El reto

Publicado el 02/Enero/2012 | 00:35

Por: Susana Klinkicht
susanak@hoy.com.ec

El abogado Gútemberg Vera ha dicho que un análisis forense de la sentencia contra El Universo solamente puede se hecho por un perito designado por la Fiscalía para que tenga validez. El defensor del presidente Rafael Correa tiene razón: un peritaje debe ser admitido oficialmente para que tenga peso en un proceso.

El hecho de que César Montúfar haya hecho público el resultado de una investigación técnica al sistema en el que fue escrita la sentencia, ordenada además por el periódico que es objeto de ese fallo, no es, sin embargo, un delito. Es más bien su obligación como legislador si considera que alberga indicios suficientes como para que se realice una investigación fiscal. Además, es su deber compartir lo conocido por él bajo estas circunstancias. El trabajo de un representante no se limita a las salas de la Asamblea: su libertad y su deber de fiscalizar y opinar se extienden a todos los ámbitos de interés de sus representados. Que, una vez hecha la denuncia, sea la Función Judicial la que deba actuar, es otra cosa.

El reto que se ha producido en torno a este tema entre Montúfar y el presidente Correa, en el que el asambleísta desafía al presidente a que pague a medias otro peritaje, es una señal inequívoca de que no confía plenamente en la Justicia. ¿Cómo iba a hacerlo, si es precisamente ella el objeto de su sospecha? Utilizar a la opinión pública como testigo y medio de presión es un recurso común en la actualidad y el que utilizan ambas partes.

El desafío presidencial respecto a la inmunidad parlamentaria, en cambio, debe hacer temer a todos los ecuatorianos. No se trata de un problema personal de un parlamentario. Existen ejemplos históricos en los que los juzgados han sido utilizados, por ejemplo, por el nazismo en Alemania, para encarcelar y callar a opositores antes de votaciones cruciales, en las que así se obtuvieron mayores poderes para el Ejecutivo.

En alguna ocasión anterior, Rafael Correa ya habló de la posibilidad de consultar a los votantes para abolir la inmunidad. Solamente en democracias sólidas, con un claro respeto a la labor de cada una de las funciones del Estado, sería concebible un paso así -aunque, en una democracia experimentada, la discusión sobre el tema probablemente resultaría superflua.

Ante este enfrentamiento de una magnitud moral pocas veces vista en los últimos tiempos en el Ecuador, la demanda del abogado Vera tiene un tinte de querer desviar la atención, como el mismo Montúfar sospecha. De otra manera no se explica que lo acuse de difamación por una denuncia que se podría disipar con un peritaje imparcial. Tampoco se entiende, si no es por el efecto mediático, que haya incluido en la serie de insultos con los que ha tratado de denigrar al adversario el de haber sido comprado, acusación que deberá probar, porque implica un escándalo moral de similares dimensiones al que supondría lo actuado por el abogado en el caso El Universo si fuese verdad.



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