Quito (Ecuador). 15 jul 96. Antonio Narváez, decano de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, dice que
pretender mover la réplica de la casa de Navarro de su sitio
original es, más que un acto ilegal, una cuestión de
principios.
"No se trata de un acto bandálico contra el patrimonio
cultural, sino de un desatino administrativo", dice Narváez, y
agrega que en lo posterior no se debe permitir la destrucción
de los bienes culturales -como fue el caso de la casa de
Navarro, que fue derrocada-, porque solo así se evitarán
problemas como el actual. "El interés por conservar los
patrimonios culturales, cuya responsabilidad recae en las
autoridades locales, debe prevalecer sobre los intereses
económicos de entes particulares", agrega Narváez.
El decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Central se muestra preocupado por la situación actual del
patrimonio cultural nacional, y menciona que dos principios
fundamentales de conservación: el primero, dice, tiene que ver
con la obligación de toda persona de conservar los bienes
culturales, es decir, que está vedado cualquier tipo de
intervención, salvo aquella que tiende a la conservación del
bien cultural; el segundo principio tiene relación con la
necesidad de evitar cualquier intervención que contribuya a
generar una suerte de falsificación.
Narváez asegura que este segundo principio está siendo
irrespetado. Según dice, lo importante hubiera sido que la
casa de Navarro no se derrumbe, pues intentar construir una
réplica ya no tiene valor, a menos que se reproduzca por
cuestiones didácticas. El arquitecto señala, sin embargo, que
ahora lo acertado es conservar el terreno como una memoria o
referente para las posteriores generaciones. "De lo contrario
se estaría promoviendo un fraude cultural y alentando la
falsificación", acota.
Decisión fuera de la ley
Fernando Carrión, arquitecto y ex director de Planificación
del Municipio de Quito, también insiste en que, de acuerdo a
lo que contempla la ley, se debe restaurar la casa de Navarro
en las condiciones en que se encontraba inicialmente; ésto
incluye la localización del inmueble.
Para Carrión, es necesario buscar la concordancia entre la Ley
del Distrito Metropolitano, que ordena el uso del suelo, y la
Ley de Patrimonio Cultural, que ** los bienes culturales. "El
problema no consiste en qué ley prevalece sobre la otra,
porque las dos tienen ámbitos de competencia distintos",
explica Fernando Carrión.
Según este arquitecto, la recontrucción de la casa de Navarro
implica que sea levantada únicamente en su lugar de origen.
"Aunque es imposible reconstruir una casa totalmente idéntica
-dice Carrión-, en primer lugar hay que cumplir lo que manda
la ley, y en segundo lugar se debe intentar recuperar el valor
tipológico del inmueble, es decir, las características
funcionales de la casa, lo que también implicaría intentar
reconstruir la técnica de la época en que ésta fue
construida".
"Los intereses públicos estpan sobre los particulares"
"Los intereses públicos deben prevalecer sobre los intereses
particulares", dice Dora Arízaga, ex directora del Fondo de
Salvamento del Municipio de Quito, al referirse al proyecto de
reconstrucción de la casa de Navarro.
Arízaga prefiere no entrar al campo legal, pero cita el
artículo séptimo de la Carta de Venecia (acuerdo internacional
sobre la intervención de sitios y monumentos históricos): "el
monumento es inseparable de la historia de la cual es testigo
y también del medio en el que está situado, por lo tanto el
desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser
tolerado, más que cuando la salvaguardia del mismo lo exija, o
bien cuando razones de un gran interés nacional o
internacional lo justifique". "Este no es el caso, por lo que
no se puede aceptar que se mueva la casa de Navarro", subraya
Arízaga.
La ex funcionaria municipal asegura que la propuesta de mover
de su sitio original a la réplica de la casa de Navarro es
preocupante, porque se estaría sentando un precedente que
podría traer graves consecuencias a la conservación del centro
histórico. "De no tomarse las medidas necesarias -asegura- se
daría pie para que otras personas con propiedades coloniales
pretendan moverlas de su sitio original".
Alcalde defiende sus atribuciones
El alcalde de Quito, Jamil Mahuad, precisó a HOY que el
conflicto en torno a la Casa Navarro se centra en la ubicación
de la réplica de la edificación histórica que deberán levantar
los constructores.
Mientras el presidente de la Comisión de Centro Histórico, el
concejal Roque Sevilla, insiste en que la empresa SIMAR deberá
reponer la casa -derrocada en 1993- en el lugar exacto en que
estuvo la original, el alcalde estima que la casa podría ser
reconstruida en otro sitio del mismo solar.
Mahuad dijo que al reponerla en el mismo sitio, la casa será
tapada por las dos torres que construirá SIMAR, con lo que
perderá el sentido histórico arquitectónico de la réplica y,
también, el lugar.
El alcalde insiste en que, en este caso, se da el hecho de que
la casa ya no existe, por lo que, como anotó a HOY el síndico
del Municipio, la providencia del alcalde es de excepción,
solo para este caso.
Por lo demás, la propuesta de SIMAR se ajusta a los parámetros
legales de construcción. "La solicitud entró a un computador,
se aprobó en la Administración Zonal, se tramitó en forma
ordinaria en el despacho del alcalde, antes de la
providencia", señaló Mahuad, quien defendió sus atribuciones
como cabeza del Municipio. "Es una manera coherente de
solucionar la discrepancia", insistió.
El alcalde argumentó, también, que un posible trámite judicial
para anular su providencia conlleva el peligro de que el
juicio se prolongue por muchos años. Así, hay el riesgo de que
no se reconstruya la casa perdida, además de que quedarán
suspensas las nuevas edificaciones que se dispone a levantar,
en ese solar, la empresa SIMAR. (Diario HOY) (9B)
