La AGD trató de incautarse del edificio Amazonas Plaza, pero este no pertenece a la MB sino a la subsidiaria Benalcasa y se halla hipotecado al Banco Internacional por una deuda de $9 millones
Para cancelar las acreencias a los depositantes de hasta $12 200, la Mutualista Benalcázar necesitaba $45 millones.Para ello, la MB solo tenía en efectivo alrededor de $27 millones, pero le faltaban otros $18 millones. Eso se completó con $10 millones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el resto fue cubierto por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Con el fin de recuperar sus recursos, la Agencia decidió tomarse varios activos de la Mutualista, entre ellos el edificio Amazonas Plaza, ubicado en la zona bancaria de Quito, al norte de la ciudad.
Pero la AGD no habría tomado en cuenta que el inmueble no es de propiedad de la Mutualista, sino que pertenece a la subsidiaria Benalcasa S.A. y está hipotecado al Banco Internacional, por un crédito de $9 millones. BLANCO Y NEGRO pidió una entrevista con el gerente de la Agencia, Carlos Bravo, pero no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición. Así, no se sabe si la AGD decidió esta "incautación" por desconocimiento del estatus jurídico del bien.
Otro de los activos de la Mutualista era la cartera no vinculada con los proyectos inmobiliarios. Esta pasó al BEV como garantía de los recursos colocados para el pago de los primeros depositantes.
Pero el Banco de la Vivienda también asumió una parte de la cartera vinculada, por alrededor de $10 millones. Ese monto podría quedar en el papel si es que no se reinician los proyectos, explican fuentes de la "Súper" de Bancos.
Actualmente, los compradores de las viviendas también estarían "en el aire". Durante el transcurso del tiempo, ellos realizaron pagos anticipados por alrededor de $25 millones en 18 proyectos, pero no tienen los títulos de propiedad.
La Mutualista tampoco tenía garantía hipotecaria sobre esos recursos, pues esto dependía de la entrega de los proyectos, los cuales no eran manejados por la MB sino por las subsidiarias Benalcasa S.A. y Gruimbe S.A., que otorgaban a los compradores "convenios de reserva".
Estas subsidiarias "fragmentaron" jurídicamente los proyectos inmobiliarios, por eso la valoración que debía finalizar en junio aún no termina; este es otro de los impedimientos para su negociación.
El 8 de mayo pasado, la Fiscalía inició una indagación previa para recopilar indicios de convicción sobre posibles delitos penales que habrían conducido a la insolvencia de la MB.
Luego vino la instrucción fiscal y se pidió la prisión, por supuesto peculado, de dos ex gerentes generales y de cinco vocales del cuerpo directivo de la Mutualista.
Entre agosto, septiembre y octubre, la instrucción se hizo extensiva a otras seis personas, entre ex funcionarios de la MB, la accionista fundadora de las subsidiarias Benalcasa y Gruimbe, Susana Ramos, el representante de la firma auditora externa Varela y Asociados, Germán Varela, y la representante de la calificadora de riesgos Ecuability, Teresa Minuche. La Fiscalía no pidió medidas cautelares para este grupo de vinculados.
En estos días está por dictarse el dictamen fiscal que puede ser acusatorio o abstentivo. Con eso se cerrará la etapa de instrucción y la jueza 8.ª de lo Penal de Pichincha, María Cerón, que lleva adelante el proceso, abrirá el juicio para establecer responsabilidades. (VG/AA)
Calificación se emitía sobre datos de auditoría
Durante dos años, el riesgo se mantuvo en AA- , lo que significa excelente manejo financiero
La representante legal de Ecuability, Teresa Minuche, presentó un amparo constitucional en contra de una resolución de la Superintendencia de Bancos por haberla descalificado como calificadora de riesgos. El caso está en la actual Corte Constitucional.
A finales de 2005, Ecuability subió la calificación de la Mutualista de A+ a AA-; así se mantuvo hasta fines de 2007.
Minuche declaró en la Fiscalía que Ecuability emitía su calificación con base en los informes de la auditoría externa (Varela y Asociados) y de la información entregada por el cliente (MB). Esto, de acuerdo con el artículo 180 de la Ley General de Instituciones Financieras. Ella dice que la decisión de la Superintendencia le quitó a Ecuability la cartera de clientes (39) y la repartió a otras calificadoras. (VG/AA)
Minuche dice que es 'chivo expiatorio'
Mediante memorando del 1.° de abril de 2008, la Dirección Nacional de Riesgos de la Superintendencia señaló la existencia de "serias divergencias" en las calificaciones otorgadas por Ecuability.
Según la representante legal, Teresa Minuche, eso trató de dañar el buen nombre y reputación de la firma. Agregó que ese documento nunca fue dado a conocer a la empresa "ni antes ni después de la sanción". Ella asegura que la Superintendencia ha colocado a su firma en una situación de "chivo expiatorio" del problema de la MB.
