EL COBRO COACTIVO

Publicado el 20/Julio/2001 | 00:00

Quito. 20 jul 2001.(Editorial) El problema de los Bancos que pasaron a la
AGD surge, principalmente, por el dinero que se llevaron los banqueros
prófugos y porque esos bancos no han podido cobrar sus créditos, ya
porque quienes les deben son insolventes, no quieran pagar, o simplemente
porque se trata de créditos vinculados, esto es, de empresas de los
propios banqueros respecto de las que no se hizo gestión alguna de cobro.
De ahí que, insistentemente, se ha reclamado cobrar esas deudas por la
vía coactiva.

El juicio coactivo es un procedimiento de cobro (ejecución) abreviado y
expedito que tienen las instituciones públicas para demandar sus
créditos, que gozan de la presunción de legitimidad. En la vía coactiva
toda la tramitación del juicio se hace ante el juez propio de la
institución, generalmente el tesorero, y no ante la justicia común que
tiene un gran volumen de trabajo, expedientes y falencias que son harto
conocidas.

De cualquier manera, lo que ha faltado en esos bancos es una decisión
firme en el sentido de cobrar a todos los que les deben, particularmente
a quienes, cuando obtenían el crédito, lo hacían con la anticipada
intención de nunca pagarlo. Pero más grave e inadmisible es que no se
haya cobrado lo que deben las empresas vinculadas, porque ya en la Ley
para la Transformación Económica del Ecuador ("trole 1") de marzo de 2000
se concedía un plazo de 90 días para que se les cobrara. Entonces, no
solo que deben cobrarse las deudas de las empresas vinculadas, sino que
debe, inclusive, demandarse en la vía colusoria la nulidad de la
restructuración de esas deudas que, en el caso de Filanbanco, por
ejemplo, se hizo a siete años plazo con uno de gracia y cero interés,
justo antes de pasarlo a la AGD.

Y hablando de Filanbanco, los paquetes que se formen para ofertar al
resto del sistema la cartera, bien entendido que el 62% es vencida,
tienen que incluir la cartera vinculada porque de lo contrario se
consagrará un nuevo "regalo" de $250 millones, aproximadamente, para
quienes fueron administradores y propietarios de ese Banco, pues la
demanda presentada para que se devuelvan los créditos "amortizados", como
lo ha denunciado el diputado Carlos González, es, a ojos vista, un
absurdo jurídico, que no puede prevalecer por encima de toda ley y el
sistema legal que, al menos en teoría, rige en el país, por las razones
siguientes: 1) Porque los créditos no fueron amortizados cuando el banco
pasó a la AGD; 2) Porque el Art. 24, literal d) de la Ley de la AGD
preveía, para este supuesto, que el banco haya pasado a saneamiento, lo
que nunca se dio, pues hasta el cierre el banco estuvo en
restructuración; 3) Porque ese Art. 24, literal d) de la Ley
de la AGD fue derogado mediante la Ley "trole 1", Art. 100, letra i), de
marzo de 2000. De manera que cuando se presentó la demanda, en marzo de
2001, esa Ley tenía un año de derogada; y, 3) Finalmente, porque en el
juicio verbal sumario, que se tramita esa demanda, no es posible ordenar
retención alguna, como ilegalmente se ha hecho.

De manera que, si van a continuar estos desafueros económicos, sería más
práctico asignar a ese grupo de poder, solo porque cuenta con canales de
televisión y varias radios, una participación directa en el
presupuesto del Estado para que viva suntuosamente en Miami y deje de
hacer tanto daño al país y a su gente; que con o sin coactiva los
ecuatorianos ya tenemos bastante en las cuentas por cobrarles.(Diario
Hoy)

Autor: Juan Falconí - Ciudad Quito



Actualizado por

1

- en EXPLORED - Noticias de Ecuador.