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Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa

* 23 de marzo de 1957, Quito, provincia de Pichincha.

Tercero de los seis hijos de un agricultor y una enfermera, nació en la capital del país, aunque se crió en la cercana Tena, cabeza de la provincia de Napo.

En esta ciudad del Oriente ecuatoriano recibió la educación primaria, en la Escuela Santo Domingo Savio, y empezó la secundaria, en el Colegio San José.

Seguramente bajo la influencia de sus ascendientes maternos (un tío, Raúl Borbúa, alcanzó el rango de general), resolvió emprender la carrera militar, así que interrumpió su formación escolar en Tena y se inscribió en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito, donde terminó el bachillerato y en 1977 se graduó con el grado de subteniente del arma de Caballería. También como el primero de su promoción, una casuística del liderazgo y la antigüedad que, según aseguran las biografías difundidas por los medios de comunicación y él mismo en las entrevistas, ha marcado la pauta en su currículum militar hasta su salto a la política a raíz de la rebelión de enero de 2000 y su meteórico ascenso hasta la Presidencia de la República dos años después.

Su hoja de servicios como oficial del Ejército ecuatoriano empezó a tomar forma por la época, 1979, en que los militares, luego de los gobiernos de facto del general Guillermo Rodríguez Lara y, desde 1976, del almirante Alfredo Poveda Burbano, resolvieron retornar a los cuarteles y restituir la dirección del país sobre bases democráticas a los políticos civiles, a quienes habían arrebatado el poder en 1972. En las dos décadas siguientes, Gutiérrez, casado con Ximena Bohórquez Romero y padre de dos hijas, se labró un perfil de militar multidisciplinar, con méritos en la capacitación para el combate y misiones operacionales, la instrucción académica o la práctica deportiva, destacándose sobre todo en el segundo campo.

Así, según su biografía oficial, además de recibir adiestramiento como comando de las Fuerzas Especiales y de ganar campeonatos de pentatlón militar en el Ecuador y Sudamérica, posee los títulos de: ingeniero civil, licenciado en Administración, diplomado en Alta Gerencia y diplomado en Liderazgo Estratégico, todo ello por la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) de Quito; licenciado por la Escuela de Educación Física del Ejército en Río de Janeiro; diplomado en Relaciones Internacionales y Defensa Continental por el Inter-American Defense College (IADC) de Washington (Estados Unidos); diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Guerra de las Fuerzas Armadas ecuatorianas; y, diplomado en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército de Quito, entre otros cursos de formación especializada.

Integró también el reducido grupo de militares ecuatorianos destacados en el contingente para Nicaragua del Grupo de Observadores de la ONU en América Central (ONUCA), que entre marzo de 1990 y enero de 1992 se encargó de verificar el desarme y la desmovilización de la Contra antisandinista y el respeto global del cese de hostilidades.

En enero y febrero de 1995, durante la presidencia del conservador Sixto Durán-Ballén y ostentando el grado de capitán, Gutiérrez estuvo movilizado a causa del conflicto bélico con el Perú en la región fronteriza del Alto Cenepa, en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, aunque no fue desplazado a la zona de los combates. Como oficial de zapadores de la Brigada Cóndor en Patuca, participó en tareas relacionadas con la dotación de servicios públicos a comunidades rurales, lo que le sirvió para tomar el pulso a las problemáticas del campesinado indígena y mestizo.

Año y medio más tarde Gutiérrez mostró su primer acercamiento a la política al aceptar el nombramiento de edecán, o ayudante de campo para las cuestiones del Ejército, del recién inaugurado presidente Abdalá Bucaram Ortiz, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), ganador en las elecciones del 7 de julio de 1996 con un programa fieramente populista.

Cuando en los primeros días de febrero de 1997 el pronto malestar social por las medidas de ajuste económico, el estilo de gobierno arbitrario y las sugerencias de corrupción masiva del equipo dirigente derivó en un gigantesco movimiento de protesta exigiendo la dimisión de Bucaram, Gutiérrez desobedeció las órdenes recibidas de proteger, por la fuerza si fuera preciso, el Palacio Carondelet de Quito, sede del poder Ejecutivo, del acoso de la muchedumbre enfurecida, lo que coadyuvó al abandono por Bucaram del edificio y su traslado a Guayaquil para mayor seguridad, luego de que el Congreso, el 6 de febrero, resolviera cesarlo de sus funciones por "incapacidad mental".

El nuevo jefe del Estado interino con mandato hasta agosto de 1998, Fabián Alarcón Rivera, mantuvo a Gutiérrez como edecán presidencial. Transcurrido aquel período, el militar se reintegró a sus labores convencionales en la milicia y asumió la comandancia del Grupo de Caballería de Cuenca. A Alarcón, por su parte, le sucedió Jamil Mahuad Witt, del partido centrista Democracia Popular (DP), quien también afrontó las protestas de la calle sin apenas período de gracia por sus drásticas recetas para recortar la inflación y el déficit fiscal y su programa de profundas reformas estructurales en la economía.

Todo este trasiego de gobiernos prematuramente fracasados o decepcionantes para la gran mayoría de la población, y muy especialmente para la legión de desfavorecidos y marginados en todas las facetas de la vida nacional que mostraba crecientes síntomas de hartazgo y desesperación por el nulo progreso -si no retroceso- en sus paupérrimas condiciones, parece que estimuló la reflexión y luego el activismo conspirativo de Gutiérrez, que hasta entonces, según se desprende de las reseñas biográficas difundidas por la prensa ecuatoriana, se había atenido al modelo de militar profesional y apolítico.

Él mismo revela que en marzo de 1999, cuando se preparaba para el ascenso a coronel, transmitió una misiva al Alto Mando criticando al Gobierno por desatender los problemas del Ejército, y que en noviembre siguiente, en otra iniciativa rayana en la insubordinación que tampoco trascendió fuera de los ámbitos castrenses, entregó un memorándum al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza Poveda, en el que expresaba su oposición a la pretensión de Mahuad de incrementar los impuestos sobre la renta y el consumo y advertía que no se podía seguir "estrangulando al pueblo ecuatoriano" en tanto no se moralizara la función pública y se pusiera coto a la corrupción generalizada.

Más aún, el coronel demandaba una "revolución democrática" en el Ecuador a partir de un "diálogo cívico-militar" con espíritu regenerador y patriótico, tarea tanto más urgente por cuanto que "la descomposición social era evidente" y existía un "altísimo riesgo de entrar en una guerra civil". Semanas más tarde, en diciembre de 1999, Gutiérrez culminó sus exámenes para coronel y en la ceremonia de recepción de despachos en el Instituto Nacional de Guerra no estrechó la mano a Mahuad a la vista de todo el mundo, incurriendo en una infracción de protocolo que constituía un desacato abierto a la primera autoridad del Estado.

Retrospectivamente, aquella proclama de Gutiérrez en favor del retorno de las Fuerzas Armadas a la gestión política del país con un talante nacionalista, estatalista, disciplinador y antioligárquico puede considerarse un aviso de lo que se pergeñaba, ya que todo indica que Gutiérrez, lejos de adherirse espontáneamente en enero de 2000 a la revuelta indígena sobre la marcha, planificó al menos desde noviembre el movimiento insurreccional junto con los coroneles Fausto Cobo, Luis Aguas, Gustavo Lalama y Jorge Brito, más la implicación incierta del general Mendoza, recién nombrado ministro de Defensa, y fuera de los cuarteles en estrecha coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que lideraba el quechua Antonio Vargas Guatatuca, la cual debía actuar como la punta de lanza del movimiento.

El desarrollo de los hechos fue como sigue. El 9 de enero Mahuad anunció la dolarización total de la economía ecuatoriana; suponía de hecho, como la congelación parcial de los depósitos bancarios de los particulares decretada meses atrás, una medida desesperada para estabilizar el tipo de cambio del sucre, cuya cotización con respecto a la moneda norteamericana estaba en caída libre, y para devolver la confianza de los mercados financieros, pero en un contexto social explosivo, que se nutría de la indigencia crónica de extensas capas de la población, sirvió de espoleta para el estallido definitivo. Vigente de nuevo el estado de emergencia nacional por las protestas callejeras en Guayaquil, Quito y otras ciudades, el día 12 un autodenominado "Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador" llamó a la desobediencia civil y a la toma del poder.

Mahuad se negó a dimitir o a revocar el decreto de dolarización, pero el viernes 21 miles de indígenas reforzados por efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios, en inopinada alianza, ocuparon los edificios del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General, y declararon cesantes los poderes del Estado. Fue en este momento de anarquía en que no se sabía muy bien qué estaba sucediendo cuando emergió Gutiérrez al frente de una autodenominada Junta de Gobierno de Salvación Nacional, flanqueado por Vargas y el magistrado Carlos Solórzano Constantine, ex presidente de la Corte Suprema.

Secundado por los coroneles arriba citados, que la Junta nombró para los puestos principales del Alto Mando militar, y por numerosos oficiales y suboficiales jóvenes de la Escuela Politécnica del Ejército y la Academia de Guerra, varios de ellos participantes en la guerra del Cenepa contra el Perú, Gutiérrez asumió la portavocía del movimiento y micrófono en mano declaró el inicio de "una lucha pacífica para romper las cadenas que atan a la más espantosa corrupción, para cambiar las estructuras del Estado y fortalecer las instituciones democráticas".

Con posterioridad a los hechos, Gutiérrez justificó su rebelión como un acto de patriotismo ante una situación nacional crítica, ya que Mahuad "había perdido toda cualidad moral" para conducir el Estado por, según él, haber aceptado dinero empresarial y por haber antepuesto los intereses particulares de los capitalistas ecuatorianos a los intereses del pueblo desde el momento en que confiscó los ahorros.

Según el coronel, la asonada fue legítima en virtud de los artículos 3 y 97 de la Constitución ecuatoriana, que obligan, respectivamente, al Estado, a garantizar el sistema democrático y la administración pública libres de corrupción, y a todos los ciudadanos, a denunciar y combatir estos mismos actos de corrupción; puesto que Mahuad había "violado" la Carta Magna, concluía Gutiérrez, el Ejército se sintió compelido a intervenir porque había jurado defender aquella suprema ley.

A posteriori también, Gutiérrez desveló que medidas habría adoptado la Junta de haber permanecido más tiempo en el poder: reversión de la dolarización y, con carácter temporal, elevación del tipo intervenido de cotización de los 25.000 a los 13.000 sucres por dólar; inicio de procedimientos de extradición contra políticos y banqueros corruptos para "hacerles devolver el dinero que robaron del Ecuador y meterlos en la cárcel"; fiscalización, "casi inquisidora", de todas las instituciones que recibían dinero público para cubrir sus agujeros financieros; levantamiento del sigilo bancario a todo funcionario público; creación de un cuarto poder del Estado, llamado de "control financiero" o de "rendición de cuentas"; y, una profunda reforma en los órganos del poder legislativo y judicial, reduciendo el número de diputados y despolitizando la magistratura.

Claro que entonces apenas hubo tiempo para conjeturas sobre los pasos a tomar por la Junta, porque en cuestión de horas la aventura de Gutiérrez y sus compañeros tocó a su fin. Antes de acabar el día y sin explicar las razones -lo que, de entrada, sugirió graves descoordinaciones y divisiones entre los militares-, la Junta fue sustituida por otro triunvirato denominado Consejo de Estado en el que Gutiérrez ya no figuró.

Su puesto fue ocupado por el general Mendoza, quien acto seguido procedió a reconducir la sublevación engañosamente triunfante a la situación precedente, lo que desde el punto de vista de los alzados constituyó un acto de "traición". Según el testimonio autoexculpatorio del general, él se vio arrastrado a la sedición cuando Mahuad le exigió, el día 20, que empleara la fuerza para contener a las turbas antigubernamentales, lo que, en su opinión, agotó los "escenarios de rectificación" para dar a la crisis una salida dentro del orden establecido.

Con las seguridades recibidas de Mendoza y el Alto Mando, el día 22 el Congreso tomó las riendas de la crisis y le dio un cerrojazo institucional: declaró cesante a Mahuad por abandono de sus funciones e invistió al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, un exponente de la élite política tradicional del mismo partido que Mahuad, presidente constitucional con mandato hasta el 15 de enero de 2003. Poco después, Mahuad, desde su escondite, comunicó su conformidad con el nombramiento de Noboa.

En resumidas cuentas, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la clase dirigente civil se apresuraron a apuntalar el orden de cosas puesto en peligro por unos sectores sociales desde siempre marginados por las clases dirigentes blancas que creyeron conquistar el poder por la vía insurreccional y con la ayuda inestimable de Gutiérrez y su grupo de coroneles, los cuales fracasaron en convencer a todos los mandos por encima de ellos.

Gutiérrez y sus compañeros fueron inmediatamente arrestados y sometidos a las autoridades judiciales, civiles y militares. El 1 de junio llevaba más de cuatro meses encarcelado cuando el Congreso, a instancias del Gobierno de Noboa que deseaba apaciguar la tensa situación social por la reactivación de la protesta indígena y la escalada en los precios, aprobó una ley de amnistía para Gutiérrez y otros 16 oficiales, los cuales recobraron la libertad al día siguiente. Se trataba de una eximición ante las justicias civil y militar por los cargos de insubordinación y sedición, no ante la Comandancia General del Ejército, que aún debía dictar las sanciones disciplinarias correspondientes. Según un sondeo de opinión realizado poco antes, el 67% de los ecuatorianos rechazaba el enjuiciamiento de los oficiales implicados en la asonada de enero.

Sin perder un minuto, Gutiérrez se dejó entrevistar por la prensa local y extranjera para defender su actuación en los acontecimientos del 21 enero, negar que aquello fuera un "golpe" y adjudicarle la condición de "rebelión popular nacida de las entrañas mismas del pueblo ecuatoriano", que, como "forma de autodeterminación de los pueblos", la veía tan legítima como las revoluciones francesa, norteamericana y la propia de los ecuatorianos cuando la independencia de España a principios del siglo XIX.

Estos comentarios le acarrearon el 5 de junio un arresto de cuatro días por orden de la autoridad militar. Superado este último encontronazo con sus superiores uniformados, Gutiérrez se lanzó de lleno a la política, articulando un movimiento de apoyos para catapultarle a la Presidencia de la República en las elecciones de 2002, meta que, estaba convencido, estaba al alcance de su mano, no obstante ser un absoluto neófito en estas lides y, a priori, un rival no de talla para los líderes políticos consolidados, algunos empresarios multimillonarios que no iban a reparar en gastos para sufragar sus campañas.

El 10 de junio de 2000 Gutiérrez solicitó a la Comandancia General el estado de servicio pasivo en las Fuerzas Armadas. Una vez obtenido el pase a la reserva del Ejército, el 5 de julio presentó junto con algunos militares, policías y civiles que participaron en la asonada el partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP). La primera parte del nombre aludía al fracasado alzamiento patriótico de 1809 contra los españoles, que prologó la verdadera independencia en 1822; la segunda parte dejaba constancia de la reciente "gesta heroica" en la que, en una "simbiosis maravillosa con el pueblo ecuatoriano", su grupo de militares dio "horas de libertad, dignidad y autoestima" a ese mismo pueblo.

Gutiérrez explicó que su movimiento aspiraba a ser tan grande como los 12 millones de ecuatorianos -"sólo los corruptos" no tendrían acceso al mismo-, a traer "la segunda y definitiva liberación" del Ecuador y a "refundar el país" de manera pacífica y democrática y atendiendo a criterios morales, ya que el problema más grave que tenía la nación andina no era "el económico ni el social, sino el ético". Indagado sobre el sustrato ideológico del PSP, Gutiérrez esquivó la atribución de cualquier etiqueta clásica de izquierda e insistió en que sólo se guiaba por la devoción a la patria y un sentimiento de unidad nacional que bebía del pensamiento y las acciones de los próceres de la independencia y, muy especialmente, del Libertador Simón Bolívar.

Su presentación como un "ferviente" seguidor de las ideas integracionistas bolivarianas enriqueció el cuadro de similitudes de Gutiérrez, por antecedente sedicioso y discurso regeneracionista, con el otrora teniente coronel y ahora presidente de Venezuela Hugo Chávez, quien en diciembre de 1998 arrolló en las urnas por acertar a capitalizar el profundo rechazo de la gran mayoría de la población venezolana a su clase política y a transmitir a la sociedad del país vecino un proyecto ilusionante. Gutiérrez mismo no se privó de expresar su admiración por el movimiento chavista -dos años después tan puesto en entredicho en Venezuela-, cuyo éxito en la implicación de los militares en la política y en el salto al poder por una vía democrática constituía para el coronel una referencia de primer orden.

La estirpe de militares progresistas tenía en el mismo Ecuador un notorio representante, el ya citado dictador Guillermo Rodríguez Lara, el cual dirigió entre 1972 y 1976 un régimen calificado de nacionalista y revolucionario que se asignó los objetivos de la reforma agraria, el control estatal de la explotación del petróleo, la plena explotación de los recursos naturales del país, el desarrollo educativo y el sometimiento de la oligarquía al poder popular, con resultados bastante discutibles. Como Gutiérrez 25 años después, Rodríguez Lara aseguraba carecer de ideología al uso.

Más cerca en el tiempo estaba el caso de Frank Vargas Pazzos, díscolo general de Aviación que provocó varias perturbaciones golpistas durante la Presidencia del conservador León Febres Cordero en 1986 y 1987; erigido en fustigador de corruptos en los estamentos civil y militar, Vargas se hizo muy popular por su talante, difícil de clasificar, a caballo entre el nacionalismo presuntamente regeneracionista, un machismo típicamente castrense y la admiración por los métodos de acción directa en lugar de las fórmulas legalistas y los cabildeos políticos.

Otro elemento de carisma de Gutiérrez tenía que ver con su tez morena, evocadora de un grado de mestizaje con el que, un poco al modo del presidente peruano Alejandro Toledo (no obstante presentar éste un tipo racial mucho mas acusado, de indígena quechua), podían sentirse más identificados esa gran mayoría de ecuatorianos mestizos e indígenas puros que desde la restauración de la democracia sólo habían conocido presidentes blancos de ascendencia española o libanesa.

En enero de 2001 Gutiérrez acompañó a Antonio Vargas en la nueva campaña de movilizaciones de la CONAIE contra las subidas de las tarifas de los servicios públicos y el IVA decretada por el Gobierno de Noboa, y en los meses siguientes multiplicó los actos públicos como preparación de su candidatura presidencial.

Para robustecer las posibilidades de pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 20 de octubre, a lo largo de 2002 el coronel napeño pactó el respaldo de la CONAIE, ahora presidida por Leónidas Iza, y otras organizaciones y sindicatos, más sendas alianzas con los partidos políticos de izquierda Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), coordinado por Miguel Lluco y estrechamente ligado a la anterior en tanto que brazo político del colectivo indígena militante, y el Movimiento Popular Democrático (MPD), éste de tendencia marxista. También se fraguaron listas comunes con el Partido Socialista Ecuatoriano-Frente Amplio (PS-FA), de extrema izquierda, pero el acuerdo se rompió a los dos meses de firmarlo.

En el programa de Gobierno de Gutiérrez señorean dos puntos. En primer lugar, la lucha frontal e implacable, con características de cruzada, contra toda forma de corrupción y fraude económicos cometidos por funcionarios públicos, empresarios privados y financieros. En particular, propone una legislación especial para combatir la evasión tributaria, el contrabando aduanero y el trasiego ilícito de dinero entre los poderes públicos y la banca y la empresa privadas, amén de someter ante los tribunales de justicia ecuatorianos a los imputados por estos delitos refugiados en el extranjero y de aplicar penas draconianas, como la cadena perpetua para todo funcionario público hallado culpable de malversar fondos superiores a los 5.000 dólares.

El otro aspecto es la atención prioritaria, por delante de transformaciones como la privatización de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, a las cuestiones sociales, aliviando de cargas al ecuatoriano de a pie golpeado por la crisis y brindando servicios y oportunidades a los más desfavorecidos.

Entre las propuestas en este terreno, calificadas alternativamente de "izquierdistas" y "populistas" por sus detractores, figuran: la rebaja del IVA del 12% al 10%; el aumento de los gastos de educación hasta suponer el 30% del presupuesto total (tal como recoge la Constitución, que exhorta a erradicar el analfabetismo); el establecimiento de un seguro universal de salud; la dotación de vivienda subvencionada y vivienda prefabricada a cargo del Estado a cuatro millones de familias; y, una oferta de bonos específicos para cubrir las necesidades de los depauperados, los estudiantes, los agricultores, los pescadores y los artesanos.

Adicionalmente, Gutiérrez desea impulsar la creación de una Agencia de Garantías del Emigrante para atender todas las necesidades de este importantísimo colectivo y vigilar sus condiciones legales y laborales en los países de acogida (fundamentalmente Estados Unidos y España), de lo que se deriva la lucha contra el tráfico de personas.

En política exterior, Gutiérrez se presenta como un latinoamericanista convencido que desearía la articulación de un "gran frente continental" para presentar una propuesta global contra la hipoteca al desarrollo que supone la deuda externa y el resto de problemas compartidos por los estados del subcontinente, cuales son la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y las agresiones al medio ambiente. En consecuencia, en la campaña Gutiérrez se declaró muy crítico con el Plan Colombia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país vecino incidiendo en los medios militares, con el convenio ecuato-estadounidense de noviembre de 1999 para el uso conjunto de la Base Área de Manta, y también con el proyecto del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).

En el cierre de campaña, Gutiérrez refutó las imputaciones de "comunista" vertidas por el candidato del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), el magnate y antiguo bucaramista Álvaro Noboa Pontón, recalcando que, como hombre de la milicia, no tenía formación ideológica ni doctrina política, que su "única ideología era el pueblo del Ecuador" y que, de hecho, era un hombre de profundas convicciones cristianas, respetuoso con la propiedad privada y los Derechos Humanos.

Según los sondeos de preferencia de los electores, Gutiérrez no tenía seguro el paso a la segunda vuelta y aparecía rezagado con respecto al ex presidente socialdemócrata (1988-1992) Rodrigo Borja Cevallos, de Izquierda Democrática (ID). Pero el 20 de octubre Gutiérrez se adjudicó el primer puesto con el 20,3% de los votos seguido de Noboa y León Roldós Aguilera, del Movimiento Ciudadano. El otro protagonista de la asonada de 2000, Antonio Vargas, compitió por cuenta propia y sólo cosechó el 0,8% de los votos.

En el interludio hasta la segunda vuelta, Gutiérrez aplicó a su discurso un tono más conciliador y menos retórico, para aquietar los temores que sus propuestas programáticas -más que su estilo personal, habitualmente contenido y alejado, por ejemplo, de la exuberancia y la agresividad de Hugo Chávez- estaban suscitando en los operadores económicos.

Gutiérrez amplió su relación de contactos con los actores sociales ecuatorianos, mantuvo reuniones con el presidente saliente y con la cúpula militar, e incluso viajó a Estados Unidos para entrevistarse con empresarios, banqueros y representantes del FMI, a quienes causó una buena impresión al asegurarles que un gobierno suyo respetaría la dolarización, mantendría el diálogo con el organismo financiero sobre un préstamo de contingencia de 240 millones de dólares y cuidaría la austeridad fiscal, un punto este último que, dicho sea de paso, se antoja difícilmente conciliable con la prometida expansión del gasto social del Gobierno.

De paso, Gutiérrez se etiquetó por primera vez como un político de "centro-izquierda", negó que pudiera ser la tercera ficha de un dominó ideológico en América Latina luego de los triunfos de Chávez en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y aclaró que apoyaba la presencia de militares estadounidenses en Manta, todo lo cual generó suspicacias en el movimiento indígena.

El 24 de noviembre, arropado por una masa de enfervorecidos partidarios, Gutiérrez acudió a votar en su colegio quiteño vestido "por última vez" con la indumentaria paramilitar de color verde oliva con que había realizado toda la campaña, y exudando triunfalismo. Al cabo de una jornada electoral impecablemente democrática, el escrutinio otorgó la victoria a Gutiérrez sobre el magnate de Guayaquil con el 54,3% de los votos.

En sus primeros momentos como presidente electo, Gutiérrez anunció un gobierno pluralista y de concertación nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales al tiempo que banqueros y hombres de negocios de probada honestidad. También indicó que tras asumir iba a enviar al Congreso sendos proyectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear la cuarta función del Estado de control y rendición de cuentas, reducir el número de diputados, reformar el código electoral y modernizar el aparato burocrático.

La salida adelante de esta reforma política y estatal se augura complicada, ya que Gutiérrez tendrá que negociar con el atomizado Congreso salido de los comicios del 10 de octubre, los cuales, por cierto, sólo otorgaron 13 escaños sobre 100 a los candidatos del PSP y el MUPP-NP, bien como lista conjunta, bien concurriendo por separado, entre ellos, por Pichincha, la futura primera dama Carmen Bohórquez (aparte, un puñado de candidatos de ambas formaciones obtuvieron escaño en algunas circunscripciones en alianza con partidos de izquierda).

Contrastando vivamente con lo sucedido en las presidenciales, el Partido Social Cristiano (PSC), el PRE e ID, esto es, los partidos dominantes tradicionales, se hicieron con las bancadas más nutridas del hemiciclo. Asimismo, para tranquilizar a los descontentadizos del MUPP-NP a raíz de su viraje a la moderación entre los turnos electorales, Gutiérrez aseguró que no iba a aplicar un paquetazo, es decir, medidas de ajuste traumáticas de la economía, porque "los ecuatorianos no resisten más".

A modo de análisis prospectivo, el nuevo mandatario ecuatoriano se expone a correr la suerte de otros líderes sudamericanos aupados al poder con muy parecidas o idénticas promesas de luchar contra la corrupción y la pobreza rampantes y que en un tiempo muy rápido han visto evaporarse su popularidad (adviértase el caso del peruano Toledo). Ello, en el caso de que sus esperanzados votantes, que no están homogéneamente repartidos en todos los ámbitos sociales y geográficos del país -ya que predominan abrumadoramente los indígenas y mestizos de la Sierra- no aprecien con prontitud una mejora sustancial en sus deplorables condiciones de vida.

El caso es que la accidentada cuenta atrás para la toma de posesión del mandato cuatrienal el 15 de enero de 2003, a la que asistieron varios presidentes de la región inclusive Chávez y el recién inaugurado Lula de Silva, ha sido vista como un aviso de entrada a Gutiérrez. En los días previos al evento, en el que lanzó la advertencia lapidaria de "o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento", el antiguo uniformado desató una tormenta política con su declaración de que los nueve ex presidentes vivos del país deberían "ir a la cárcel" por su responsabilidad "en el desastre nacional", y arremetió especialmente contra Febres Cordero (1984-1988), que sigue conservando una fuerte influencia en tanto que jefe del PSC, llamándole "el personaje más nefasto del país".

Gutiérrez se vio obligado a retractarse de estos comentarios y pedir disculpas públicamente, y también hubo de abandonar su intención inicial de prestar juramente de su cargo, no ante el pleno del Congreso, sino "ante el pueblo", en un foro alternativo que no especificó. Por si fuera poco, las negociaciones emprendidas con los partidos de la oposición para intentar asegurarse una mayoría de respaldo en el Congreso no prosperaron. Este rosario de tropezones, insólito en un mandatario que ni siquiera había tomado posesión aún, ha merecido duras reprimendas en la prensa ecuatoriana, que ha presentado los tempranos bandazos de Gutiérrez como los propios de un líder impulsivo y bisoño, acostumbrado a las fórmulas autoritarias de la milicia y no familiarizado con las formalidades y mecanismos de la institucionalidad civil.

Fuente: Fundación CIDOB
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/g-001.htm

S U B I R


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