Con la publicación del reportaje ¿Cómo se hace un diputado?, el 24 de abril de 1994 nació BLANCO Y NEGRO como el primer suplemento de investigación del país.
Desde entonces han transcurrido algo más de 13 años (695 semanas).
Durante este tiempo, hemos puesto en escena los casos de corrupción en las esferas del poder público y privado; la mayoría de ellos ha quedado en la impunidad.
Pocos ilícitos han sido sancionados, como el caso de la Red Peñaranda, en que fueron destituidos 17 diputados. En otros, como los gastos reservados del ex vicepresidente Alberto Dahik y del ex ministro de Gobierno de Fabián Alarcón, César Verduga, la fuga de los principales implicados bastó para frenar las investigaciones.
En nuestras páginas también revelamos que los pedidos de extradición de los responsables de la crisis bancaria fueron mal planteados, así como la actuación de ciertos fiscales y jueces que minimizaron los delitos.
Decenas de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales también han sido denunciadas en BLANCO Y NEGRO. (AA)
El Ecuador, en "puja" por los primeros lugares en percepción de corrupción
En estos hechos se han visto involucrados presidentes de la República, miembros del Congreso Nacional, militares, policías, empresas del Estado, instituciones financieras privadas...
En la última década, el Ecuador se ha ganado a pulso los primeros puestos en las mediciones sobre percepción de la corrupción. En el informe revelado en Londres, el pasado 26 de septiembre, la organización Transparencia Internacional (TI) señaló que Haití, Venezuela y Ecuador son los países latinoamericanos percibidos como los más corruptos de América Latina.
Desde la caída del Banco Continental, por piramidación de capitales, este suplemento ha publicado denuncias de casos que han asombrado al país, como la estafa que constituyó para los niños pobres la entrega de juguetes baratos durante el bucaramato, tras una teletón que recaudó millones de sucres protagonizada por el ex presidente Abdalá Bucaram.
También revelamos la existencia de la Red Peñaranda (enriquecimiento ilícito), que terminó con la destitución de 17 diputados, el contrabando de ropa usada durante el fenómeno de El Niño de 1997. Además, fuimos los primeros en informar sobre la corrupción en las telefónicas, especialmente en Pacifictel, el contrabando de armas, la adulteración de miles de licencias de manejo; anticipamos la impunidad del caso Cabrera, entre otros cientos de denuncias. (AA)
Las telefónicas, sinónimo de despilfarro
Tráfico de líneas, contratos irregulares, extravagantes contratos colectivos...
Hace más de siete años, BLANCO Y NEGRO reveló que el tráfico de líneas telefónicas en Pacifictel ocasionaba pérdidas diarias de 360 millones de sucres.
En dos reportajes, en 2004, denunciamos cómo varios millones de dólares se destinaban al pago de horas extras, préstamos, bonificaciones, publicidad... También se firmaron contratos por varios cientos de millones de dólares sin autorización del Directorio.
Este año contamos las extravagancias de los contratos colectivos; por ejemplo, los empleados de Pacifictel disponen hasta del servicio de peluquería, las indemnizaciones millonarias que recibieron ex sindicalistas de Andinatel por más de $200 mil. Sin contar con los pagos a secretarias que cobraban más de $13 mil mensuales.
Según la Contraloría, solo en Pacifictel existen indicios de responsabilidad penal por $230 millones. No hay detenidos. Mientras, está prófugo el ex presidente de esa telefónica, Mauricio Galindo. (AA/SR).
Miles de delitos aduaneros, impunes
En $1 000 millones se estimó la evasión por aranceles e IVA, en el año 2005
Entre 2001 y 2004, en la Fiscalía se presentaron 4 153 denuncias de delitos aduaneros, se abrieron 2 214 indagaciones previas, pero solo 310 pasaron a instrucción fiscal. Esto lo contamos el 14 de enero de 2006.
La Fiscalía desestimó 1 612 casos con el argumento de que la Contraloría enviaba la información cuando las causas se hallaban a punto de prescribir. En otras denuncias, la Procuraduría indicó que no había delito, como fue el caso de la importación de 120 vehículos diplomáticos, traídos al país libres de aranceles.
La corrupción en las Aduanas ha sido un tema recurrente desde la creación de este suplemento, hace 13 años.
Entre 2000 y 2004, la Corporación de Estudios Económicos y Sociales estimó en $2 100 millones la evasión por aranceles e IVA. Mas el delito creció, solo en 2005 la evasión fue de $ 1 000 millones. El único detenido por la histórica corrupción aduanera es el ex gerente del IV Distrito de Aduanas de Quito, el cura Carlos Flores. (AA/SR)
Extradiciones y juicios, "en veremos"
Denuncia de piramidación de capitales en el Continental anticipaba crisis bancaria
A mediados de 2003, informamos que los pedidos de extradición de varios banqueros prófugos de la justicia habían sido mal planteados.
En el reportaje revelamos que las autoridades no habían presentado eficientemente los pedidos de extradición, pues había procesos incompletos, traducciones mal hechas y falta de certificaciones del estado de varios juicios.
Desde que, en 1994, anticipamos la caída del banco Continental, por piramidación de capitales, los motivos, intereses y actuación de autoridades, diputados y banqueros involucrados, la crisis bancaria (1998-2000) ha sido ampliamente reportada en nuestras páginas. La mayoría está prófuga.
Posteriormente, a mediados de 2005 avizoramos lo que iba a ocurrir con el banco de Los Andes(había cerrado 10 años antes), que revivió gracias al pago de $32 millones por parte de Filanbanco.
En octubre del año anterior, el banco de Los Andes fue intervenido por la Superintendencia de Bancos, por falta de liquidez y por una supuesta operación irregular. (AA).
Ejecuciones extrajudiciales e impunidad
La constitución elimina fueros militar y policial, pero en la práctica no se cumple
En los últimos siete años se registraron 249 ejecuciones extrajudiciales, reportó BLANCO Y NEGRO el 9 de abril pasado, con base en estadísticas de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu).
La mayor parte de esos homicidios (189) fue cometida por miembros de la Policía y de Fuerzas Armadas. Varios casos quedaron en la impunidad.
La falta de sanción a los miembros de la fuerza pública que violan los derechos humanos, amparados en la competencia de las cortes militares y policiales, ha sido denunciada permanentemente en nuestras páginas. Esto fue motivo de una reforma constitucional, que todavía no se cumple.
El último reportaje sobre abuso policial lo presentamos el 17 de septiembre pasado. En abril reconstruimos el crimen del que fue víctima el joven Paúl Guañuna. Poco antes informamos sobre abuso sexual a menores cometido por policías. El Congreso eliminó el delito de atentado al pudor y luego lo volvió a sancionar. (AA).
La corrupción tiñe de sangre las vías
Se entregaron 24 mil licencias adulteradas, pero, al parecer, nadie se conmueve
Entre enero y mayo de 2006, en el Ecuador murieron 540 personas en accidentes de tránsito. Este año, en el mismo período, fallecieron 493 personas, según informaciones de las autoridades de tránsito.
Según la Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), la mayoría de accidentes se debe a impericia de los conductores. Según BLANCO Y NEGRO, detrás de esto hay corrupción.
El 25 de diciembre de 2005 revelamos que entre 1999 y 2001 las escuelas de choferes entregaron 60 128 certificados de manejo a personas que nunca asistieron a los cursos. Los certificados se convirtieron en 16 mil licencias y, tras el escándalo, se cerraron las escuelas.
La justicia no aceptó a los acusadores particulares, familiares de víctimas. En septiembre de 2006 denunciamos que las jefaturas de Pichincha, Tungurahua y Chimborazo entregaron otras 8 000 licencias a personas que denunciaban la supuesta pérdida del documento. Fueron sancionados policías de bajo rango. (AA/SR).
Asalto a Notaría de Machala, sin culpables
Para empezar, el fiscal de El Oro no acusó a quienes tomaron los aviones militares
En abril de 2006 revelamos que el fiscal distrital de El Oro (e), René Ormaza, se abstuvo de acusar de peculado a 15 personas, entre militares y civiles, que se trasladaron a Machala en aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 11, 12 y 14 de noviembre de 2005.
Así empezaba a fraguarse la impunidad en el escandaloso caso de captación ilegal de recursos del ex notario de Machala José Cabrera, quien pagaba intereses de entre el 7% y 10% mensual a sus depositantes. Se estima que a su muerte quedaron 20 mil perjudicados.
El dictamen abstentivo del fiscal dejó libres a quienes tomaron los aviones militares para viajar a Machala a recuperar las acreencias. Fue en los días en que miembros de la fuerza pública ingresaron a la Notaría y se llevaron el dinero.
En cuanto a los implicados en el asalto a las oficinas, en unos casos los jueces han declarado la nulidad de los juicios; en otros han sobreseído a los imputados. Actualmente están detenidos tres policías que se llevaron $360 mil de la bodega de la Policía Judicial. Ellos cuidaban la plata. (AA/SR).
Entregan frecuencias de radio solo a los "influyentes"
La contraloría investigó e hizo el informe previo, pero el definitivo demora en salir; no hay responsables
Entre enero de 2003 y mayo de 2005, el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) otorgó decenas de frecuencias al margen de las normas legales que rigen al sector y las disposiciones constitucionales. El requisito era tener influencias en el organismo.
Esto lo revelamos el 15 de enero de 2007, con base en un documento interno de la Contraloría. Inicialmente, los miembros de varias organizaciones provinciales de la Asociación Ecuatoriana de Radio (AER) pidieron la cabeza de sus representantes ante el Conartel, quienes, según la Contraloría, se habían beneficiado del reparto.
En la práctica no ha pasado nada, ellos siguen en funciones y enjuiciaron al autor de la investigación (el caso fue desechado), pero, hasta ahora, la Contraloría no emite el informe definitivo ni establece responsabilidades. (AA/SR)
En municipios de "bajo perfil" pasan cosas increíbles
Alcaldes siguen en los cargos a pesar de existir casos documentados de irregularidades, obras mal hechas...
Varios casos de irregularidades en municipios de bajo perfil también han estado en nuestras páginas. A mediados del año anterior contamos cómo en Palenque (Los Ríos) se hacían obras con fondos del Municipio de Balzar (Guayas).
Antes contamos que el Municipio de Oña (Azuay) colocó dinero en una supuesta organización con sede en Camboya, como contraparte de un préstamo de $150 millones. Para obtener ese monto es necesario tener el aval del Estado, pero ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central sabían del tema.
En junio pasado revelamos presuntas irregularidades en el Municipio de Durán, y la Fiscalía pidió la prisión de la alcaldesa, Mariana Mendieta, pero los jueces no la ordenaron.
También presentamos el caso del alcalde de Vinces, Ovidio Ludeña, acusado de nepotismo y piponazgo. (AA/SR)
En la Comisión de Codificación se "retocan" las leyes
Por ejemplo, cambiaron la frase "denegación tácita" por "aceptación tácita", del Código Tributario.
La Comisión de Codificación del Congreso modificó varias leyes aprobadas por los legisladores. Así lo documentamos el 3 de junio de 2006.
Del Código de Trabajo fueron modificados incisos y artículos referidos al trabajo de los menores y la actuación de los tribunales correspondientes.
En la Codificación del Código Tributario se cambió la frase denegación tácita por aceptación tácita. Además salieron las normas referidas a la naturaleza, conformación, estructura y atribuciones de los tribunales distritales de lo fiscal. También reformaron la Ley de Documentos y, coincidencialmente, un miembro de la Comisión obtuvo un pasaporte diplomático.
Hasta hoy, ninguna autoridad ha hecho nada sobre estos ilícitos. En otros reportajes denunciamos el piponazgo en el Congreso. (AA/SR).
PUNTO DE VISTA
Un necesario mea culpa colectivo
El Gobierno reaccionó indignado en septiembre, tras la publicación del último informe de Transparencia Internacional (TI), que mide la percepción sobre corrupción.
En el citado documento, el Ecuador ocupa, junto con Haití y Venezuela, los últimos lugares de la lista en América Latina, situándonos entre las naciones más corruptas de la región.
El Régimen desmereció los resultados, calificándolos de tendenciosos y amañados.
Sin embargo, por desagradable que nos resulte la ubicación frecuente (no es el primer informe que nos califica negativamente) del país en los primeros lugares de corrupción, no se puede tapar el sol con un dedo.
La presente edición de BLANCO Y NEGRO es un buen ejemplo. En apretado resumen, se exponen algunos de los principales casos que el suplemento de investigación ha sacado a la luz a lo largo de aproximadamente 13 años.
Por desgracia, la mayoría de ellos ha quedado en la impunidad, sea por desidia de las autoridades de los organismos involucrados o por inacción de la justicia.
Pero más allá de aquello, cabe preguntarse si el problema de la corrupción es un tema que compete únicamente a las autoridades. En otras palabras, ¿son los políticos, jueces y policías los únicos culpables de que el país sea -por decirlo en términos irónicos- una auténtica ""potencia"" en corrupción?
Y la respuesta es no. Pues ¿acaso no es tan responsable quien paga por una licencia fraudulenta como la autoridad que la emite? O ¿solo tiene participación en el ilícito quien permite el ingreso fraudulento de mercadería a través de la aduana evadiendo impuestos y no quien cohecha por ese ""servicio""? De hecho, en un necesario mea culpa colectivo, todos contribuimos de alguna manera a la mala calificación del país. (LAG)
Desde entonces han transcurrido algo más de 13 años (695 semanas).
Durante este tiempo, hemos puesto en escena los casos de corrupción en las esferas del poder público y privado; la mayoría de ellos ha quedado en la impunidad.
Pocos ilícitos han sido sancionados, como el caso de la Red Peñaranda, en que fueron destituidos 17 diputados. En otros, como los gastos reservados del ex vicepresidente Alberto Dahik y del ex ministro de Gobierno de Fabián Alarcón, César Verduga, la fuga de los principales implicados bastó para frenar las investigaciones.
En nuestras páginas también revelamos que los pedidos de extradición de los responsables de la crisis bancaria fueron mal planteados, así como la actuación de ciertos fiscales y jueces que minimizaron los delitos.
Decenas de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales también han sido denunciadas en BLANCO Y NEGRO. (AA)
El Ecuador, en "puja" por los primeros lugares en percepción de corrupción
En estos hechos se han visto involucrados presidentes de la República, miembros del Congreso Nacional, militares, policías, empresas del Estado, instituciones financieras privadas...
En la última década, el Ecuador se ha ganado a pulso los primeros puestos en las mediciones sobre percepción de la corrupción. En el informe revelado en Londres, el pasado 26 de septiembre, la organización Transparencia Internacional (TI) señaló que Haití, Venezuela y Ecuador son los países latinoamericanos percibidos como los más corruptos de América Latina.
Desde la caída del Banco Continental, por piramidación de capitales, este suplemento ha publicado denuncias de casos que han asombrado al país, como la estafa que constituyó para los niños pobres la entrega de juguetes baratos durante el bucaramato, tras una teletón que recaudó millones de sucres protagonizada por el ex presidente Abdalá Bucaram.
También revelamos la existencia de la Red Peñaranda (enriquecimiento ilícito), que terminó con la destitución de 17 diputados, el contrabando de ropa usada durante el fenómeno de El Niño de 1997. Además, fuimos los primeros en informar sobre la corrupción en las telefónicas, especialmente en Pacifictel, el contrabando de armas, la adulteración de miles de licencias de manejo; anticipamos la impunidad del caso Cabrera, entre otros cientos de denuncias. (AA)
Las telefónicas, sinónimo de despilfarro
Tráfico de líneas, contratos irregulares, extravagantes contratos colectivos...
Hace más de siete años, BLANCO Y NEGRO reveló que el tráfico de líneas telefónicas en Pacifictel ocasionaba pérdidas diarias de 360 millones de sucres.
En dos reportajes, en 2004, denunciamos cómo varios millones de dólares se destinaban al pago de horas extras, préstamos, bonificaciones, publicidad... También se firmaron contratos por varios cientos de millones de dólares sin autorización del Directorio.
Este año contamos las extravagancias de los contratos colectivos; por ejemplo, los empleados de Pacifictel disponen hasta del servicio de peluquería, las indemnizaciones millonarias que recibieron ex sindicalistas de Andinatel por más de $200 mil. Sin contar con los pagos a secretarias que cobraban más de $13 mil mensuales.
Según la Contraloría, solo en Pacifictel existen indicios de responsabilidad penal por $230 millones. No hay detenidos. Mientras, está prófugo el ex presidente de esa telefónica, Mauricio Galindo. (AA/SR).
Miles de delitos aduaneros, impunes
En $1 000 millones se estimó la evasión por aranceles e IVA, en el año 2005
Entre 2001 y 2004, en la Fiscalía se presentaron 4 153 denuncias de delitos aduaneros, se abrieron 2 214 indagaciones previas, pero solo 310 pasaron a instrucción fiscal. Esto lo contamos el 14 de enero de 2006.
La Fiscalía desestimó 1 612 casos con el argumento de que la Contraloría enviaba la información cuando las causas se hallaban a punto de prescribir. En otras denuncias, la Procuraduría indicó que no había delito, como fue el caso de la importación de 120 vehículos diplomáticos, traídos al país libres de aranceles.
La corrupción en las Aduanas ha sido un tema recurrente desde la creación de este suplemento, hace 13 años.
Entre 2000 y 2004, la Corporación de Estudios Económicos y Sociales estimó en $2 100 millones la evasión por aranceles e IVA. Mas el delito creció, solo en 2005 la evasión fue de $ 1 000 millones. El único detenido por la histórica corrupción aduanera es el ex gerente del IV Distrito de Aduanas de Quito, el cura Carlos Flores. (AA/SR)
Extradiciones y juicios, "en veremos"
Denuncia de piramidación de capitales en el Continental anticipaba crisis bancaria
A mediados de 2003, informamos que los pedidos de extradición de varios banqueros prófugos de la justicia habían sido mal planteados.
En el reportaje revelamos que las autoridades no habían presentado eficientemente los pedidos de extradición, pues había procesos incompletos, traducciones mal hechas y falta de certificaciones del estado de varios juicios.
Desde que, en 1994, anticipamos la caída del banco Continental, por piramidación de capitales, los motivos, intereses y actuación de autoridades, diputados y banqueros involucrados, la crisis bancaria (1998-2000) ha sido ampliamente reportada en nuestras páginas. La mayoría está prófuga.
Posteriormente, a mediados de 2005 avizoramos lo que iba a ocurrir con el banco de Los Andes(había cerrado 10 años antes), que revivió gracias al pago de $32 millones por parte de Filanbanco.
En octubre del año anterior, el banco de Los Andes fue intervenido por la Superintendencia de Bancos, por falta de liquidez y por una supuesta operación irregular. (AA).
Ejecuciones extrajudiciales e impunidad
La constitución elimina fueros militar y policial, pero en la práctica no se cumple
En los últimos siete años se registraron 249 ejecuciones extrajudiciales, reportó BLANCO Y NEGRO el 9 de abril pasado, con base en estadísticas de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu).
La mayor parte de esos homicidios (189) fue cometida por miembros de la Policía y de Fuerzas Armadas. Varios casos quedaron en la impunidad.
La falta de sanción a los miembros de la fuerza pública que violan los derechos humanos, amparados en la competencia de las cortes militares y policiales, ha sido denunciada permanentemente en nuestras páginas. Esto fue motivo de una reforma constitucional, que todavía no se cumple.
El último reportaje sobre abuso policial lo presentamos el 17 de septiembre pasado. En abril reconstruimos el crimen del que fue víctima el joven Paúl Guañuna. Poco antes informamos sobre abuso sexual a menores cometido por policías. El Congreso eliminó el delito de atentado al pudor y luego lo volvió a sancionar. (AA).
La corrupción tiñe de sangre las vías
Se entregaron 24 mil licencias adulteradas, pero, al parecer, nadie se conmueve
Entre enero y mayo de 2006, en el Ecuador murieron 540 personas en accidentes de tránsito. Este año, en el mismo período, fallecieron 493 personas, según informaciones de las autoridades de tránsito.
Según la Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), la mayoría de accidentes se debe a impericia de los conductores. Según BLANCO Y NEGRO, detrás de esto hay corrupción.
El 25 de diciembre de 2005 revelamos que entre 1999 y 2001 las escuelas de choferes entregaron 60 128 certificados de manejo a personas que nunca asistieron a los cursos. Los certificados se convirtieron en 16 mil licencias y, tras el escándalo, se cerraron las escuelas.
La justicia no aceptó a los acusadores particulares, familiares de víctimas. En septiembre de 2006 denunciamos que las jefaturas de Pichincha, Tungurahua y Chimborazo entregaron otras 8 000 licencias a personas que denunciaban la supuesta pérdida del documento. Fueron sancionados policías de bajo rango. (AA/SR).
Asalto a Notaría de Machala, sin culpables
Para empezar, el fiscal de El Oro no acusó a quienes tomaron los aviones militares
En abril de 2006 revelamos que el fiscal distrital de El Oro (e), René Ormaza, se abstuvo de acusar de peculado a 15 personas, entre militares y civiles, que se trasladaron a Machala en aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 11, 12 y 14 de noviembre de 2005.
Así empezaba a fraguarse la impunidad en el escandaloso caso de captación ilegal de recursos del ex notario de Machala José Cabrera, quien pagaba intereses de entre el 7% y 10% mensual a sus depositantes. Se estima que a su muerte quedaron 20 mil perjudicados.
El dictamen abstentivo del fiscal dejó libres a quienes tomaron los aviones militares para viajar a Machala a recuperar las acreencias. Fue en los días en que miembros de la fuerza pública ingresaron a la Notaría y se llevaron el dinero.
En cuanto a los implicados en el asalto a las oficinas, en unos casos los jueces han declarado la nulidad de los juicios; en otros han sobreseído a los imputados. Actualmente están detenidos tres policías que se llevaron $360 mil de la bodega de la Policía Judicial. Ellos cuidaban la plata. (AA/SR).
Entregan frecuencias de radio solo a los "influyentes"
La contraloría investigó e hizo el informe previo, pero el definitivo demora en salir; no hay responsables
Entre enero de 2003 y mayo de 2005, el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) otorgó decenas de frecuencias al margen de las normas legales que rigen al sector y las disposiciones constitucionales. El requisito era tener influencias en el organismo.
Esto lo revelamos el 15 de enero de 2007, con base en un documento interno de la Contraloría. Inicialmente, los miembros de varias organizaciones provinciales de la Asociación Ecuatoriana de Radio (AER) pidieron la cabeza de sus representantes ante el Conartel, quienes, según la Contraloría, se habían beneficiado del reparto.
En la práctica no ha pasado nada, ellos siguen en funciones y enjuiciaron al autor de la investigación (el caso fue desechado), pero, hasta ahora, la Contraloría no emite el informe definitivo ni establece responsabilidades. (AA/SR)
En municipios de "bajo perfil" pasan cosas increíbles
Alcaldes siguen en los cargos a pesar de existir casos documentados de irregularidades, obras mal hechas...
Varios casos de irregularidades en municipios de bajo perfil también han estado en nuestras páginas. A mediados del año anterior contamos cómo en Palenque (Los Ríos) se hacían obras con fondos del Municipio de Balzar (Guayas).
Antes contamos que el Municipio de Oña (Azuay) colocó dinero en una supuesta organización con sede en Camboya, como contraparte de un préstamo de $150 millones. Para obtener ese monto es necesario tener el aval del Estado, pero ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central sabían del tema.
En junio pasado revelamos presuntas irregularidades en el Municipio de Durán, y la Fiscalía pidió la prisión de la alcaldesa, Mariana Mendieta, pero los jueces no la ordenaron.
También presentamos el caso del alcalde de Vinces, Ovidio Ludeña, acusado de nepotismo y piponazgo. (AA/SR)
En la Comisión de Codificación se "retocan" las leyes
Por ejemplo, cambiaron la frase "denegación tácita" por "aceptación tácita", del Código Tributario.
La Comisión de Codificación del Congreso modificó varias leyes aprobadas por los legisladores. Así lo documentamos el 3 de junio de 2006.
Del Código de Trabajo fueron modificados incisos y artículos referidos al trabajo de los menores y la actuación de los tribunales correspondientes.
En la Codificación del Código Tributario se cambió la frase denegación tácita por aceptación tácita. Además salieron las normas referidas a la naturaleza, conformación, estructura y atribuciones de los tribunales distritales de lo fiscal. También reformaron la Ley de Documentos y, coincidencialmente, un miembro de la Comisión obtuvo un pasaporte diplomático.
Hasta hoy, ninguna autoridad ha hecho nada sobre estos ilícitos. En otros reportajes denunciamos el piponazgo en el Congreso. (AA/SR).
PUNTO DE VISTA
Un necesario mea culpa colectivo
El Gobierno reaccionó indignado en septiembre, tras la publicación del último informe de Transparencia Internacional (TI), que mide la percepción sobre corrupción.
En el citado documento, el Ecuador ocupa, junto con Haití y Venezuela, los últimos lugares de la lista en América Latina, situándonos entre las naciones más corruptas de la región.
El Régimen desmereció los resultados, calificándolos de tendenciosos y amañados.
Sin embargo, por desagradable que nos resulte la ubicación frecuente (no es el primer informe que nos califica negativamente) del país en los primeros lugares de corrupción, no se puede tapar el sol con un dedo.
La presente edición de BLANCO Y NEGRO es un buen ejemplo. En apretado resumen, se exponen algunos de los principales casos que el suplemento de investigación ha sacado a la luz a lo largo de aproximadamente 13 años.
Por desgracia, la mayoría de ellos ha quedado en la impunidad, sea por desidia de las autoridades de los organismos involucrados o por inacción de la justicia.
Pero más allá de aquello, cabe preguntarse si el problema de la corrupción es un tema que compete únicamente a las autoridades. En otras palabras, ¿son los políticos, jueces y policías los únicos culpables de que el país sea -por decirlo en términos irónicos- una auténtica ""potencia"" en corrupción?
Y la respuesta es no. Pues ¿acaso no es tan responsable quien paga por una licencia fraudulenta como la autoridad que la emite? O ¿solo tiene participación en el ilícito quien permite el ingreso fraudulento de mercadería a través de la aduana evadiendo impuestos y no quien cohecha por ese ""servicio""? De hecho, en un necesario mea culpa colectivo, todos contribuimos de alguna manera a la mala calificación del país. (LAG)
Hora GMT: 15/Octubre/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
