Quito. 16 feb 99. El proceso de privatización del sector eléctrico
ecuatoriano conminó el interés de 27 firmas internacionales a la
convocatoria para la banca de inversión que se encargará de valorar
las nuevas empresas que remplazarán al Inecel.
El 4 de marzo se conocerá el ganador, que deberá ser un consorcio
y no una sola firma, según los requerimientos oficiales.
El 22 de enero, el Conam y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) publicaron en el Wall Street Journal, de Nueva York, y en el
Finantial Times, de Londres, la convocatoria al concurso para los
bancos de inversión.
De los 27 que compraron las bases, Alvaro Guerrero, presidente
ejecutivo del CONAM, resaltó, que figuran más de una docena de los
primeros bancos del mundo: J.P. Morgan, Warburg Dillon Read, Chase
Manhattan Bank, Banco Santander, Lehman Brothers, Credit Suisse
First Bank, Salomon Smith Barney, Deutsche Bank Securities,
Dresdner Kleinwort Benson, Paribas, Grupo Rothchild, ING Baring.
Guerrero explica que la privatización de las empresas eléctricas
conlleva dos tipos de valoración.
La primera a cargo del IFC, la banca de inversión del Banco
Mundial, y el organismo técnico encargado del asesoramiento global
del proceso de privatizaciones en el Ecuador.
La segunda la hará el banco de inversiones específico que el Conam
y el BID designen para el sector eléctrico.
Esta parte del proceso va muy bien, según Guerrero, quien explicó
que para ganar tiempo el Conam ha pedido que el seleccionado sea un
consorcio liderado por un banco de inversión, pero que cuente con
una firma internacional de abogados, consultores y profesionales en
promoción.
Se exige tal diversidad porque el trabajo del consorcio va más allá
de valorar las nuevas empresas. Deberá recomendar la forma más
eficiente de privatizarlas, pues si bien la Ley de Régimen del
Sector Eléctrico prevé una subasta, debe especificarse su tipo
(existen más de 20 modalidades), puntualiza Guerrero. Otras tareas
serán promocianar la venta.
Si bien el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), cuenta
con una proyección del valor del negocio en marcha de las siete
nuevas empresas de 2.806 millones de dólares y un patrimonio total
de 1.206 millones de dólares, Guerrero sostiene que se trata de
aproximaciones y que solo un estudio pormenorizado de sus balances
por parte de la banca de inversión permitirá conocer las cifras
reales.
El BID financiará la banca de inversión. Su costo oscila entre el
1 y el 1,5% del valor del negocio.
Tres firmas licitan su administración
Paralelo al concurso internacional para la banca de inversión, las
nuevas empresas eléctricas, de propiedad del Fondo de Solidaridad,
empezaron las convocatorias para otro tipo de licitaciones.
Luego de su conformación en Sociedades Anónimas, requieren
operadores privados para su manejo administrativo, matenimiento y
operación, hasta la subasta.
El primer concurso se publicó este 7 de febrero, para Hidro-Agoyán
e Hidro-Pucará.
Termo-Pichincha hizo la convocatoria el 11 de este mes. Las
empresas pagarán los servicios de operación, mediante un
fideicomiso contratado por una entidad financiera nacional. Sobre
el envío al Congreso de un paquete de reformas legales anunciado
por el Ejecutivo, Guerrero señaló que la primera en la agenda es la
del sector eléctrico. Se planteará que el porcentaje del paquete
accionario a subastarse, de las nuevas empresas pase del 39% al
51%. Luego irían Leyes nuevas de Hidrocarburos, Telecomunicaciones,
Puertos, Orgánica de Control de Gestión Pública, Ley y Reglamento
del Sistema Nacional de Planificación y reformas a la Ley Orgánica
de Administración Financiera y Control.
Conflicto
- Sobre el planteamiento del sector sindical de Inecel, de
renunciar a las indemnizaciones que deben recibir cuando el
instituto desaparezca, Guerrero precisó que en la medida en que las
nuevas empresas no tengan pasivos laborales, serán más atractivas
a la inversión extranjera.
- El problema de la propuesta es que los trabajadores quieran
prorrogar la vigencia de su Contrato Colectivo.
- Las ofertas privadas se reducirían en proporción a los acuerdos
laborales, precisó
- Raúl Maldonado, liquidador de Inecel, tras reunirse este viernes
con el presidente de la República y los ministros de Trabajo y
Gobierno, señaló que iniciará el diálogo con los trabajadores si
deponen la toma de las instalaciones eléctricas del país.
- La Procuraduría se pronunció, el 22 de enero de 1998, sobre la
nulidad e ilegalidad del cuarto Contrato Colectivo y del Acta
Transaccional de agosto de 1998. (DIARIO HOY) (P. 1-C)
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