HoyComEc

Constitución garantista

Publicado el 08/Enero/2010 | 00:11

Por Marena Briones Velasteguí

mbriones@hoy.com.ec

No voy a verter un criterio sobre el caso en concreto, pues carezco de información para pronunciarme sobre él. Voy a opinar, sí, sobre una de las razones esgrimidas para justificar la decisión judicial de negar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General del Estado. La cita de prensa dice que se adujo que "no es aplicable ese tipo de medidas cautelares cuando nos regimos por una Constitución eminentemente garantista". Las medidas cautelares solicitadas fueron la prohibición de ausentarse del país y la prohibición de enajenar bienes.

Más allá de que de la mera existencia de una Constitución garantista no se deriva necesariamente la inexistencia o la inaplicabilidad de determinadas medidas cautelares -cuestión que es fácilmente demostrable con la sola lectura del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, reformado con posterioridad a la expedición de la actual Constitución-, lo que resulta crucial en la afirmación aludida es qué fue lo que se quiso decir cuando se calificó a la Constitución como "eminentemente garantista".

El "garantismo" es una concepción filosófica y política sobre el derecho, cuyo origen se sitúa en el ámbito del derecho penal italiano.

En palabras de Luigi Ferrajoli -uno de sus exponentes más representativos- es sinónimo de un Estado constitucional de Derecho en sentido fuerte. Desde esa perspectiva, el derecho es asumido como un sistema de garantías, que limita y vincula a todos los poderes públicos -los privados también- para la efectiva protección y tutela de los derechos fundamentales. "La Ley -dice Ferrajoli- no es sólo condicionante, sino que también está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales". Así, "el juez tiene a su cargo el control de la legalidad producida por los poderes públicos" y la legitimidad de la jurisdicción "viene dada por su sujeción a la Ley".

En esa línea de pensamiento, Ferrajoli también afirma que, al implicar que los poderes públicos violan la Ley, la corrupción política "supone una ruptura del paradigma del Estado de Derecho" y de la democracia, pues "comporta la lesión de todos los principios democráticos: la publicidad, la transparencia, la responsabilidad, la visibilidad del poder". Que una Constitución no solo reconozca los derechos fundamentales, sino que además establezca instituciones y procedimientos para una efectiva protección y exigibilidad de tales derechos, es decir, que sea una Constitución garantista, implica entonces un control jurisdiccional exigente con las ilegalidades en las que pueden incurrir los poderes públicos.

Un sistema jurídico garantista es un sistema que defiende los derechos de los individuos frente a las distintas maneras con las que el poder puede ser ejercido arbitrariamente. En un sistema garantista, no caben ni el autoritarismo ni el denominado "decisionismo judicial". A los jueces, el sistema garantista les exige que sus decisiones se hallen fundadas (justificadas) en una "motivación verdadera", motivación que "depende de la existencia de garantías y de la observancia del principio de estricta legalidad".



Actualizado por

1

- en Diario HOY - Noticias de Ecuador.