Procesos legales y jurídicos lo demuestran
Al cabo de poco más de un año del bombardeo de Angostura, sale a la luz que la fuerza pública informó a las autoridades sobre los campamentos de las FARC
Oficiales de la Policía afirman que entregaron información sobre bases de las FARC a las autoridades. Estas niegan haber recibido datos. Procesos judiciales y políticos continúan
La existencia del campamento de las FARC en Angostura tomó por sorpresa al presidente Correa, que dijo que se enteró de su presencia el 1.° de marzo de 2008. Aquel día, durante su cadena radial sabatina, atendió una llamada del presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Este le informaba sobre una incursión al Ecuador, persiguiendo a miembros de las FARC.
Más tarde, se supo que hubo un bombardeo al campamento en el que estaba el número dos de las FARC, Raúl Reyes, que murió junto a otras 26 personas y tres mujeres resultaron heridas.
Un año más tarde, y luego de iniciado un proceso de cambio en la columna vertebral del sistema de Inteligencia, sale a la luz una serie de preguntas respecto al manejo de la información sobre la existencia de ese lugar y otros ubicados en varias zonas de la frontera. ¿Supieron las autoridades de la existencia de bases clandestinas?, ¿qué decisiones se tomaron al respecto?, ¿por qué se dice que se filtró información a países extranjeros cuando estaba vigente un sistema de intercambio de datos?, ¿quiénes son los responsables?
Todo esto se desprende de las investigaciones del Gobierno y de los procesos judiciales y políticos abiertos.
Las declaraciones
Según el informe de la subcomisión de investigación del "caso Angostura presentado al ministro de Defensa, Javier Ponce, la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) de la Policía Nacional informó del bombardeo a los pocos minutos de haber sucedido. De hecho, el jefe de la Uies, el mayor Manuel Silva, se comunicó con Romy Vallejo, de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, para alertarle sobre el operativo contra la guerrilla. Vallejo reconoció que recibió esa información, pero, al parecer, no alertó a Correa.
Luego, el ex subsecretario de Asuntos Políticos José Ignacio Chauvin, al entregarse a las autoridades, admitió que se reunió siete veces con Reyes y que ayudó a coordinar una cita con Gustavo Larrea.
El ex ministro admitió la reunión y afirmó que el Gobierno sabía de esos contactos, aunque no que eran con Reyes, porque fue con su autorización. Además, que no fue ni en el Ecuador ni Colombia, sino en un tercer país.
Sin embargo, el mayor Silva, en su declaración ante la Fiscalía del 14 de abril, y repetida el martes 28 ante la Comisión de Fiscalización, dijo que meses después del bombardeo se contactó con una fuente llamada "Karina, la que confirmó que el encuentro de Larrea y Reyes fue en el Ecuador (probablemente Angostura). Es más, dijo que el encuentro habría sido el 7 de febrero de 2008.
Esta información fue entregada al comandante de la Policía, Jaime Hurtado, quien habría solicitado que esa testigo se presente.
Antes, en diciembre de 2007, el ex agregado policial Juan Carlos Barragán entregó los datos de los posibles campamentos de las FARC al ex comandante Bolívar Cisneros y al ex ministro de Gobierno Fernando Bustamante.(SL)
Los protagonistas de la crisis en las instituciones de inteligencia del país
Marzo 2008
El presidente Rafael Correa recibe una llamada del mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, en la que este informa sobre incidentes en la frontera. Luego, se determinó que fue un bombardeo. Se rompe relación diplomática.
18 febrero 2009
Miguel Carvajal, ministro de Seguirdad, dijo: "Hablé con Romy Vallejo y dijo que sí había recibido esa información (la investigación a José Chauvin). Pero qué tiene que ver que el Gobierno lo sepa. La Fiscalía debe investigar".
Febrero 2009
Romy Vallejo recibió por lo menos en dos oportunidades información clave de Manuel Silva: el 1.° de marzo de 2008, cuando lo llamó para alertarle sobre el operativo contra la guerrilla, y en julio de 2008, sobre José Chauvin.
Febrero 2009
José Ignacio Chauvin, antes de entregarse a la Fiscalía, dice que se reunió siete veces con Raúl Reyes, número dos de las FARC, y que ayudó a organizar la cita con Gustavo Larrea. Dijo que no se reunió en el Ecuador con el guerrillero.
Febrero 2009
Manuel Silva aseguró que Larrea probablemente se reunió en Angostura con Raúl Reyes en febrero de 2008. Dijo que el Gral. Jaime Hurtado y Romy Vallejo solicitaron informes sobre la relación de Larrea con las FARC, por un pedido presidencial, y por eso investigaba.
Abril 2009
Fernando Bustamante, ex ministro de Gobierno, según Silva y el coronel Juan Carlos Barragán, recibió informaron sobre posibles campamentos de las FARC en el Ecuador. Él aseguró no haberla recibido nunca.
Abril 2009
Valentina Ramia, en su calidad de subsecretaria de Seguridad Ciudadana, estuvo en la reunión en la que Barragán entregó los datos a Bustamante, así como a Bolívar Cisneros. Según Bustamante, ella no sabe nada al respecto.
Abril 2009
Bolivar Cisneros, como ex comandante de la Policía, según Silva, recibió en dos oportunidades la información de las coordenadas de los supuestos campamentos. Cisneros dijo que no hablará con la prensa sobre esto.
Abril 2009
Jaime Hurtado, comandante de la Policía, recibió los datos sobre la cita Larrea-Reyes en Angostura. El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, pidió que se investigue a quienes jugaron un papel en Angostura.
Crisis pasa factura al servicio secreto
Luego de un año y dos meses de lo que el Gobierno denominó "violación de la soberanía, el bombardeo al campamento de Angostura, en el que murieron Raúl Reyes, el ecuatoriano Franklin Aisalla y 25 personas más, la anunciada reestructuración de los organismos de Inteligencia que hizo el presidente Correa, no se ha ejecutado y ha provocado una crisis en los organismos del orden.
Hasta este momento, lo que existe es el informe de la comisión que investigó las influencias de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), en el cual se dijo que tanto en las Fuerzas Armadas como en la Uies de la Policía hay infiltraciones, por lo que se planteó su reestructuración. Esta contempla la creación de un sistema de Inteligencia y un centro de Inteligencia Estratégica al mando de un civil que tenga la categoría de ministro y rinda cuentas al presidente.
Además, se sugiere la aprobación de una ley, que todavía no ha sido presentada.El primer afectado fue el jefe de Inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño, que fue señalado como principal responsable de ocultar información sobre los documentos que pertenecían a Aisalla y que fueron encontrados en el campamento. El oficial fue dado de baja.
Producto de la misma crisis, Héctor Camacho, jefe del Comando Conjunto; Guillermo Vásconez, comandante del Ejército, y Jorge Gabela, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), presentaron su disponibilidad.
En la Policía, la crisis estalló en febrero de este año, una vez que el jefe de la Uies, unidad élite dedicada a investigaciones de temas de narcotráfico y guerrilla, Manuel Silva, pasó a la clandestinidad. Desde ahí reveló que él llamó, el 1.° de marzo a las 00:30, a Romy Vallejo, jefe de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, para informarle sobre problemas en la frontera norte.
También se supo que el cambio de mando de la Uies se postergó. Este debía darse el 5 de agosto de 2008. Pero, dado que esa Unidad investigaba las vinculaciones del ex subsecretario de Asuntos Políticos José Ignacio Chauvin con una red de tráfico de drogas que tenía vinculaciones con las FARC, se postergó hasta febrero de este año.
En ese momento se produjo la denuncia, desde dentro de la misma Policía, de que el jefe saliente había ordenado la entrega de equipos e información sensible a la Embajada de los Estados Unidos.
El presidente Correa ordenó la expulsión de Mark Sullivan, representante de la CIA en el país, y se abrieron las investigaciones, tanto a escala policial como judicial.
Por lo pronto, hay un pedido de baja por "ausencia ilegal contra Silva que está en revisión. (MP)
Autoridades niegan haber recibido informe
A mediados de abril, el ex director de la Uies mayor Manuel Silva aseguró ante el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, haber proporcionado a varias autoridades un informe de las coordenadas de varios campamentos de las FARC en la zona fronteriza con Colombia.
Según Silva, el ex ministro de Gobierno Fernando Bustamante, la ex subsecretaria de Seguridad Ciudadana Valentina Ramia y el ex comandante de Policía Bolívar Cisneros recibieron esos datos. Esta versión fue ratificada por Juan Carlos Barragán, quien consiguió la información cuando era agregado policial en Colombia.
Al ser consultado por HOY, Cisneros dijo que responderá "en lo que es seguridad nacional ante las autoridades, y no ante la prensa. El viernes, se presentó de manera reservada al congresillo. Mientras que Bustamante, cuando fue consultado hace semanas, se mostró sorprendido. El jefe del Comando Conjunto, Fabián Varela, aseguró que los militares no recibieron información alguna al respecto. (ET)
Catorce versiones para definir si hay juicio
Sobre el ex funcionario pesan tres acusaciones. Esta semana, se decide si hay o no enjuiciamiento político
Hoy, los miembros de la Comisión de Fiscalización del congresillo analizarán las pruebas de cargo y descargo (versiones y documentación) de los llamados a declarar en el proceso que intenta llevar a juicio político al ex ministro de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea por parte del asambleísta Julio Logroño (Sociedad Patriótica).
El funcionario es acusado de negligencia, por incumplimiento de sus funciones y por conflicto de intereses, por sus supuestas vinculaciones a grupos subversivos.
Para el miércoles, en cambio, se prevé que en una sesión la Comisión de Fiscalización se analice el borrador de lo que podría ser el informe de llamado al enjuiciamiento político. Mientras que, entre el jueves y el viernes, se decidirá si procede el proceso político.
El jueves de la semana pasada, concluyó el período de prueba. En este, se receptaron las declaraciones de 14 personas (ver listado), las cuales tuvieron el carácter de reservado. Únicamente el ex jefe de la Uies Manuel Silva y Gustavo Larrea hicieron públicas sus versiones, tras la presentación que hicieran a puerta cerrada en el primer piso del edificio de la Asamblea Nacional.
El último día acudieron, a más de Larrea, el ex director Antinarcóticos coronel Juan Carlos Barragán, y el ex comandante de la Policía, Bolívar Cisneros.
Jaime Hurtado, actual comandante general de la Policía, no acudió, bajo el argumento de que no podía comparecer por sus funciones. Sin embargo, Logroño dijo que se le enviará el pliego de preguntas por escrito para que lo entregara inmediatamente a la Comisión de Fiscalización, a fin de que se considere dentro de las investigaciones.
En su intervención en la Comisión de Fiscalización, Barragán dijo que los "detalles dados por Silva son correctos. Sin embargo, ninguna de las coordenadas corresponden a Angostura.
Ratificó que entregó la información al comandante de Policía y al ministro de Gobierno de la época. (ET)
Personas que han declarado
Militares:
Teniente José Jiménez Guaña Teniente Fabricio Tafur Teniente Juan Carlos Medrano Teniente Álex León Sánchez Teniente Jorge Peña Cobeña Teniente coronel José Hidalgo ex integrantes de la Dirección General de Inteligencia (DGI)
Capitán (r) Stalin Sacoto (operativo)
Coronel (r) Gerardo Zapata (subdirector)
Ex miembros de la UIES Mayor Manuel Silva (ex director)
Capitán Jorge Hadathy (ex oficial operativo)
Otras versiones
El ex ministro Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea
El coronel de Policía Juan Carlos Barragán.
El comandante general de la Policía, Jaime Hurtado Vaca.
El ex comandante de la Policía Bolívar Cisneros.
Fiscalización no ha sido una práctica legislativa
Si se concreta el juicio político en contra del ex ministro de Seguridad Interna y Externa y ex ministro de Gobierno Gustavo Larrea, sería el segundo en realizarse desde que Rafael Correa está en el Gobierno (enero de 2007).
El primero fue en contra de Ricardo Patiño, cuando se desempeñaba como ministro de Economía, acusado de beneficiar a un grupo de tenedores de deuda externa. A pesar de que fue censurado, el presidente Rafael Correa lo mantuvo en su cargo.
Larrea, que iba a candidatizarse a asambleísta por AP para las elecciones del 26 de abril, renunció, por sus vínculos con Chauvin y las revelaciones que este ex funcionario hiciera. (SL)
Larrea: "No era mi misión procesar esos datos"
El ex ministro de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea dijo que nunca recibió informe alguno sobre coordenadas de campamentos de la guerrilla en suelo ecuatoriano, pues esa no es su misión. Aclaró que todo informe sobre coordenadas o información de inteligencia era procesado por las FFAA y que las fuerzas operativas inmediatamente se encargaban de verificarlo.
"Jamás llegó a mis manos. No era mando operativo, sino ministro coordinador de Políticas de Seguridad, no de Operaciones de Seguridad, acotó. Y en esa medida, aseguró que él ha pedido a la subcomisión del congresillo que le permita ir a juicio para explicar cómo manejó la política de seguridad del Estado y aclarar cualquier duda.
Desde esa perspectiva de su gestión, calificó como infundada la acusación del asambleísta Julio Logroño.
Sobre el juicio, Larrea dijo que en su partido no ha hablado del tema. De la posibilidad de volver al Gobierno, señaló que espera que el tiempo responda al planteamiento del presidente. ¿Embajador en la Argentina? Es especulación de alguien mal informado, sentenció. (ET-LB)
Cuatro procesos sobre Angostura
Las acciones judiciales por el bombardeo al campamento de Angostura, en Sucumbíos, se iniciaron dos días después de ocurrido el hecho.
La Fiscalía de Sucumbíos abrió una indagación previa que en principio abarcó varios frentes de investigación. Una de ellos fue el de las tres sobrevivientes del bombardeo: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez.
El fiscal Wirmar Gonzabay las acusó de supuestamente atentar contra la seguridad del Estado y pidió orden de prisión contra las tres, pero ellas salieron del país varias horas antes de que el juzgado Tercero de lo Penal de Sucumbíos aceptara el pedido de detención. Ellas están llamadas a juicio.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, aceptó el viernes pasado el pedido del juez de lo Penal de Sucumbíos de solicitar la extradición de Morett desde México y las colombianas desde Nicaragua.
Otro proceso es por la muerte de 25 personas, entre ellas varios estudiantes mexicanos que llegaron al país para participar en la convención de la Coordinadora Continental Bolivariana. Este quedó abierto hasta tener nuevos elementos.
En febrero, en cambio, cuando José Ignacio Chauvin se entregó y dijo que se reunió con Raúl Reyes y que gestionó la cita con Gustavo Larrea, se abrió otra indagación por los vínculos de funcionarios con las FARC. En esta, fueron llamados a declarar varios miembros del Ejército y de la Policía.
En Quito, en cambio, hay otra investigación para determinar las relaciones que en vida tuvo Franklin Aisalla, quien murió en el bombardeo. (MP)
Hora GMT: // - 19:00