Quito (Ecuador). 29 sep 95. Un juicio político la víspera,
condena los gastos reservados.
La sociedad se divide. La clase política en el parlamento, la
sociedad civil en un espacio cultural. Allí se entabla el
juicio político en la víspera al que ocurrirá en el Congreso
el lunes. Así como el martes, en Guayaquil, la gente desfiló
para denunciar la muerte de los servicios públicos entre las
manos de los gastos reservados, en Quito ayer diversas
organizaciones prepararon un juicio popular en la Casa de la
Cultura para condenar, por anticipado, a la corrupción. Las
argumentaciones anticiparon lo que, tal vez, no se escuchará
la próxima semana en el Parlamento Nacional.
Finalmente, se condenó la existencia de los fondos de gastos
reservados que han financiado a lo largo de la historia, actos
contra los derechos humanos. El juicio popular estuvo
organizado por Manos Limpias.
El Estado terminó condenado por la sociedad civil durante un
juicio denominado "Etica y Legalidad de los Fondos Reservados"
organizado por la agrupación civil anticorrupción "Manos
Limpias".
La idea era representar un juicio para condenar, o absolver,
la ética y la legalidad del manejo que el Estado ha realizado
acerca de los fondos para los gastos reservados.
Esta especie de juicio fue armado al estilo norteamericano: un
juez, un abogado fiscal, un defensor y un jurado encargado de
comparar los argumentos de la parte acusadora y de la defensa
para decidir si el Estado era culpable o no.
Como juez actuó Simón Espinosa. El fiscal fue Raúl Chiriboga,
del ILDIS. La defensa no concurrió al juicio. Se había
invitado a Jorge Zavala Egas, Rodrigo Bucheli y Freddy Bravo,
pero ninguno concurrió. Como testigos aparecieron el coronel
Arellano y Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos.
Durante el juicio, tanto los testigos como el público presente
expusieron varias razones para la condena del Estado. En
primer lugar, los gastos reservados han sido siempre
vinculados con los gastos para la seguridad interna del país
que, en innumerables casos, se ha traducido en violaciones a
los derechos humanos.
Alexis Ponce afirmó que el uso de los gastos reservados ha
financiado asesinatos, palizas, torturas, creación de órganos
especializados en terror de Estado.
Además, la misma existencia "reservada"de esos fondos,
sumamente secreta, evidencia que los actos financiados no han
sido lícitos ni loables.
Una vez que el Jurado escuchó estos argumentos, se reunió a
deliberar el veredicto. El Jurado estaba conformado por
personalidades de diversos ámbitos de la cultura, la economía
y la política ecuatoriana, como Jorge Enrique Adoum, Luz Elena
Coloma y Sonia Palán, entre otros.
Mientras deliberaban en privado, el público opinó acerca de la
actual crisis de corrupción que atraviesa el Estado y el país.
Por ejemplo, un miembro de la comunidad negra rechazó las
declaraciones racistas de la Policía, que echaba la culpa a
los negros por el auge delictivo. "Los casos Flores y Miel,
Irandina, gastos reservados no los hemos cometido los negros"
afirmó el representante de Esmeraldas.
Madres de familia, trabajadores y profesores intervinieron y
rechazaron la posible renuncia del vicepresidente Dahik para
evadir el juicio político. "Hay que obligarlo a que se
presente" fue la conclusión de todos.
Pero la presencia que más llamó la atención fue la del general
Carlos Jarrín. El general felicitó al movimiento pero lo acusó
de espontáneo, pues Manos Limpias se disolvería cuando el caso
de los fondos reservados terminara. "Se opina mucho en sitios
como éste, en la casa, pero no en las calles".
Se recordó el ejemplo del pueblo brasileño, que salió a
protestar para obligar a que Collor de Mello sea censurado.
Dirigentes de Manos Limpias, luego de esto, declararon que el
papel de su movimiento debe expandirse, que debe emprender
acciones más decididas y amplias.
Finalmente, el Jurado leyó su veredicto: "El Estado es
culpable de un manejo poco ético e ilegal de los fondos para
los gastos reservados."
TAMBIEN SE DIJO...
- En un primer momento, los fondos reservados eran destinados
a la seguridad del país, luego se los amplió para la seguridad
del Estado, luego para gastos imprevistos y , por último, para
proyectos. El concepto de seguridad del país comprende algo,
el de Estado ya es más amplio, el de imprevistos más amplio
todavía, y el de proyectos ya no deja margen alguno.
- La inmoralidad está en meter todos estos casos bajo la
cobija de gastos reservados para que nadie pueda meter la mano
de la transparencia, manifestó Simón Espinoza.
- Este argumento en contra de la existencia misma de los
gastos reservados sintetizó, en cierta forma, los argumentos
que iban desde la utilización de los mismos, que son fondos
públicos, en atentados a los derechos humanos hasta su
manipulación con fines ilícitos y antiéticos, como la compra
de conciencias o el financiar campañas electorales a favor de
determinados grupos, contribuyendo así a la corrupción.
- Al haberse utilizado en la represión de la subversión
interna, por medio de la eliminación de los sujetos que
presuntamente la protagonizaron, los gastos reservados han
atentado contra la seguridad del Estado puesto que ésta
involucra la seguridad de todos y cada uno de los individuos
que conforman el Estado.
- Los gastos reservados han sido desviados de sus objetivos
declarados que, son la seguridad interna y externa del Estado,
al haberse utilizado para violar precisas normas
constitucionales.
- Sin embargo, el propio fiscal admitió como válido el
testimonio del coronel (r) Jorge Cevallos F. , ex director
nacional del movilización del Consejo de Seguridad Nacional,
por medio del cual se evidenció que cuando los gastos
reservados están sometidos a las leyes, y a los fines y
objetivos lícitos que presigue un gobierno, son éticos.
- "Un país requiere tener una estructura jurídica que permita
tener estos gastos de seguridad si se los utiliza para fines
absolutamente éticos en función del bien común de toda la
sociedad ecuatoriana y no de una parte de esta", según Galo
Chiriboga que actuó como fiscal. (Política) (Diario HOY) (9A)
Ciudad Quito (Ecuador)
