Buscan triplicar monto utilizado por candidatos a presidente.
Una mayoría en el Congreso está empeñada en hacer las reformas electorales. La primera será a la Ley de Control del Gasto, en la que se intentará incrementar el límite permitido.
En las elecciones pasadas, el límite de gasto para un candidato presidencial fue de 1,1 millones. Con el nuevo sistema propuesto, este se incrementaría a USD 3,5 millones.
La propuesta de reformar las leyes electorales surgió como respuesta de varios bloques a la imposibilidad de romper el candado constitucional y emprender reformas a la Carta Política.
Los primeros acercamientos se hicieron el fin de semana, especialmente entre diputados del PSC y la ID, bloques que impulsan la propuesta.
El trabajo quedó inicialmente en manos de Ernesto Pazmiño(ID), presidente de la Comisión de Gestión Pública.
En ese organismo reposan varios proyectos de reformas a la Ley de Elecciones y la Ley de Control del Gasto Electoral.
Las que más han avanzado son las reformas a la Ley de Control del Gasto. Sobre el proyecto ya han existido conversaciones entre diputados de diferentes bloques, y la mayoría de ellos tiene criterios favorables.
La iniciativa incrementa los montos que tiene cada candidato para gastar en su campaña.
Para los candidatos presidenciales se propone que el límite de gasto se calcule multiplicando 40 centavos de dólar por el número de empadronados.
En caso de que la propuesta sea aceptada, para las próximas elecciones un candidato presidencial podrá invertir cerca de 3,5 millones de dólares durante la primera vuelta. En la segunda, la inversión será del 25%.
Fórmulas similares se emplearán para calcular los límites en las elecciones seccionales y de parlamentarios andinos.
Para la elección de diputados se definirá el límite multiplicando el número de empadronados por 30 centavos. Pero en las provincias con menos de 100.000 habitantes se multiplicará por 40 centavos, y nunca el límite será menor a ocho mil dólares.
Para prefectos el cálculo se hará multiplicando por 10. En provincias con menos de 150 mil habitantes se calculará multiplicando por 30 centavos.
Para los candidatos a alcaldes también se multiplicará el número de empadronados por 30 centavos en los cantones con más de 5.000 votantes.
En los otros casos se multiplicará por 50 centavos.
El proyecto contempla la implantación del sistema de franjas publicitarias. La idea es que el Estado se haga cargo de proporcionar espacios publicitarios limitados e igualitarios para que todos los candidatos tengan el mismo acceso a los medios de comunicación.
El valor de estos espacios será descontado de los fondos que los partidos reciben como financiamiento Estatal.
Además, la propuesta establece nuevos sistemas de control que estarán a cargo del Tribunal SupremoElectoral (TSE) y sanciones para las organizaciones políticas y candidatos que incumplan con la ley.
Los miembros de la Comisión estudian aún el proyecto, pero entre los bloques que impulsan las reformas se busca que estas se debatan antes de que finalice el año. Dentro de la Comisión, la mayoría de bloques ha emitido sus criterios favorables.
Pero los mayores opositores son los diputados del Prian, a quienes no les convence la idea de implantar las franjas publicitarias.
Dos leyes electorales en análisis
La Comisión de Gestión Pública planea dejar listas las reformas a la Ley de Elecciones y a la ley de Partidos Políticos.
Las reformas a la primera ley intentan instaurar un sistema de adjudicación de escaños para las minorías.
En cuanto a la segunda, una propuesta es que cada partido tenga una base de afiliados de un mínimo del 5% del padrón electoral. Incluye también elecciones primarias para cambiar las directivas cada dos años y elegir a los candidatos presidenciales.
Otra propuesta es que el 40% del fondo partidario permanente sea empleado en capacitación.
Las reformas son parte de la estrategia del PSC, ID, Prian, DP, MPD, socialistas e independientes, para mejorar la imagen del Congreso después de haber desechado la consulta popular.
Se represan 3 leyes por el posible receso
Las reformas al Código del Trabajo, la nueva Ley del Cine y las reformas al Código Penal, aún no salen del Congreso al Ejecutivo.
La decisión fue para que un posible veto no complique su discusión en los últimos días de diciembre o inicios de enero.
Las disposiciones constitucionales sobre el trámite de las leyes no contemplan un plazo específico para que el Congreso envíe las normas aprobadas al Ejecutivo, para que este se pronuncie vetándolas o poniéndolas en vigencia.
Por ello el Legislativo también maneja sus tiempos para evitar problemas en el momento de poner a debate los vetos.
De acuerdo con el trámite, el Ejecutivo tiene 10 días para vetar las normas. De vuelta en el Congreso, los diputados disponen a su vez de 30 días para resolver sobre el pronunciamiento del Presidente.
Actualmente el Parlamento no resuelve cuándo, o si se acogerá al receso constitucional de un mes, pero en caso de hacerlo, las normas pendientes no serán enviadas antes de la próxima semana, ya que el pronunciamiento del Ejecutivo obligaría a convocar a un Congreso extraordinario para su discusión.
En cambio, si esta es la última semana de sesiones del Congreso, y las normas se entregan la próxima semana, una vez instalado el período ordinario en enero, los diputados tendrán un mínimo de una semana para resolver sobre los pronunciamientos del Presidente.
Más presión sobre la ley mordaza
La Asociación de la Prensa Extranjera (APE), en Ecuador, se sumó ayer a la preocupación de gremios de prensa por la denominada Ley Mordaza.
Los corresponsales (...) quieren manifestar su profunda preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la libertad de prensa, expresó Eric Samson, presidente de la APE.
El representante gremial agregó que más allá de lo desproporcionado de la pena, el texto aprobado es tan general que el simple hecho de grabar y reproducir intervenciones públicas difundidas por medios radiales y televisivos sin el consentimiento expreso de las partes
podría poner los medios a merced de la interpretación de un juez.
Para Samson, Ecuador ha iniciado una lucha frontal contra la corrupción, y esta ley sería contraproducente a tal fin, por lo que debe ser analizada pública y profundamente, para garantizar una plena libertad de prensa en el país.
El pronunciamiento se suma al realizado anteriormente por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), que pidió al presidente Alfredo Palacio que vete la ley.
Sugieren método para reformar el CNJ
El informe de la comisión de magistrados que analiza el tema de la reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura, sugiere que se realice un proceso similar al utilizado para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia.
La medida se toma en cumplimiento de la disposición transitoria quinta de la Ley del Comité, que obliga a la Corte Suprema, producto del concurso público, a reestructurar el Consejo.
Según el magistrado Alfonso Zambrano Pasquel, miembro de la Comisión que analiza la reestructuración de la Judicatura, para este proceso se establecerían parámetros similares a los usados para la elección de los magistrados, lo que permitiría evaluar objetivamente tanto los méritos como la probidad de los candidatos.
El magistrado Rubén Bravo, por su parte, señaló que la reestructuración en el ámbito interno de la Judicatura deberá ser resuelta por el pleno de ese organismo, es decir por la totalidad de los vocales.
El Consejo se integra con tres delegados de la Corte, y cuatro designados por colegios de la sociedad civil. Esta fórmula corporativista debe ser puesta en práctica por el Tribunal Supremo Electoral, que convoca y registra a los colegios. La resolución que se adopte será conocida el próximo miércoles.
El presidente de la Corte, Jaime Velasco Dávila, dispuso la elaboración de un informe sobre las causas que se tramitan en el despacho de la Presidencia de la Corte.
El informe será entregado el jueves, y avocará conocimiento de los juicios pendientes.
Uno a uno, los 31 magistrados de la corte suprema
Larrea, entre la cátedra de leyes y el libre ejercicio
Hugo César Larrea Romero.
A sus 73 años, Hugo César Larrea Romero llegó a ser ministro juez de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
Sin embargo, ese no es el único cargo público de jerarquía que ha ocupado.
Entre 1996 y 1997, fue ministro de Trabajo y Recursos Humanos en el gobierno de Abdalá Bucaram.
Entre 1978 y 1979 fue intendente de Compañías en Guayaquil. Y desde 1970 hasta 1977 fue magistrado del Tribunal Fiscal.
A la par de la carrera judicial, Larrea ha ejercido la docencia universitaria.
Actualmente, es profesor de DerechoTributario y Derecho Lboral en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
En 1994 y 1995 fue profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Guayaquil.
El primer centro de educación superior donde dictó clases fue la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Ahí fue profesor de Derecho Administrativo y Laboral entre 1972 y 1978.
Pese a su experiencia docente, para el proceso de selección de magistrados se postuló por el libre ejercicio profesional (desde 1958). El 1 de diciembre, fue nombrado como uno de los tres jueces de la Sala de lo Fiscal.
Peña, de portero de un juzgado a magistrado
Hernán Antonio Peña Toral
El 1 de diciembre, Hernán Antonio Peña Toral fue uno de los cinco funcionarios de la carrera judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Peña se ubicó en el puesto 23. Obtuvo un puntaje de 56,51 en las etapas de oposición y merecimiento. Entre los años 2000 y 2002, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, donde se desempeñaba como ministro juez de la II sala de lo Penal hasta antes de ser
nombrado magistrado de la Suprema.
Antes de presidir esa Corte, fue ministro juez de la I sala, juez de la II sala, presidente del Primer Tribunal Penal del Azuay y juez del Segundo Tribunal Penal de esa provincia. En la Función Judicial de esa provincia austral se inició como portero-ayudante del Juzgado de Inquilinato de Cuenca. Esa actividad la desempeñó desde 1968 hasta 1972.
Entre 1991 y 1997, combinó las actividades de funcionario judicial con la cátedra. Fue profesor de la Universidad de Cuenca.
En ese centro educativo, realizó un diplomado superior en Derecho Constitucional. Ahora, Peña es miembro de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Suprema.
Sus compañeros de sala son Teodoro Coello Vásquez y Gastón Humberto Alarcón.
Una mayoría en el Congreso está empeñada en hacer las reformas electorales. La primera será a la Ley de Control del Gasto, en la que se intentará incrementar el límite permitido.
En las elecciones pasadas, el límite de gasto para un candidato presidencial fue de 1,1 millones. Con el nuevo sistema propuesto, este se incrementaría a USD 3,5 millones.
La propuesta de reformar las leyes electorales surgió como respuesta de varios bloques a la imposibilidad de romper el candado constitucional y emprender reformas a la Carta Política.
Los primeros acercamientos se hicieron el fin de semana, especialmente entre diputados del PSC y la ID, bloques que impulsan la propuesta.
El trabajo quedó inicialmente en manos de Ernesto Pazmiño(ID), presidente de la Comisión de Gestión Pública.
En ese organismo reposan varios proyectos de reformas a la Ley de Elecciones y la Ley de Control del Gasto Electoral.
Las que más han avanzado son las reformas a la Ley de Control del Gasto. Sobre el proyecto ya han existido conversaciones entre diputados de diferentes bloques, y la mayoría de ellos tiene criterios favorables.
La iniciativa incrementa los montos que tiene cada candidato para gastar en su campaña.
Para los candidatos presidenciales se propone que el límite de gasto se calcule multiplicando 40 centavos de dólar por el número de empadronados.
En caso de que la propuesta sea aceptada, para las próximas elecciones un candidato presidencial podrá invertir cerca de 3,5 millones de dólares durante la primera vuelta. En la segunda, la inversión será del 25%.
Fórmulas similares se emplearán para calcular los límites en las elecciones seccionales y de parlamentarios andinos.
Para la elección de diputados se definirá el límite multiplicando el número de empadronados por 30 centavos. Pero en las provincias con menos de 100.000 habitantes se multiplicará por 40 centavos, y nunca el límite será menor a ocho mil dólares.
Para prefectos el cálculo se hará multiplicando por 10. En provincias con menos de 150 mil habitantes se calculará multiplicando por 30 centavos.
Para los candidatos a alcaldes también se multiplicará el número de empadronados por 30 centavos en los cantones con más de 5.000 votantes.
En los otros casos se multiplicará por 50 centavos.
El proyecto contempla la implantación del sistema de franjas publicitarias. La idea es que el Estado se haga cargo de proporcionar espacios publicitarios limitados e igualitarios para que todos los candidatos tengan el mismo acceso a los medios de comunicación.
El valor de estos espacios será descontado de los fondos que los partidos reciben como financiamiento Estatal.
Además, la propuesta establece nuevos sistemas de control que estarán a cargo del Tribunal SupremoElectoral (TSE) y sanciones para las organizaciones políticas y candidatos que incumplan con la ley.
Los miembros de la Comisión estudian aún el proyecto, pero entre los bloques que impulsan las reformas se busca que estas se debatan antes de que finalice el año. Dentro de la Comisión, la mayoría de bloques ha emitido sus criterios favorables.
Pero los mayores opositores son los diputados del Prian, a quienes no les convence la idea de implantar las franjas publicitarias.
Dos leyes electorales en análisis
La Comisión de Gestión Pública planea dejar listas las reformas a la Ley de Elecciones y a la ley de Partidos Políticos.
Las reformas a la primera ley intentan instaurar un sistema de adjudicación de escaños para las minorías.
En cuanto a la segunda, una propuesta es que cada partido tenga una base de afiliados de un mínimo del 5% del padrón electoral. Incluye también elecciones primarias para cambiar las directivas cada dos años y elegir a los candidatos presidenciales.
Otra propuesta es que el 40% del fondo partidario permanente sea empleado en capacitación.
Las reformas son parte de la estrategia del PSC, ID, Prian, DP, MPD, socialistas e independientes, para mejorar la imagen del Congreso después de haber desechado la consulta popular.
Se represan 3 leyes por el posible receso
Las reformas al Código del Trabajo, la nueva Ley del Cine y las reformas al Código Penal, aún no salen del Congreso al Ejecutivo.
La decisión fue para que un posible veto no complique su discusión en los últimos días de diciembre o inicios de enero.
Las disposiciones constitucionales sobre el trámite de las leyes no contemplan un plazo específico para que el Congreso envíe las normas aprobadas al Ejecutivo, para que este se pronuncie vetándolas o poniéndolas en vigencia.
Por ello el Legislativo también maneja sus tiempos para evitar problemas en el momento de poner a debate los vetos.
De acuerdo con el trámite, el Ejecutivo tiene 10 días para vetar las normas. De vuelta en el Congreso, los diputados disponen a su vez de 30 días para resolver sobre el pronunciamiento del Presidente.
Actualmente el Parlamento no resuelve cuándo, o si se acogerá al receso constitucional de un mes, pero en caso de hacerlo, las normas pendientes no serán enviadas antes de la próxima semana, ya que el pronunciamiento del Ejecutivo obligaría a convocar a un Congreso extraordinario para su discusión.
En cambio, si esta es la última semana de sesiones del Congreso, y las normas se entregan la próxima semana, una vez instalado el período ordinario en enero, los diputados tendrán un mínimo de una semana para resolver sobre los pronunciamientos del Presidente.
Más presión sobre la ley mordaza
La Asociación de la Prensa Extranjera (APE), en Ecuador, se sumó ayer a la preocupación de gremios de prensa por la denominada Ley Mordaza.
Los corresponsales (...) quieren manifestar su profunda preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la libertad de prensa, expresó Eric Samson, presidente de la APE.
El representante gremial agregó que más allá de lo desproporcionado de la pena, el texto aprobado es tan general que el simple hecho de grabar y reproducir intervenciones públicas difundidas por medios radiales y televisivos sin el consentimiento expreso de las partes
podría poner los medios a merced de la interpretación de un juez.
Para Samson, Ecuador ha iniciado una lucha frontal contra la corrupción, y esta ley sería contraproducente a tal fin, por lo que debe ser analizada pública y profundamente, para garantizar una plena libertad de prensa en el país.
El pronunciamiento se suma al realizado anteriormente por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), que pidió al presidente Alfredo Palacio que vete la ley.
Sugieren método para reformar el CNJ
El informe de la comisión de magistrados que analiza el tema de la reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura, sugiere que se realice un proceso similar al utilizado para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia.
La medida se toma en cumplimiento de la disposición transitoria quinta de la Ley del Comité, que obliga a la Corte Suprema, producto del concurso público, a reestructurar el Consejo.
Según el magistrado Alfonso Zambrano Pasquel, miembro de la Comisión que analiza la reestructuración de la Judicatura, para este proceso se establecerían parámetros similares a los usados para la elección de los magistrados, lo que permitiría evaluar objetivamente tanto los méritos como la probidad de los candidatos.
El magistrado Rubén Bravo, por su parte, señaló que la reestructuración en el ámbito interno de la Judicatura deberá ser resuelta por el pleno de ese organismo, es decir por la totalidad de los vocales.
El Consejo se integra con tres delegados de la Corte, y cuatro designados por colegios de la sociedad civil. Esta fórmula corporativista debe ser puesta en práctica por el Tribunal Supremo Electoral, que convoca y registra a los colegios. La resolución que se adopte será conocida el próximo miércoles.
El presidente de la Corte, Jaime Velasco Dávila, dispuso la elaboración de un informe sobre las causas que se tramitan en el despacho de la Presidencia de la Corte.
El informe será entregado el jueves, y avocará conocimiento de los juicios pendientes.
Uno a uno, los 31 magistrados de la corte suprema
Larrea, entre la cátedra de leyes y el libre ejercicio
Hugo César Larrea Romero.
A sus 73 años, Hugo César Larrea Romero llegó a ser ministro juez de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
Sin embargo, ese no es el único cargo público de jerarquía que ha ocupado.
Entre 1996 y 1997, fue ministro de Trabajo y Recursos Humanos en el gobierno de Abdalá Bucaram.
Entre 1978 y 1979 fue intendente de Compañías en Guayaquil. Y desde 1970 hasta 1977 fue magistrado del Tribunal Fiscal.
A la par de la carrera judicial, Larrea ha ejercido la docencia universitaria.
Actualmente, es profesor de DerechoTributario y Derecho Lboral en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
En 1994 y 1995 fue profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Guayaquil.
El primer centro de educación superior donde dictó clases fue la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Ahí fue profesor de Derecho Administrativo y Laboral entre 1972 y 1978.
Pese a su experiencia docente, para el proceso de selección de magistrados se postuló por el libre ejercicio profesional (desde 1958). El 1 de diciembre, fue nombrado como uno de los tres jueces de la Sala de lo Fiscal.
Peña, de portero de un juzgado a magistrado
Hernán Antonio Peña Toral
El 1 de diciembre, Hernán Antonio Peña Toral fue uno de los cinco funcionarios de la carrera judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Peña se ubicó en el puesto 23. Obtuvo un puntaje de 56,51 en las etapas de oposición y merecimiento. Entre los años 2000 y 2002, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, donde se desempeñaba como ministro juez de la II sala de lo Penal hasta antes de ser
nombrado magistrado de la Suprema.
Antes de presidir esa Corte, fue ministro juez de la I sala, juez de la II sala, presidente del Primer Tribunal Penal del Azuay y juez del Segundo Tribunal Penal de esa provincia. En la Función Judicial de esa provincia austral se inició como portero-ayudante del Juzgado de Inquilinato de Cuenca. Esa actividad la desempeñó desde 1968 hasta 1972.
Entre 1991 y 1997, combinó las actividades de funcionario judicial con la cátedra. Fue profesor de la Universidad de Cuenca.
En ese centro educativo, realizó un diplomado superior en Derecho Constitucional. Ahora, Peña es miembro de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Suprema.
Sus compañeros de sala son Teodoro Coello Vásquez y Gastón Humberto Alarcón.
Hora GMT: 13/Diciembre/2005 - 05:00 Fuente: Diario El Expreso Ciudad Quito
