La actual administración todavía no reforma un reglamento de compras que ampara procesos con supuestos vicios de irregularidades
LAS COMPRAS DE ANDINATEL TIENEN NORMAS "FLEXIBLES"
Dentro de lo legal se han cambiado precios referenciales, las bases durante los procesos de adquisiciones...
El Gobierno alista un paquete de 46 leyes para presentarlo a la próxima Asamblea Constituyente. Una de ellas es la Ley de Compras Públicas, la cual apunta a la transparencia de las adquisiciones en el sector público.
Mientras la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) prepara el proyecto, durante el primer año de la administración de Rafael Correa las entidades del Estado siguen regidas por reglamentos flexibles para realizar las compras.
Entre las entidades públicas que realizan compras millonarias, para su funcionamiento y para atender a los usuarios, están las empresas del Fondo de Solidaridad (FS) como Andinatel, que, pese a tener un estatus jurídico de derecho privado, maneja recursos públicos, pues el presupuesto de este año es de $227 millones.
Con las normas vigentes, durante distintas épocas se han cambiado bases de concursos de precios en pleno proceso de adquisición, han variado en cientos de miles de dólares los precios referenciales, no se han depurado las bases de datos de proveedores, inclusive han podido ofertar bienes y servicios empresas vinculadas a funcionarios de la institución. Todo esto dentro del marco legal.
Desde abril de este año, cuando Fabián Palacios asumió la Presidencia Ejecutiva, la empresa ha realizado compras por alrededor de $1 millón, manifiesta el gerente de Compras, Diego Narváez Sosa. Él asegura que las adquisiciones se han hecho con nuevos parámetros y que hay un proceso para transparentar la gestión. No obstante, varios empleados de esa área de Andinatel, que han pedido no ser identificados por temor a ser despedidos, aseguran que las cosas no han cambiado del todo.
Señalan que la piedra angular del cambio está en la creación de un nuevo reglamento de compras y califican al actual de poroso, porque ha permitido realizar adquisiciones viciadas, dentro de un marco legal.
Narváez replica que el plan de compras de bienes y servicios está en la fase de elaboración. Este será el marco para las adquisiciones que realice Andinatel durante el primer semestre de 2008.
Entretanto, informa que se ha depurado la base de datos de proveedores, que registraba a cerca de 800 empresas y se la ha dejado en 350, también está en marcha un proceso de calificación en el cual intervienen las certificadoras SGS, Corteimag, Intertec y Globert IPAC. Pero las fuentes reiteran que el problema de fondo está en el reglamento de compras. (AA/SR)
Cuatro concursos llaman atención en la telefónica
Ex directivo asegura que el registro de proveedores fue ampliado y que se democratizaron los procesos
El ex presidente ejecutivo de Andinatel Esteban Arellano manifiesta que la base de datos registraba 35 proveedores cuando asumió el cargo y refiere que esta fue ampliada en su administración. Después participaron más de 250 proveedores en los procesos, asegura.
Esa amplia participación de los proveedores no se habría cumplido, al menos, en cuatro concursos de ofertas para adquirir sistemas informáticos, según la Contraloría Interna de la empresa.
En los concursos examinados fueron invitadas a participar unas ocho empresas, en promedio, luego, ya sea porque algunas se excusaban o porque otras no cumplían los parámetros requeridos, quedaban dos finalistas de entre los cuales se escogía a la empresa con la que se firmaba el contrato.
Otro aspecto que llamó la atención de la Contraloría de la telefónica fue que los capitales declarados por las empresas adjudicadas eran significativamente inferiores a los montos de contratación; por mencionar un caso, se hizo una compra por $1,3 millones con una firma que declaraba un capital de $800.
La Contraloría Interna tampoco halló evidencias de cómo se establecían los precios referenciales. (AA)
"Contratos a la medida de las empresas"
El vicepresidente Jurídico de Andinatel, Javier Oliva, manifiesta que algunos contratos anteriores "fueron hechos a la medida de las empresas proveedoras, pero no en favor de Andinatel", es decir no se precautelaron los intereses de la telefónica, dice. El funcionario también advierte que en el caso de que Andinatel los quiera dar por terminados, "los proveedores tienen todas las garantías para demandarnos y sacarnos plata". Añade que la modalidad de negociación estaba configurada para perjudicar al Estado. A manera de ejemplo, sostiene que hay contratos en los que se dieron anticipos por el 40% o 50% sin pedir las garantías de fiel cumplimiento, únicamente había compromisos de los contratistas para presentarlas en un futuro próximo. (SR/AA)
La rendición de cuentas no está al alcance de todos
Solo el Ecuador y Haití no tienen un sistema nacional de compras, señalaron en la Contraloría del Estado
Según fuentes de la Contraloría General del Estado, solo el Ecuador y Haití no tienen un sistema nacional de compras en la región. Por eso, las reglamentaciones de las instituciones no son uniformes.
Actualmente existe la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que obliga a las entidades del Estado a transparentar la información. Las contrataciones y las compras están entre los principales rubros que deberían ser colocados en las páginas web institucionales.
Uno de los enlaces de la página de Andinatel dice: Transparencia informativa, y allí se le pide al usuario escoger la información que puede ser obtenida tras llenar un formato de solicitud y señalar el correo electrónico al que debe ser enviada.
El miércoles pasado, BLANCO Y NEGRO siguió todas las instrucciones, e inmediatamente respondieron desde la Secretaría de Andinatel (vía e-mail), que la información ya había sido remitida. Esta edición se cerró la noche del jueves y el pedido nunca llegó.
Esto querría decir que la rendición de cuentas, que debería estar al alcance de todos, por decir lo menos, demora en llegar a quien lo solicita en la telefónica Andinatel. (AA)
AMPLIARON BASE DE PROVEEDORES, PERO SIEMPRE INVITABAN A OCHO
Ex presidente de la telefónica destaca los logros de su gestión, dice que empresa recibió $63 millones de utilidades y certificado ISO.
El ex banquero dice que actualmente solo es un empleado de la empresa Tripetrol, cuya propietaria es la compañía británica Centauro
Ex presidente de la telefónica destaca los logros de su gestión, dice que empresa recibió $63 millones de utilidades y certificado ISO
En el informe DAE-11-06, la Contraloría General del Estado recomendaba al ex presidente ejecutivo de Andinatel, Esteban Arellano, elaborar un instructivo para la calificación de proveedores.
Un documento de la Contraloría Interna de la telefónica señala que la sugerencia no se acogió y que, de haberlo hecho, habría disminuido la discrecionalidad para la invitación de empresas sin criterios técnicos para dicha selección.
Arellano replica que el gerente de compras de su época le aseguraba que habían desmontado el sistema de compras, pues la base de datos era obsoleta. También afirma que su administración transparentó y democratizó aquella base.
BLANCO Y NEGRO intentó preguntarle por qué, si era tan amplio el registro, solo se invitaba a ocho empresas para cada concurso, pero el ex funcionario respondió que nos habíamos remitido a información anticuada y prefirió referirnos los resultados de su gestión.
En esa línea destacó que hasta su salida, en enero de este año, la empresa recibió $63 millones de utilidades, facturó $230 millones, creció un 250% en provisión de servicios de Internet y que se logró una certificación ISO para Andinatel.
La Contraloría interna de la telefónica aún no tiene informes sobre la exitosa administración de Arellano, pero examinó algunos procesos de compras, entre ellos cuatro contratos para la adquisición de sistemas y equipos informáticos, por montos (superiores a $1 millón) que no requieren informes previos de la Contraloría pero sí de la Procuraduría General del Estado.
Allí se detectaron presuntas irregularidades en la elaboración de las bases, incompatibilidad de los montos de contratación con los capitales declarados por las firmas contratistas y la omisión de varias formalidades.
Entre otras inconsistencias, los investigadores de la institución también detectaron que no fueron observados algunos procedimientos internos. El actual vicepresidente Jurídico, Javier Oliva, inclusive habla de sobreprecios.
Los informes correspondientes fueron enviados a la Contraloría General del Estado, que tiene abierto un examen especial a la anterior administración.
Esa institución, que es el único juez de cuentas del Estado, no encontró causales para establecer responsabilidades penales. Así se desprende de un borrador de informe emitido el 22 de octubre pasado. El definitivo estaría por salir. (SR/AA)
"Me han investigado más que a los anteriores administradores"
Arellano exhibe un informe preliminar de la Contraloría General del Estado que probaría la transparencia y la limpieza de su gestión
El ex presidente ejecutivo de Andinatel, Esteban Arellano, manifiesta que no hubo irregularidades durante su administración. Esto lo prueba con la presentación del borrador de un informe de la Contraloría General del Estado, que lo exculpa de cualquier ilegalidad.
El informe se refiere a 23 contratos por un total de $20,8 millones. Entre ellos, tres de los examinados por la Contraloría de Andinatel, por los que ni siquiera he debido presentar descargos, sostiene.
El ex funcionario agrega que la investigación del máximo organismo de control, sobre toda su gestión ha demorado ocho meses, lo que no han hecho con otras administraciones. Al cabo de ese tiempo ha salido un informe (borrador) limpio.
Por eso Arellano se muestra seguro de que el informe definitivo confirmará las conclusiones del preliminar.
Asimismo, ante versiones de prensa anteriores sobre presuntas irregularidades en otras contrataciones, señala que se montó un escándalo en su contra motivado en una persecución política. Pero con el paso de los meses las acusaciones han sido desvirtuadas por los organismos de control y por los entes de administración de justicia, asegura. (AA/SR)
Una empresa antes solo vendía cables
Para la provisión de material para la plataforma informática se contrató a una empresa que antes solo había vendido cables y no certificó ninguna representación para comercializar sistemas especializados. Un total de 90 párrafos de la oferta eran idénticos a los de la propuesta de otra firma que había participado en un proceso anterior que fue declarado desierto. Para la suscripción del contrato, por $3, 1 millones, la empresa presentó garantías de una aseguradora que constaba en el listado de la Súper de Compañías como "poco aceptable". (AA/SR)
Inexplicable subida del valor de un contrato
El presupuesto inicial de un concurso para la compra de un sistema de control de tráfico, era de $3 millones, pero Andinatel lo subió a $4 millones sin que exista un documento que respalde los motivos, según la Contraloría de la empresa. Primero cursaron las invitaciones a ocho proveedores y luego de eso se pidió el registro general de Andinatel. Al concurso se presentaron dos de las firmas invitadas, cuyos capitales declarados representaban el 0,08% y el 0,0 2%, respectivamente, del valor total del contrato que se firmó por $4 millones. (AA/SR)
Invitan al que es y al que no es
La telefónica Andinatel no solo invitó a proveedores registrados para la adquisición de un software; también convocó a otros que no constaban en la base de datos. Sin embargo no invitó a los finalistas de un concurso anterior, para la provisión del mismo material, que había sido declarado desierto. En el concurso que nos ocupa, el giro del negocio de la empresa ganadora no tenía nada que ver con el material que iba a vender a Andinatel y declaró tener un capital de $800; no obstante, le adjudicaron un contrato por $1,3 millones. (AA/SR)
Declaran emergencia y compran "a dedo"
Un concurso para la compra de software recibió dos informes desfavorables de la Procuraduría, entre otras cosas, porque una de las firmas invitadas estaba vinculada a un miembro del Comité de Contrataciones. Entonces Andinatel lo declaró desierto. Posteriormente el Directorio de la telefónica declaró una emergencia y se optó por la contratación directa. Entonces se convocó a una sola empresa, se le adjudicó y se firmó el contrato, por $2 millones, a pesar de que el giro del negocio de la oferente no tenía nada que ver con lo solicitado. (AA/SR)
Contratan personal, por fuera de las normas
Según la oficina de Contraloría Interna de Andinatel, en la administración anterior fueron contratadas 57 personas, sin cumplir con las normas de selección, contratación y desarrollo de carrera establecidas en las políticas de administración de recursos humanos. Los contratos establecían relación de dependencia con el trabajador y tenían plazo indefinido, por lo que la telefónica debía desembolsar más de $500 mil en liquidaciones. El ex presidente, Esteban Arellano, asegura que solo fueron cinco contrataciones y no las 57 señaladas. (AA/SR)
PROVEEDORES "BUENOS, MEDIANOS Y MALOS"
En la base de datos de proveedores de Andinatel constan, actualmente, dos empresas que fueron observadas por la Contraloría Interna de la telefónica, según verificó BLANCO Y NEGRO.
Entre otras inconsistencias, una de ellas ganó un concurso aunque su oferta contenía párrafos exactamente iguales a los de otra compañía que se había presentado a un concurso previo que había sido declarado desierto. La otra también se adjudicó un contrato pese a que su capital representaba el 0,02% del valor del contrato (ver notas fijas de la página 3).
No obstante, el gerente de compras de la telefónica, Diego Narváez, manifestó que en la nueva calificación de las empresas se han tomado en cuenta parámetros legales, financieros y técnicos relacionados con el negocio de la telefonía.
Añade que la reducción de 800 proveedores (según Esteban Arellano eran 250), que constaban en la base de datos, a 350, no significa que estemos monopolizando y centralizando, sino el afán de contar con proveedores idóneos para realizar negociaciones transparentes, que le generen ahorros y descuentos a Andinatel.
Narváez señala que no todos los proveedores de la base anterior eran malos, por eso varios de ellos han pasado la depuración e ingresado en el nuevo registro.
Añade que los proveedores han sido ubicados en tres categorías. En la A constan firmas con las que se pueden realizar compras por montos altos, para lo cual deben estar legalmente constituidas, tener recursos propios o la posibilidad de contar con ellos, con el respaldo de una financiera.
En la categoría B están empresas que han sido observadas, pero pueden mejorar la calidad de los servicios que ofrecen, con el fin de participar en los concursos. Les hemos dicho que para entrar en negocios con Andinatel tienen que definir una línea y no ofrecer todo tipo de productos, indica el gerente.
En la categoría C están las firmas que antes actuaron irregularmente y que actualmente no han mostrado ningún interés en participar. Pese a ello se les ha pedido que mejoren los servicios que podrían ofertar, puntualiza.
Entre las anomalías de la base anterior, Narváez refiere que hubo empresas todólogas, a las que la telefónica atribuía la capacidad de proveer de todo. Nosotros les hemos dado lineamientos a los proveedores, con parámetros de medición y ahora tenemos una base limpia, dice. (SR)
El sistema de compras no impide actos irregulares y todavía está vigente
La Contraloría habría encontrado "vicios" en los procedimientos de contratación con indicios de sobreprecios, pero no habría llegado a establecer los perjuicios, manifestaron fuentes cercanas al equipo que elaboró el informe preliminar mencionado en la página anterior.
Según estas fuentes, el sistema de compras vigente en Andinatel permite que se registren actos irregulares, dentro del marco legal. Por eso señalaron que es imperativo elaborar un nuevo reglamento de compras que reduzca los espacios a la corrupción.
También añadieron que es necesaria la Ley de Compras para el sector público. (AA)
"Varios procesos estuvieron viciados"
Extraoficialmente, fuentes de la Contraloría revelan algunas irregularidades
Fuentes de la Contraloría General del Estado cercanas a la investigación sobre los contratos de la administración pasada, señalaron que los procesos estuvieron viciados, por la flexibilidad de las normas para realizar las compras.
Indicaron que no hay evidencias sobre la transparencia de los procesos; tampoco hay evidencias de una selección técnica de los proveedores por parte del Comité de Contrataciones, ni de una calificación acorde a su posición financiera.
Además, la Jefatura de Adquisiciones no mantuvo un registro actualizado de los proveedores calificados en las fechas en que se adjudicaron los contratos.
A todo esto, Andinatel habría pagado más de $500 mil a una empresa por licencias informáticas no requeridas en los términos de referencia de un contrato.
El borrador de la Contraloría no registra lo indicado. (SR)
Empresas se defienden de acusaciones
Los representantes de dos empresas examinadas por la Contraloría de Andinatel presentaron a BLANCO Y NEGRO los borradores de los informes de la Contraloría General del Estado que señalan que no hubo irregularidades de carácter penal en la celebración de sus contratos. Constan observaciones sobre procedimientos. (AA)
PUNTO DE VISTA
La ética no admite excepciones
Desde hace aproximadamente dos décadas, la concepción sobre la propiedad de los servicios públicos y empresas estatales, entre ellos la telefonía, ha sufrido un constante vaivén.
Por un lado, están aquellos que defienden la idea de que la solución a los problemas de estas entidades es entregar su administración a empresas y consorcios privados, cuando no venderlas. Afirman que de ese modo se evita que las empresas públicas se conviertan en botín político de los grupos en el poder; además de que se reduce la burocracia, se aumenta la eficiencia y se baja la corrupción.
Como contrapartida están aquellos que dicen que la entrega de empresas y recursos en manos privadas constituye un atentado contra la soberanía nacional; a más de que acusan a los empresarios de pagar precios subvalorados por los activos y condenar a los usuarios a pagar tarifas elevadas (para que el negocio sea rentable) por el uso de los servicios.
Pero lo cierto es que hechos como las pérdidas que genera la corrupción cada año en el país (calculados en $2 000 millones) o los índices de percepción de la corrupción (que nos ubican en los peores lugares) ponen en duda la posición de unos y otros. Pues no puede culparse de la situación únicamente a los empresarios o a los funcionarios públicos, pues como reza el dicho ""peca tanto el que da como el que recibe"".
La verdad de las cosas es que no debería haber diferencia, ya que tanto la empresa privada como la pública están en la obligación de cumplir sus funciones de acuerdo con estándares éticos.
No se justifica, por ello, casos de ""flexibilización"" de los reglamentos de contratación y adquisiciones en una empresa como Andinatel, tal como lo muestra la presente edición de BLANCO Y NEGRO. (LAG) (Blanco y Negro)
LAS COMPRAS DE ANDINATEL TIENEN NORMAS "FLEXIBLES"
Dentro de lo legal se han cambiado precios referenciales, las bases durante los procesos de adquisiciones...
El Gobierno alista un paquete de 46 leyes para presentarlo a la próxima Asamblea Constituyente. Una de ellas es la Ley de Compras Públicas, la cual apunta a la transparencia de las adquisiciones en el sector público.
Mientras la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) prepara el proyecto, durante el primer año de la administración de Rafael Correa las entidades del Estado siguen regidas por reglamentos flexibles para realizar las compras.
Entre las entidades públicas que realizan compras millonarias, para su funcionamiento y para atender a los usuarios, están las empresas del Fondo de Solidaridad (FS) como Andinatel, que, pese a tener un estatus jurídico de derecho privado, maneja recursos públicos, pues el presupuesto de este año es de $227 millones.
Con las normas vigentes, durante distintas épocas se han cambiado bases de concursos de precios en pleno proceso de adquisición, han variado en cientos de miles de dólares los precios referenciales, no se han depurado las bases de datos de proveedores, inclusive han podido ofertar bienes y servicios empresas vinculadas a funcionarios de la institución. Todo esto dentro del marco legal.
Desde abril de este año, cuando Fabián Palacios asumió la Presidencia Ejecutiva, la empresa ha realizado compras por alrededor de $1 millón, manifiesta el gerente de Compras, Diego Narváez Sosa. Él asegura que las adquisiciones se han hecho con nuevos parámetros y que hay un proceso para transparentar la gestión. No obstante, varios empleados de esa área de Andinatel, que han pedido no ser identificados por temor a ser despedidos, aseguran que las cosas no han cambiado del todo.
Señalan que la piedra angular del cambio está en la creación de un nuevo reglamento de compras y califican al actual de poroso, porque ha permitido realizar adquisiciones viciadas, dentro de un marco legal.
Narváez replica que el plan de compras de bienes y servicios está en la fase de elaboración. Este será el marco para las adquisiciones que realice Andinatel durante el primer semestre de 2008.
Entretanto, informa que se ha depurado la base de datos de proveedores, que registraba a cerca de 800 empresas y se la ha dejado en 350, también está en marcha un proceso de calificación en el cual intervienen las certificadoras SGS, Corteimag, Intertec y Globert IPAC. Pero las fuentes reiteran que el problema de fondo está en el reglamento de compras. (AA/SR)
Cuatro concursos llaman atención en la telefónica
Ex directivo asegura que el registro de proveedores fue ampliado y que se democratizaron los procesos
El ex presidente ejecutivo de Andinatel Esteban Arellano manifiesta que la base de datos registraba 35 proveedores cuando asumió el cargo y refiere que esta fue ampliada en su administración. Después participaron más de 250 proveedores en los procesos, asegura.
Esa amplia participación de los proveedores no se habría cumplido, al menos, en cuatro concursos de ofertas para adquirir sistemas informáticos, según la Contraloría Interna de la empresa.
En los concursos examinados fueron invitadas a participar unas ocho empresas, en promedio, luego, ya sea porque algunas se excusaban o porque otras no cumplían los parámetros requeridos, quedaban dos finalistas de entre los cuales se escogía a la empresa con la que se firmaba el contrato.
Otro aspecto que llamó la atención de la Contraloría de la telefónica fue que los capitales declarados por las empresas adjudicadas eran significativamente inferiores a los montos de contratación; por mencionar un caso, se hizo una compra por $1,3 millones con una firma que declaraba un capital de $800.
La Contraloría Interna tampoco halló evidencias de cómo se establecían los precios referenciales. (AA)
"Contratos a la medida de las empresas"
El vicepresidente Jurídico de Andinatel, Javier Oliva, manifiesta que algunos contratos anteriores "fueron hechos a la medida de las empresas proveedoras, pero no en favor de Andinatel", es decir no se precautelaron los intereses de la telefónica, dice. El funcionario también advierte que en el caso de que Andinatel los quiera dar por terminados, "los proveedores tienen todas las garantías para demandarnos y sacarnos plata". Añade que la modalidad de negociación estaba configurada para perjudicar al Estado. A manera de ejemplo, sostiene que hay contratos en los que se dieron anticipos por el 40% o 50% sin pedir las garantías de fiel cumplimiento, únicamente había compromisos de los contratistas para presentarlas en un futuro próximo. (SR/AA)
La rendición de cuentas no está al alcance de todos
Solo el Ecuador y Haití no tienen un sistema nacional de compras, señalaron en la Contraloría del Estado
Según fuentes de la Contraloría General del Estado, solo el Ecuador y Haití no tienen un sistema nacional de compras en la región. Por eso, las reglamentaciones de las instituciones no son uniformes.
Actualmente existe la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que obliga a las entidades del Estado a transparentar la información. Las contrataciones y las compras están entre los principales rubros que deberían ser colocados en las páginas web institucionales.
Uno de los enlaces de la página de Andinatel dice: Transparencia informativa, y allí se le pide al usuario escoger la información que puede ser obtenida tras llenar un formato de solicitud y señalar el correo electrónico al que debe ser enviada.
El miércoles pasado, BLANCO Y NEGRO siguió todas las instrucciones, e inmediatamente respondieron desde la Secretaría de Andinatel (vía e-mail), que la información ya había sido remitida. Esta edición se cerró la noche del jueves y el pedido nunca llegó.
Esto querría decir que la rendición de cuentas, que debería estar al alcance de todos, por decir lo menos, demora en llegar a quien lo solicita en la telefónica Andinatel. (AA)
AMPLIARON BASE DE PROVEEDORES, PERO SIEMPRE INVITABAN A OCHO
Ex presidente de la telefónica destaca los logros de su gestión, dice que empresa recibió $63 millones de utilidades y certificado ISO.
El ex banquero dice que actualmente solo es un empleado de la empresa Tripetrol, cuya propietaria es la compañía británica Centauro
Ex presidente de la telefónica destaca los logros de su gestión, dice que empresa recibió $63 millones de utilidades y certificado ISO
En el informe DAE-11-06, la Contraloría General del Estado recomendaba al ex presidente ejecutivo de Andinatel, Esteban Arellano, elaborar un instructivo para la calificación de proveedores.
Un documento de la Contraloría Interna de la telefónica señala que la sugerencia no se acogió y que, de haberlo hecho, habría disminuido la discrecionalidad para la invitación de empresas sin criterios técnicos para dicha selección.
Arellano replica que el gerente de compras de su época le aseguraba que habían desmontado el sistema de compras, pues la base de datos era obsoleta. También afirma que su administración transparentó y democratizó aquella base.
BLANCO Y NEGRO intentó preguntarle por qué, si era tan amplio el registro, solo se invitaba a ocho empresas para cada concurso, pero el ex funcionario respondió que nos habíamos remitido a información anticuada y prefirió referirnos los resultados de su gestión.
En esa línea destacó que hasta su salida, en enero de este año, la empresa recibió $63 millones de utilidades, facturó $230 millones, creció un 250% en provisión de servicios de Internet y que se logró una certificación ISO para Andinatel.
La Contraloría interna de la telefónica aún no tiene informes sobre la exitosa administración de Arellano, pero examinó algunos procesos de compras, entre ellos cuatro contratos para la adquisición de sistemas y equipos informáticos, por montos (superiores a $1 millón) que no requieren informes previos de la Contraloría pero sí de la Procuraduría General del Estado.
Allí se detectaron presuntas irregularidades en la elaboración de las bases, incompatibilidad de los montos de contratación con los capitales declarados por las firmas contratistas y la omisión de varias formalidades.
Entre otras inconsistencias, los investigadores de la institución también detectaron que no fueron observados algunos procedimientos internos. El actual vicepresidente Jurídico, Javier Oliva, inclusive habla de sobreprecios.
Los informes correspondientes fueron enviados a la Contraloría General del Estado, que tiene abierto un examen especial a la anterior administración.
Esa institución, que es el único juez de cuentas del Estado, no encontró causales para establecer responsabilidades penales. Así se desprende de un borrador de informe emitido el 22 de octubre pasado. El definitivo estaría por salir. (SR/AA)
"Me han investigado más que a los anteriores administradores"
Arellano exhibe un informe preliminar de la Contraloría General del Estado que probaría la transparencia y la limpieza de su gestión
El ex presidente ejecutivo de Andinatel, Esteban Arellano, manifiesta que no hubo irregularidades durante su administración. Esto lo prueba con la presentación del borrador de un informe de la Contraloría General del Estado, que lo exculpa de cualquier ilegalidad.
El informe se refiere a 23 contratos por un total de $20,8 millones. Entre ellos, tres de los examinados por la Contraloría de Andinatel, por los que ni siquiera he debido presentar descargos, sostiene.
El ex funcionario agrega que la investigación del máximo organismo de control, sobre toda su gestión ha demorado ocho meses, lo que no han hecho con otras administraciones. Al cabo de ese tiempo ha salido un informe (borrador) limpio.
Por eso Arellano se muestra seguro de que el informe definitivo confirmará las conclusiones del preliminar.
Asimismo, ante versiones de prensa anteriores sobre presuntas irregularidades en otras contrataciones, señala que se montó un escándalo en su contra motivado en una persecución política. Pero con el paso de los meses las acusaciones han sido desvirtuadas por los organismos de control y por los entes de administración de justicia, asegura. (AA/SR)
Una empresa antes solo vendía cables
Para la provisión de material para la plataforma informática se contrató a una empresa que antes solo había vendido cables y no certificó ninguna representación para comercializar sistemas especializados. Un total de 90 párrafos de la oferta eran idénticos a los de la propuesta de otra firma que había participado en un proceso anterior que fue declarado desierto. Para la suscripción del contrato, por $3, 1 millones, la empresa presentó garantías de una aseguradora que constaba en el listado de la Súper de Compañías como "poco aceptable". (AA/SR)
Inexplicable subida del valor de un contrato
El presupuesto inicial de un concurso para la compra de un sistema de control de tráfico, era de $3 millones, pero Andinatel lo subió a $4 millones sin que exista un documento que respalde los motivos, según la Contraloría de la empresa. Primero cursaron las invitaciones a ocho proveedores y luego de eso se pidió el registro general de Andinatel. Al concurso se presentaron dos de las firmas invitadas, cuyos capitales declarados representaban el 0,08% y el 0,0 2%, respectivamente, del valor total del contrato que se firmó por $4 millones. (AA/SR)
Invitan al que es y al que no es
La telefónica Andinatel no solo invitó a proveedores registrados para la adquisición de un software; también convocó a otros que no constaban en la base de datos. Sin embargo no invitó a los finalistas de un concurso anterior, para la provisión del mismo material, que había sido declarado desierto. En el concurso que nos ocupa, el giro del negocio de la empresa ganadora no tenía nada que ver con el material que iba a vender a Andinatel y declaró tener un capital de $800; no obstante, le adjudicaron un contrato por $1,3 millones. (AA/SR)
Declaran emergencia y compran "a dedo"
Un concurso para la compra de software recibió dos informes desfavorables de la Procuraduría, entre otras cosas, porque una de las firmas invitadas estaba vinculada a un miembro del Comité de Contrataciones. Entonces Andinatel lo declaró desierto. Posteriormente el Directorio de la telefónica declaró una emergencia y se optó por la contratación directa. Entonces se convocó a una sola empresa, se le adjudicó y se firmó el contrato, por $2 millones, a pesar de que el giro del negocio de la oferente no tenía nada que ver con lo solicitado. (AA/SR)
Contratan personal, por fuera de las normas
Según la oficina de Contraloría Interna de Andinatel, en la administración anterior fueron contratadas 57 personas, sin cumplir con las normas de selección, contratación y desarrollo de carrera establecidas en las políticas de administración de recursos humanos. Los contratos establecían relación de dependencia con el trabajador y tenían plazo indefinido, por lo que la telefónica debía desembolsar más de $500 mil en liquidaciones. El ex presidente, Esteban Arellano, asegura que solo fueron cinco contrataciones y no las 57 señaladas. (AA/SR)
PROVEEDORES "BUENOS, MEDIANOS Y MALOS"
En la base de datos de proveedores de Andinatel constan, actualmente, dos empresas que fueron observadas por la Contraloría Interna de la telefónica, según verificó BLANCO Y NEGRO.
Entre otras inconsistencias, una de ellas ganó un concurso aunque su oferta contenía párrafos exactamente iguales a los de otra compañía que se había presentado a un concurso previo que había sido declarado desierto. La otra también se adjudicó un contrato pese a que su capital representaba el 0,02% del valor del contrato (ver notas fijas de la página 3).
No obstante, el gerente de compras de la telefónica, Diego Narváez, manifestó que en la nueva calificación de las empresas se han tomado en cuenta parámetros legales, financieros y técnicos relacionados con el negocio de la telefonía.
Añade que la reducción de 800 proveedores (según Esteban Arellano eran 250), que constaban en la base de datos, a 350, no significa que estemos monopolizando y centralizando, sino el afán de contar con proveedores idóneos para realizar negociaciones transparentes, que le generen ahorros y descuentos a Andinatel.
Narváez señala que no todos los proveedores de la base anterior eran malos, por eso varios de ellos han pasado la depuración e ingresado en el nuevo registro.
Añade que los proveedores han sido ubicados en tres categorías. En la A constan firmas con las que se pueden realizar compras por montos altos, para lo cual deben estar legalmente constituidas, tener recursos propios o la posibilidad de contar con ellos, con el respaldo de una financiera.
En la categoría B están empresas que han sido observadas, pero pueden mejorar la calidad de los servicios que ofrecen, con el fin de participar en los concursos. Les hemos dicho que para entrar en negocios con Andinatel tienen que definir una línea y no ofrecer todo tipo de productos, indica el gerente.
En la categoría C están las firmas que antes actuaron irregularmente y que actualmente no han mostrado ningún interés en participar. Pese a ello se les ha pedido que mejoren los servicios que podrían ofertar, puntualiza.
Entre las anomalías de la base anterior, Narváez refiere que hubo empresas todólogas, a las que la telefónica atribuía la capacidad de proveer de todo. Nosotros les hemos dado lineamientos a los proveedores, con parámetros de medición y ahora tenemos una base limpia, dice. (SR)
El sistema de compras no impide actos irregulares y todavía está vigente
La Contraloría habría encontrado "vicios" en los procedimientos de contratación con indicios de sobreprecios, pero no habría llegado a establecer los perjuicios, manifestaron fuentes cercanas al equipo que elaboró el informe preliminar mencionado en la página anterior.
Según estas fuentes, el sistema de compras vigente en Andinatel permite que se registren actos irregulares, dentro del marco legal. Por eso señalaron que es imperativo elaborar un nuevo reglamento de compras que reduzca los espacios a la corrupción.
También añadieron que es necesaria la Ley de Compras para el sector público. (AA)
"Varios procesos estuvieron viciados"
Extraoficialmente, fuentes de la Contraloría revelan algunas irregularidades
Fuentes de la Contraloría General del Estado cercanas a la investigación sobre los contratos de la administración pasada, señalaron que los procesos estuvieron viciados, por la flexibilidad de las normas para realizar las compras.
Indicaron que no hay evidencias sobre la transparencia de los procesos; tampoco hay evidencias de una selección técnica de los proveedores por parte del Comité de Contrataciones, ni de una calificación acorde a su posición financiera.
Además, la Jefatura de Adquisiciones no mantuvo un registro actualizado de los proveedores calificados en las fechas en que se adjudicaron los contratos.
A todo esto, Andinatel habría pagado más de $500 mil a una empresa por licencias informáticas no requeridas en los términos de referencia de un contrato.
El borrador de la Contraloría no registra lo indicado. (SR)
Empresas se defienden de acusaciones
Los representantes de dos empresas examinadas por la Contraloría de Andinatel presentaron a BLANCO Y NEGRO los borradores de los informes de la Contraloría General del Estado que señalan que no hubo irregularidades de carácter penal en la celebración de sus contratos. Constan observaciones sobre procedimientos. (AA)
PUNTO DE VISTA
La ética no admite excepciones
Desde hace aproximadamente dos décadas, la concepción sobre la propiedad de los servicios públicos y empresas estatales, entre ellos la telefonía, ha sufrido un constante vaivén.
Por un lado, están aquellos que defienden la idea de que la solución a los problemas de estas entidades es entregar su administración a empresas y consorcios privados, cuando no venderlas. Afirman que de ese modo se evita que las empresas públicas se conviertan en botín político de los grupos en el poder; además de que se reduce la burocracia, se aumenta la eficiencia y se baja la corrupción.
Como contrapartida están aquellos que dicen que la entrega de empresas y recursos en manos privadas constituye un atentado contra la soberanía nacional; a más de que acusan a los empresarios de pagar precios subvalorados por los activos y condenar a los usuarios a pagar tarifas elevadas (para que el negocio sea rentable) por el uso de los servicios.
Pero lo cierto es que hechos como las pérdidas que genera la corrupción cada año en el país (calculados en $2 000 millones) o los índices de percepción de la corrupción (que nos ubican en los peores lugares) ponen en duda la posición de unos y otros. Pues no puede culparse de la situación únicamente a los empresarios o a los funcionarios públicos, pues como reza el dicho ""peca tanto el que da como el que recibe"".
La verdad de las cosas es que no debería haber diferencia, ya que tanto la empresa privada como la pública están en la obligación de cumplir sus funciones de acuerdo con estándares éticos.
No se justifica, por ello, casos de ""flexibilización"" de los reglamentos de contratación y adquisiciones en una empresa como Andinatel, tal como lo muestra la presente edición de BLANCO Y NEGRO. (LAG) (Blanco y Negro)
Hora GMT: 05/Noviembre/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
