El bloque legislativo del movimiento oficialista Alianza País abrirá una investigación sobre la adjudicación de unos supuestos contratos públicos a favor de Fabricio Correa, hermano del presidente ecuatoriano Rafael Correa, informó hoy la Comisión Legislativa.
La investigación se hará para contribuir a "transparentar los hechos y brindar a la ciudadanía tranquilidad", explica la institución en su página web.
De ese modo, el Legislativo también reaccionó ante una información publicada ayer por el diario El Expreso en la que se sostenía que un grupo de empresas, propiedad del hermano del presidente, Fabricio Correa, se habrían favorecido de negocios con el Estado.
"Creemos firmemente que el manejo de adjudicación que se da en este proyecto de la revolución ciudadana, es transparente, por ello, pediremos la información pertinente a las autoridades y entidades competentes para investigar cómo se adjudicaron los diferentes contratos", declaró Irina Cabezas, coordinadora de la formación.
Cabezas anunció que el Consejo de Administración Legislativa asignará la investigación a una comisión especializada y que, luego, la Comisión de Fiscalización, se encargará de la etapa de sustentación.
"No podemos adelantar veredictos ni hacer juicios mientras no tengamos la información técnica por parte de las autoridades de los diferentes ministerios que adjudicaron los contratos, pero si hay responsabilidades penales tenemos la obligación de enviar la documentación pertinente a los organismos competentes", puntualizó.
Hoy, el hermano del presidente ha rechazado la existencia de un supuesto tráfico de influencias y que sus empresas se beneficien de contratos públicos.
Asimismo, el presidente Correa pidió ayer a El Expreso que "precise si ha habido perjuicio al Estado" y demuestre si hay indicios de irregularidades en los mencionados contratos públicos.
Además, aseguró que si se demuestra que algún empleado del Gobierno actuó con favoritismo hacia una empresa de su hermano "tengan la certeza que ese funcionario será sancionado con todo el rigor de la ley".
La investigación del Legislativo se sumará a la que la Contraloría General del Estado también prevé realizar. (EFE)
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