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Constitucion, Educacion Y Pobreza

Publicado el 04/Noviembre/1994 | 00:00

Quito. 04.11.94. (Editorial) Reformas van, reformas vienen. Aún
no terminábamos de enterarnos de los objetivos que persigue la
reforma curricular cuando nos encontramos ya en el ojo mismo de
la tormenta, en el corazón del fuego de las otras reformas: las
constitucionales, las que reforman el acto de fundación o
constitución del Estado. Hobbes lo denomina la República, gran
LEVIATAN, Dios Mortal a quién debemos nuestra paz y defensa.
Atendamos pues a la reforma constitucional que de llevarse a
efecto normará a la primera.

La propuesta de cambios constitucionales contenidos en el
proyecto del Ejecutivo y de los notables, Sección IV, introduce
reformas en extremo importante en la forma como se han
establecido las responsabilidades públicas e individuales frente
a la educación. A diferencia de la Constitución vigente que
definía ésta como un derecho de la persona y deber primordial del
Estado, la propuesta desplaza este deber a los padres de familia.
El Estado, se afirma, proveerá los medios necesarios para cumplir
su obligación, que es garantizar el acceso a la educación de
todos sus habitantes sin discrimen alguno.

Considero positivo rescatar la responsabilidad familiar en la
educación. Sin embargo esto se lo hace debilitando la
responsabilidad del Estado. Lo adecuado sería señalar que la
educación nacional es corresponsabilidad de la familia y del
Estado. Este último debe garantizar igualdad de oportunidades a
todos los niños ecuatorianos para recibir una educación de
calidad por lo menos hasta el ciclo básico (los diez grados
contemplados en la reforma curricular) en el contexto de la
libertad de las familias de elegir el sistema educativo que más
les convenga. Algo que ahora no ocurre. La nueva Constitución
debe afirmar categóricamente el compromiso del Estado en esa
dirección, no diluirlo.

Los argumentos son varios. El más importante es que las
oportunidades de acceso a la educación no son iguales para todos,
ni la calidad de la educación es razonablemente similar en el
sistema educativo. El hecho tan señalado de las condiciones de
pobreza de la mayoría de familias ecuatorianas, sumado a la falta
de una suficiente asignación de recursos a la educación pública
explican los problemas de deserción escolar entre los más pobres,
y en general la falta de calidad de la educación, especialmente
pública, que limita enormemente la capacidad de las familias
pobres para aprovechar las oportunidades del cambio e innovación
tecnológica, asociados a los procesos de modernización.

Si la prioridad nacional más importante es a todas luces la lucha
contra la pobreza extrema, la educación es sin duda un arma
extraordinaria, no la única. Sin embargo para cumplir tal
función se requiere que sea una responsabilidad central del
Estado en cuanto se refiere a la organización, financiamiento y
supervisión de los servicios educativos hasta el nivel básico.
La educación es inversión social, es la más acertada de las
políticas sociales.

Otro aspecto que se ha reformado es el concerniente a la
gratuidad de la enseñanza oficial. En la Constitución vigente
era gratuita en todos los niveles. En la propuesta del Gobierno
queda limitada hasta la educación media. De ser aprobada la
propuesta del Ejecutivo las universidades y escuelas politécnicas
públicas deberán buscar fuentes complementarias de
financiamiento.

En las propuestas provenientes de diversos grupos sociales
organizados se especifican algunos aspectos relevantes que deben
ser considerados por el Congreso uno de ellos es el deber del
Estado de garantizar una educación no sexista, ni machista y que
promueva la libertad, la solidaridad, la equidad e igualdad de
oportunidades y el respeto hacia el medio ambiente. (4A)

Ciudad N/D



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