, por $155 millones.
Para el 25 de julio de 2007, las pérdidas por la deficiente gestión en la recuperación de la cartera de crédito eran del orden de $472 680 620.
La cartera ha tenido un continuo deterioro, situación que a nuestro criterio evidencia una deficiente administración del crédito agravada por una inadecuada gestión en los trámites de recuperación en las áreas legales, así como de las empresas tercerizadas Gómez Giraldo y Thesis Antares, señala la instrucción fiscal de octubre del año anterior.
Estas empresas fueron contratadas por Filanbanco en liquidación para la recuperación de la cartera. Según los documentos a los que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, los contratos con estas firmas fueron por $3,5 millones para Gómez Giraldo y de $4,3 con Thesis Antares.
A julio de 2007, Filanbanco tenía pendientes 1 318 juicios coactivos. (VG/AA)
Corte de Guayaquil anula todas las "culpas"
La indagación previa pasó a la fase de instrucción fiscal por presunto peculado
La tercera sala de la Corte Superior de Guayaquil (foto) anuló los pedidos de prisión solicitados por el juez n.° 15
El 10 de octubre de 2007, la agente fiscal del Guayas, Gladys Murillo, emitió una instrucción fiscal, luego de realizar una investigación general de la situación de los bienes y activos que conforman el patrimonio de Filanbanco.
En la indagación fiscal se incorporó información de otras indagaciones previas y las pericias contables elaboradas por peritos designados por el Ministerio Público, relacionadas con la reversión de las cuentas ganadas, integridad de estados financieros, intereses ganados reversados, eliminación de saldos del activo y las versiones rendidas por la auditora general de Filanbanco S.A. en Liquidación, Claire Espinel y de la penúltima liquidadora, Graciela Arteaga. La actual liquidadora es Soraya Bajaña.
El caso, por presunto peculado, fue elevado a la categoría de instrucción fiscal y se solicitó la prisión preventiva de 12 personas, entre ex gerentes de Filanbanco cuando pasó a manos de la AGD y posteriormente al Ministerio de Finanzas, ex liquidadores temporales y ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
A mediados de octubre del año anterior, el juez 15.º de lo Penal del Guayas, Oswaldo Sierra, ordenó la prisión preventiva de siete imputados.
Luego de eso, la defensa de los imputados invocó que gozaban de fuero de Corte Superior y el caso subió a la tercera sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. En esa sala se anuló todo lo actuado hasta entonces.
En la actualidad, el juicio se halla en manos del ministro fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo. (VG/MPH)
Falconi dice que el "hueco" es de $2 668,5 millones
Ex superintendente de Bancos suma las entregas del Banco Central, el "vuelto", los créditos vinculados...
El ingenio azucarero La Troncal es uno de los 195 bienes de los ex directivos de Filanbanco incautados por la AGD el martes de la semana pasada
El ex superintendente de Bancos, Juan Falconi Puig, sostiene que el hueco de Filanbanco es de $2 668,5 millones.
Asegura que las entregas del Banco Central a Filanbanco en poder de la AGD, empezaron el 3 de diciembre de 1998, con $140 millones; el 28 de diciembre de ese año, otros $400 millones. El 2 de febrero de 1999 hubo dos entregas: por $100 millones y por $176 millones; y, en mayo de 2001, otros $300 millones. Todo esto suma $1 116 millones.
Falconi añade otros $1 552,5 millones por las pérdidas a diciembre de 1998 ($661,5 millones del informe de Deloitte & Touche), una cuenta RIC que se manejaba en el exterior, el denominado vuelto, créditos vinculados y los préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central entre septiembre y diciembre de 1998. (VG/AA)
PUNTO DE VISTA
Isaías, un embrollo que lleva una década
El caso del cierre y posterior liquidación (aún no concluida) de Filanbanco se constituye quizás en el más emblemático y doloroso de cuantos tienen que ver con la crisis del sistema financiero del país sucedida a fines de la década de 1990.
Resulta doloroso por cuanto existen todavía aproximadamente 60 mil perjudicados a quienes no se les ha devuelto sus haberes. Además de que en la lista de ex clientes de la entidad hay personas para quienes, debido a su edad o enfermedades, el lento proceso de devolución de sus depósitos resultó tardío.
Y emblemático, en el sentido más negativo que se le puede dar al término, por la serie de implicaciones que ha tenido.
En primer término está el hecho de que hasta la fecha no exista una determinación real del perjuicio ocasionado a los depositantes y al Estado y por el que se acusa a los ex accionistas de la institución bancaria. Se barajan cifras que van desde los $600 millones hasta más de $2000 millones (ver nota adjunta). La Junta Bancaria determinó en febrero pasado que el ""hueco"" patrimonial era de $660 millones y sobre esa base se produjo la incautación de 195 empresas del Grupo el martes anterior.
Adicionalmente, está el hecho de que ni los gerentes encargados por el Estado para manejar el banco ni quienes fueron designados posteriormente para realizar su liquidación hayan podido llevar a buen término los procesos encargados. En cada ocasión los análisis posteriores han mostrado ineficacia y la existencia de pérdidas de diversa magnitud, como detalla el presente BLANCO Y NEGRO.
Además, el caso se ha convertido en el ejemplo más claro de lo que puede significar la manipulación de los tan maleables resortes legales del país. En una década, ninguna acción fiscal o judicial ha producido resultados, los cuales el país continúa esperando. (LAG)
Todos los poderes al servicio de Filanbanco
El 1.° de diciembre de 1998 se creó la AGD y al otro día se convirtió en el único accionista
De izquierda a derecha: William Isaías, ex vicepresidente de Filanbanco, cuya extradición ha sido solicitada a los EEUU; Estéfano Isaías Dassum fue uno de los directores principales del banco; no tiene orden de prisión; Roberto Isaías Dassum, ex presidente del banco; tiene orden de prisión y pedido de extradición
La transitoria n.° 42 de la Constitución aprobada en julio de 1998 faculta al Banco Central a entregar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, para enfrentar crisis financieras por el plazo de dos años, a partir de su vigencia.
La Carta Magna empezó a regir el 10 de agosto de 1998, el mismo día de la posesión del ex presidente Jamil Mahuad, quien militaba en la Democracia Popular (DP), hoy Unión Demócrata Cristiana (UDC).
El 14 de septiembre de ese año, el Banco Central del Ecuador (BCE) entregó el primer desembolso de un total de 2 722 000 millones de sucres, equivalentes a $429,58 millones (cotización promedio de la época), que fueron otorgados a Filanbanco hasta el 2 de diciembre de 1998.
El 1.° de diciembre de ese año, el Congreso dominado por la DP y el Partido Social Cristiano (PSC) crearon la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), mediante la Ley de Reordenamiento Económico en el Área Tributario Financiera.
Un día después, la Junta Bancaria (JB) resolvió someter al Filanbanco a un programa de reestructuración, que contempló la amortización de sus cuentas patrimoniales y la AGD se convirtió en el único accionista del banco.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) recogió un estudio de la calificadora de riesgo Europes International Rating Agency IBCA, la cual disminuyó la calificación al banco, de C/D a D, fundamentada en los estados financieros que demostraban una pérdida importante de depósitos, falta de liquidez y deficiencia patrimonial.
La misma calificadora indicó que los índices de desempeño de Filanbanco desmejoraron aceleradamente en 1997, en consideración de la baja calidad de sus activos.
En el auto de llamamiento a juicio plenario del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, se menciona que hubo un manejo irregular y fraudulento, pues el dinero de las captaciones de ahorro de los depositantes se invirtió en créditos para las empresas de los accionistas de Filanbanco.
Según la CCCC, para obtener los créditos del BCE, Filanbanco hizo aparecer como que pasaba por un período de falta de liquidez, cuando en realidad se trataba de un problema de solvencia. (AA/VG)
"Dimos nuestros bienes para cubrir pérdidas"
El vocero de los ex administradores, Estéfano Isaías, aseguró que se entregaron los bienes personales de la familia: "obras de arte, tierras valiosas y otras tantas cosas más" para poder cubrir cualquier pérdida. Dijo que se trata del único caso en el cual los accionistas han entregado bienes particulares por encima del capital.
Señaló que a los 90 días de la entrega del banco al Estado (diciembre de 1998) debió hacerse una auditoría para detectar las posibles pérdidas, pero esta nunca se hizo, pues el informe de procedimientos acordados, de la Deloitte & Touche, fue realizado en 2001; por eso la familia no lo acepta. (VG)
Las deudas vinculadas: $71 millones
Los ex propietarios reestructuraron $22,8 millones de esos créditos al 0% de interés
La administración de los ex propietarios concedió $71,3 millones en créditos a sí mismos, según documentos de la Superintendencia de Bancos, mencionados en un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC).
De acuerdo a esos documentos, un total de $22,8 millones que formaban parte de esos créditos fue reestructurada al 0% de interés, entre enero y noviembre de 1998.
Asimismo, del examen de los índices de la estructura y calidad de activos se apreciaba que el problema se agudizó a partir de junio 1998, cuando el índice de cartera vencida a cartera total subió como consecuencia de un crecimiento mayor de la cartera vencida con respecto a la cartera total.
En febrero de este año, la Junta Bancaria (JB) aprobó un informe de la auditora Deloitte & Touche que estableció las pérdidas al 2 de diciembre de 1998, en $661,5 millones. La familia Isaías lo rechazó y señaló que, para esa fecha, las pérdidas eran de $10 millones. (AA/VG)
Correa: "La incautación debió haberse ordenado hace una década"
Un ex gerente era pariente del ex líder del PSC, otro fue diputado de ese partido...
El martes pasado, el actual gerente de la AGD, Carlos Bravo, intervino 195 empresas del Grupo Isaías, para cubrir el bache de Filanbanco ($661,5 millones) establecido por la Junta Bancaria en este año.
El presidente Rafael Correa dijo que esa decisión debió haber sido tomada hace 10 años; la AGD tuvo el mismo número de gerentes durante ese período. Bravo es el undécimo.
El primero fue James McPherson Febres-Cordero, pariente de León Febres-Cordero (ex líder del PSC). El quinto, Patricio Dávila, fue diputado de ese partido tras su paso por la gerencia.
El 4 de julio pasado, la Asamblea Constituyente otorgó amnistías a los ex gerentes Luis Villacís, Carlos Arboleda y Wilma Salgado; meses atrás fue beneficiada Alejandra Cantos.
Villacís tuvo líos por la fusión Filanbanco-La Previsora; Arboleda, por el pago a un bufete de abogados para defenderse en el caso Aspiazu; Salgado, por supuesto exceso en pago de honorarios al abogado de coactivas; Cantos, por el caso Banco de Préstamos. (SR)
Con la administración estatal, la institución va de mal en peor y se cierran las operaciones
En septiembre de 2001, clientes de Filanbanco realizaron una marcha que culminó en la Superintendencia de Bancos, donde demandaron la devolución de sus recursos; actualmente, 60 mil ex clientes de la entidad aún no cobran su dinero
Según la fiscalía, las pérdidas superaron los $900 millones; solo por la fusión con La Previsora la pérdida fue de más de $205 millones
La AGD se mantuvo como único accionista de Filanbanco hasta mayo de 2001, cuando entregó las acciones en dación al entonces Ministerio de Finanzas.
Una vez que los accionistas privados lo entregaran a la AGD, el banco fue capitalizado en $140 millones. Para ello la Agencia entregó al Banco Central bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas.
Una instrucción fiscal señala que entre diciembre de 1998 y marzo de 1999 se registraron gastos y pérdidas por $142,4 millones. Hubo transacciones de mesa con bonos por el 60% y 80% del valor nominal, deficiente gestión en la recuperación de la cartera de crédito, improductividad de las daciones en pago...
El gerente fue Daniel Cañizares, quien una época presidió Filanbanco cuando pertenecía al Grupo Isaías.
En la administración de Marco Soto (marzo-abril de 1999) se registraron gastos y pérdidas por $97 399, atribuidas a valores mobiliarios y servicios de auditoría externa.
Entre abril y diciembre de 1999 ejerció la gerencia Gonzalo Hidalgo. Los gastos y pérdidas en ese período fueron de $549,1 millones. Solo la fusión (por absorción) de Filanbanco con La Previsora habrían causado pérdidas por $205,519 millones.
A esa cifra se añade la liquidación de los créditos que mantenía La Previsora con Filanbanco, lo que produjo una pérdida por $151 millones.
Asimismo, una cuenta por cobrar a Filanbanco International Bank ocasionó una pérdida de $45 millones, y las cuentas de activo migradas de La Previsora sin documentos de respaldo habrían provocado pérdidas por $15 261 566.
Otros cientos de millones se perdieron por la sobrevaloración de cartera de La Previsora, deficiente recuperación de cartera, improductividad de las daciones en pago...
El 17 de julio de 2001, el ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, dijo que el banco entraba en proceso de regularización y se cerraba por tres días; hasta hoy no se lo reabre. (AA/VG)
Todo era autorizado por la Junta Bancaria
En la venta de bienes a la Conferencia Episcopal se registró una pérdida por $4,4 millones. Asimismo, los préstamos subordinados otorgados a los bancos del Pacífico, Previsora, Popular y Cofiec originaron pérdidas por $36 258 344.
La absorción de La Previsora y las otras resoluciones fueron autorizadas por la AGD, la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos. (VG/AA)
El banco se convierte en un "basurero" de papeles
Hubo deficiencias en la gestión de recuperación de la cartera de crédito, bienes improductivos, pérdidas...
Entre diciembre de 1998 y 2001, la compra de Certificados de Depósito Reprogramados (CDR) hasta por el 100% de su valor nominal disminuyó la liquidez del banco y la solvencia de su patrimonio, debido a las provisiones del 30% resueltas por la Junta Bancaria (JB). Las pérdidas, por $143 388 439, se asumieron por la venta de papeles que tenían un castigo en el mercado de hasta el 50% de su valor nominal.
A esto se suma otra pérdida por $7,7 millones por el canje de CDR vencidos por Certificados de Pasivos Garantizados (CPG).
Una instrucción de la fiscal Gladys Murillo, señala que en la administración de Antonio Bejarano los gastos y pérdidas fueron de $53 663 131, originadas por una deficiente gestión de recuperación de la cartera de crédito, improductividad de bienes recibidos en dación de pago, sentencias judiciales, gastos de publicidad, entre otros.
Sobre la gestión de Miguel Crespo, la instrucción señala que hubo gastos y pérdidas por $101 573 337.
A partir de julio de 2001, el banco cerró las operaciones y entró en proceso de liquidación.
Desde entonces hasta 2006, entre los principales hallazgos se cuentan pérdidas por bonos y CPG, pérdidas por los casos Banco de los Andes y Filanbanco Trust, cartera provisionada en exceso, liquidaciones a ex empleados de La Previsora, venta de tarjetas de crédito (Visa y American Express) a los Bancos Pichincha y Guayaquil, pérdidas por venta de bienes, ventas de bonos, honorarios de abogados, otros gastos de la fusión, venta de Filanseguros, entre otros, que totalizan $287 029 223 millones. (AA/VG)
Recuperación de cartera: pérdidas de $472 millones
A julio de 2007, Filanbanco en Liquidación tenía pendientes 1 318 juicios coactivos, según instrucción
Un pago de Filanbanco al Banco de los Andes también es contabilizado entre las pérdidas.
El pago, por $32 millones, se hizo en junio de 2005, cuando era liquidador temporal de Filanbanco Xavier Izurieta, por unas demandas planteadas varios años atrás por el Banco de los Andes, por $155 millones.
Para el 25 de julio de 2007, las pérdidas por la deficiente gestión en la recuperación de la cartera de crédito eran del orden de $472 680 620.
La cartera ha tenido un continuo deterioro, situación que a nuestro criterio evidencia una deficiente administración del crédito agravada por una inadecuada gestión en los trámites de recuperación en las áreas legales, así como de las empresas tercerizadas Gómez Giraldo y Thesis Antares, señala la instrucción fiscal de octubre del año anterior.
Estas empresas fueron contratadas por Filanbanco en liquidación para la recuperación de la cartera. Según los documentos a los que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, los contratos con estas firmas fueron por $3,5 millones para Gómez Giraldo y de $4,3 con Thesis Antares.
A julio de 2007, Filanbanco tenía pendientes 1 318 juicios coactivos. (VG/AA)
Corte de Guayaquil anula todas las "culpas"
La indagación previa pasó a la fase de instrucción fiscal por presunto peculado
La tercera sala de la Corte Superior de Guayaquil (foto) anuló los pedidos de prisión solicitados por el juez n.° 15
El 10 de octubre de 2007, la agente fiscal del Guayas, Gladys Murillo, emitió una instrucción fiscal, luego de realizar una investigación general de la situación de los bienes y activos que conforman el patrimonio de Filanbanco.
En la indagación fiscal se incorporó información de otras indagaciones previas y las pericias contables elaboradas por peritos designados por el Ministerio Público, relacionadas con la reversión de las cuentas ganadas, integridad de estados financieros, intereses ganados reversados, eliminación de saldos del activo y las versiones rendidas por la auditora general de Filanbanco S.A. en Liquidación, Claire Espinel y de la penúltima liquidadora, Graciela Arteaga. La actual liquidadora es Soraya Bajaña.
El caso, por presunto peculado, fue elevado a la categoría de instrucción fiscal y se solicitó la prisión preventiva de 12 personas, entre ex gerentes de Filanbanco cuando pasó a manos de la AGD y posteriormente al Ministerio de Finanzas, ex liquidadores temporales y ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
A mediados de octubre del año anterior, el juez 15.º de lo Penal del Guayas, Oswaldo Sierra, ordenó la prisión preventiva de siete imputados.
Luego de eso, la defensa de los imputados invocó que gozaban de fuero de Corte Superior y el caso subió a la tercera sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. En esa sala se anuló todo lo actuado hasta entonces.
En la actualidad, el juicio se halla en manos del ministro fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo. (VG/MPH)
Falconi dice que el "hueco" es de $2 668,5 millones
Ex superintendente de Bancos suma las entregas del Banco Central, el "vuelto", los créditos vinculados...
El ingenio azucarero La Troncal es uno de los 195 bienes de los ex directivos de Filanbanco incautados por la AGD el martes de la semana pasada
El ex superintendente de Bancos, Juan Falconi Puig, sostiene que el hueco de Filanbanco es de $2 668,5 millones.
Asegura que las entregas del Banco Central a Filanbanco en poder de la AGD, empezaron el 3 de diciembre de 1998, con $140 millones; el 28 de diciembre de ese año, otros $400 millones. El 2 de febrero de 1999 hubo dos entregas: por $100 millones y por $176 millones; y, en mayo de 2001, otros $300 millones. Todo esto suma $1 116 millones.
Falconi añade otros $1 552,5 millones por las pérdidas a diciembre de 1998 ($661,5 millones del informe de Deloitte & Touche), una cuenta RIC que se manejaba en el exterior, el denominado vuelto, créditos vinculados y los préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central entre septiembre y diciembre de 1998. (VG/AA)
PUNTO DE VISTA
Isaías, un embrollo que lleva una década
El caso del cierre y posterior liquidación (aún no concluida) de Filanbanco se constituye quizás en el más emblemático y doloroso de cuantos tienen que ver con la crisis del sistema financiero del país sucedida a fines de la década de 1990.
Resulta doloroso por cuanto existen todavía aproximadamente 60 mil perjudicados a quienes no se les ha devuelto sus haberes. Además de que en la lista de ex clientes de la entidad hay personas para quienes, debido a su edad o enfermedades, el lento proceso de devolución de sus depósitos resultó tardío.
Y emblemático, en el sentido más negativo que se le puede dar al término, por la serie de implicaciones que ha tenido.
En primer término está el hecho de que hasta la fecha no exista una determinación real del perjuicio ocasionado a los depositantes y al Estado y por el que se acusa a los ex accionistas de la institución bancaria. Se barajan cifras que van desde los $600 millones hasta más de $2000 millones (ver nota adjunta). La Junta Bancaria determinó en febrero pasado que el ""hueco"" patrimonial era de $660 millones y sobre esa base se produjo la incautación de 195 empresas del Grupo el martes anterior.
Adicionalmente, está el hecho de que ni los gerentes encargados por el Estado para manejar el banco ni quienes fueron designados posteriormente para realizar su liquidación hayan podido llevar a buen término los procesos encargados. En cada ocasión los análisis posteriores han mostrado ineficacia y la existencia de pérdidas de diversa magnitud, como detalla el presente BLANCO Y NEGRO.
Además, el caso se ha convertido en el ejemplo más claro de lo que puede significar la manipulación de los tan maleables resortes legales del país. En una década, ninguna acción fiscal o judicial ha producido resultados, los cuales el país continúa esperando. (LAG)
Hora GMT: 14/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
