EL GOBIERNO DE PICHINCHA

Publicado el 06/Octubre/2001 | 00:00

Quito. 6 oct 2001. (Editorial) La propuesta de descentralización y
desconcentración que impulsa el Consejo Provincial de Pichincha tiene dos
niveles: uno, referido a la relación con el Estado en su conjunto y otro,
vinculado a su estructura interna.

En el primero, busca auspiciar un proceso de descentralización que
permita constituir un gobierno provincial. Para el efecto han trazado
tres acciones específicas: Primero, dotar al Consejo de la función de
intermediación para que el Estado pueda organizarse en sus niveles local
y nacional; esto es, para que existe un modelo de Estado.

En segundo lugar, es posible construir la función de intermediación en
la medida en que el Consejo Provincial cuente con competencias y
recursos. De allí que se tenga prevista la solicitud progresiva al
Gobierno Nacional de las competencias de Salud, Educación, Turismo,
Producción Agrícola, Ambiente y Vialidad, y por otro, la delegación de la
atribución de la gobernación.

Esta última competencia permite estructurar una instancia de coordinación
intersectorial en la provincia, a través de la delegación de las
atribuciones propias de la Gobernación al prefecto y de la conformación
del Comité Ejecutivo Provincial, a la manera de un gabinete provincial,
según lo establece el Estatuto de la función Pública. Y, en tercer lugar,
el inicio de una propuesta de desarrollo regional amparada en la
integración de las provincias del norte bajo la institucionalidad en
construcción de Zodenor.

En la relación gobierno nacional-gobierno provincial, el eje de la
propuesta tiene que ver con la necesidad de que el prefecto asuma las
funciones del gobernador, poniendo en marcha el proceso de transferencia
de competencias y recursos. En la Constitución (Art. 227) se señala que
el gobernador debe coordinar, controlar y dirigir las funciones del
ejecutivo nacional en la provincia. Partiendo de la Constitución y de que
Pichincha no cuenta con gobernador, lo lógico y deseable sería que el
prefecto asumiera esta condición.

El prefecto-gobernador tendría competencias provenientes de la delegación
nacional y de la representación provincial, y podría coordinar y
controlar, a través del Comité Ejecutivo Provincial, las distintas
actividades que las autoridades sectoriales del Gobierno Nacional tienen
en la provincia. Para la coordinación y dirección se contaría con un
Programa de actuación y un presupuesto provincial. En un primer momento
se partirá con la identificación de las acciones sectoriales y de los
recursos asignados, y en un segundo momento, se definirá un esquema de
presupuesto concertado. En el Comité Ejecutivo Provincial se ejecutaría
de manera progresiva la transferencia de competencias del Gobierno
Nacional al Consejo Provincial.

En la instancia intraprovincial, el proceso descrito tiene que producir
cambios significativos que se expresan, primero, en la reorganización y
modernización interna del Consejo Provincial. Segundo, en la necesidad de
la descentralización intraprovincial sobre la base de la creación de
cinco zonas de administración que permitan la delegación de atribuciones
y competencias del Gobierno de la provincia y el apoyo a sus nueve
cantones para coordinar las acciones. Tercero, la promoción de mecanismos
de participación que parten con la conformación del Consejo de Desarrollo
Provincial con los miembros que establece la Ley de Descentralización y
Participación Social y la creación de la Asamblea Provincial, que el 16
de este mes se reunirá para formular el Plan Estratégico para la
provincia.

E-mail: fcarrion@flacso.org.ec (Diario Hoy)

Autor: Fernando Carrión - fcarrion@hoy.com.ec Ciudad Quito



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