Quito. 29.07.95. (Editorial) Luego de la intervención del
vicepresidente de la República, Alberto Dahik, el día jueves
pasado en la televisión, se pueden extraer -al menos- tres
conclusiones significativas:

1. Que hay proceso de corrupción que se ha enquistado en las
más altas esferas del Estado, que tiene múltiples formas,
magnitudes y actores. Los ejemplos dados por el
vicepresidente, respecto de personas, partidos políticos e
instituciones, nos eximen de mayor comentario.

2. Que el sistema político en el Ecuador ha conducido a la
institucionalización del clientelismo intraestatal -y del
Estado hacia la población- como mecanismo generalizado de
gobierno. De esta manera, el clientelismo ha asumido en la
actualidad, la condición de práctica estructural de gestión.

No otra consideración puede merecer su elevación a la cualidad
de política de Estado, tal cual nos indica el vicepresidente
Dahik, cuando en su intervención señala: "Hemos tenido que
movernos dentro de un sistema, pero hemos planteado acabar con
él a través de una reforma política"; "dada la necesidad del
gobierno, no había otro camino que tomarla" o "porque el país
tiene que seguir funcionando".

Y las motivaciones y justificaciones para esta práctica no son
otras que las siguientes: "para que no vote en contra del
canciller Diego Paredes en el juicio político"; "para aprobar
la ley de Emetel"; "la necesidad de promocionar las obras de
Emelgur en favor del Partido Social Cristiano"; "solicitudes
hechas al mismo tiempo en que piden juicio político en mi
contra", etc.

Acusó a los partidos MPD, PRE y Social Cristiano de la
"utilización permanente de la negociación política para
obtener ventajas del gobierno nacional". Con lo cual, y para
colmo, la política ha quedado reducida a un negocio+ y, es
más, sucio+

De esta manera, se puede concluir que el mercado y las
privatizaciones han penetrado en los lugares más recónditos de
la vida nacional. La política, que por definición es pública,
ha sido mercantilizada y privatizada bajo múltiples
acepciones: el cambio de lealtades por dinero, la
privatización de las decisiones públicas, la corrupción
generalizada, etc.

3. Que la política de control del gasto público se la ha
manejado a discreción y con dedicatoria. Por un lado, se
niegan los recursos al conjunto de los municipios
ecuatorianos, que a través de la AME y de su presidente de
turno reclamaban a inicios de 1994. Es más, eran recursos
económicos provenientes del FODESEC que por Ley les
correspondía, los compromisos de 1993 que no se habían
cancelado hasta ese momento y las compensaciones que se debían
realizar por el incremento del precio de la gasolina, todo
esto por un monto aproximado de 140 mil millones de sucres.

Por otro lado y, por la vía de las partidas extra
presupuestarias, tal cual lo denunciara en su momento Rodrigo
Paz, se repartían más de dos cientos mil millones de sucres
entre los gobiernos seccionales administrados por el Partido
Social Cristiano. Caso contrario, tal cual señalaba en aquella
época el propio Ing. Febres Cordero: "si el señor ministro de
Finanzas no cumple con sus compromisos contraidos, se lo
interpelará en el Congreso". Esto es lo que el país conoció
como el Primer Contrato Colectivo.

De esta manera, los ministros de Finanzas del Gobierno
Nacional asumen la condición de tesoreros de la campaña
electoral de Nebot, mientras éste reparte cheques para equipos
de fútbol, para determinadas causas sociales o se le ve
inaugurando obras a lo largo del país. (Diario HOY) (4A)

Hora GMT: // - 19:00 Autor: Por Fernando Carrión